Panorama integral de la política de China: sistema, economía, relaciones internacionales y desafíos actuales
China es una de las naciones más influyentes del siglo XXI, con un sistema político y económico único que combina el liderazgo absoluto de un partido comunista con mecanismos de mercado. El sistema político de China difiere radicalmente de las democracias liberales occidentales, operando bajo el principio del centralismo democrático y con el Partido Comunista de China (PCCh) en el centro del poder. Al mismo tiempo, el país ha experimentado un vertiginoso desarrollo económico en las últimas décadas, adoptando un modelo socialista de mercado que sacó de la pobreza a cientos de millones de personas. En este artículo se analiza de forma didáctica y rigurosa cómo funciona el sistema político chino, sus políticas económicas y sociales, el rol que juega en el escenario internacional, la estructura de su sistema electoral, su marco legal y de derechos humanos, los principales problemas históricos y actuales que enfrenta, así como la forma en que el gobierno chino comunica su narrativa al mundo.
Sistema político de China
China se define en su Constitución como un “Estado socialista de dictadura democrática popular” dirigido por la clase trabajadora, con el PCCh como única fuerza política dirigente. Esto significa que el PCCh monopoliza el poder político y no compite en elecciones libres y multipartidistas; aunque existen otros partidos minoritarios “democráticos”, operan de facto subordinados al PCCh y colaboran en órganos consultivos como la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. El sistema político chino gira en torno a la estructura de asambleas populares de varios niveles, bajo el principio de “democracia socialista con peculiaridades chinas”, donde formalmente el poder emana del pueblo pero es canalizado y controlado por el partido único.
Congresos populares y estructura del Estado
El Gran Salón del Pueblo en Pekín es la sede donde la Asamblea Popular Nacional (APN) de China celebra sus reuniones plenarias anuales. Este imponente edificio, situado en la Plaza de Tiananmén, acoge cada mes de marzo a casi 3.000 delegados que representan a todas las provincias, el ejército y diversos sectores, en el principal cónclave político conocido como “Dos Sesiones”. La Asamblea Popular Nacional –también llamada Congreso Nacional del Pueblo– es oficialmente el máximo órgano legislativo del país y se elige por mandatos de cinco años. Sus diputados provienen de un sistema escalonado de congresos populares: los ciudadanos eligen directamente a sus representantes locales, quienes a su vez eligen a los niveles superiores en sucesivas instancias hasta la APN. Se estima que existen unas 2.800 asambleas populares locales (de distrito, municipal, provincial, etc.), sumando más de 2,6 millones de delegados en todo el país, en uno de los mayores sistemas de representación legislativa del planeta. Además de aprobar leyes, estas asambleas –al menos sobre el papel– supervisan la labor del gobierno y brindan cierto espacio para la participación popular en la política.
La Constitución china establece en su artículo 57 que “la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China es el órgano supremo del poder del Estado. Su órgano permanente es el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional”. En consecuencia, la APN tiene, entre otras atribuciones, la facultad de legislar, aprobar el presupuesto y los planes de desarrollo, y nombrar o destituir a las máximas autoridades del Estado (incluyendo al presidente de la República, al primer ministro y a los ministros del Consejo de Estado). Entre sus filas se elige un grupo más reducido de aproximadamente 175 miembros que conforman el Comité Permanente de la APN, el cual se reúne regularmente durante el año para ejercer el poder legislativo ordinario sin esperar al pleno anual. De hecho, la mayor parte de las leyes nacionales se debaten y aprueban en ese Comité Permanente cuando la APN no está en sesión.
Aunque la APN es teóricamente todopoderosa, en la práctica su papel ha sido frecuentemente limitado a ratificar las decisiones ya tomadas por la cúpula del Partido Comunista. Por ello, se ha descrito a la APN como una institución “muy dependiente del gobierno central” en la toma real de decisiones. No obstante, en las últimas décadas ha habido casos en que el legislativo mostró cierta autonomía, forzando revisiones a propuestas de leyes del gobierno –por ejemplo, bloqueó durante años un impuesto a los combustibles– lo que indica que no es un mero sello de goma monolítico. Aun así, el centro del poder político se encuentra fuera del hemiciclo.
El papel dominante del Partido Comunista Chino
El Partido Comunista de China (PCCh) es la columna vertebral del sistema político. Fundado en 1921 e instaurado en el poder desde 1949, el PCCh es la única organización política con autoridad para gobernar el país. La Constitución consagra su liderazgo, y todas las instituciones estatales están subordinadas a las directrices partidarias. En la práctica, esto se traduce en que los altos cargos del Estado siempre son miembros del PCCh y responden ante sus órganos internos antes que ante el electorado general. Por ejemplo, el Secretario General del PCCh –máximo líder del partido– suele ocupar simultáneamente la jefatura del Estado (Presidente de la República) y la jefatura de las fuerzas armadas, acumulando un poder inmenso. Actualmente ese cargo lo ostenta Xi Jinping, quien también preside el país.
El proceso de toma de decisiones políticas ocurre principalmente dentro de las estructuras partidarias. El órgano más poderoso es el Comité Permanente del Politburó del PCCh, un selecto grupo de normalmente 7 miembros donde se forjan las políticas de Estado. Decisiones clave –desde reformas económicas hasta políticas exteriores– se discuten a puerta cerrada en este comité y luego pasan al Politburó y al Comité Central (instancias más amplias del partido) para su aprobación formal. Solo después, dichas decisiones son presentadas a los organismos estatales como el Consejo de Estado (el gabinete gubernamental) o la Asamblea Popular para su implementación o ratificación. De este modo, si bien existe un aparato gubernamental y legislativo, es el PCCh el que define la dirección estratégica y las políticas fundamentales.
Una característica del sistema chino es el principio leninista del centralismo democrático. Esto implica que dentro del partido puede haber debates (centralismo), pero una vez que la línea se decide centralmente, todos los miembros y las instituciones deben acatarla monolíticamente (democrático en el sentido interno, no liberal). La disciplina partidaria es estricta y la disidencia pública prácticamente no existe: las voces críticas dentro del PCCh se procesan de forma interna o son silenciadas. Así, el PCCh actúa como un bloque cohesionado hacia la sociedad.
No obstante, el liderazgo chino sostiene que su modelo político es una forma de democracia adaptada a sus características. El presidente Xi Jinping ha defendido la “democracia popular de proceso entero” –un concepto oficial que enfatiza que el pueblo participa en diferentes etapas, desde las elecciones locales hasta las consultas previas a grandes decisiones– y argumenta que el sistema de asambleas populares es la encarnación de la voluntad popular bajo la guía del partido. Según Xi, este sistema “ha permitido el milagro del rápido desarrollo económico y la estabilidad social a largo plazo” en China. Las asambleas populares serían, en la narrativa oficial, un mecanismo que empodera al pueblo para gobernar como dueño del país, bajo el liderazgo del PCCh. En la arena internacional, esta afirmación es recibida con escepticismo por quienes señalan la ausencia de pluralismo político real en China. Aun así, vale destacar que conceptos como “democracia” y “participación” han sido incorporados al discurso chino, resignificándolos: no se refieren a multipartidismo competitivo, sino a la consulta controlada y la representación indirecta dentro del marco unipartidista.
Cómo se toman las decisiones políticas
La formulación de políticas en China combina planeación central y consultas internas con un fuerte pragmatismo. Por un lado, el PCCh elabora planes a mediano y largo plazo (como los Planes Quinquenales, tratados más adelante) que fijan las prioridades nacionales en economía, tecnología, medio ambiente, etc. Por otro lado, para temas específicos el gobierno suele consultar a expertos técnicos, académicos e incluso al público mediante foros o borradores de ley publicados para comentarios, con el fin de recopilar opiniones (aunque estas consultas no son vinculantes). Sin embargo, la decisión final recae en la cúpula del partido. Una vez que el Politburó y su Comité Permanente llegan a un consenso, esa política se convierte en línea oficial y se transmite hacia abajo.
En el proceso legislativo típico, por ejemplo, el Consejo de Estado (el gobierno central dirigido por el primer ministro) redacta un proyecto de ley o política pública significativa, generalmente alineado con las metas establecidas por el Partido. Antes de presentarlo, busca la aprobación del Comité Permanente del Politburó del PCCh. Obtenido el visto bueno partidario, el proyecto es enviado a la Asamblea Popular Nacional o su Comité Permanente para ser discutido y votado. Dado que más del 70% de los diputados de la APN son miembros del PCCh, y el resto pertenecen a partidos aliados o sectores leales, rara vez las propuestas enfrentan rechazo abierto. En la sesión anual de la APN, los casi 3.000 diputados aprueban por amplísimas mayorías (a menudo casi unánimes) leyes y resoluciones ya respaldadas por el partido. Un ejemplo ilustrativo es la reelección de Xi Jinping en 2018: fue votada a favor por 2.970 diputados, con 0 votos en contra y 0 abstenciones, pocos días después de que la APN eliminara el límite constitucional de dos mandatos presidenciales para permitir su continuidad indefinida.
Si bien este modelo garantiza rapidez y unidad en la acción gubernamental, también concentra el poder decisorio en un reducido círculo. La ausencia de contrapoderes independientes implica que políticas mal concebidas pueden implementarse sin oposición efectiva. Históricamente, decisiones catastróficas como el “Gran Salto Adelante” de Mao (1958-1962) –que resultó en hambrunas masivas– fueron posibles por la falta de pesos y contrapesos políticos. Desde entonces, el PCCh ha introducido mecanismos internos de corrección (p. ej., debates más técnicos, evaluaciones piloto de políticas en regiones de prueba, etc.), pero permanece el hecho de que la crítica abierta o la competencia política están excluidas del sistema. En síntesis, las decisiones en China se toman de arriba hacia abajo, con planificación tecnocrática y consultas controladas, priorizando la estabilidad y la continuidad de la dirección marcada por el Partido Comunista.
