Análisis profundo de la gestión presidencial de José Raúl Mulino: avances, deficiencias y caminos hacia la mejora
Introducción y delimitación del tema
El gobierno de José Raúl Mulino ha despertado un amplio interés político y ciudadano, no solo por la herencia de desafíos que le correspondió enfrentar, sino también por la impronta personalista que ha marcado desde sus primeros meses en el poder. Este informe pretende desentrañar, bajo una mirada objetiva y multidimensional, los elementos que definen su gestión: desde la gobernabilidad hasta la economía, pasando por la política exterior, la justicia, la sostenibilidad y el manejo de la comunicación política. La pregunta subyacente es si el actual gobierno está orientado a fortalecer el sistema democrático y a garantizar un desarrollo sostenido y equitativo para Panamá. La relevancia de este análisis radica en que las decisiones ejecutivas actuales están configurando, en tiempo real, no solo la gobernanza de hoy, sino también el legado político y económico que marcará las próximas décadas.
Antecedentes históricos y marco legal
Para entender la figura de Mulino en la presidencia, es clave recordar su trayectoria, estrechamente vinculada a los temas de seguridad y soberanía. La historia reciente de Panamá, tras la reversión del Canal en 1999, ha girado en torno a mantener la estabilidad económica y política, con la infraestructura canalera como eje central. Sin embargo, el escenario internacional y doméstico ha cambiado: la presión migratoria por la crisis en Sudamérica, los impactos del cambio climático en la operación del Canal y la creciente desafección ciudadana hacia la clase política han reconfigurado el tablero nacional.
El marco legal que rodea la gestión de Mulino es robusto en teoría, con una Constitución que garantiza la separación de poderes y un sistema de pesos y contrapesos. No obstante, la práctica ha revelado grietas en esa institucionalidad, reflejadas en tensiones entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado, lo cual ha despertado alertas en diversos sectores.
Actores involucrados
El universo político que rodea a la presidencia de Mulino, está compuesto por múltiples actores, cada uno con un peso específico. El propio gabinete presidencial muestra un mosaico de continuidades y rupturas: mientras mantiene algunas figuras del gobierno anterior, ha incorporado perfiles técnicos nuevos que reflejan tanto la necesidad de control como la búsqueda de experiencia. La Asamblea Nacional ha sido un terreno disputado; si bien en ocasiones ha actuado como aliado coyuntural, su naturaleza fragmentada ha generado episodios de bloqueo legislativo.
En la sociedad civil se destaca la movilización de sindicatos, movimientos estudiantiles y colectivos ambientales, cuya presión ha ido en aumento, especialmente ante decisiones gubernamentales relacionadas con minería y seguridad pública. El sector empresarial, por su parte, ha manifestado preocupación por la incertidumbre jurídica y la previsibilidad económica, mientras que la comunidad internacional observa con atención las decisiones estratégicas vinculadas al Canal, dada su importancia global.
Dimensiones del problema
Política y gobernabilidad
En el ámbito político, Mulino ha hecho gala de un estilo de gobernar basado en la centralización de decisiones. Si bien esto ha permitido respuestas rápidas en situaciones puntuales, también ha generado un déficit de diálogo institucional. La relación con la Asamblea y otros poderes ha sido, por momentos, tensa, lo que se ha traducido en fricciones a la hora de impulsar reformas necesarias. Además, la falta de un mecanismo sistemático de concertación nacional ha debilitado la percepción de legitimidad en algunas políticas.
Economía
Panamá ha gozado históricamente de estabilidad macroeconómica, pero esa bonanza ha comenzado a mostrar signos de vulnerabilidad. La falta de un plan integral para diversificar la economía más allá del Canal y del sector financiero ha dejado al país expuesto. A pesar de que Mulino ha reforzado el mensaje sobre la importancia del Canal, la crisis hídrica ha puesto en evidencia la necesidad de ampliar la base económica. La política fiscal sigue sin abordar de manera contundente los problemas de evasión y la falta de progresividad tributaria, lo que ha limitado la capacidad del Estado para financiar programas sociales y de infraestructura.
