El eco de la desconfianza: cuando la democracia reclama cuentas
El 14 de julio de 2025, el ciudadano José Guardia presentó ante el Tribunal Electoral una solicitud de revocatoria de mandato contra el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. La petición —respaldada por más de 217 000 firmas— es algo más que un trámite administrativo: funciona como termómetro de la relación entre gobernantes y gobernados y expone la creciente demanda de control ciudadano sobre la gestión municipal. No se trata de un episodio aislado; es la décima solicitud de revocatoria en lo que va de año, síntoma de una desconfianza institucional que se expande por todo el país.
Un pasado que persigue: antecedentes judiciales de Mizrachi
Para comprender la magnitud de la solicitud conviene recordar el llamado caso Criptext. En 2014, la empresa Innovative Venture S.A., representada por Mizrachi, suscribió un contrato con la Autoridad de Innovación Gubernamental por 211 850 dólares para instalar una plataforma de mensajería cifrada en dispositivos de seguridad del Estado. Una auditoría posterior concluyó que el servicio nunca se implementó según lo pactado.
La consecuencia fue dramática: Mizrachi fue detenido en diciembre de 2015 en el aeropuerto de Cartagena y recluido en la cárcel La Picota hasta junio de 2016, cuando solicitó asilo político alegando persecución. Años después, tribunales de cuentas y de justicia concluyeron que no hubo lesión patrimonial; no obstante, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación por presunto blanqueo de capitales. Esa paradoja —de acusado a reformador— es hoy parte de la narrativa que sostiene al alcalde.
El alcalde disruptivo: gestión entre innovación y controversia
Mizrachi asumió la alcaldía el 1 de julio de 2024 tras una campaña digital que prescindió de los métodos tradicionales. Sus tres pilares —austeridad, productividad y creatividad— se tradujeron en un recorte del 40% de la planilla municipal, la introducción de carnés con códigos QR para el personal, parquímetros inteligentes y la posibilidad de pagar impuestos en criptomonedas.
Sin embargo, su estilo ha generado fricciones: representantes de corregimiento denuncian retrasos en la entrega de fondos para obras comunitarias y critican la falta de diálogo. A esto se suma la revelación de una “planilla cashback”, esquema mediante el cual empleados devolvían parte de su salario a padrinos políticos; el hallazgo impactó mediáticamente pero no derivó en procesos judiciales.
Crisis interna: el conflicto con el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz
La relación con el vicealcalde y secretario general, Roberto Ruiz Díaz, se fracturó en octubre de 2024. Ruiz Díaz alegó diferencias conceptuales sobre la administración pública y solicitó licencia sin sueldo. Poco después presentó denuncia penal contra un consultor estadounidense de Mizrachi por supuesta usurpación de funciones. El choque entre la visión modernizadora del alcalde y la burocracia tradicional cristalizó en esta crisis, que debilitó la cohesión municipal.
Marco legal: cómo funciona la revocatoria de mandato
El Código Electoral panameño y el Decreto 49 (2020) regulan dos modalidades para alcaldes de partido: la revocatoria partidaria y la popular. Esta última exige firmas equivalentes al 30% del padrón; en la capital, cerca de 217 000 rúbricas válidas. Tras la verificación, el Tribunal Electoral dispone de 120 días para convocar a referendo donde basta la mayoría simple para revocar o ratificar el mandato. Pese a existir desde hace décadas, solo han prosperado dos revocatorias partidarias y ninguna popular.
Actores clave y motivaciones
- José Guardia: rostro visible de un movimiento ciudadano heterogéneo cuyo trasfondo político aún resulta difuso.
- Tribunal Electoral: árbitro que debe equilibrar transparencia y presión mediática.
- Mayer Mizrachi: figura polarizadora que usa redes sociales para denunciar lo que llama “fuego amigo” y resistencia al cambio.
- Partido Popular: obligado a decidir si respalda o se distancia del alcalde.