Política económica y social
El éxito económico de China en las últimas décadas ha estado guiado por una filosofía pragmática: “cruzar el río tocando las piedras”, en palabras de Deng Xiaoping, arquitecto de las reformas. Esto implicó un giro histórico desde la economía planificada maoísta hacia un sistema híbrido, denominado oficialmente “economía socialista de mercado”, donde coexisten la planificación estatal y el mercado capitalista bajo el control político del PCCh. Al mismo tiempo, el gobierno implementó políticas sociales de enorme impacto, como la controvertida política de un solo hijo para controlar la población. A continuación, se describen los componentes clave de la estrategia económica y social de China.
El sistema económico socialista de mercado
China se autodefine como un país socialista, pero su modelo económico tras las reformas de 1978 difiere del socialismo ortodoxo. La economía de mercado socialista es el término oficial para el modelo aplicado: “el sistema económico y modelo de desarrollo empleado en la República Popular China, basado en el predominio de la propiedad pública y las empresas estatales dentro de una economía de mercado”. En esencia, el Estado mantiene la propiedad o el control de sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, banca, infraestructuras) a través de empresas estatales gigantes, pero permite la existencia de un amplio sector privado que opera con fines de lucro en un entorno de mercado. El Partido Comunista sostiene que esto no supone “capitalismo”, dado que el Estado (y el partido) conservan el control último de la dirección económica del país. Sin embargo, en la práctica diaria, millones de empresas privadas chinas compiten en mercados internos y globales, y la inversión extranjera coexiste con la planificación gubernamental.
Las reformas de Reforma y Apertura iniciadas por Deng Xiaoping a partir de 1978 marcaron el inicio de este modelo. Deng justificó la introducción de mecanismos de mercado diciendo que China se hallaba en la “etapa primaria del socialismo” y que debía “dejar que algunas regiones y personas se enriquezcan primero” para impulsar el desarrollo general. Bajo esta premisa, se desmanteló gradualmente la agricultura colectiva, se permitió a los campesinos vender excedentes en mercados libres, se autorizaron pequeñas empresas privadas y se abrieron Zonas Económicas Especiales (como Shenzhen) para atraer inversión extranjera. El impacto fue extraordinario: desde 1978 hasta el presente, China pasó de ser un país agrario empobrecido a la segunda economía más grande del mundo en términos nominales (y la primera en poder adquisitivo). Según cifras oficiales, 740 millones de personas salieron de la pobreza en esas décadas de reforma, un hecho sin precedentes históricos. El país se convirtió además en la “fábrica del mundo”, destacándose como principal exportador de bienes a nivel global; hacia 2021 China representaba alrededor del 13% de las exportaciones mundiales de mercancías.
Un instrumento fundamental de la dirección económica en China son los Planes Quinquenales. Estos planes, heredados de la tradición socialista, establecen cada cinco años las metas de crecimiento, desarrollo industrial y mejoras sociales que se pretenden lograr, funcionando como una hoja de ruta para todo el gobierno. Desde el primer plan en 1953 hasta el actual 14.º Plan Quinquenal (2021-2025), el Estado fija objetivos concretos (por ejemplo, tasa de crecimiento del PIB, reducción de emisiones contaminantes, producción de semiconductores, etc.) y moviliza recursos para cumplirlos. Si bien ya no se dictan cuotas de producción rígidas como en la época maoísta, los planes quinquenales siguen orientando la inversión pública y privada mediante políticas industriales, subsidios y regulaciones. En el 14.º Plan se refleja un giro hacia la calidad sobre la cantidad en el crecimiento, con énfasis en la innovación tecnológica, la autosuficiencia en sectores sensibles (como alta tecnología) y el desarrollo verde, más que en metas puramente cuantitativas de PIB. Esto demuestra cómo China adapta su estrategia económica con el tiempo, usando tanto el mercado para asignar recursos de manera eficiente como la planificación estatal para impulsar sectores prioritarios.
Principales políticas sociales
En paralelo al vertiginoso crecimiento económico, China ha implementado políticas sociales para gestionar los enormes cambios en su sociedad de 1.400 millones de habitantes. Uno de los mayores retos fue controlar la explosión demográfica que siguió a 1949. Para ello, el régimen impuso desde 1979 la política de un solo hijo por familia (en zonas urbanas), una de las intervenciones sociales más radicales del siglo XX. Esta política de planificación familiar, vigente hasta 2015, logró frenar drásticamente el crecimiento poblacional –el gobierno calcula que evitó el nacimiento de unos 300 millones de personas adicionales–, pero tuvo severos efectos colaterales. El más evidente fue un desequilibrio de género: en una cultura tradicional que prefería hijos varones, muchas familias recurrieron al aborto selectivo y otros medios, resultando en que nacieran significativamente más niños que niñas durante décadas. Hoy China tiene decenas de millones más hombres que mujeres, lo que crea problemas sociales (como dificultad para contraer matrimonio en zonas rurales). Otro impacto ha sido el rápido envejecimiento de la población: con la fertilidad muy reducida, la proporción de personas mayores aumentó. Actualmente, China enfrenta una incipiente crisis demográfica; su población se ha empezado a contraer anualmente y se proyecta que para 2035 más de 400 millones de chinos tendrán más de 60 años. Este envejecimiento amenaza con tensar el sistema de pensiones y reducir la mano de obra, motivos por los cuales el gobierno terminó abandonando la política del hijo único (primero permitió dos hijos desde 2016 y luego hasta tres hijos desde 2021), en un intento de estimular la natalidad.
Cartel gubernamental de planificación familiar en China. El texto en chino exhorta: “Por la prosperidad del país y la felicidad de la familia, por favor implemente la planificación familiar”. Durante más de tres décadas, anuncios como este fueron comunes bajo la política del hijo único, instando a las parejas a tener un solo descendiente. Esta controvertida medida de control poblacional (1979-2015) buscó frenar la superpoblación, y si bien redujo la tasa de natalidad, también provocó un grave desequilibrio de género al favorecer culturalmente a los varones y contribuyó al acelerado envejecimiento demográfico del país. Tras años de críticas y señales de alarma (como la primera disminución poblacional en décadas reportada en 2022), China revirtió la política: hoy promueve activamente la natalidad, permitiendo hasta tres hijos por familia e incluso ofreciendo incentivos en algunas regiones para que las parejas tengan más niños. Aun así, revertir las tendencias demográficas está resultando difícil, pues muchos jóvenes citan el alto costo de vida y la competencia laboral como razones para no querer tener hijos.
Además de la política de control natal, China ha lanzado diversas políticas sociales para acompañar su desarrollo. En las zonas rurales, el gobierno abolió en 2006 un gravamen histórico, el impuesto agrícola, aliviando la carga sobre campesinos pobres. También ha implementado programas masivos de construcción de vivienda pública en urbes para facilitar el acceso a la vivienda de bajo costo, dado el encarecimiento inmobiliario. En salud, se amplió la cobertura de seguros médicos básicos: de un sistema prácticamente inexistente en los años 90, pasaron a cubrir a más del 95% de la población con seguros de salud públicos para 2020, aunque la calidad de la atención varía y muchos gastos siguen saliendo del bolsillo de los pacientes. En 2020, el gobierno declaró la “erradicación de la pobreza extrema” en el campo, tras una campaña intensa para desarrollar infraestructuras, otorgar microcréditos y reubicar a millones de habitantes rurales marginados. Si bien organismos internacionales señalan que algunos hogares podrían recaer en la pobreza, no deja de ser notable que en 40 años China redujo la proporción de personas en pobreza absoluta de más del 80% (en 1980) a menos del 1% en 2020, según sus estadísticas oficiales.
Otra área de enfoque ha sido la educación: China estableció la escolaridad obligatoria de 9 años y ha invertido fuertemente en universidades de elite. El resultado es que la tasa de alfabetización supera el 96% y cada año cerca de 8 millones de chinos se gradúan de estudios superiores, creando la fuerza laboral calificada más grande del mundo. En cuanto a salud pública, campañas como la del “Patrullero de la Salud” llevaron atención básica a pueblos remotos, y la esperanza de vida al nacer subió de 66 años en 1979 a alrededor de 78 años en 2021 –un indicador de mejora general en el nivel de vida.
No obstante, persisten problemas sociales significativos: la desigualdad de ingresos se incrementó en la era de reformas (el coeficiente Gini de China roza 0,47, indicando brecha considerable entre ricos y pobres), existe una marcada división rural-urbana (el sistema de hukou o registro de hogar dificulta a los campesinos asentarse en ciudades con plenos derechos) y servicios como la salud y la educación aún son de mejor calidad en las regiones costeras ricas que en el interior. Consciente de ello, el gobierno de Xi Jinping ha lanzado la consigna de la “prosperidad común” para reducir la disparidad social, imponiendo límites a excesos del sector privado (por ejemplo, regulaciones a grandes empresas tecnológicas y campañas contra el lujo extravagante) y reforzando la red de seguridad social. El tiempo dirá si estas iniciativas logran reequilibrar el desarrollo para que los beneficios del crecimiento económico sean más inclusivos.
Relaciones internacionales
La República Popular China, a lo largo de sus más de 70 años, ha pasado de ser un país relativamente aislado diplomáticamente (especialmente antes de la década de 1970) a convertirse en un actor central del orden mundial. Su política exterior se basa en algunos principios fundamentales, entre los que destaca el principio de “una sola China”, que condiciona sus relaciones con otros países respecto al estatus de Taiwán. China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y, desde su entrada en 2001, un actor clave en la Organización Mundial del Comercio (OMC). A la vez, mantiene una relación compleja de competencia y cooperación con potencias como Estados Unidos y defiende con firmeza sus reclamos de soberanía, en particular sobre Taiwán. A continuación, analizamos estos ejes de la política internacional china.
El principio de “una sola China”
Un pilar inamovible de la diplomacia china es la doctrina de “Una sola China”. Según este principio, Taiwán es parte integrante de China y el gobierno de Pekín es el único gobierno legítimo de “toda China”. En la práctica, esto significa que la República Popular China (RPC) exige a cualquier país que desee tener relaciones diplomáticas plenas con ella que no reconozca a Taiwán (oficialmente llamado República de China) como Estado independiente. Pekín ha hecho de este requisito una condición previa: solo establece embajadas en países que rompan lazos oficiales con Taiwán. Por ello, desde 1971 (cuando la RPC ocupó el asiento de China en la ONU desplazando a Taiwán) hasta hoy, la gran mayoría de naciones han adoptado la política de una sola China. Apenas 13 países pequeños mantienen vínculos diplomáticos con Taipéi al 2025, frente a los 171 que reconocen a Pekín.
