Cuando el Contralor se vuelve Juez Universitario
El conflicto no es sobre números. Es sobre quién decide cómo una universidad pública debe operar en democracia. En los últimos meses, el Contralor General Anel Flores ha intensificado su control sobre la Universidad de Panamá, centralizando la aprobación de todos los gastos sin límite de monto y retirando temporalmente a sus fiscalizadores por razones de seguridad. Esta decisión ha paralizado operaciones básicas: desde los contratos de cafeterías hasta el reembolso de cajas menudas para fumigación. Mientras el rector Eduardo Flores reclama agilidad y señala que solo el 2% del presupuesto de inversiones se ha ejecutado realmente, el contralor defiende su autoridad legal basándose en la Ley 32 de 1984. La narrativa oficial habla de transparencia y buen uso de fondos públicos. La realidad muestra un enfrentamiento institucional donde la autonomía universitaria choca con el poder fiscalizador del Estado.
¿Qué motivó al contralor a intervenir en la Universidad de Panamá?
La escalada de control comenzó con una resolución aparentemente técnica. El 23 de abril de 2025, Anel Flores firmó la Resolución No. 1510-DNFG, que centralizó todas las decisiones de refrendo en la Dirección Nacional de Fiscalización General. Esta medida eliminó la facultad que tenían los coordinadores y supervisores locales de aprobar gastos hasta 50 mil dólares.
La justificación oficial apunta hacia la eficiencia y el control. Flores ha desarrollado una narrativa consistente sobre el «despilfarro de fondos públicos», utilizando como evidencia los hallazgos en la Asamblea Nacional donde retuvo más de 300 cheques tras detectar pagos a personas sin vínculos laborales comprobados. Su discurso conecta estas acciones con una «transformación profunda» del manejo de recursos estatales.
Sin embargo, el timing revela una historia más compleja. La medida coincide con un período de protestas estudiantiles por las reformas a la Caja de Seguro Social y enfrentamientos entre estudiantes y policías. El propio contralor decidió retirar temporalmente a su equipo de fiscalización de la universidad «por motivos de seguridad», argumentando que las manifestaciones comprometían «el libre ejercicio de las funciones de control».
Esta secuencia de eventos sugiere que la intervención responde tanto a consideraciones operativas como a un cálculo político sobre el momento apropiado para ejercer control institucional.
¿Qué dice la ley sobre el control del gasto en universidades públicas?
El marco legal otorga al contralor amplias facultades, pero no elimina la tensión constitucional. La Ley 32 de 1984, en su artículo 55, establece que «el Contralor General de la República es el jefe superior de la institución y responsable» de fiscalizar los movimientos de fondos y bienes públicos. Esta base legal le permite delegar atribuciones y modificar procedimientos de refrendo.
La Contraloría tiene la misión constitucional de «fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos» y «examinar, intervenir, fenecer y juzgar las cuentas relativas a los mismos». En términos legales, la nueva resolución se encuentra dentro de las facultades del contralor.
No obstante, la autonomía universitaria también tiene rango constitucional. La Universidad de Panamá, como institución pública autónoma, posee prerrogativas propias que incluyen la gestión administrativa dentro del marco legal vigente. El conflicto surge precisamente en la zona gris donde se encuentran estas dos legitimidades: la fiscalizadora y la autonómica.
Es significativo que las facultades de Medicina y Ciencias Agropecuarias mantuvieron un régimen diferenciado, con límites de 50 mil dólares para refrendo local. Esta excepción sugiere que existen consideraciones operativas específicas que el contralor reconoce en ciertos casos.
¿Cuál ha sido el historial de auditorías y hallazgos en la Universidad de Panamá?
Los datos disponibles muestran un patrón de ineficiencia administrativa más que de corrupción sistemática. Según el rector Eduardo Flores, la universidad ha gestionado el 65% del presupuesto asignado en inversiones, pero la ejecución real apenas alcanza el 2%. Esta cifra revela un «cuello de botella» en los procesos de refrendo que existía incluso antes de la nueva resolución.
