Mensaje principal de Roberto Ruíz Díaz
Roberto Ruíz Díaz alerta sobre una peligrosa regresión institucional en Panamá: el uso del aparato judicial y del Ministerio Público como herramientas políticas para reprimir el disenso social. Denuncia que se está configurando un patrón de persecución contra opositores y dirigentes sindicales, disfrazado de acciones legales, que atenta contra el Estado de derecho, la independencia judicial y el derecho legítimo a la protesta. Su mensaje central es claro: la protesta social no se puede silenciar judicializándola ni manipulando las instituciones del Estado para fines políticos.
Cinco puntos principales del discurso, con su respectivo análisis:
Judicialización selectiva de la protesta y del disenso político
Ruíz Díaz cuestiona que el sistema de justicia, en lugar de actuar con imparcialidad, está siendo utilizado para investigar o perseguir selectivamente a líderes sindicales o ciudadanos críticos del gobierno, mientras otros actores, presuntamente vinculados al poder, no enfrentan las mismas consecuencias, pese a supuestas pruebas.
Análisis jurídico:
Esta afirmación apunta a una posible violación del principio de igualdad ante la ley (Art. 20 de la Constitución panameña) y al debido proceso (Art. 32). Utilizar la justicia de forma parcial socava la legitimidad del Estado de derecho y puede constituir una forma de “lawfare” (uso del aparato legal para fines políticos), un fenómeno reconocido y denunciado en contextos latinoamericanos recientes.
Análisis político:
Esta práctica erosiona la confianza ciudadana en las instituciones judiciales y refuerza la narrativa de un gobierno autoritario. También fortalece la movilización social, ya que convierte a los perseguidos en símbolos de resistencia.
Crítica a la incoherencia política y ética de antiguos perseguidos
Se denuncia que quienes antes se declaraban víctimas de persecución política hoy, en el poder, celebran acciones similares contra sus adversarios.
Análisis político:
Este argumento busca evidenciar una incongruencia moral y política en el liderazgo actual, cuestionando su legitimidad ética. A nivel discursivo, intenta deslegitimar la acción oficial planteándola como una traición a los principios que estos actores defendían en el pasado.
Implicaciones:
Esta contradicción es dañina para la narrativa del gobierno, ya que abre una brecha entre su pasado opositor y su presente institucional, exponiéndolos a acusaciones de hipocresía y pérdida de coherencia ideológica.
Cuestionamiento al papel del Ministerio Público y del Órgano Judicial
Ruíz Díaz exige investigaciones imparciales, transparentes y respetuosas del derecho a la defensa, y señala que existen acciones judiciales sobre temas sensibles que no han recibido el trámite adecuado.
Análisis jurídico:
Aquí se denuncia una posible omisión de funciones jurisdiccionales por parte de la Corte Suprema y un uso instrumental del Ministerio Público. La Constitución establece que el Órgano Judicial es independiente (Art. 206), y su inacción ante temas de alto impacto puede interpretarse como una forma de complicidad estructural o temor político.
Análisis político:
La falta de acción judicial en momentos clave debilita la institucionalidad. Cuando la población percibe que la justicia es temerosa o complaciente con el poder, se rompe el contrato social y se justifica, ante los ojos de muchos, la protesta social como mecanismo alternativo de presión.
Persistencia de las causas estructurales de la protesta social
El orador enfatiza que ni la detención de dirigentes sindicales ni el asilo de Saúl Méndez resolverán los verdaderos problemas del país: salud, empleo, educación, vivienda, y los acuerdos internacionales que generan suspicacia.
Análisis político-social:
Ruíz Díaz posiciona las protestas como consecuencia directa del malestar social, no como un capricho de sindicatos. Esto le da legitimidad moral al movimiento, desvinculándolo de agendas personales y resaltando su base estructural.
Implicaciones:
El mensaje refuerza que mientras no se atiendan los reclamos ciudadanos, la protesta persistirá. De hecho, la represión puede convertirse en un catalizador de movilización más amplia y en una escalada del conflicto social.
Llamado a la Asamblea y defensa del Estado de Derecho
El mensaje final convoca a la Asamblea Legislativa a ejercer su rol constitucional con firmeza y recuerda que la legitimidad democrática no anula el derecho a disentir.
Análisis constitucional:
Ruíz Díaz invoca el principio de separación de poderes y exige un contrapeso efectivo al Ejecutivo. La Asamblea, al ser el órgano más cercano a la representación popular directa, tiene el mandato de fiscalizar, legislar y equilibrar el poder presidencial.
Análisis político:
Esta parte del discurso intenta movilizar a los sectores institucionales moderados que aún puedan actuar como freno a los excesos del Ejecutivo. Además, es un recordatorio de que el gobierno fue electo por una minoría y debe gobernar para todos, no solo para su base.
Conclusión
Roberto Ruíz Díaz articula una crítica directa, con contenido político y jurídico, a lo que considera un desvío autoritario del gobierno panameño: la utilización del aparato judicial para perseguir selectivamente a los opositores. A través de su análisis, denuncia incoherencias en la práctica política, el debilitamiento del Estado de derecho, y una desconexión profunda entre las acciones del gobierno y las demandas sociales.
Su mensaje clave se reafirma en la conclusión: no se puede utilizar la justicia como herramienta para sofocar el disenso, sin que eso ponga en riesgo la democracia, la legitimidad del gobierno y la estabilidad institucional.
Este llamado no es solo a resistir políticamente, sino a fortalecer las instituciones, hacer cumplir la Constitución y abrir espacios reales de diálogo. En democracia, la protesta no es una amenaza: es un derecho constitucional y un síntoma de participación activa. Ignorarla o perseguirla, como advierte el orador, solo profundiza la crisis.
