Aunque Ángela Benedetti insinuó que la concesión de asilo al expresidente panameño Ricardo?Martinelli implicó un pago económico, carece de evidencia pública verificable y, de no aclararse pronto, amenaza con erosionar la confianza diplomática entre Panamá y?Colombia, además de socavar la credibilidad institucional en ambos países.
Contexto inmediato
El 12?de?mayo?de?2025 Angela?Benedetti, exembajadora de Colombia en Panamá y hermana del ministro del Interior colombiano, publicó en la red social?X que “ese asilo le debió costar una platica importante a?Martinelli”, señalando también al canciller panameño Javier Martínez-Acha y a la jefa de gabinete colombiana Laura?Sarabia.
Sus palabras generaron titulares en medios regionales y motivaron que la Cancillería colombiana evaluara acciones legales por posibles daños a la imagen del Estado.
Posibles motivaciones de las declaraciones
- Conflictos políticos internos en Colombia
Ángela Benedetti mantiene diferencias públicas con figuras del círculo presidencial y su hermano Armando ha estado involucrado en controversias sobre financiación electoral. La denuncia podría ser un intento de presionar o desacreditar al gobierno de Gustavo?Petro en disputas internas. - Relaciones personales y conocimiento previo
Como exdiplomática en Ciudad de Panamá, Benedetti trató con actores panameños y colombianos vinculados al proceso de asilo. Su tono sugiere familiaridad, aunque no aporta pruebas documentales. El comentario puede provenir de impresiones subjetivas más que de datos obtenidos mediante un canal formal. - Estrategia comunicacional para ganar visibilidad
Reaparecer en la agenda pública mediante una acusación de alto impacto brinda protagonismo mediático a Ángela Benedetti y refuerza su perfil como crítica de la actual administración.
Probabilidad de veracidad
- Ausencia de registros financieros
Ni Panamá ni Colombia han publicado facturas, transferencias o acuerdos que sustenten la versión de un pago. El procedimiento de asilo se gestionó a través de notas diplomáticas, remitidas por la Cancillería panameña al consulado colombiano, sin contrapartida económica difundida. - Controles normativos
El derecho internacional sobre refugio y asilo (Convención de 1951 y normativa interamericana) prohíbe condicionar la protección a transacciones. Cualquier pago encubierto violaría obligaciones de buena fe entre Estados. - Contexto de urgencia política
Martinelli solicitó refugio tras una orden de extradición y condena por corrupción. El gobierno colombiano, afín a discursos sobre garantías procesales, pudo verlo como herramienta de legitimidad. La hipótesis de “compra” no encaja con esa narrativa estatal, aunque eludiendo transparencia se deja espacio a la sospecha.
En resumen, la posibilidad de un pago existe solo como conjetura mediática. Sin documentos, la probabilidad de veracidad se mantiene baja.
Consecuencias potenciales
- Tensión diplomática
Las cancillerías podrían iniciar investigaciones formales y exigir rectificaciones. La confianza para coordinar comercio, seguridad y cooperación migratoria quedaría afectada. - Repercusiones jurídicas
Si la Cancillería colombiana demuestra falsedad y daño al interés público, Benedetti afrontaría demandas por difamación. Si, por el contrario, surgieran pruebas de pago, se abrirían procesos por cohecho internacional y malversación. - Impacto reputacional
Para Panamá, cualquier sombra sobre la integridad de sus altos funcionarios minaría la narrativa de transparencia que promueve en la escena global. Para Colombia, el señalamiento fortalece la percepción de pugnas internas y falta de cohesión en política exterior.
Recomendaciones de política y comunicación
- Auditoría independiente
Ambos gobiernos pueden autorizar a las contralorías nacionales o a una entidad multilateral a examinar expedientes y movimientos financieros relacionados con viajes de funcionarios y trámites de asilo. - Declaración conjunta
Panamá y Colombia deben emitir un comunicado coordinado que exponga el proceso legal seguido, aclare si hubo contraprestaciones y reafirme el respeto mutuo. - Protocolos de redes sociales para exdiplomáticos
Cancillerías deberían promover códigos de conducta que inviten a exfuncionarios a contrastar información sensible con canales oficiales antes de hacerla pública. - Gestión de riesgos reputacionales
Monitorear la conversación digital y preparar mensajes clave que expliquen el marco legal del asilo, destacando la independencia de los poderes judiciales en cada país. - Refuerzo de transparencia
Publicar de manera proactiva los costos oficiales de viajes, asesorías y gastos de representación relacionados con la concesión de asilos en general, no solo el caso Martinelli.
Conclusión
Sin pruebas documentales, las declaraciones de Ángela?Benedetti se sostienen en percepciones personales y pugnas políticas, pero revelan la fragilidad de la confianza pública cuando los procesos de asilo no se comunican con suficiente claridad.
Aclarar los hechos mediante transparencia y cooperación bilateral es esencial para preservar la credibilidad de Panamá y Colombia, y para demostrar que la protección internacional de personas perseguidas no obedece a transacciones económicas encubiertas. Esa es la clave que debe guiar la respuesta oficial y, hasta que existan datos verificables, deberá prevalecer la presunción de integridad institucional.