Para la RPC, el asunto de Taiwán es una “cuestión central de interés nacional”. El gobierno chino afirma buscar una “reunificación pacífica” con la isla, bajo el modelo de “un país, dos sistemas” (similar al aplicado en Hong Kong, que ofrecería a Taiwán cierto grado de autonomía local). Sin embargo, China no descarta el uso de la fuerza para lograr la unificación si Taiwán declarase la independencia formal o si potencias extranjeras intervinieran militarmente. De hecho, Xi Jinping ha declarado explícitamente: “No prometemos renunciar al uso de la fuerza” respecto a Taiwán, dejando claro que una proclamación independentista de Taipéi podría desencadenar una acción armada. Pekín realiza frecuentes maniobras militares alrededor de la isla como recordatorio de su determinación, y ha incrementado la presión diplomática (robando aliados diplomáticos de Taiwán) y económica sobre la administración taiwanesa actual, que considera “separatista” por no aceptar el Consenso de Una Sola China. Taiwán, por su parte, se autogobierna democráticamente desde 1949 y cuenta con el apoyo extraoficial de Estados Unidos, lo que convierte al estrecho de Taiwán en uno de los puntos más sensibles y potencialmente peligrosos en las relaciones internacionales actuales.
China en la OMC y el comercio global
China ingresó en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 tras largos años de negociaciones, un hito que marcó su plena integración en la economía global. Su adhesión implicó compromisos de reducir aranceles, abrir sectores a inversión extranjera y acatar reglas comunes, lo que aceleró aún más su crecimiento orientado a la exportación. El efecto fue notable: tras 2001, China se convirtió en el principal exportador del mundo, inundando los mercados internacionales con productos “Made in China” desde juguetes hasta electrónica. Al mismo tiempo, la pertenencia a la OMC dio a otros países mayor acceso al vasto mercado chino, atrayendo inversiones y fábricas al territorio. Esta integración comercial facilitó el boom económico de los 2000, al punto que cuando ocurrió la crisis financiera global de 2008, China emergió como motor clave de la recuperación, consolidándose como la “locomotora” asiática.
El papel de China en la OMC ha sido, sin embargo, objeto de controversia. Muchas economías occidentales acusan a Pekín de prácticas desleales: subsidios masivos a empresas estatales, transferencia forzada de tecnología a compañías chinas, robo de propiedad intelectual e impedimentos para la competencia extranjera en su mercado interno. China, por su lado, sostiene que ha cumplido gradualmente sus compromisos y que, como país en desarrollo, requiere espacio para proteger ciertos sectores estratégicos. Estas fricciones llevaron en 2018 a una escalada de disputas comerciales, especialmente con Estados Unidos, fuera del marco multilateral de la OMC. Bajo la administración Trump, EE. UU. impuso aranceles punitivos a productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares, alegando prácticas injustas, a lo que China replicó con sus propios aranceles sobre importaciones estadounidenses. Esta “guerra comercial” evidenció los retos de encajar a un gigante de economía mixta como China en el sistema de comercio global liberal. A pesar de algunas treguas y acuerdos parciales (como la fase 1 del acuerdo comercial firmado en 2020), muchos de esos aranceles mutuos siguen vigentes y las tensiones comerciales persisten.
Hoy en día, China aboga por el libre comercio en foros internacionales y se presenta como defensora de la globalización (en contraste, según sus discursos, con tendencias proteccionistas de EE. UU.). Ha promovido iniciativas como la Franja y la Ruta (Belt and Road), un megaproyecto de infraestructuras y comercio que involucra a decenas de países en Asia, África y Europa, ampliando su influencia económica. También ha ingresado en acuerdos comerciales regionales importantes, como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) –el mayor tratado comercial del mundo, que incluye a 15 países de Asia-Pacífico–. No obstante, la relación con la OMC se complica cuando otros miembros exigen a China reciprocidad y reglas más estrictas para sus empresas estatales. De cara al futuro, la capacidad de China para equilibrar su modelo de “capitalismo de Estado” con las normas internacionales de comercio será determinante para la salud del sistema multilateral y para evitar nuevas guerras comerciales.
Relaciones con Estados Unidos
La relación sino-estadounidense es, sin exagerar, la más influyente del mundo en la actualidad, pues reúne a la mayor economía global (EE. UU.) con la segunda (China), y a la superpotencia militar establecida con la potencia emergente. China y Estados Unidos mantienen una interdependencia económica profunda –el comercio bilateral de bienes superó los 600.000 millones de dólares anuales recientemente–, pero también compiten estratégicamente en ámbitos comerciales, tecnológicos, geopolíticos e ideológicos. En los últimos años, las tensiones han aumentado visiblemente. Por un lado, Washington acusa a Pekín de aprovecharse del sistema global para su beneficio: señala el robo de propiedad intelectual por hackers vinculados a China, el desequilibrio comercial crónico (China suele tener un gran superávit con EE. UU.) y preocupaciones de seguridad nacional, especialmente en tecnología. Un ejemplo claro fue la campaña estadounidense para excluir a la empresa china Huawei del desarrollo de redes 5G en países aliados, bajo la sospecha de que sus equipos podrían servir para espionaje del gobierno chino. Estados Unidos también impuso vetos de exportación de semiconductores avanzados hacia China en 2022-2023, buscando frenar el progreso tecnológico chino en sectores clave como la inteligencia artificial y computación cuántica.
Por otro lado, China percibe las acciones de EE. UU. como un intento de “contener” su ascenso y perpetuar la hegemonía estadounidense. Pekín critica la presencia militar estadounidense en la región Asia-Pacífico –bases en Japón, Corea del Sur, Guam, y patrullas navales en el Mar de China Meridional– considerándola una intromisión en su esfera de influencia. Los roces militares se han vuelto más frecuentes: incidentes en el Mar de China Meridional (donde China construye islas artificiales y reclama aguas disputadas) e incluso sobrevolando Taiwán. En 2023, la aparición de un supuesto globo espía chino sobre territorio estadounidense, que fue derribado por la Fuerza Aérea de EE. UU., desató una breve crisis diplomática y reflejó la profunda desconfianza mutua.
Sin embargo, a pesar de esta rivalidad creciente –que algunos han calificado de “nueva Guerra Fría”–, ambos países también cooperan y están obligados a entenderse en múltiples frentes. Su volumen de comercio e inversiones es enorme: China es el mayor tenedor extranjero de deuda del Tesoro estadounidense (alrededor de 870.000 millones de USD en 2023), y muchas empresas estadounidenses obtienen una parte sustancial de sus ganancias del mercado chino (por ejemplo, Apple ensambla sus iPhones en China, Boeing vende aviones a aerolíneas chinas, etc.). Asimismo, desafíos globales como el cambio climático o la estabilidad financiera mundial difícilmente pueden afrontarse sin la coordinación entre Washington y Pekín. De hecho, en la cumbre del clima de París 2015, la colaboración sino-estadounidense fue clave para alcanzar un acuerdo.
La administración de Joe Biden ha mantenido una postura firme frente a China, similar en muchas áreas a la de su predecesor, pero buscando también canales de diálogo. En 2022-2023 hubo contactos de alto nivel para “poner guardarraíles” a la competencia y evitar que las diferencias deriven en conflicto abierto. Aun así, temas ideológicos y de derechos humanos siguen enturbiando la relación: EE. UU. critica duramente la represión en Xinjiang contra la minoría uigur (calificándola de “genocidio” en 2021), la erosión de libertades en Hong Kong bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional, y el autoritarismo creciente de Xi Jinping. China, a su vez, acusa a Estados Unidos de hipocresía y de entrometerse en sus asuntos internos con el pretexto de los derechos humanos.
En resumen, la relación China-Estados Unidos es de competencia estratégica sin ruptura total. Probablemente continúe oscilando entre fases de tensión –por disputas comerciales, tecnológicas o incidentes en Taiwán– y fases de acercamiento pragmático cuando sus intereses coincidan (por ejemplo, en evitar una guerra en la península de Corea o en estabilizar la economía global). El mundo observa de cerca, ya que el rumbo que tome esta relación bilateral impactará significativamente la paz y prosperidad internacionales en las próximas décadas.
Relaciones con Taiwán
La relación entre la China continental y Taiwán es única y delicada. Desde el final de la guerra civil china en 1949, Taiwán quedó bajo control del antiguo régimen nacionalista (Kuomintang), mientras los comunistas gobiernan la China continental. Aunque Taiwán opera de facto como un país independiente –con su propio gobierno, ejército, moneda y constitución democrática–, no ha declarado formalmente la independencia y su nombre oficial sigue siendo “República de China”. Pekín insiste en que Taiwán es parte inalienable de China y busca la reunificación tarde o temprano. Este conflicto congelado ha tenido altibajos: en los años 90 hubo tensiones militares (misiles chinos probados cerca de la isla en 1995-96, disuadidos por la intervención de portaaviones estadounidenses), mientras que en la década de 2000 se vivió un acercamiento económico bajo gobiernos taiwaneses más pro-Pekín.
En la actualidad, las relaciones atraviesan un momento complicado. Desde 2016, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, del Partido Progresista Democrático (independentista moderado), se niega a reconocer el principio de “una sola China”, y Pekín ha respondido endureciendo su postura. China ha intensificado ejercicios militares alrededor de Taiwán, con frecuentes incursiones de aviones de combate en la zona de identificación aérea taiwanesa y maniobras navales que simulan un bloqueo. Estas demostraciones de fuerza buscan enviar un mensaje: disuadir cualquier movimiento independentista tajante de Taiwán y advertir a terceros países (especialmente a EE. UU.) contra una posible intervención. En agosto de 2022, una visita a Taipéi de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, desencadenó la mayor exhibición militar china en décadas, con lanzamiento de misiles balísticos que incluso sobrevolaron la isla.
