Un mal endémico que define nuestro tiempo
En pleno 2025, mientras Panamá se posiciona como uno de los países con mejor infraestructura de América Latina, una paradoja inquietante persiste: somos también una nación donde la corrupción opera como sistema paralelo de poder. El reciente descenso de Panamá al puesto 114 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, con apenas 33 puntos sobre 100, no es solo una estadística más: es el reflejo de una sociedad que ha normalizado la impunidad como parte de su ADN político.
Las 19 investigaciones anticorrupción que adelanta actualmente la Fiscalía en municipios y juntas comunales, los millones de dólares desviados en contratos públicos y la persistente sensación ciudadana de que “aquí no pasa nada” revelan que las medidas anticorrupción en Panamá no han sido diseñadas para erradicar el problema, sino para administrarlo. Este artículo examina no solo qué se ha intentado, sino por qué las herramientas existentes resultan insuficientes para desmontar estructuras que han convertido la gestión pública en botín privado.
Corrupción a la panameña: más allá de los casos emblemáticos
La anatomía del problema
La corrupción en Panamá trasciende los escándalos mediáticos para instalarse como una forma sistemática de hacer política. El caso Odebrecht, que involucró más de 59 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2014, no fue una aberración sino la manifestación visible de redes que operan con naturalidad en contratos por más de 9 200 millones de dólares. El caso Blue Apple reveló cómo empresas constructoras pagaban sobornos a funcionarios a cambio de contratos y pagos adelantados, convirtiendo las obras públicas en mecanismos de enriquecimiento privado.
Pero la corrupción panameña no se limita a megaproyectos. Se expresa en formas más sutiles y penetrantes: el clientelismo que convierte cargos públicos en moneda electoral, las “equiparaciones” que inflaban contratos estatales hasta su prohibición en 2009, y un sistema donde diputados funcionan como termitas que “alcanzan todos los órganos del Estado”. La retención indebida de cuotas obrero-patronales por 5,9 millones de dólares en San Miguelito o los 186 376 dólares desviados en Chepo demuestran cómo la corrupción se reproduce en cada nivel de gobierno.
El ecosistema de la impunidad
Lo que distingue la corrupción panameña no es su magnitud sino su sistemática impunidad. A mayor impunidad, mayor corrupción: la sociedad se ha acostumbrado a que los delitos de cuello blanco resulten inmunes, mientras delitos menores como el robo de huevos de tortuga acaban con largas penas de prisión. Esta inversión de prioridades punitivas revela un sistema judicial que protege a quienes más daño causan al patrimonio público.
El marco institucional: leyes que no muerden
Legislación anticorrupción: abundante pero ineficaz
Panamá posee un marco legal anticorrupción aparentemente robusto. La Ley 14 de 2007 adopta el Código Penal que sanciona delitos contra la administración pública; la Ley 69 de 2009 prohíbe las equiparaciones en contratos estatales; la Ley 33 de 2013 crea la ANTAI; y la Ley 23 de 2015 establece medidas contra el blanqueo de capitales. En 2021 se inició un proceso de reformas que buscaba reducir tiempos de respuesta y ampliar sujetos obligados. Sin embargo, la abundancia legislativa contrasta con la pobreza en resultados: las reformas propuestas siguen en revisión cuatro años después, evidenciando la falta de voluntad política real.
El papel ambivalente del Ministerio Público y la Corte Suprema
El reciente despliegue de 14 fiscales anticorrupción en diligencias simultáneas en junio de 2025 puede parecer una muestra de firmeza institucional. Estas acciones mediáticas contrastan con décadas de investigaciones que raramente alcanzan condenas efectivas. La independencia judicial se ve comprometida por presiones políticas y corporativas, y la Corte Suprema enfrenta cuestionamientos sobre su autonomía en casos de alto perfil.
Las instituciones clave y su rol ambivalente
ANTAI: entre la transparencia y la burocracia
Creada en 2013, la ANTAI se presenta como el organismo rector en materia de transparencia y prevención. Sus informes mensuales muestran porcentajes de cumplimiento superiores al 50% y reconocimientos a municipios que alcanzan el 100%. Sin embargo, transparentar información no equivale a combatir corrupción: se puede publicar datos y simultáneamente desviar fondos.
Tribunal de Cuentas: ¿guardián o cómplice?
El Tribunal de Cuentas, encargado de juzgar y sancionar el uso incorrecto de caudales del Estado, ha autorizado compensaciones millonarias a exfuncionarios, alimentando la percepción de que los recursos públicos terminan beneficiando a quienes menos los merecen.
Contraloría General: fiscalización vs. complicidad
La Contraloría, responsable de ejercer control de legalidad y fiscalizar el gasto público, ha revelado irregularidades en la Asamblea Nacional solo después de fuerte presión social. Su rol fiscalizador se ve comprometido cuando evalúa decisiones de gobiernos de los cuales forma parte institucional.
Medidas gubernamentales: luces, sombras y propaganda
PanamaCompra: transparencia digital vs. corrupción analógica
Desde 2005, PanamaCompra centraliza las adquisiciones estatales. Con más de 13 000 millones de dólares en transacciones publicadas y 603 132 actos registrados, ha mejorado la trazabilidad, pero los casos Odebrecht y Blue Apple ocurrieron mientras la plataforma estaba operativa, evidenciando que la corrupción se adapta a entornos digitales.
