Por: Rogelio Córdova
Luego de intensos y amplios debates del proyecto de Ley 172 que crea un régimen especial para el establecimiento y operación del Área Económica Especial de Barú, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate con 37 votos a favor, 16 en contra y cero abstención.
El diputado panameñista, Osman Gómez, fue el único del oficialismo que rechazó el proyecto por considerarlo contrario a los intereses de quienes le confiaron el voto en el distrito de Barú.
Para la ministra de Trabajo, Alma Cortés, el proyecto del Ejecutivo aprobado es un compromiso del presidente de la República, Ricardo Martinelli, para salvar al distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí.
El proyecto establece que todas las empresas que invertirán en el área de Barú estarán obligadas a contribuir como parte de su responsabilidad social y empresarial con apoyos económicos, educación (becas) a hijos de trabajadores y proyectos comunitarios que serán consultados con las autoridades electas del distrito a fin de que se distribuyan equitativamente en cada corregimiento.
Cabe señalar que el aporte por parte de las empresas que se establecerán en el área de Barú se hará de forma trimestral.
Las empresas interesadas en establecerse en la zona económica se beneficiarán con la exoneración de todo impuesto, contribución, tasa, gravamen o derecho de importación sobre todo tipo o clase de mercancías, productos, equipos, servicios y demás bienes en general introducidos en el Área Económica Especial de Barú.
Sin embargo, se exceptúa de esta disposición legal todos los aceites y grasas vegetales.
Impulsarán programa de viviendas
A pesar de que el proyecto contempla un programa de viviendas para reubicar a las familias que viven en las áreas bananeras, la ministra Cortés manifestó que habrá que buscar el presupuesto para la construcción de las viviendas y en ese sentido mostró su confianza en que el Consejo de Gabinete realizará los ajustes necesarios.
Por su parte, la oposición rechazó el proyecto de Ley 172 por inconveniente y lesivo a los intereses de los trabajadores. Consideró que la propuesta del Ejecutivo no está acorde a la realidad laboral panameña.