- Medios de comunicación: amplifican la controversia, alternando entre retratar a Mizrachi como reformador o como político con pasado judicial sombrío.
Implicaciones estratégicas y riesgos futuros
Éxito de la revocatoria: instauraría un precedente histórico y podría alentar nuevas solicitudes, introduciendo una “cultura de revocatoria” que amenace la estabilidad del mandato.
Fracaso de la revocatoria: fortalecería la narrativa de persecución contra el alcalde, pero podría aumentar el desencanto ciudadano con los mecanismos de control.
Proceso inconcluso: la incertidumbre prolongada afectaría la ejecución de proyectos y la credibilidad institucional.
La economía local podría resentir la demora de inversiones y la paralización de programas de largo plazo. A nivel institucional, la prueba recaerá sobre el Tribunal Electoral, cuya reputación depende del manejo imparcial del caso.
Comparaciones internacionales: lecciones regionales
- Venezuela (2004): el referendo revocatorio contra Hugo Chávez terminó legitimando al presidente.
- Bolivia (2008): la revocatoria reforzó a Evo Morales pero removió prefectos opositores, mostrando su doble filo.
- Perú: uso frecuente a escala local, asociado a inestabilidad y desgaste institucional.
- Colombia: requisitos tan altos que la revocatoria resulta casi impracticable.
El aprendizaje regional señala la necesidad de equilibrar accesibilidad ciudadana y gobernabilidad.
Escenarios posibles
- Revocatoria exitosa ? elecciones especiales, precedentes para futuras destituciones, aumento de la presión sobre funcionarios electos.
- Revocatoria rechazada ? consolidación de Mizrachi, posible erosión de la confianza en la revocatoria como herramienta de control.
- Proceso estancado ? parálisis administrativa, desgaste político y descrédito de las instituciones involucradas.
Conclusión: democracia, legitimidad y futuro
La solicitud de revocatoria contra Mayer Mizrachi es un microcosmos de las tensiones que atraviesan la democracia panameña: exigencia de participación y rendición de cuentas frente a la necesidad de estabilidad para gobernar. Cualquiera sea el desenlace, el proceso ya ha puesto en el centro del debate la calidad de la gestión y el papel del ciudadano en la vigilancia del poder. Panamá se enfrenta así al reto de perfeccionar sus mecanismos de control sin convertirlos en instrumentos de desestabilización, una tarea indispensable para fortalecer una democracia que busca ser más participativa y responsable.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la revocatoria de mandato y cómo funciona en Panamá?
La revocatoria de mandato es un mecanismo democrático que permite a los ciudadanos remover del cargo a una autoridad elegida por voto popular antes de que termine su período constitucional. En Panamá, este instrumento está regulado por el Código Electoral y el Decreto 49 del 2020 (modificado por el Decreto 8 del 2025) del Tribunal Electoral.
Para alcaldes electos por partidos políticos, como Mayer Mizrachi, existen dos modalidades: la revocatoria partidaria (impulsada por el partido) y la revocatoria popular (promovida por ciudadanos). En el caso de la revocatoria popular, los promotores deben recolectar firmas equivalentes al 30% del padrón electoral de la circunscripción. Para la alcaldía de Panamá, con un padrón de 724,406 votantes, se necesitan aproximadamente 217,322 firmas válidas.
Una vez validadas las firmas, el Tribunal Electoral tiene 120 días para resolver la petición. Si procede, se convoca a un referendo donde la ciudadanía decide por mayoría simple si mantiene o revoca el mandato. El referendo es válido si participa al menos el 50% del electorado correspondiente.
¿Cuáles son los plazos y requisitos específicos para el proceso?
El proceso de revocatoria de mandato tiene plazos específicos claramente definidos. Según el nuevo Decreto 8 del 2025, la recolección de firmas debe ser presencial en las oficinas del Tribunal Electoral. Los ciudadanos que firmen pueden retractarse en cualquier momento del proceso.