A nivel diplomático, China ha ido restando aliados internacionales a Taiwán. Países como República Dominicana, Panamá o Nicaragua rompieron relaciones con Taipéi en los últimos años para reconocer a Pekín. Solo un puñado de naciones pequeñas (principalmente en Centroamérica, Caribe y Pacífico) siguen reconociendo a Taiwán. Sin embargo, Taiwán mantiene fuertes vínculos informales con potencias occidentales: Estados Unidos le provee armamento defensivo (misiles, aviones, sistemas antiaéreos) en virtud de la Taiwan Relations Act, una ley por la cual Washington se compromete a ayudar a la isla a defenderse. Esta asistencia irrita sobremanera a China, que la califica de “injerencia extranjera en asunto interno”. Pekín advirtió que la continua “colusión” entre Taiwán y EE. UU. podría “tener consecuencias impredecibles” y que no tolerará pasos hacia la “secesión” formal.
A pesar de los amagos de conflicto, existe entre China continental y Taiwán también una intensa interdependencia económica y humana. Más de un millón de taiwaneses viven o trabajan en el continente. Empresas taiwanesas han invertido enormemente en China (especialmente en manufactura de electrónica). Taiwán, por su parte, se beneficia del enorme mercado chino: antes de la pandemia, millones de turistas de la China continental visitaban la isla cada año. Estas relaciones de hecho han creado lobbies a favor de la estabilidad en ambos lados. No son pocos en Taiwán los que, aun defendiendo su democracia, no desean provocar a China hacia una guerra que sería desastrosa; y en Pekín saben que una invasión sería costosísima y podría implicar sanciones internacionales severas. Por ahora, la situación se describe como “ni paz ni guerra”: una coexistencia tensa, en la cual China busca aislar diplomáticamente a Taiwán y elevar su presión militar, esperando quizá que con el tiempo la isla ceda a un acuerdo político de reunificación. Del lado taiwanés, la mayoría de la población prefiere mantener el statu quo indefinidamente (es decir, seguir como hasta ahora, sin declarar independencia pero sin aceptar la unificación bajo el régimen comunista).
El estrecho de Taiwán sigue siendo un polvorín donde un accidente o mal cálculo podría escalar rápidamente. La comunidad internacional aboga por la moderación: EE. UU. mantiene una política de “ambigüedad estratégica” (apoya a Taiwán pero sin prometer explícitamente si intervendría militarmente en caso de ataque chino), mientras que potencias como Japón, Australia y los países de la Unión Europea observan con preocupación cualquier cambio en el equilibrio delicado de la zona. Para China, Taiwán es una cuestión de orgullo nacional y legitimidad política; para los taiwaneses, se trata de su libertad y forma de vida democrática. Encontrar una solución pacífica a este dilema será uno de los mayores desafíos diplomáticos del siglo XXI.
Sistema electoral
A diferencia de las democracias liberales, en China el término “elecciones” tiene un significado y alcance muy distintos. El país sí organiza elecciones regularmente, pero no son elecciones multipartidistas ni competitivas para los cargos nacionales. En cambio, existe un complejo sistema electoral jerárquico dentro de la estructura de los congresos populares, que va desde la base local hasta la cúspide en la Asamblea Popular Nacional. En este sistema, solo a nivel de distritos locales (ciudades pequeñas, municipios rurales) los ciudadanos votan directamente por sus representantes. A partir de allí, los representantes de nivel inferior eligen a los del nivel superior en sucesivas etapas. Esto significa que, por ejemplo, los diputados provinciales son escogidos por las asambleas municipales, y los diputados nacionales de la APN son escogidos por las asambleas provinciales, y así sucesivamente. Todo el proceso es controlado por el PCCh, que determina qué candidatos pueden presentarse y asegura su dominio en cada nivel.
Elección de los representantes populares
En las elecciones de base (generalmente en aldeas rurales y distritos urbanos), los ciudadanos chinos mayores de 18 años pueden votar por sus delegados al congreso popular local. Estos son comicios con cierta competencia, pues en teoría puede haber candidatos independientes o propuestos por la comunidad (no necesariamente miembros del PCCh). En la práctica, el partido suele filtrar y aprobar a la mayoría de candidatos y hacer campaña a su favor, pero ha habido casos de candidatos no oficiales que resultan elegidos en aldeas, reflejando problemas locales o descontentos puntuales. No obstante, estas figuras independientes casi nunca prosperan más allá del nivel local, porque para ascender en la estructura deben contar con el aval político del PCCh.
Una vez conformados los congresos populares locales, son estos los que eligen a los congresos del siguiente nivel. Por ejemplo, todos los distritos de una ciudad eligen a la asamblea popular municipal; luego las asambleas municipales eligen a la asamblea provincial; y finalmente, las asambleas populares provinciales (junto con las de regiones autónomas y municipios especiales) eligen a los diputados de la Asamblea Popular Nacional. Este sistema indirecto se asemeja a una pirámide: la base amplia de representantes locales se va reduciendo hasta llegar a los ~3.000 diputados nacionales. Teóricamente, esto permite una representación escalonada de intereses locales en el gobierno central. En la práctica, dado que el Partido Comunista controla las nominaciones y resultados en cada fase, asegura una abrumadora mayoría de miembros del PCCh en todos los niveles. Los llamados partidos democráticos aliados obtienen un número acotado de escaños (simbólicos) en la APN y gobiernos locales, pero siempre bajo la dirección del PCCh.
Es importante notar que, aunque existe esta maquinaria electoral formal, el pueblo chino no elige directamente a sus máximos gobernantes ni tiene la posibilidad de alternancia de partidos. Las elecciones locales a veces sirven como termómetro de problemas –por ejemplo, candidatos populares surgen cuando hay corrupción local muy impopular–, pero en general son vistas con apatía por la ciudadanía, ya que los cargos con verdadero poder (gobernadores, alcaldes, secretarios del partido) se deciden internamente por el PCCh. Aun así, el gobierno presenta este sistema como una forma de democracia consultiva: argumenta que con millones de delegados en múltiples niveles, sí hay participación ciudadana, solo que canalizada de manera “no confrontativa” en lugar de la competencia partidista.
Designación del Presidente y líderes del gobierno
El Presidente de la República Popular China es el jefe de Estado y, conforme a la Constitución, es elegido por la Asamblea Popular Nacional. En cada nuevo período quinquenal de la APN (que coincide con los Congresos del PCCh), los diputados nacionales votan al presidente, al vicepresidente y al primer ministro, entre otros altos cargos. En la práctica, existe solo un candidato consensuado por el PCCh para cada puesto, y la votación es prácticamente un trámite. Por ejemplo, en marzo de 2018 la APN reeligió a Xi Jinping como presidente por unanimidad (2.970 votos a favor, 0 en contra). Es habitual que los resultados muestren más del 99% de apoyo, lo que indica la disciplina de voto de los delegados y la inexistencia de oposición política organizada.
El Presidente de China cumple funciones principalmente ceremoniales y diplomáticas –por ejemplo, recibir embajadores, firmar tratados–, pero cuando este cargo lo ostenta la misma persona que el Secretario General del PCCh (como es el caso de Xi Jinping), entonces encarna el poder supremo del país. Cabe destacar que hasta 2018 la Constitución limitaba a dos los mandatos presidenciales de 5 años. Sin embargo, ese año la APN, a instancias del PCCh, aprobó enmendar la Constitución para eliminar el límite de dos mandatos. Esto abrió la puerta a que Xi Jinping pudiera continuar en el poder más allá de 2023, rompiendo una norma de sucesión establecida tras Mao para evitar liderazgos vitalicios. La enmienda fue aprobada con 2.958 votos a favor, solo 2 en contra y 3 abstenciones, reflejando nuevamente la unanimidad impuesta. Tras este cambio, Xi efectivamente asumió un tercer mandato en 2023 y podría permanecer como líder indefinidamente, consolidándose como el dirigente chino más poderoso desde Mao Zedong.
En cuanto al Primer Ministro, que encabeza el Consejo de Estado (gobierno), es formalmente nominado por el Presidente pero en realidad surge del liderazgo del PCCh. Tradicionalmente, el primer ministro es el n.º 2 o n.º 3 en la jerarquía del partido. La APN ratifica su nombramiento con votación mayoritaria. Lo mismo ocurre con los vice primeros ministros y ministros: todos son cuadros del partido seleccionados en sus órganos de liderazgo. Así, el Ejecutivo chino no es producto de una negociación parlamentaria multipartidista, sino de un proceso de cooptación dentro del PCCh, aprobado luego por el parlamento unipartidista.
El rol del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional
Entre cada sesión anual de la APN, el poder legislativo queda en manos de su Comité Permanente (CPAPN), un organismo más pequeño pero crucial. El Comité Permanente de la APN está compuesto por alrededor de 175 miembros (diputados seleccionados de la APN) y se reúne con periodicidad mensual. Preside este comité el Presidente del Comité Permanente, cargo que equivale al de jefe del legislativo. Actualmente lo ocupa Zhao Leji (desde 2023), quien es a su vez un alto dirigente del PCCh.
El CPAPN tiene la potestad de interpretar la Constitución y las leyes, y de promulgar legislación en casi todos los ámbitos, excepto aquellos que la Constitución reserva al pleno de la APN (como leyes particularmente importantes o la elección de altos cargos). En la práctica, la mayoría de las leyes chinas –desde códigos civiles, comerciales, penales, hasta regulaciones específicas– son aprobadas en las reuniones del Comité Permanente. Por ejemplo, la polémica Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong de 2020, que criminaliza actos secesionistas y subversivos en ese territorio, fue directamente incorporada en el anexo legal de Hong Kong por decisión del Comité Permanente, sin pasar por la legislatura local hongkonesa. Esto demuestra el alcance del poder legislativo centralizado en Beijing.
Además, el Comité Permanente puede emitir decretos y decisiones con fuerza de ley, y supervisa que los gobiernos locales cumplan con la Constitución y las leyes nacionales. También es la instancia que convoca las sesiones anuales de la APN y prepara la agenda legislativa. En casos excepcionales, podría destituir a funcionarios de alto rango o declarar el estado de emergencia, aunque en la práctica esas decisiones son consensuadas de antemano por el partido.