Social
En el frente social, persiste una deuda histórica con la población más vulnerable. La pobreza multidimensional y la desigualdad siguen siendo desafíos estructurales. Las inversiones en salud y educación han sido insuficientes para responder a las expectativas ciudadanas, y las iniciativas anunciadas por el gobierno no han mostrado aún resultados tangibles que marquen un cambio de rumbo.
Jurídica
La esfera jurídica ha sido uno de los focos críticos. Varios analistas señalan que ciertas decisiones ejecutivas han tensado los límites constitucionales, particularmente en materia de seguridad y control migratorio. Además, ha habido percepciones de instrumentalización de la justicia en casos puntuales, lo que amenaza con erosionar la confianza en el presidente Mulino y las instituciones y abre la puerta a críticas por posibles retrocesos democráticos.
Geopolítica
El discurso geopolítico ha sido ambivalente: por un lado, se han reafirmado los principios de soberanía sobre el Canal y se ha buscado fortalecer la relación con Estados Unidos; por otro, la creciente presencia china y otros actores extrarregionales demandan una estrategia más clara y coherente. Esta ambigüedad puede traducirse en vulnerabilidades si no se establece una hoja de ruta diplomática firme y transparente.
Ambiental
El manejo ambiental sigue siendo un punto débil en la presidencia de José Raúl Mulino. La falta de políticas agresivas para enfrentar la crisis climática, sumada a la percepción de que algunos proyectos extractivos cuentan con apoyo gubernamental sin suficiente consulta previa, ha generado protestas y alertas de organismos internacionales. La sostenibilidad del Canal, que depende en gran medida de recursos hídricos estables, hace imperativo un viraje urgente hacia políticas ambientales modernas y basadas en ciencia.
Análisis de narrativas y discursos
El discurso del presidente Mulino es, sin duda, uno de sus activos y también una fuente de problemas. La narrativa de firmeza, soberanía y orden tiene resonancia entre sectores tradicionales y conservadores. Sin embargo, este mismo tono ha alimentado la polarización política y social. La falta de una estrategia digital potente y la limitada capacidad de gestionar crisis mediáticas ha permitido que la oposición y grupos críticos ganen terreno en redes sociales, donde hoy se libra una parte esencial de la batalla política.
Un elemento recurrente es la apelación al nacionalismo, que si bien puede cohesionar temporalmente a la opinión pública, corre el riesgo de agotarse si no va acompañado de resultados palpables en bienestar ciudadano.
Implicaciones y riesgos
En el corto plazo, el mayor riesgo para el presidente Mulino, reside en la acumulación de tensiones: sociales, institucionales y económicas. La percepción de que se gobierna para unos pocos, sumada a la debilidad institucional, puede derivar en estallidos sociales y crisis de gobernabilidad. A mediano y largo plazo, la falta de reformas estructurales en materia fiscal, ambiental y social puede condenar a Panamá a un ciclo de bajo crecimiento y pérdida de competitividad regional.
Perspectivas y escenarios
El escenario optimista imagina un Mulino que logra reconfigurar su gabinete para incorporar más diálogo y pluralismo, relanza una agenda ambiental robusta y redefine la política económica para incluir la diversificación productiva y la innovación tecnológica. El escenario intermedio mantiene la situación actual, con avances limitados y una tensión constante pero contenida. El escenario pesimista prevé crisis recurrentes que minan la gobernabilidad y deterioran la confianza institucional e internacional.
Recomendaciones al Presidente
Recomendaciones al presidente José Raúl Mulino
Abrir espacios de diálogo nacional estructurados
El país enfrenta un escenario de fragmentación social y política que amenaza con erosionar la confianza en las instituciones. Para revertir esta tendencia, es fundamental crear mecanismos formales y duraderos de diálogo nacional. No se trata únicamente de convocar mesas coyunturales frente a una crisis puntual, sino de establecer espacios institucionalizados de consulta y concertación, como un Consejo Nacional de Diálogo Permanente.
