La corrupción se ha comido los recursos que podrían haber transformado escuelas, hospitales y carreteras en esperanza tangible. Los nombres cambian, los métodos se perfeccionan, pero el resultado es el mismo: promesas rotas y desconfianza ciudadana. Los escándalos que marcaron los últimos 25 años de historia panameña no solo drenan millones del erario público, sino que rompen el tejido social de un país que merece mejor destino.
Panamá ante el espejo: los números de la corrupción
El panorama es desalentador. Panamá pierde anualmente entre 2% y 4% de su Producto Interno Bruto por corrupción. Esto significa que cada año se esfuman entre 520 millones y mil millones de dólares – dinero que podría construir más de 100 escuelas o equipar decenas de hospitales. Para dimensionar la magnitud: la corrupción le cuesta al país la mitad de lo que genera el Canal de Panamá anualmente.
La posición de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional es vergonzosa: ocupa el puesto 114 entre 180 países, con apenas 33 puntos sobre 100 en 2024. Es el puntaje más bajo en 12 años, colocando al país al mismo nivel que Bosnia-Herzegovina, Nepal y Sierra Leona.
Los grandes escándalos que marcaron una época
Caso Odebrecht: el pulpo que abrazó al Estado
La constructora brasileña Odebrecht llegó a Panamá en 2006 y se convirtió en «el principal contratista del Estado». Según la Fiscalía, pagó «sobornos a diestra y siniestra» por 59 millones de dólares entre 2010 y 2014. El esquema era simple pero devastador: los sobornos salían de los sobrecostos de los proyectos.
El modus operandi incluía seis modalidades criminales: contratos ficticios, sociedades fachada, uso de directores nominativos, testaferros, cuentas bancarias múltiples y transferencias complejas. La empresa logró desarrollar proyectos emblemáticos como la Cinta Costera, el saneamiento de la bahía, la Autopista Madden-Colón y las líneas 1 y 2 del Metro.
Los involucrados incluyen a casi 50 personas, entre ellas los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). El caso representa «el más alto nivel de corrupción jamás antes visto en Panamá y en la región».
New Business: el imperio mediático de Martinelli
El expresidente Ricardo Martinelli fue condenado en 2024 a 128 meses de prisión y una multa de 19.2 millones de dólares por blanqueo de capitales. El caso se centra en la compra de Editora Panamá América (Epasa) a través de cuentas bancarias a nombre de la sociedad New Business.
Martinelli, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua desde febrero de 2024, utilizó dinero de origen ilícito para adquirir el conglomerado mediático. La investigación reveló un complejo entramado financiero para ocultar la verdadera procedencia de los fondos.
Varelaleaks: cuando se filtró la intimidad del poder
En noviembre de 2019, una filtración de 24 gigabytes de conversaciones de WhatsApp del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) removió los cimientos políticos del país. Las conversaciones, que abarcaron 2017 y 2018, revelaron supuestos tráficos de influencias y el manejo del caso Odebrecht desde el Palacio de las Garzas.
El escándalo provocó la renuncia de la fiscal jefe Kenia Porcell y expuso conversaciones comprometedoras con el contralor Federico Humbert, empresarios y embajadores. Varela denunció que se trataba de una violación a su intimidad orquestada por Martinelli y sus allegados.
Blue Apple: la manzana podrida de los contratos
Este esquema de corrupción de la administración 2009-2014 involucró a siete empresas constructoras panameñas que pagaron sobornos a exfuncionarios a cambio de agilizar trámites administrativos. La sociedad Blue Apple Services funcionaba como receptora de los dineros ilícitos.
En 2023, el tribunal condenó a ocho personas con penas entre 5 y 14 años de prisión. Al exministro Federico Suárez se le impuso 14 años de cárcel y una multa de 27.4 millones de dólares. El caso evidenció cómo empresas constructoras panameñas adoptaron métodos similares a los de Odebrecht.
Caso Patrimonio Histórico: el saqueo cultural
Este caso estableció un perjuicio al Estado de 51.4 millones de dólares en sobreprecio en el proyecto de Renovación del Patrimonio Histórico. La Fiscalía pidió llamamiento a juicio para nueve personas, incluyendo seis servidores públicos que fungieron como ministro, director de Administración de Contratos y miembros de la Comisión Evaluadora.
FCC: la constructora española en la mira
La empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) pagó más de 82 millones de euros en sobornos para asegurar contratos en Panamá. Exdirectivos de FCC ratificaron ante la Fiscalía que debían «pagar una coima del 10%» para que el Estado pagara deudas y obtener nuevos proyectos.