Un punto a resaltar es que el Comité Permanente de la APN, a pesar de estar compuesto en su totalidad por miembros del partido o aliados, a veces ha actuado con cierta autonomía incremental. Observadores han notado que en los últimos años este comité debate con más detalle los proyectos de ley, introduce enmiendas e incluso retrasa algunos hasta que el gobierno ajusta aspectos problemáticos. Esto se interpreta como un refinamiento institucional dentro del sistema de partido único, quizá para dotar de mayor calidad técnica a las leyes o para canalizar opiniones de expertos. No obstante, políticamente el Comité Permanente nunca desafía abiertamente la línea del PCCh; su autonomía tiene límites claros cuando se trata de cuestiones de poder.
En suma, el sistema electoral y legislativo chino es un mecanismo diseñado para legitimar y viabilizar el dominio del PCCh, más que para ofrecer alternativas de gobierno. Las elecciones indirectas garantizan la presencia de representantes de todo el país pero sin poner en riesgo el monopolio político del partido. Y el Comité Permanente de la APN permite dar continuidad legal al gobierno durante todo el año, asegurando al mismo tiempo que el control político permanezca en un órgano manejable y alineado con la cúpula comunista. Es un modelo singular, distante de la democracia liberal, pero que el liderazgo chino defiende como estable y adecuado para su realidad.
Sistema legal y derechos humanos
El sistema legal de China ha experimentado transformaciones profundas desde 1978, pasando de ser prácticamente inexistente (durante la Revolución Cultural incluso se abolieron los códigos legales) a desarrollar un marco jurídico moderno en algunas áreas, aunque fuertemente subordinado al poder político. En la actualidad, China cuenta con tribunales populares en cada nivel administrativo, un código civil unificado, códigos penal y procesal, y un creciente cuerpo de leyes comerciales y administrativas acordes con su economía de mercado. Sin embargo, persisten grandes desafíos: la independencia judicial es limitada, ciertos delitos (especialmente políticos) se manejan de forma opaca, y organizaciones internacionales denuncian graves violaciones de derechos humanos y falta de garantías legales en muchos casos.
Estructura del sistema judicial
El poder judicial chino se organiza en un sistema jerárquico de “Tribunales Populares”. En la cúspide se encuentra la Corte Suprema Popular (CSP) en Beijing, que es el tribunal de última instancia del país y supervisa la aplicación uniforme de la ley. Debajo de la Corte Suprema, vienen los Tribunales Populares Superiores (a nivel de provincia o región autónoma), luego los Tribunales Intermedios (a nivel de prefecturas o ciudades grandes) y finalmente los Tribunales de Base (distritos, condados y ciudades pequeñas). Por lo general, los casos empiezan en un tribunal de base o intermedio, y las partes tienen derecho a una apelación: el sistema chino sigue el principio de “doble instancia” en el que la segunda instancia (generalmente un tribunal superior) emite una sentencia final. No hay apelación más allá de la segunda instancia, salvo en procedimientos extraordinarios como recursos de revisión.
China también cuenta con tribunales especializados, como tribunales militares (para asuntos castrenses), tribunales de asuntos marítimos, tribunales de propiedad intelectual y reciéntemente tribunales de Internet, para lidiar con disputas del comercio electrónico y ciberdelitos. En Hong Kong y Macao, por su estatus especial, rigen sistemas legales separados basados en tradiciones diferentes (common law en Hong Kong, derecho continental portugués en Macao), y la jurisdicción de la Corte Suprema Popular no se extiende allí.
Formalmente, la Constitución garantiza la independencia de los jueces en el ejercicio de su función. Sin embargo, en la práctica el Partido Comunista influye decididamente en el sistema judicial. A nivel local, es usual que el jefe del partido de la ciudad o provincia tenga injerencia en casos sensibles, sobre todo cuando involucran a funcionarios o generen impacto social. Los jueces y presidentes de tribunales son nombrados con aprobación del PCCh (los presidentes de cortes provinciales, por ejemplo, deben ser ratificados por la asamblea popular provincial, pero esa asamblea sigue la decisión partidaria). Además, existe dentro de cada tribunal un “comité de asuntos políticos y legales” del partido que orienta a los jueces en casos importantes. Como resultado, la falta de independencia judicial es la principal crítica que se hace al sistema de justicia chino, tanto por observadores internacionales como por juristas domésticos.
A pesar de ello, es justo señalar que en materia de litigios comerciales, civiles y administrativos cotidianos (por ejemplo, disputas contractuales entre empresas, divorcios, casos de lesiones personales), los tribunales chinos han ganado profesionalismo con el tiempo. Se han establecido procesos más transparentes, publicado decisiones y permitido a abogados defender con relativa libertad a sus clientes en ese ámbito. El problema se agrava cuando el caso toca intereses del Estado o del partido, o involucra derechos civiles y políticos fundamentales.
Delitos y aplicación de la ley
China tiene un Código Penal que tipifica los delitos comunes –homicidio, robo, corrupción, tráfico de drogas, etc.– y establece las penas correspondientes. En términos generales, el sistema penal es severo: China es conocida por ser el país que más aplica la pena de muerte en el mundo en números absolutos (aunque las cifras exactas son secreto de Estado). Se estima que cientos, posiblemente miles, de ejecuciones ocurren cada año, principalmente por delitos violentos graves, corrupción de altos montos y tráfico de drogas. Desde 2007, la Corte Suprema Popular revisa todas las sentencias de muerte dictadas por tribunales inferiores, lo que redujo significativamente su número al corregir sentencias excesivas. Además, ciertas penas capitales pueden imponerse con “dos años de moratoria”, tras los cuales suelen conmutarse a cadena perpetua si el reo demuestra buen comportamiento.
Un área de fuerte énfasis del gobierno ha sido la persecución de la corrupción. La campaña anticorrupción lanzada por Xi Jinping en 2013 ha llevado ante la justicia a más de 1,3 millones de funcionarios de todos los niveles en su primer quinquenio, incluyendo a altos cargos equivalentes a ministros y generales del Ejército. Muchos fueron sentenciados a largas penas de prisión; algunos casos extremos (corrupción multimillonaria) terminaron en penas de muerte o cadena perpetua. Esta purga –la mayor en décadas– fue presentada como necesaria para salvar la legitimidad del partido, pero críticos señalan que también ha servido para eliminar facciones políticas rivales. En cualquier caso, ha mostrado la dureza del sistema penal para delitos contra el Estado.
En cuanto a delitos menores, China tiene un sistema paralelo de castigos administrativos. Hasta 2013 existió la temida “reeducación por el trabajo” (laojiao), un esquema que permitía a la policía detener hasta por 2-3 años a personas por faltas no delictivas (prostitución, disturbios, peticiones insistentes) sin juicio. Ese sistema fue abolido formalmente, pero se alega que fue reemplazado por centros de detención extrajudicial para disidentes políticos o minorías (por ejemplo, los campamentos de Xinjiang para uigures). De hecho, organizaciones de derechos humanos denuncian que cientos de miles de uigures y otras minorías musulmanas han sido internados en “campos de reeducación” en Xinjiang sin debido proceso, so pretexto de combatir el extremismo religioso. El gobierno chino sostiene que se trata de centros de formación vocacional voluntaria, pero documentos filtrados y testimonios de exdetenidos hablan de internamientos forzados con adoctrinamiento político, lo que la ONU calificó como posibles crímenes contra la humanidad.
Otro aspecto particular es el uso de la detención domiciliaria o “vigilancia residencial en un lugar designado” que la policía secreta emplea para mantener incomunicados a activistas o abogados de derechos humanos por largos periodos, sin llevarlos ante un tribunal. Estos mecanismos extralegales minan gravemente el estado de derecho y han sido ampliamente condenados.
Derechos humanos en China: avances y críticas
La cuestión de los derechos humanos en China es fuente de constante fricción con buena parte de la comunidad internacional. De jure, la Constitución china garantiza ciertos derechos fundamentales: libertad de expresión, de prensa, de culto religioso, derecho a un juicio justo, etc. De facto, muchos de esos derechos están restringidos por leyes y prácticas que los supeditan a la “estabilidad social” y a la primacía del partido. Varios gobiernos extranjeros y ONG acusan habitualmente al gobierno chino de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entre las preocupaciones señaladas están: la ausencia de libertad de expresión y censura de prensa, el control férreo de Internet (Great Firewall), la falta de elecciones libres, la persecución de disidentes políticos y minorías étnicas o religiosas (casos del Tíbet, Xinjiang y practicantes de Falun Gong, por ejemplo), uso de tortura y malos tratos en detención, ejecuciones sumarias, entre otros.
China rechaza estas acusaciones argumentando una concepción diferente de los derechos humanos. Sostiene que el derecho al desarrollo económico y al bienestar colectivo debe primar, y cita sus logros en reducción de la pobreza, alfabetización y aumento de la esperanza de vida como evidencia de progreso en derechos humanos. De hecho, el gobierno publica “libros blancos” periódicos resaltando que la vida del chino medio ha mejorado drásticamente en las últimas décadas –lo cual es cierto en indicadores materiales– y que esto constituye un avance tangible en derechos básicos. También esgrime que los países deben tener soberanía para aplicar sus propias normas; que los valores asiáticos privilegian la armonía social sobre el individualismo; y que la estabilidad política es un prerrequisito para disfrutar de cualquier derecho.
En la práctica interna, la protección legal de los derechos de los ciudadanos ha tenido algunas mejoras graduales. Por ejemplo, en procedimientos civiles y administrativos hay más garantías que antes; existen bufetes de abogados especializados en defender a ciudadanos en casos de indemnizaciones, disputas laborales, etc., con éxito variable. Pero cuando el caso tiene connotación política o toca intereses sensibles, las garantías desaparecen. Los abogados de derechos humanos –los llamados abogados “weiquan”– que han intentado defender a disidentes o víctimas de abusos oficiales a menudo han acabado ellos mismos detenidos o inhabilitados. Una ola represiva en 2015 (conocida como la “represión 709” por la fecha de inicio, 9 de julio) detuvo a cientos de abogados y activistas en todo el país, mostrando la poca tolerancia a la defensa independiente de derechos.