Este consejo debería incluir representantes de todos los sectores relevantes: gremios empresariales, sindicatos, organizaciones indígenas, ambientalistas, academia, juventudes, y también actores descentralizados de las provincias y comarcas. La metodología debe basarse en la construcción de consensos vinculantes, bajo criterios de transparencia y con una agenda clara y pública. El éxito de este esfuerzo radica en asegurar que las recomendaciones emanadas no queden solo como declaraciones, sino que se traduzcan en políticas públicas ejecutables, con cronogramas y responsables definidos.
Impulsar una reforma fiscal integral
La economía panameña arrastra una vulnerabilidad estructural: la baja recaudación fiscal en relación con su PIB y la regresividad de su sistema tributario. Panamá sigue dependiendo en gran parte de la economía canalera y del sector financiero, pero su presión fiscal es insuficiente para cubrir las crecientes demandas sociales.
El presidente debe liderar una reforma fiscal ambiciosa y progresiva, que incluya:
- La ampliación de la base tributaria para combatir la evasión y elusión.
- La revisión de los regímenes de exenciones y beneficios fiscales que favorecen a sectores específicos en detrimento del interés general.
- La introducción o fortalecimiento de impuestos progresivos (por ejemplo, impuestos sobre grandes patrimonios y bienes de lujo).
- La simplificación administrativa para mejorar la eficiencia recaudatoria.
Esta reforma no solo permitirá contar con más recursos para la inversión social y en infraestructura estratégica, sino que también enviará una señal clara de equidad y responsabilidad fiscal a los organismos multilaterales y a la ciudadanía.
Adoptar una política ambiental agresiva y proactiva
El mayor desafío estructural que enfrenta Panamá, especialmente por su rol como centro logístico mundial, es el cambio climático y la crisis hídrica. La sostenibilidad del Canal y la salud ambiental del país están íntimamente ligadas. La actual falta de contundencia en la política ambiental expone al país a riesgos inaceptables.
Se recomienda desarrollar un Plan Nacional de Sostenibilidad y Adaptación Climática 2035, que incluya:
- La protección y recuperación de cuencas hidrográficas críticas para el Canal.
- Incentivos fiscales y financieros para la transición energética hacia renovables.
- Una moratoria sobre nuevos proyectos extractivos hasta que se garanticen estándares ambientales y sociales certificados por organismos independientes.
- La institucionalización de consultas previas y vinculantes para las comunidades afectadas.
- La adopción de metas verificables de carbono neutralidad.
A mediano plazo, Panamá podría posicionarse no solo como líder logístico, sino como referente regional en sostenibilidad, lo cual atraería inversiones y reforzaría la imagen internacional del país.
Fortalecer la independencia del poder judicial
La estabilidad democrática requiere de un sistema de justicia verdaderamente independiente, algo que en Panamá sigue estando bajo cuestionamiento recurrente. La percepción de politización de la justicia y de decisiones judiciales alineadas con intereses partidistas socava la legitimidad de todas las instituciones.
El Ejecutivo puede, y debe, ser un actor clave para blindar la autonomía judicial, adoptando medidas como:
- Garantizar procesos de selección y nombramiento de magistrados del Órgano Judicial y la Procuraduría basados estrictamente en méritos, con observación internacional.
- Proveer los recursos financieros adecuados para la modernización y despolitización administrativa del sistema judicial.
- Impulsar reformas que fortalezcan los mecanismos internos de control y sanción ante casos de corrupción judicial.
- Comprometerse a respetar la autonomía de las decisiones judiciales, sin presiones ni injerencias directas o indirectas.
Esto fortalecerá la confianza ciudadana, y mejorará la calificación internacional de Panamá en materia de Estado de derecho y gobernanza.