Los plazos para recolectar firmas varían según el tamaño del padrón electoral: menos de 5,000 electores (30 días), entre 5,000 y 25,000 electores (60 días), entre 25,000 y 100,000 electores (90 días), y más de 100,000 electores (120 días). En el caso de Mizrachi, al tratarse de más de 100,000 electores, el plazo sería de 120 días.
El proceso solo puede activarse entre el segundo y cuarto año del período constitucional. Una vez presentada la solicitud, el Tribunal Electoral debe resolver en 120 días máximo. Si se validan las firmas, se convoca a referendo en un plazo no mayor de tres meses. La revocatoria se aprueba por mayoría simple de votos válidos, siempre que participe al menos el 50% del electorado.
¿Qué consecuencias tendría una revocatoria exitosa?
Si la revocatoria contra Mayer Mizrachi resultara exitosa, se convertiría en el primer caso de revocatoria popular exitosa en la historia de Panamá. Esto establecería un precedente histórico que podría incentivar futuras solicitudes contra otras autoridades.
Las consecuencias inmediatas incluirían la separación del cargo del alcalde y la necesidad de convocar elecciones especiales para elegir un nuevo alcalde. Según el artículo 479 del Código Electoral, estas elecciones parciales deben realizarse siempre que la vacante se produzca antes del último año del término.
A nivel político, una revocatoria exitosa podría alterar las dinámicas del sistema democrático panameño, introduciendo una «cultura de revocatoria» que mantenga a los funcionarios bajo presión constante. También podría fortalecer la percepción ciudadana sobre la efectividad de los mecanismos de control democrático, aunque también existe el riesgo de generar inestabilidad gubernamental.
¿Cómo ha respondido Mayer Mizrachi a la solicitud de revocatoria?
Hasta el momento de presentación de la solicitud, Mayer Mizrachi no había emitido una declaración oficial específica sobre la petición de revocatoria. Sin embargo, el alcalde ha mantenido una estrategia de confrontación mediática utilizando sus redes sociales para denunciar lo que considera ataques políticos coordinados.
En situaciones anteriores, Mizrachi ha caracterizado las críticas como «fuego amigo» y resistencia al cambio por parte del establishment político tradicional. Su narrativa se ha centrado en presentarse como víctima de persecución política, transformando su pasado judicial en un elemento de legitimidad.
El alcalde ha utilizado consistentemente sus plataformas digitales para defender su gestión, destacando logros como la reducción del 40% en la planilla municipal y la implementación de tecnologías innovadoras. Es probable que mantenga esta estrategia comunicacional, enmarcando la revocatoria como un intento de sabotear su agenda reformista.
¿Qué precedentes existen en Panamá sobre revocatoria de mandato?
La historia de revocatoria de mandato en Panamá muestra resultados limitados. Solo han prosperado dos casos de revocatoria partidaria: el diputado Mario Miller en 1994 y Carlos Tito Afú en 2001. En cuanto a revocatoria popular, nunca se ha completado exitosamente un proceso.
El caso más notable fue el intento de revocatoria contra el exalcalde José Luis Fábrega en 2022, que fracasó por no alcanzar el número suficiente de firmas válidas. Este caso estableció un precedente sobre las dificultades prácticas del proceso, especialmente en la recolección y validación de firmas.
La experiencia con Fábrega demostró que, aunque el mecanismo existe legalmente, su implementación práctica es compleja y costosa. El caso también reveló que la revocatoria puede convertirse en un instrumento de polarización política más que de control democrático efectivo.
Actualmente, Mizrachi se encuentra entre las 10 solicitudes de revocatoria presentadas en 2025, lo que indica una tendencia creciente hacia el uso de este mecanismo. La mayoría de estas solicitudes se concentran en autoridades electas por libre postulación, reflejando posibles tensiones entre candidatos independientes y estructuras políticas tradicionales.