La censura es quizá el aspecto más visible de las restricciones: medios de comunicación, editoriales, cine, literatura y obviamente Internet están vigilados. Temas políticamente sensibles –como críticas al PCCh, debates sobre Tiananmen 1989, independencia de Taiwán/Tíbet, movimientos opositores– son rápidamente suprimidos del espacio público. En redes sociales chinas (Weibo, WeChat) operan miles de censores que eliminan publicaciones “inadecuadas” y filtrado de palabras clave prohibidas. Este control comunicativo se ha vuelto cada vez más sofisticado con inteligencia artificial y una vasta cibervigilancia gubernamental, dando lugar a lo que algunos llaman un “estado de vigilancia digital”. La contrapartida es que el gobierno argumenta que previene con ello la difusión de rumores dañinos, el terrorismo y el caos social.
En cuanto a libertad religiosa, la Constitución la reconoce en principio, pero las religiones están obligadas a afiliarse a asociaciones patrióticas controladas por el partido. Prácticas religiosas no autorizadas (iglesias domésticas protestantes no registradas, grupos católicos fieles al Vaticano antes del acuerdo de 2018, comunidades musulmanas fuera de las mezquitas oficiales) sufren hostigamiento. En Xinjiang, bajo la campaña contra el extremismo, la expresión religiosa islámica (barbas largas, velos, ayuno en Ramadán) fue estrictamente regulada. En el Tíbet, las manifestaciones de lealtad al Dalái Lama conllevan castigo, y la enseñanza del idioma tibetano es limitada en aras de la “unidad nacional”.
No todo es estático: en años recientes, China ha incorporado algunas nociones de estado de derecho en su discurso y ha modificado leyes para responder a quejas populares. Por ejemplo, la presión social ante la contaminación ambiental llevó a aprobar nuevas leyes ambientales más estrictas y a permitir a ONG locales querellar contra industrias contaminantes (y hay casos de éxito). También la indignación pública por escándalos de corrupción provocó la adopción de leyes más duras contra el soborno y la malversación, así como la creación de una Comisión Nacional de Supervisión en 2018 para perseguir a todos los funcionarios públicos. Sin embargo, estos avances se dan en la medida en que no amenazan el control político unipartidista.
En resumen, el sistema legal chino ofrece protección y justicia en asuntos ordinarios y económicos, pero en materia de derechos civiles y políticos está supeditado al interés del Estado-Partido. La idea de supremacía de la ley se ve limitada por la supremacía del Partido Comunista, cuyo liderazgo se sitúa por encima del marco legal. Para los ciudadanos chinos comunes, esto significa que hay un espacio acotado de legalidad –que ha crecido en lo comercial y social–, pero un techo bajo en cuanto a libertades políticas. Las organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional continúan documentando abusos (detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, censura, tortura policial, etc.), mientras que el gobierno chino desestima estos informes tildándolos de interferencias extranjeras en su soberanía. La dialéctica entre desarrollo económico, control político y aspiraciones de derechos humanos sigue siendo uno de los aspectos más complejos y observados del China contemporánea.
Problemas y desafíos
La historia de la República Popular China desde 1949 ha estado marcada por enormes éxitos pero también por graves crisis y desafíos, tanto internos como externos. El país pasó por convulsiones políticas dramáticas en las primeras décadas de gobierno comunista, y afronta en el presente retos económicos y sociales igualmente formidables. A continuación, se examinan los principales problemas históricos –crisis políticas, hambrunas, movimientos sociales– y los desafíos actuales –desaceleración económica, desigualdad, crisis demográfica, medio ambiente– que han puesto a prueba y siguen poniendo a prueba al sistema chino.
Crisis históricas: del Gran Salto Adelante a Tiananmén
Pocos años después de su fundación, la República Popular experimentó una de las peores catástrofes humanitarias del siglo XX. En 1958, Mao Zedong lanzó el Gran Salto Adelante, un plan para acelerar la transformación de China en una potencia industrial mediante la colectivización total del campo y la producción comunal de acero. El resultado fue un desastre: políticas económicas erróneas sumadas a desastres naturales provocaron la Gran Hambruna China (1959-1961), en la que murieron al menos 10 millones de personas –y posiblemente hasta 45 millones según estimaciones independientes. Se considera la hambruna más mortífera de la historia humana provocada por el hombre. Además de las muertes por inanición, el tejido social quedó destrozado: hubo informes de canibalismo, colapso productivo y un silencio impuesto donde no se permitió criticar las políticas de Mao.
Apenas unos años después, otra convulsión sacudió al país: la Revolución Cultural (1966-1976). Mao, temiendo la deriva burocrática del partido, instigó a la juventud (las Guardias Rojas) a rebelarse contra “los capitalistas infiltrados” y las tradiciones “feudales”. En un torbellino de caos político, se persiguió a millones de personas –intelectuales, funcionarios, maestros, incluso líderes veteranos del partido–, a muchos se les envió al campo para “reeducación” y se destruyeron patrimonio cultural e institucional. Se calcula que la violencia y las persecuciones de la Revolución Cultural dejaron entre cientos de miles y varios millones de muertos, además de una generación sin educación formal adecuada (las universidades cerraron durante años) y la economía prácticamente paralizada para 1976. Fue un periodo de anarquía y fanatismo que el propio Partido Comunista luego calificaría como “gran tragedia”.
Tras la muerte de Mao en 1976 y la purga de la facción radical (la “Banda de los Cuatro”), China inició una fase de reformas y apertura con Deng Xiaoping, como ya se describió. Sin embargo, la liberalización económica trajo consigo demandas de cambio político. El episodio más conocido fue el Movimiento estudiantil de Tiananmén en 1989. Ese año, estudiantes y ciudadanos en Beijing y otras ciudades se manifestaron durante semanas pidiendo reformas democráticas, libertad de prensa y contra la corrupción. La protesta, centrada en la Plaza de Tiananmén, fue pacífica en gran medida. Pero el 4 de junio de 1989, el gobierno envió al Ejército Popular de Liberación a desalojar la plaza, resultando en una masacre cuyas víctimas exactas se desconocen (se estima que murieron desde varias centenas hasta más de mil personas).
Las imágenes del “hombre del tanque” y la represión sangrienta dieron la vuelta al mundo, generando una condena internacional. Internamente, la “incidente contrarrevolucionario del 4 de junio” (como lo llamó el PCCh) fue un trauma que congeló cualquier debate sobre apertura política. Deng Xiaoping detuvo temporalmente las reformas económicas tras Tiananmén, aunque las reanudó en 1992 con más bríos pero dejando claro que el partido no cedería el control político. Tiananmén sigue siendo un tabú absoluto en China: no se menciona en libros de historia ni medios, la censura borra cualquier referencia en internet, y las nuevas generaciones apenas conocen lo ocurrido.
Desafíos actuales: economía, demografía y sociedad
En la época reciente, tras décadas de ascenso económico, China se enfrenta a un conjunto de desafíos estructurales que ponen a prueba la sostenibilidad de su modelo. Uno de los más acuciantes es la desaceleración económica. Tras crecer a tasas de 10% anual promedio durante tres décadas, la economía china ha entrado en una fase de crecimiento más lento (alrededor de 5% previsto en 2023-2025). Diversos factores contribuyen: la mano de obra ya no crece (incluso decrece por el envejecimiento), las ganancias fáciles por industrialización y exportaciones se están agotando, la productividad avanza con dificultad y el endeudamiento ha aumentado. En particular, el sector inmobiliario, que fue motor del auge (representando hasta 29% del PIB sumando construcción y actividades relacionadas), vive una crisis por exceso de deuda y burbuja de precios. Gigantes inmobiliarios como Evergrande y Country Garden entraron en default o serios aprietos en 2021-2023, revelando debilidades en el sistema financiero. Los gobiernos locales, a su vez, arrastran deudas enormes tras años de gasto en infraestructura; su modelo de financiarse vendiendo tierras a promotores inmobiliarios está en entredicho con la caída del sector.
El gobierno de Xi Jinping reconoce que el país debe transitar de un crecimiento basado en inversión y exportaciones a otro apoyado en el consumo interno, la innovación y servicios de mayor valor añadido. Esa transición no es fácil: requiere reformas (apertura de sectores dominados por monopolios estatales, mejorar la red de protección social para que la gente consuma en vez de ahorrar, etc.) que tocan intereses creados. Además, la tensión con EE. UU. y otras naciones ha llevado a restricciones tecnológicas –por ejemplo, veto al acceso chino a semiconductores avanzados– que podrían dificultar los planes de liderazgo de China en campos como inteligencia artificial o telecomunicaciones.
Otro desafío enorme es la crisis demográfica en ciernes, derivada en parte de la política del hijo único antes mencionada. China está envejeciendo más rápido de lo que enriqueció; alcanzará el estatus de “sociedad super-envejecida” en menos de dos décadas. La población china comenzó a disminuir: en 2022 tuvo su primera caída poblacional desde 1961, y en 2023 y 2024 continuó la tendencia. Según datos oficiales, 2024 cerró con 1.408 millones de habitantes, una baja de 1,39 millones respecto al año anterior, marcando el tercer año consecutivo de contracción poblacional. Los nacimientos están en mínimos históricos (apenas 6,77 nacimientos por 1.000 personas en 2024, la tasa más baja desde 1949). Este declive, combinado con la longevidad en aumento, supone que para 2035 habrá más de 400 millones de chinos mayores de 60 años. El sistema de pensiones y salud pública enfrentará una enorme carga –se proyecta que el fondo de pensiones nacional podría ser inviable en 2035 de no hacerse reformas–. Además, una población anciana y una fuerza laboral menguante (se estima que China pierde unos 5 millones de trabajadores por año desde 2020 en adelante) podrían frenar el crecimiento económico y la capacidad innovadora. El gobierno está tratando de incentivar nacimientos (subsidios, guarderías, relax de políticas de vivienda para familias con hijos), pero cambiar la mentalidad de las generaciones acostumbradas a un hijo único es complicado. Muchas parejas jóvenes citan el altísimo costo de la educación, la vivienda y la crianza como motivos para no querer más de un hijo –o ninguno–, una tendencia común también en otros países asiáticos desarrollados.
