Con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, todas las empresas emisoras de tarjetas de crédito estarán obligadas a informar de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), según establece el proyecto de ley que regula las actividades de estas compañías financieras aprobado en octubre pasado en tercer debate por el Parlamento.
Cabe destacar que los emisores de las tarjetas que al momento de la promulgación de la ley no estén cumpliendo con los dispuesto en las nuevas normas, contarán con un plazo de 90 días para adecuarse a las disposiciones, de lo contrario deberán clausurar sus operaciones.
El proyecto de ley 50 por el cual se tutelan los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de pago electrónico, surge ante múltiples quejas de los consumidores por aumentos injustificados de intereses y recargos desproporcionados, entre otros casos.
La propuesta presentada por el diputado oficialista Alcibiádes Vásquez, fue inspirada en la reciente ley aprobada por el Congreso de EE.UU. para proteger a los usuarios de las tarjetas de crédito.
Otra de las normas que contempla el proyecto de ley es que los cuentahabientes podrán objetar los estados de cuenta mensuales, por lo que el emisor deberá entregarle al cliente una constancia de recibo de la objeción.
Asimismo, el emisor no podrá impedir ni dificultar el uso de la tarjeta de financiamiento mientras no se exceda el límite de compra, toda vez que el tarjetahabiente deberá pagar el mínimo pactado por los rubros no cuestionados de liquidación.
También en el contrato entre la empresa emisora y el cliente, se podrá establecer cargos para los casos en que el tarjetahabiente titular o adicional se exceda de su límite máximo de crédito en la utilización de la tarjeta, siempre que el titular lo haya autorizado expresamente.