FCC participó en contratos por más de 5 mil millones de dólares en Panamá, incluyendo el Metro, la Ciudad de la Salud y la ampliación del Canal. La investigación reveló reuniones en oficinas de Odebrecht para repartirse contratos y acordar precios de licitaciones.
Panama Papers: el escándalo global con sello panameño
En 2016, la filtración de 11.5 millones de archivos del bufete Mossack Fonseca expuso cómo personalidades mundiales crearon sociedades offshore para ocultar dinero. El escándalo provocó la dimisión de varios jefes de Estado y desató 150 investigaciones en 79 países.
Aunque en 2024 una jueza panameña absolvió a los 28 imputados, el escándalo golpeó duramente la reputación de Panamá como centro financiero. El actual presidente José Raúl Mulino calificó el escándalo como una «patraña internacional».
Escuchas ilegales: el espionaje desde el poder
El expresidente Martinelli fue acusado de ordenar escuchas ilegales a unas 150 personas entre 2012 y 2014. Su gobierno gastó más de 13 millones de dólares en equipos de espionaje israelíes con fondos del Programa de Ayuda Nacional.
Los equipos tenían capacidad para captar datos de celulares, copiar archivos y activar cámaras remotamente. Entre las víctimas se encontraban empresarios, periodistas, dirigentes sindicales, magistrados y políticos opositores. En 2021, Martinelli fue absuelto por falta de pruebas.
Los patrones que se repiten
Los escándalos revelan patrones comunes que demuestran la sistematización de la corrupción:
- Métodos operativos similares: uso de sociedades fachada, testaferros, cuentas bancarias múltiples y contratos ficticios. Las empresas extranjeras y nacionales adoptaron esquemas prácticamente idénticos.
- Concentración temporal: la mayoría de los grandes casos se concentran en la administración 2009-2014 de Ricardo Martinelli, sugiriendo un modelo de gobierno que «industrializó» la corrupción.
- Complicidad del sector privado: empresas constructoras nacionales e internacionales participaron activamente en los esquemas de soborno. La corrupción no habría escalado tales niveles sin la complicidad de la banca nacional e internacional.
- Impunidad sistemática: los procesos judiciales se caracterizan por su lentitud extrema. Transparencia Internacional denuncia una «mora judicial escandalosa». Muchos casos permanecen sin resolución después de años de investigación.
El costo humano de la corrupción
La corrupción no es un problema abstracto. Cuando el dinero destinado a escuelas se desvía a cuentas bancarias privadas, son los niños panameños quienes pagan el precio. Cuando los fondos de hospitales se evaporan, son las familias más pobres las que sufren las consecuencias.
Según datos oficiales, el 20% de los centros educativos no cuenta con agua potable, solo el 70% tiene electricidad y apenas el 55% tiene acceso a internet. La corrupción en el sector educativo ha causado lesiones millonarias, incluyendo el caso del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) que provocó una pérdida de 1.5 millones de dólares.
Las consecuencias van más allá de lo económico. Panamá se ubica en el puesto 12 entre los países más desiguales del mundo. El 19.1% de la población vivía en pobreza para 2019, mientras los recursos que podrían cambiar estas estadísticas se pierden en esquemas de corrupción.
La respuesta institucional: ¿suficiente?
El gobierno ha intentado responder con reformas legales. En 2019, el presidente Laurentino Cortizo propuso una reforma constitucional con 40 artículos para «reducir los espacios de corrupción». La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) trabaja en reformas a las leyes anticorrupción.
Sin embargo, los resultados son desalentadores. En 2024, el Ministerio Público recibió 1,192 denuncias de corrupción, pero solo 90 se encuentran en fase de investigación. La percepción ciudadana es clara: el 74% considera que la corrupción se ha incrementado en los últimos diez años.
El camino hacia la transparencia
La lucha contra la corrupción requiere más que declaraciones de intenciones. Es necesario acelerar los procesos judiciales, garantizar condenas efectivas y recuperar los fondos robados. Los panameños tienen derecho a saber cómo se utilizan sus impuestos y a exigir cuentas a sus gobernantes.
La transparencia no es un lujo democrático, es una necesidad urgente. Cada dólar desviado es una oportunidad perdida, cada proceso judicial que se dilata es una nueva herida a la confianza ciudadana.
El presente y futuro de Panamá depende de que estos escándalos no se repitan. La ciudadanía tiene el poder de exigir transparencia y castigar electoralmente a quienes traicionan la confianza pública. La democracia panameña necesita curar sus heridas para construir el país que todos merecen.
