La noche del PDF fantasma
A las 11:58 p. m. del 25 de abril de 2020, el sitio web de la Contraloría General subió un documento que detallaba la compra de cien ventiladores por 5,2 millones de dólares, realizada en plena pandemia. El enlace desapareció antes del amanecer. El Ministerio Público ya investigaba el posible peculado, y la Contraloría alegó “errores de carga”. Aquella luz efímera encendió una pregunta central: ¿qué significa “transparencia” cuando la información que debería permanecer a la vista se esfuma a la velocidad de un clic?
La hipótesis de este artículo es directa: Panamá presume de un andamiaje normativo de primer orden, pero opera con una cultura administrativa que difumina datos, fracciona cifras y reviste los discursos con la palabra que todo lo absuelve: acceso.
El significado de “transparencia” más allá del discurso
En la teoría democrática, Jeremy Bentham insinuaba que “el sol es el mejor desinfectante”, mientras Karl Popper advertía que la sociedad abierta se erosiona si los gobernantes apartan la vista pública. Panamá promulgó en 2002 la Ley 6 de acceso a la información, consagrando la transparencia como derecho de toda persona. Sin embargo, una cosa es la transparencia formal —publicar datos encorsetados en un PDF— y otra la transparencia efectiva, aquella que permite al ciudadano interpretar, comparar y fiscalizar.
El Plan de Acción de Gobierno Abierto reconoce un “atraso significativo” del país respecto de la región, y Panamá sigue sin aparecer en el Índice de Presupuesto Abierto. Cuando un archivo está escaneado sin OCR o presenta cientos de columnas sin glosario, publicar no equivale a comunicar.
Sistemas legales y administrativos vigentes
1. Marco normativo
- Ley 6 (2002): consagra el hábeas data y la gratuidad del acceso, salvo costos de reproducción.
- Ley 33 (2013): crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTA I) con autonomía funcional, aunque sin presupuesto propio.
2. Instituciones clave
- ANTA I: tramita reclamos y multa, pero necesita al Ejecutivo para hacer efectivas sus sanciones.
- Contraloría General: ejerce control previo y posterior; el primero se flexibiliza en compras de “urgencia”.
- MEF y Dirección General de Contrataciones Públicas: administran el portal PanamaCompra 3.0, lanzado bajo la promesa de “compras simples, eficaces y transparentes”.
3. Herramientas tecnológicas
- PanamaCompra 3.0 publica adjudicaciones, pero los proveedores reportan que la segmentación de órdenes —justo por debajo del umbral que exige licitación pública— sigue siendo práctica habitual.
- El Portal de Presupuesto Abierto ofrece gráficas que carecen de series históricas descargas en formatos reutilizables.
- Las declaraciones patrimoniales de altos cargos se publican en PDF escaneado, sin buscador ni cotejo automatizado.
La arquitectura de la opacidad
La opacidad es diseño, no accidente. Sobrevive gracias a tres engranajes:
- Fraccionamiento de contratos para eludir licitaciones.
- Fideicomisos extrapresupuestarios que operan fuera de las cuentas consolidadas.
- Cláusulas de confidencialidad por “seguridad nacional” que blindan compras estratégicas.
Ejemplo emblemático: la Planilla 172 de la Asamblea Nacional manejó casi 300 millones de dólares entre 2014 y 2024 sin detallar beneficiarios ni funciones. Cuando la prensa exigió nombres, el buscador oficial pedía la cédula exacta de cada contratado. Durante la pandemia, la compra de ventiladores a precios inflados se ocultó tras un PDF borroso y efímero.
El papel de la ciudadanía, los medios y la academia
ONGs como la Fundación para la Libertad Ciudadana, periodistas de investigación y observatorios cívicos auditan las finanzas públicas con recursos limitados. Han enfrentado demandas SLAPP y la retirada de pauta oficial. En la academia, laboratorios de datos abiertos reconstruyen presupuestos mediante web scraping de PDFs inservibles. La paradoja es brutal: el Estado obliga a las universidades a recomponer la información que él mismo fragmenta.
Contradicciones del discurso oficial
Cada 2 de enero, el presidente promete “transparencia total”. Ese mismo mes, la ejecución presupuestaria del Despacho Superior se clasifica como “Gastos de Representación” sin desglose. Transparencia se transforma en eslogan: un escudo propagandístico más que un acto de rendición de cuentas.
Comparaciones y modelos de referencia
- Chile: su Consejo para la Transparencia puede ordenar la entrega de información y multar in situ.
- Uruguay: el portal presupuestario ofrece API pública; cualquier persona descarga los datos y grafica en segundos.
- Estonia: la trazabilidad de los contratos descansa en la KSI-Blockchain, que impide la alteración retroactiva de documentos oficiales.
Panamá no necesita inventar soluciones: basta con adaptar estas buenas prácticas y sumar voluntad política.
Obstáculos estructurales y culturales
Persisten el clientelismo, la dependencia de pauta oficial y la herencia colonial del secreto fiscal. El poder premia la lealtad personal sobre la normativa. Mientras el ciudadano se abruma con tecnicismos, la administración gana por agotamiento.
¿Qué se puede hacer mejor?
- Autonomía financiera para ANTA I.
- Datos abiertos en formatos legibles (CSV, JSON) con glosarios.
- Protección real a denunciantes y recompensas por información verificada.
- Pedagogía cívica: alfabetización presupuestaria desde la primaria y hackathons ciudadanos.
- Auditorías ciudadanas rotativas con acceso a la trazabilidad de cada dólar.
En el centro de un aula vacía descansa un sobre manila sellado; contiene, quizá, el contrato público que pagará la generación siguiente. Cuando la transparencia se reduce a un PDF fantasma, lo que se erosiona no es solo el erario: es la fe pública. Garantizar transparencia real exige algo más que portales web; supone una ética compartida entre gobernantes dispuestos a rendir cuentas y ciudadanos preparados para exigirlas. El presupuesto no es cifra abstracta: es un contrato moral. Y un contrato solo vive a plena luz.