Desarrollar una estrategia de comunicación digital moderna y efectiva
En la era actual, gobernar es también saber comunicar eficazmente. La estrategia comunicacional del gobierno ha mostrado limitaciones claras, sobre todo en su capacidad de gestionar crisis mediáticas y conectar con públicos diversos, en especial los más jóvenes que habitan el ecosistema digital.
La estrategia debe evolucionar hacia un modelo:
- Multicanal y adaptado a las particularidades de cada plataforma (X, TikTok, Instagram, YouTube, etc.).
- Basado en contenido audiovisual creativo y storytelling que humanice la figura presidencial y las acciones gubernamentales.
- Que contemple un sistema de monitoreo y respuesta rápida a desinformación y fake news, con protocolos claros y personal especializado.
- Que promueva la interacción genuina, permitiendo a la ciudadanía expresar inquietudes y sugerencias, generando cercanía y credibilidad.
Además, debe entenderse que la batalla por la narrativa no es meramente defensiva: se requiere también una estrategia proactiva que posicione al gobierno como líder de opinión en los grandes temas nacionales e internacionales.
Clarificar y estabilizar la política exterior
La política exterior panameña ha oscilado entre acercamientos estratégicos a Estados Unidos y China, pero sin un marco rector robusto y claramente comunicado, lo que genera desconfianza en los socios internacionales. Es fundamental que el gobierno defina y publique un Libro Blanco de Política Exterior, que incluya:
- Los principios rectores (soberanía, respeto mutuo, cooperación internacional).
- Las prioridades diplomáticas (Canal, atracción de inversiones, sostenibilidad regional).
- Las líneas rojas que no están dispuestas a negociarse.
- Estrategias diferenciadas por región (América Latina, Asia, Europa).
Asimismo, se recomienda reforzar la capacidad diplomática del país, profesionalizando aún más el servicio exterior y generando sinergias constantes entre la Cancillería y los sectores económicos estratégicos.
Incentivar la innovación y la diversificación económica
El modelo económico actual, aunque ha dado estabilidad, está llegando a su límite en términos de sostenibilidad y equidad. Para asegurar un crecimiento inclusivo y duradero, Panamá necesita diversificar su base productiva y apostar por la innovación tecnológica como motor de desarrollo.
El gobierno puede liderar la creación de un Plan Nacional de Innovación y Productividad 2040, que contemple:
- Incentivos fiscales y financieros para startups tecnológicas y empresas de alto valor agregado.
- La creación de hubs tecnológicos y zonas francas especializadas en innovación, integradas con universidades y centros de investigación.
- Reformas educativas para promover habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) desde la primaria.
- Alianzas estratégicas con países líderes en tecnología para transferencia de conocimientos y buenas prácticas.
En paralelo, debe fomentarse la modernización de sectores tradicionales (turismo, agricultura, logística) mediante la incorporación de tecnología e innovación en procesos, para aumentar su competitividad y sostenibilidad.
En resumen
El país está en una encrucijada donde los viejos métodos de gobernar y los modelos económicos tradicionales ya no son suficientes. La administración Mulino tiene la oportunidad histórica de convertirse en un gobierno transformador si logra virar hacia una gestión basada en la apertura, la sostenibilidad, la transparencia y la innovación. Estas recomendaciones no solo responden a las demandas actuales de la ciudadanía y del escenario internacional, sino que también sientan las bases para que Panamá, en la segunda mitad del siglo XXI, siga siendo un referente regional en democracia, desarrollo y equidad.
Conclusiones
José Raúl Mulino ha apostado por un estilo de gobierno basado en la autoridad y la reafirmación soberana. Ha demostrado capacidad para imponer ciertos temas en la agenda pública, pero su gestión revela limitaciones preocupantes: falta de visión a largo plazo, carencia de políticas transformadoras en lo económico y social, y un déficit comunicacional en un entorno donde la percepción es tan importante como la realidad. La sostenibilidad de su gobierno depende ahora de su capacidad de adaptarse, dialogar y generar consensos, antes de que las tensiones estructurales se conviertan en crisis abiertas.