Declaraciones patrimoniales: formalismo sin sustancia
La Ley 59 de 1999 obliga a los funcionarios a presentar declaraciones de bienes; un anteproyecto de 2024 plantea actualizaciones anuales y obligatorias. Sin embargo, la información se mantiene reservada, lo que limita la fiscalización ciudadana y convierte el proceso en ritual burocrático.
Digitalización gubernamental: ¿eficiencia o simulacro?
La plataforma Panamá Conecta y la modernización de trámites en el Tribunal Electoral y otras entidades demuestran que la digitalización puede reducir oportunidades de corrupción. No obstante, la tecnología es solo un medio: las decisiones discrecionales pueden trasladarse a otras fases del proceso.
Contrapoder: sociedad civil y medios
Organizaciones ciudadanas: vigilancia persistente
Más de veinte organizaciones respaldaron en 2025 las auditorías en la Asamblea Nacional, exigiendo procesos robustos. Estas coaliciones han planteado acciones para despolitizar la planilla estatal y reestructurar subsidios, resaltando la importancia de la presión social sostenida.
Periodismo investigativo: limitado pero esencial
Iniciativas como el ILab del International Center for Journalists buscan fortalecer el periodismo de investigación. Sin embargo, la concentración mediática, presiones políticas y falta de recursos dificultan investigaciones de largo plazo.
Movilizaciones ciudadanas: presión episódica
Las protestas de 2022 evidenciaron malestar social y falta de gobernabilidad. Aunque logran colocar la anticorrupción en la agenda, su impacto se diluye sin organizaciones con capacidad de movilización sostenida.
Educación y prevención: el largo plazo que nunca empieza
Educación cívica: entre el discurso y la realidad
En 2024, el Ministerio de Educación adoptó una guía anticorrupción en alianza con el Ministerio Público. El desafío sigue siendo la falta de un currículo coherente que fomente la ética pública desde primaria hasta universidad.
Programas preventivos: iniciativas dispersas
Capacitaciones de la ANTAI y la AMUPA muestran avances, pero carecen de estrategia nacional coordinada, dejando intactas las raíces del clientelismo y la impunidad.
Cambios culturales necesarios
Eliminar el clientelismo requiere educar a la población y establecer reglas que eviten el intercambio de favores por votos. Sin voluntad política sostenida, estos cambios culturales tardan generaciones.
Casos de éxito y comparaciones regionales
Ejemplos positivos municipales
Municipios como Panamá, Mariato, San Carlos y Montijo han alcanzado el 100% de cumplimiento de transparencia, demostrando que la voluntad política local puede rendir frutos.
Lecciones de América Latina
Uruguay, Chile y Costa Rica destacan en la región gracias a marcos legales sólidos, instituciones independientes y cultura de transparencia. Sus éxitos subrayan que la corrupción no es un destino inevitable.
Obstáculos estructurales: el sistema diseñado para fallar
La impunidad como política de Estado
La certeza de que no habrá consecuencias fomenta la corrupción. Delitos ambientales menores reciben penas severas mientras malversaciones millonarias quedan impunes, reflejando un sistema que protege intereses de quienes controlan el poder.
Clientelismo político: la democracia secuestrada
La Asamblea Nacional opera como epicentro de redes clientelares, donde recursos públicos se usan para beneficio privado y reelección indefinida.
Falta de protección a denunciantes
Sin legislación efectiva, potenciales denunciantes prefieren el silencio. El Proyecto de Ley 131 pretende crear un sistema de protección integral, pero su aprobación y puesta en marcha son inciertas.
El uso político de la justicia
Propuestas como la de la CCIAP buscan fortalecer la independencia judicial, evidenciando la necesidad de blindar el sistema contra interferencias políticas.
Lo que sí se puede hacer: recomendaciones concretas
Reformas institucionales de fondo
- Fortalecer la independencia judicial mediante comisiones de evaluación y blindaje presupuestario.
- Rediseñar los controles fiscales para consolidar funciones hoy dispersas.
- Profesionalizar la administración pública con una carrera meritocrática que reduzca la discrecionalidad.
Transparencia radical y participación ciudadana
- Acceso total a la información pública sin clasificaciones arbitrarias.
- Presupuestos participativos obligatorios que den decisión directa a la ciudadanía.
- Observatorios ciudadanos con poder vinculante y financiamiento autónomo.
Protección efectiva de denunciantes
- Sistema integral de protección con anonimato, seguridad laboral y compensaciones.
- Incentivos económicos para denuncias que recuperen fondos públicos.
Justicia especializada
- Tribunales anticorrupción con jueces capacitados y procesos expeditos.
- Fiscalía autónoma con mandato exclusivo para delitos contra la administración pública.
Educación y cambio cultural
- Currículo anticorrupción obligatorio en todos los niveles educativos.
- Campañas públicas permanentes para fomentar cultura de legalidad y transparencia.
Entre la resignación y la transformación
Panamá se enfrenta a una encrucijada: resignarse a la normalización de la corrupción o emprender una transformación profunda. Las herramientas actuales —ANTAI, PanamaCompra, declaraciones patrimoniales y marcos legales— son avances incompletos que conviven con redes corruptas adaptables. El desafío es político y ético: desmontar el clientelismo y la impunidad exige liderazgo genuino, participación ciudadana sostenida y una cultura que configure la transparencia como valor no negociable. Sin esta voluntad colectiva, la credibilidad democrática seguirá erosionándose y la corrupción continuará reinando.
