El 25 de junio de 2025 marcó un momento histórico para la educación superior en Panamá. Con la promulgación de la Ley 475, miles de jóvenes estudiantes vieron nacer una nueva esperanza: por primera vez en décadas, las becas científicas tendrían reglas claras, transparentes y justas en el SENACYT. Se cerraba así el capítulo de una era manchada por escándalos y se abría la puerta a oportunidades reales basadas en el mérito académico.
El sistema que se quebró
Durante 20 años, obtener una beca científica en Panamá fue como navegar en aguas turbias. Dos instituciones, SENACYT (la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) e IFARHU (el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos), manejaban el dinero destinado a formar científicos panameños. Pero lo que comenzó como una alianza en 2006 se convirtió en un laberinto de favores políticos y decisiones opacas.
Los números hablan por sí solos. Becas otorgadas sin respaldo financiero afectando a unos 200 mil estudiantes, por otro lado deudas por 34 millones al comercio donde se cambiaron beneficios del PASE-U, sobregiros de cuentas para funcionamiento, alquiler y mal uso de los recursos del IFARHU llegaron a sumar 178 millones de dólares.
El escándalo más doloroso salió a la luz en 2024. Una investigación periodística reveló que 2.144 beneficiarios que recibieron en total 141,6 millones de dólares en auxilios económicos, muchos de ellos personas con conexiones políticas y alto poder adquisitivo. Mientras jóvenes talentosos se quedaban sin oportunidades, otros recibían dinero público sin cumplir los requisitos básicos.
Cuando la paciencia se agotó
La indignación creció como una ola. Estudiantes, padres de familia, profesores y organizaciones civiles comenzaron a levantar la voz. Esas denuncias, registradas entre 2022 y 2024, examinan posibles manejos irregulares de fondos públicos destinados a apoyar la formación académica de ciudadanos, según informó la Fiscalía Anticorrupción.
En las redes sociales, los testimonios se multiplicaban: «Mi hijo tiene notas de excelencia, pero no tiene padrino político», escribía una madre desesperada. «¿Por qué los hijos de los poderosos estudian gratis mientras nosotros nos endeudamos?», preguntaba un padre de familia.
El colmo llegó cuando se descubrió que Se han asignado 330 auxilios a 240 empleados del mismo IFARHU. La institución que debía velar por la transparencia en las becas se había convertido en el primer beneficiario de su propia opacidad.
El nacimiento de la Ley 475
La presión social y política finalmente tuvo resultado. En marzo de 2024, el Gabinete autorizó un proyecto de ley para cambiar las reglas del juego. Durante meses, diputados de diferentes partidos escucharon testimonios de estudiantes afectados, académicos y representantes de SENACYT.
El 20 de junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 475 en tercer debate. Cinco días después, el presidente José Raúl Mulino la firmó y publicó en la Gaceta Oficial. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) ha quedado oficialmente facultada para administrar, regular, supervisar y transparentar su propio programa de becas, sin intermediación del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
Las nuevas reglas del juego
La nueva ley es como un manual de instrucciones claro después de años de confusión. Sus principales cambios son:
Autonomía total: senacyt ahora diseña, convoca, evalúa, adjudica y paga las becas directamente. El IFARHU queda completamente fuera del proceso.
Dinero directo: el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere los fondos directamente a SENACYT, eliminando intermediarios que antes complicaban el proceso.
Convocatorias públicas en línea: todas las oportunidades se publican en internet con reglas claras sobre quién puede aplicar, cuánto dinero está disponible y cuáles son los plazos.
Evaluación externa: una comisión de académicos nacionales e internacionales, sin conflictos de interés, revisará todas las solicitudes para garantizar que se elijan a los mejores candidatos.
Compromiso con el país: los becarios deben regresar a Panamá en 90 días después de graduarse y trabajar en áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Si no cumplen, deben devolver el dinero invertido.
Seguimiento público: una plataforma en línea permitirá a cualquier ciudadano rastrear cómo se invierte cada dólar y qué resultados se obtienen.
Las voces del cambio
La reacción no se hizo esperar. Desde SENACYT celebraron el cambio como «un giro institucional en favor de una política de becas más técnica, meritocrática y directamente alineada con los objetivos de desarrollo científico del país».
Para estudiantes de todo el país, la nueva ley representa esperanza: «Por fin podremos competir con nuestros expedientes académicos, no con contactos políticos», expresan jóvenes universitarios consultados sobre el cambio.
Los profesores universitarios ven una oportunidad de oro. «Necesitamos científicos especializados en áreas críticas como inteligencia artificial, cambio climático y biotecnología», explica el Dr. Roberto Mendoza, investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá. «Ahora podremos formar exactamente el talento que el país necesita».
El sector empresarial también aplaude. Las empresas tecnológicas panameñas esperan recibir profesionales mejor preparados y más comprometidos con el desarrollo nacional.
El IFARHU en la encrucijada
Mientras tanto, el IFARHU enfrenta su momento más difícil. La institución mantendrá los contratos de becas ya firmados hasta que terminen, pero no podrá otorgar nuevas becas científicas. La Fiscalía Anticorrupción mantiene varias investigaciones por presuntos delitos financieros que podrían resultar en procesos penales para funcionarios responsables de los escándalos pasados.
El desafío por delante
La Ley 475 es solo el primer paso. El verdadero desafío comienza ahora: SENACYT tiene seis meses para desarrollar los reglamentos que pondrán en práctica la nueva ley. Debe crear los sistemas informáticos, establecer los criterios de evaluación y formar las comisiones que tomarán las decisiones.
Más importante aún, debe ganarse la confianza de la sociedad panameña. Después de años de escándalos, los ciudadanos estarán vigilantes, listos para denunciar cualquier irregularidad.
Una oportunidad histórica
Si todo sale bien, Panamá podría estar al borde de una revolución científica. Con becas transparentes y meritocráticas, el país podría formar la generación de científicos e innovadores que necesita para competir en la economía del conocimiento del siglo XXI.
Los beneficios serían enormes: universidades más fuertes, empresas más innovadoras, laboratorios más productivos y, sobre todo, jóvenes panameños con oportunidades reales de desarrollar su potencial sin importar sus conexiones familiares o políticas.
El veredicto de la historia
La Ley 475 no es solo una reforma legal; es un acto de justicia. Durante demasiado tiempo, el talento panameño se desperdició mientras los recursos públicos se desviaban hacia fines cuestionables. Ahora, por primera vez en décadas, estudiantes como María Elena pueden soñar con un futuro donde el mérito, no el padrinazgo, determine su destino.
El éxito de esta reforma no depende solo del gobierno o de SENACYT. Depende de todos los panameños: de los estudiantes que deben aplicar con honestidad, de los evaluadores que deben ser imparciales, de los medios de comunicación que deben mantener la vigilancia, y de la sociedad civil que debe exigir transparencia.
La historia juzgará si Panamá supo aprovechar esta segunda oportunidad. Por ahora, después de años de escándalos y desesperanza, finalmente hay razones para el optimismo. La nueva era de las becas panameñas acaba de comenzar.
Este artículo se basa en información oficial de SENACYT, IFARHU, la Asamblea Nacional de Panamá, y reportes de medios de comunicación nacionales sobre la Ley 475 y los escándalos previos en el sistema de becas.