La desigualdad social es otro reto. Aunque el ingreso promedio ha subido, la brecha entre regiones costeras ricas y el interior pobre sigue siendo amplia. Grandes ciudades como Beijing, Shanghái o Shenzhen tienen PIB per cápita similares a países desarrollados, mientras provincias del interior oeste (Gansu, Yunnan, Guizhou) están décadas atrás en indicadores de renta y servicios. El gobierno central transfiere fondos y promueve inversión en zonas rezagadas, pero la migración interna masiva (unos 290 millones de migrantes rurales trabajan en ciudades) indica que mucha población aún ve pocas oportunidades en sus lugares de origen. Esta migración ha creado un grupo vulnerable: los niños dejados atrás en áreas rurales, cuyos padres trabajan lejos; se estima que hay unos 30 millones de menores creciendo sin uno o ambos progenitores, al cuidado de abuelos u otros familiares, con problemas emocionales y educativos asociados. En las ciudades, también emergen nuevos fenómenos como la “generación del 996” (jóvenes profesionales que trabajan de 9 a 9, 6 días a la semana en empresas tecnológicas) que se quejan del agotamiento y buscan un cambio de estilo de vida –por ejemplo, movimientos como tang ping (tirarse a reposar, rechazar la carrera de ratas) o bai lan (dejarlo estar). Si bien no son protestas políticas, reflejan tensiones sociales en un país donde la competencia laboral y académica es intensa.
No puede dejar de mencionarse el desafío medioambiental. El vertiginoso crecimiento industrial convirtió a China en el mayor emisor de CO? del mundo (cerca del 30% del total) y le acarreó graves problemas de contaminación de aire, agua y suelo. Hasta hace una década, ciudades envueltas en smog tóxico eran rutinarias en invierno. La indignación ciudadana por la contaminación llevó a las autoridades a cambiar de rumbo: desde 2013 se aplicaron planes agresivos para reducir el uso de carbón en áreas urbanas, se cerraron fábricas contaminantes o se trasladaron lejos, y se invirtió en energías renovables. Los resultados comienzan a notarse: la concentración de partículas PM2.5 en ciudades como Beijing disminuyó más de 50% entre 2013 y 2021. China se convirtió en líder mundial en energías solar y eólica, y se comprometió a alcanzar su pico de emisiones de CO? antes de 2030 y la neutralidad de carbono para 2060. No obstante, equilibrar desarrollo y medio ambiente sigue siendo difícil: en 2022, ante una crisis energética, China aumentó la quema de carbón y aprobó nuevas centrales térmicas. También la gestión del agua, la deforestación histórica y la pérdida de biodiversidad son asignaturas pendientes.
Por último, está el desafío de mantener la estabilidad política a largo plazo en un contexto social más complejo. Aunque el PCCh logró aplastar la disidencia organizada tras Tiananmén, han seguido ocurriendo brotes de protesta local: cada año se registran miles de “incidentes de masas” (protestas obreras por sueldos impagos, manifestaciones contra contaminación local, quejas de veteranos del ejército, etc.). La mayoría son casos aislados y puntuales, pero revelan que la sociedad china no es monolítica. En 2019-2020, las protestas multitudinarias ocurrieron en Hong Kong contra la erosión de su autonomía; Pekín las aplacó imponiendo la citada Ley de Seguridad Nacional y una reforma electoral que eliminó a la oposición prodemocrática, terminando efectivamente con el modelo “un país, dos sistemas” tal como se entendía. Más recientemente, a finales de 2022, estallaron inusuales protestas en varias ciudades chinas contra las severas políticas de “cero COVID”. Cientos de ciudadanos salieron con hojas de papel en blanco (símbolo contra la censura) para criticar los confinamientos interminables; incluso se oyeron eslóganes tímidos pidiendo libertad de expresión. Sorprendentemente, el gobierno de Xi dio un giro rápido y abandonó la política cero COVID semanas después, relajando todas las restricciones. Algunos interpretaron que las protestas –aunque pequeñas en escala para un país de 1.400 millones– influyeron en esa decisión, mostrando una rara concesión ante la presión social.
En general, el PCCh ha sorteado las crisis históricas aprendiendo de ellas: tras Mao, nunca más se permitió la concentración de poder absoluto en un líder… hasta que con Xi Jinping parece revertirse esa tendencia; tras Tiananmén, se apostó todo al crecimiento económico para legitimar el régimen, fórmula que ahora se complica al desacelerarse la economía. Enfrentar los nuevos desafíos requerirá adaptaciones. La dirigencia actual enfatiza la necesidad de seguridad –económica, tecnológica, militar– para evitar vulnerabilidades, y refuerza el control social. Queda por ver si este enfoque logra mantener la estabilidad y prosperidad en el mediano plazo, o si las tensiones (económicas, demográficas, sociales) exigirán reformas más profundas al modelo político.
Estilo de comunicación del gobierno chino
El gobierno chino tiene un estilo de comunicación muy particular, pulido por décadas de control interno y narrativa cuidadosamente gestionada. Hacia adentro, practica una intensa combinación de propaganda y censura para moldear la opinión pública; hacia afuera, en la arena internacional, ha pasado de un tono cauteloso a uno más asertivo e incluso confrontacional en años recientes. Comprender cómo comunica China –tanto su narrativa oficial como sus mecanismos de difusión y control de la información– es clave para entender su poder blando y su proyección global.
Narrativa oficial y propaganda interna
En el ámbito doméstico, el PCCh mantiene un férreo control de los medios de comunicación. Todos los medios nacionales –desde la agencia estatal Xinhua, la Cadena de TV CCTV, los diarios como Diario del Pueblo– funcionan como portavoces de la línea oficial. La censura se extiende a periódicos comerciales, portales de internet, redes sociales y cualquier plataforma capaz de llegar a un público amplio. Existe un dicho: “los medios de comunicación deben apellidarse Partido” (es decir, lealtad total). Esto significa que las noticias en China presentan invariablemente una narrativa positiva del gobierno, resaltando logros (crecimiento económico, misiones espaciales, erradicación de pobreza) y minimizando o silenciando problemas (protestas, escándalos de corrupción no autorizados, crisis financieras). Los periodistas tienen prohibido investigar a líderes sin permiso y deben adherir a “protocolos de propaganda” en temas sensibles.
La propaganda per se no tiene en China la connotación negativa que tiene en Occidente; se considera una herramienta legítima para educar y guiar a las masas. El Departamento de Propaganda (hoy eufemísticamente llamado Departamento Central de Publicidad) envía directivas constantes a los medios sobre cómo tratar ciertas noticias. Un ejemplo: durante la pandemia de COVID-19, los medios chinos enfatizaron la eficiencia del gobierno en controlar el virus y proyectaron dudas sobre el origen extranjero del mismo, mientras censuraban críticas iniciales a la respuesta local en Wuhan. De igual manera, tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, los medios chinos replicaron en gran medida la postura rusa (sin hablar de “invasión”) debido a la alianza estratégica con Moscú, a la vez que suprimían comentarios muy prorrusos o muy anti-rusos para mantener un equilibrio narrativo propicio a Pekín.
La narrativa oficial en China se centra en algunos ejes: resaltar el auge nacional (“el gran rejuvenecimiento de la nación china”), subrayar la competencia y honestidad del PCCh en lograr prosperidad, y apelar al orgullo patriótico. Se presenta al partido como el artífice del desarrollo que sacó a China de “el siglo de humillación” (periodo de colonización parcial por potencias extranjeras de 1839 a 1949) y devolvió la dignidad al país. La historia se cuenta de forma selectiva: por ejemplo, las tragedias del Gran Salto o la Revolución Cultural son mencionadas brevemente en textos oficiales como “graves errores” ya superados, sin entrar en detalles, mientras que los logros post-reforma ocupan capítulos centrales.
Una técnica notable de comunicación interna es el uso de eslóganes y conceptos. Xi Jinping ha aportado numerosos lemas: el “Sueño Chino” (una visión de rejuvenecimiento nacional), la mencionada “Democracia de proceso entero”, la “Comunidad de destino compartido para la humanidad” (en política exterior), o la campaña anticorrupción de “cazar tigres y aplastar moscas” (tigres = altos funcionarios corruptos, moscas = burócratas de bajo nivel). Estos eslóganes son repetidos incansablemente en medios, escuelas y foros públicos, creando una narrativa uniforme. Las escuelas desde temprana edad inculcan cursos de “educación patriótica” y desde 2021 se introdujo oficialmente la “Ideología de Xi Jinping” en el currículum, para elevar el pensamiento del actual líder al nivel canónico previo reservado a Mao Zedong y Deng Xiaoping.
Censura y control de medios y redes
El control sobre la información que ejerce el gobierno chino es posiblemente el más sofisticado del mundo. En Internet, China construyó el llamado Gran Cortafuegos (Great Firewall), un sistema de filtros y bloqueos que impide el acceso a la mayoría de las plataformas globales: Google, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram, Wikipedia, medios extranjeros, todos están bloqueados o severamente restringidos en territorio chino. En su lugar prosperan equivalentes locales controlados de cerca: Baidu como buscador (con resultados censurados), WeChat y Weibo en redes sociales, Bilibili en videos, etc. El aparato de censura involucra tanto tecnologías automatizadas (que filtran palabras clave) como un ejército de censores humanos. Estudios (como uno de Harvard) estiman que decenas de miles de censores monitorean miles de plataformas y servicios, borrando posts sensibles en cuestión de minutos. Curiosamente, las investigaciones han hallado que las autoridades chinas no censuran en internet toda crítica al gobierno –pues algunas quejas les sirven para conocer problemas o canalizar frustraciones–, sino principalmente cualquier contenido que pueda conducir a movilización colectiva. Es decir, un post aislado que critique a un funcionario menor puede quedar online, pero si llama a una protesta o se vuelve viral generando una consigna común, será eliminado. El temor principal del régimen es la organización de movimientos independientes mediante redes sociales.