Actualmente, cerca de 300 documentos esperan refrendo en la Contraloría, incluyendo contratos, compras y reparaciones. El monto pendiente podría superar el medio millón de dólares, solo considerando elementos como el presupuesto anual de las cafeterías universitarias que ronda el millón de dólares.
La situación contrasta con los hallazgos más dramáticos en otras instituciones. En la Asamblea Nacional, el contralor identificó «estructuras políticas disfrazadas» con cinco diputados concentrando partidas que superan los 300 mil dólares. En Chitré, descubrió más personal para la Asamblea que el total de funcionarios de la Contraloría en toda la provincia de Herrera.
Esta comparación sugiere que la Universidad de Panamá no presenta los niveles de irregularidad encontrados en otras entidades, pero sí evidencia problemas estructurales de gestión administrativa que requieren atención.
¿Qué ha dicho la rectoría sobre esta medida?
El rector Eduardo Flores ha adoptado una estrategia comunicacional de colaboración crítica. Su discurso evita la confrontación directa mientras señala las consecuencias operativas de las nuevas medidas. «Estamos teniendo dificultades con algunos refrendos en la Contraloría, no solamente para las cafeterías, que son vitales, sino también para otros temas como el Centro de Orientación Infantil», declaró.
Esta aproximación busca mantener el diálogo institucional mientras documenta el impacto práctico de las decisiones del contralor. El rector enfatiza servicios que afectan directamente a estudiantes, docentes y administrativos, construyendo una narrativa sobre las consecuencias humanas de los procedimientos burocráticos.
Significativamente, Flores descarta motivaciones políticas en las acciones del contralor: «No creo que el contralor esté mezclando un tema con otro. Su función es garantizar el buen uso de los fondos públicos, y creo que está actuando en esa dirección». Esta declaración puede interpretarse como un intento de despolitizar el conflicto o como una concesión retórica que busca preservar el espacio de negociación.
El rector también respondió a declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien calificó de «vándalos» a algunos universitarios. «Es un error calificar a 90 mil estudiantes por el comportamiento de 10 o 15 personas, cuya identidad ni siquiera está clara», replicó. Esta respuesta muestra que la universidad se percibe bajo presión desde múltiples frentes institucionales.
¿Se trata de transparencia o de control político?
La pregunta crucial requiere examinar las técnicas narrativas empleadas por ambas partes. El contralor Anel Flores ha construido un discurso poderoso sobre la «transformación profunda» del Estado, utilizando casos concretos de irregularidades para justificar medidas generalizadas. Su experiencia como expresidente del Tribunal Electoral y candidato presidencial le otorga credibilidad política para presentarse como un reformador institucional.
La estrategia comunicacional de Flores combina datos específicos con declaraciones categóricas. «Vamos a ponerle un alto al despilfarro de fondos públicos», afirmó, utilizando un lenguaje que resuena con las expectativas ciudadanas de transparencia. Los 300 cheques retenidos en la Asamblea Nacional funcionan como evidencia tangible de la necesidad de su intervención.
Sin embargo, el timing político genera interrogantes legítimas. La intensificación del control universitario coincide con protestas estudiantiles y tensiones sociales más amplias. El retiro «temporal» de fiscalizadores por motivos de seguridad puede interpretarse como una medida precautoria o como una forma de presión institucional.
La excepción mantenida para las facultades de Medicina y Ciencias Agropecuarias sugiere que existen consideraciones técnicas específicas que pueden aplicarse selectivamente. Esta diferenciación plantea preguntas sobre los criterios utilizados para determinar qué áreas requieren mayor control centralizado.
¿Qué técnicas de comunicación ha usado Anel Flores para explicar esta acción?
Flores ha demostrado sofisticación comunicacional en la construcción de su narrativa fiscalizadora. Su estrategia se basa en tres elementos principales: credibilidad personal, evidencia concreta y marco temporal de urgencia.