Ejemplos abundan: en 2022, durante las inusuales protestas contra la política cero-COVID, palabras clave como “protesta”, “A4” (por las hojas en blanco) o incluso ubicaciones de manifestaciones fueron rápidamente vetadas de buscadores y redes. Vídeos de las marchas desaparecieron de plataformas chinas casi en tiempo real. La censura también actúa con anticipación: antes de eventos políticamente sensibles (por ejemplo, el Congreso del PCCh o aniversarios de Tiananmén), el gobierno blinda internet bloqueando VPN, sacando de línea servicios, intensificando el control a la disidencia y, en un caso curioso, incluso bloqueó la aplicación de mensajería WhatsApp justo antes del 19º Congreso del PCCh en 2017 para asegurar comunicaciones totalmente controladas.
Además de bloquear y borrar, el gobierno emplea un ejército de comentaristas online conocidos popularmente como “tropas de los 50 centavos” (se dice que les pagaban 0,5 yuan por comentario favorable). Estos comentaristas, a veces funcionarios o jóvenes leales, inundan las redes con posts prolíficos defendiendo al gobierno, guiando la opinión o desviando discusiones polémicas hacia otros temas. Por ejemplo, si hay enojo por un escándalo local, pueden surgir comentarios redirigiendo la conversación a, digamos, los problemas en EE. UU., en una táctica de whataboutism (¿y qué hay de tus problemas?).
La vigilancia tecnológica complementa la censura. China ha invertido enormemente en cámaras de seguridad con reconocimiento facial, big data y sistemas de “crédito social” (un proyecto piloto donde comportamientos ciudadanos, desde pagar deudas hasta comentarios en redes, se puntúan para premiar o castigar). Millones de cámaras conectadas a plataformas de IA permiten, al menos en teoría, seguir los movimientos de personas objetivo en tiempo real. Esto se ha usado para disuadir protestas (los participantes a veces reciben advertencias personalizadas de la policía luego de asistir a una manifestación) o para detectar “amenazas” como reunión de disidentes. En Xinjiang este sistema se llevó al extremo con un estado policial high-tech vigilando a la población uigur: vigilancia masiva de celulares, cámaras por doquier, puntos de control en calles, etc.
Comunicación externa y diplomacia de la información
En el plano internacional, por mucho tiempo la comunicación china fue prudente y moderada, siguiendo la máxima de Deng: “esconde tu fuerza, espera tu momento”. Los diplomáticos hablaban con tono cuidadoso y China se enfocaba en su imagen de país en desarrollo pacífico. Sin embargo, en la última década –especialmente tras la llegada de Xi Jinping al poder– se observa un cambio hacia una comunicación más enérgica y nacionalista. Se popularizó el término “diplomacia del lobo guerrero” (Wolf Warrior diplomacy), inspirado en una película de acción patriótica china, para describir el estilo agresivo de algunos diplomáticos chinos en redes sociales y declaraciones. Estos “lobos guerreros”, como el portavoz Zhao Lijian o el exembajador en el Reino Unido Liu Xiaoming, han usado Twitter (irónicamente bloqueado dentro de China) para lanzar ataques verbales contra críticos de China, difundir teorías conspirativas (por ejemplo, Zhao promovió la idea de que el COVID-19 pudo haber sido introducido en Wuhan por el ejército de EE. UU.) y defender vehementemente las “líneas rojas” chinas. Este estilo contrasta con la diplomacia tradicional china de perfil bajo y retórica suave. Ahora es común ver a las embajadas chinas publicando tuits desafiantes, acusando a medios extranjeros de sesgo, o a diplomáticos replicando duramente a políticos de otros países que critican a China.
¿Por qué este cambio? Varias razones: a nivel interno, proyectar fuerza en el exterior alimenta el orgullo nacional y muestra al público doméstico que China ya no se deja “intimidar” por Occidente. A nivel externo, China siente que su peso económico la faculta a hablar con más firmeza e incluso a intentar moldear el discurso global a su favor. Por ejemplo, a través de medios internacionales en idiomas extranjeros: CGTN en inglés/español (la televisión estatal orientada al exterior), Radio Internacional de China, la agencia Xinhua con acuerdos de contenidos en periódicos de África y Latinoamérica, etc. Pekín invierte en “contar bien la historia de China al mundo” –una directiva expresada por Xi– para contrarrestar lo que percibe como prejuicios mediáticos occidentales. Esto incluye campañas de relaciones públicas en redes, ampliación de su presencia en plataformas como YouTube (con canales de CGTN, o videos de influencers extranjeros pro-China financiados indirectamente) y utilización de “soft power” cultural (institutos Confucio, intercambios educativos, megaeventos deportivos como las Olimpiadas de Beijing).
No obstante, la diplomacia del lobo guerrero tiene un lado riesgoso: en varios países, los embajadores chinos han generado roces por sus palabras altisonantes. En Europa, por ejemplo, declaraciones agresivas de diplomáticos chinos sobre líderes locales o sobre la prensa han causado malestar, hasta el punto de citar a consultas a embajadores chinos. En algunos casos, Pekín ha atenuado un poco el tono cuando vio que podía ser contraproducente para sus intereses –como obstaculizar acuerdos de inversión–. Aún así, la tendencia general es que China, confiada en su ascenso, busca disputar la narrativa global: ya no acepta pasivamente críticas sobre derechos humanos o comercio, sino que las contraataca (resaltando, por ejemplo, asuntos de racismo o violencia en EE. UU., la historia colonial europea, etc., para argumentar que Occidente no tiene superioridad moral).
También notable es cómo China emplea su presencia en redes sociales internacionales para difundir su visión. Muchos diplomáticos y medios estatales tienen cuentas en Twitter y Facebook (aunque bloquean el acceso recíproco de esos servicios en su territorio, lo que ha sido llamado una asimetría de comunicación). Durante la pandemia, esas cuentas difundieron mensajes tanto de cooperación (donación de mascarillas, apoyo médico) como de propaganda (exaltación del modelo chino de cuarentenas, críticas a la “gestión caótica” de EE. UU. y otros países). Asimismo, no han dudado en difundir desinformación en algunos casos: por ejemplo, cuentas vinculadas a China promocionaron teorías sobre que el virus SARS-CoV-2 pudo haber salido de un laboratorio militar estadounidense, sin evidencia, en respuesta a las acusaciones contra el laboratorio de Wuhan.
El estilo de comunicación externo de China mezcla, pues, una cara amigable de gran potencia responsable (promoviendo conceptos como “ganar-ganar”, win-win, cooperación Sur-Sur, etc.) con una postura inflexible en lo que considera sus asuntos internos y su honor nacional. China censura severamente las críticas en foros internacionales a su política en Xinjiang, Hong Kong o derechos humanos, calificándolas de “politización” o “hipocresía”. En 2021, sancionó a académicos y parlamentarios europeos que habían denunciado el trato a los uigures, en represalia por sanciones occidentales a funcionarios chinos, mostrando que también está dispuesta a usar medidas diplomáticas de fuerza en el terreno comunicacional.
En el entorno inmediato, Pekín ha desarrollado una intensa campaña de influencia en medios y redes de países vecinos, intentando dar forma a la opinión sobre temas sensibles. Un ejemplo es Taiwán: allí, agencias de inteligencia locales han advertido de operaciones chinas en redes sociales para difundir noticias falsas contra políticos proindependentistas o para mejorar la imagen de opciones más cercanas a Pekín. Otro ejemplo es el apoyo a medios en África o Latinoamérica con contenidos gratuitos de Xinhua y CGTN, presentando a China bajo una luz favorable frente a la “propaganda occidental”.
Por último, conviene mencionar que el discurso interno y externo a veces chocan. Hacia adentro, la propaganda enfatiza el nacionalismo (por ejemplo, glorificando la reunificación con Taiwán, presentándola casi como inevitable bajo Xi Jinping), pero hacia afuera los diplomáticos aseguran que China busca la paz y la estabilidad. Este doble registro es deliberado: galvaniza a la población china y la cohesiona tras la bandera, mientras intenta tranquilizar a la comunidad internacional. Sin embargo, en la era de internet, esas líneas se difuminan; lo que se dice de puertas adentro suele filtrarse y ser escrutado globalmente.
En síntesis, el estilo comunicativo del gobierno chino es omnipresente internamente y cada vez más activo externamente. Internamente se basa en censura férrea de narrativas disidentes y promoción constante de la versión oficial de los hechos, creando una “realidad” alineada con los intereses del partido. Externamente, China busca contar su propia historia al mundo e incluso confrontar narrativas hostiles, en un esfuerzo por ganar respeto y afianzar su imagen de gran potencia competente y benevolente. No obstante, las tácticas agresivas tipo “lobo guerrero” han generado reacciones negativas en algunas sociedades, un indicio de que el equilibrio comunicacional que China deberá lograr es delicado: proyectar poder sin espantar, persuadir sin intimidar. Lograrlo será crucial para su aspiración de reconocimiento global y liderazgo en el orden internacional venidero.
Referencias:
- Wikipedia – Política de la República Popular China
- Wikipedia – Asamblea Popular Nacional de China
- DangDai (Fernando Capotondo) – Asambleas populares: cómo funcionan las bases de la democracia china
- BBC News Mundo – Xi Jinping es reelegido… segundo mandato (2018)
- BBC News Mundo – China aprueba dar presidencia indefinida a Xi Jinping
- Wikipedia – Economía de mercado socialista
- BBC News Mundo – Cómo China pasó… superpotencia mundial
- BBC News Mundo – La brutal campaña anticorrupción de Xi Jinping
- BBC News Mundo – ONU acusa a China de “graves violaciones” contra uigures
- Wikipedia – Política de hijo único
- El País – La población china cae… tercer año consecutivo
- Real Instituto Elcano (Andrés Ortega) – Redes sociales en China:… lo que hace la gente
- BBC News Mundo – Diplomacia del lobo guerrero (perfil)
- Swissinfo – China no renuncia al uso de la fuerza sobre Taiwán