La credibilidad personal se sustenta en una trayectoria diversificada que incluye roles académicos, jurídicos y políticos. Su paso por la presidencia del Colegio Nacional de Abogados, el Tribunal Electoral y su candidatura presidencial independiente le proporcionan legitimidad transversal. Además, sus publicaciones académicas y distinciones institucionales refuerzan su imagen de profesional íntegro.
La evidencia concreta se articula a través de cifras específicas y casos documentados. Los 300 cheques retenidos, las partidas de 300 mil dólares concentradas en cinco diputados, y la comparación entre el personal de la Asamblea en Chitré versus los funcionarios de la Contraloría en Herrera, crean un patrón narrativo de desorden sistemático.
El marco temporal de urgencia se construye mediante declaraciones que presentan las medidas como inevitables y necesarias. «Eso tiene que terminar», «No hemos encontrado funciones, marcaciones ni evidencias de trabajo», son afirmaciones que no admiten matices. Esta urgencia justifica medidas extraordinarias y centralización de decisiones.
Sin embargo, esta narrativa también presenta omisiones significativas. No explica por qué la Universidad de Panamá requiere el mismo nivel de intervención que instituciones donde se han documentado irregularidades más graves. Tampoco aborda las consecuencias operativas de la centralización ni propone mecanismos alternativos de control que preserven la eficiencia administrativa.
¿Qué se espera que ocurra legal, académica y políticamente en los próximos meses?
Los escenarios posibles revelan tensiones institucionales más profundas que trascienden el caso específico. En el ámbito legal, la universidad podría buscar recursos administrativos o constitucionales para cuestionar la proporcionalidad de las medidas. La autonomía universitaria tiene rango constitucional, lo que podría generar un debate jurídico sobre los límites del control fiscalizador.
Académicamente, la paralización de procesos administrativos amenaza el funcionamiento normal de la institución. Los servicios estudiantiles, la investigación científica y las operaciones básicas dependen de la agilidad en los refrendos. Una crisis prolongada podría afectar la calidad educativa y generar presiones adicionales sobre el liderazgo universitario.
Políticamente, el conflicto se inscribe en un contexto más amplio de redefinición del rol del Estado. El presidente Mulino ha mostrado una posición favorable al control estricto, como evidencia su caracterización de algunos universitarios como «vándalos». Esta alineación entre el Ejecutivo y la Contraloría fortalece la posición del contralor pero también politiza el conflicto.
El calendario académico agregará presión adicional. El inicio del segundo semestre y la proximidad del período presupuestario 2026 requerirán decisiones operativas que no pueden postergarse indefinidamente. La sostenibilidad de un modelo de control centralizado dependerá de la capacidad de la Contraloría para procesar eficientemente los trámites universitarios.
La Paradoja del Control: Cuando fiscalizar paraliza
El conflicto entre Anel Flores y la Universidad de Panamá expone una paradoja fundamental del Estado moderno: la tensión entre control y eficiencia, entre transparencia y autonomía institucional. El contralor ha construido una narrativa poderosa sobre la necesidad de transformación, pero las medidas implementadas han generado consecuencias operativas que cuestionan su efectividad práctica.
La centralización de todos los refrendos universitarios en una oficina central de la Contraloría puede garantizar control, pero también puede paralizar la institución que pretende fiscalizar. Los 300 documentos pendientes y la ejecución del 2% del presupuesto de inversiones evidencian que el remedio puede ser peor que la enfermedad.
La ciudadanía merece tanto transparencia como instituciones públicas que funcionen eficientemente. El desafío no es elegir entre fiscalización o autonomía, sino encontrar mecanismos de control que fortalezcan en lugar de debilitar la capacidad institucional. El futuro de este conflicto determinará si Panamá puede construir un modelo de transparencia que preserve la vitalidad de sus instituciones públicas, o si la obsesión por el control terminará sofocando la innovación y el progreso académico que el país necesita.
