El pleno de la Asamblea Nacional discutirá en segundo y tercer debate el proyecto de ley No.85 que eleva los castigos en algunos delitos y cambia la forma en que se determina la acumulación en los procesos para la imposición de las penas de cárcel, antes del 31 de octubre cuando finalice el actual período de sesiones ordinarias.
El diputado Jorge Alberto Rosas, quien presidente de la comisión legislativa de Gobierno, informó que en algunos delitos la combinación de los procesos y la imposición de las penas no estarían limitadas al tope de 30 años que señala el Código Penal, pues en el proyecto se eleva a 35 años o más
De acuerdo con el diputado Agustín Sellhorn, proponente, el proyecto de ley No.85 responde a un clamor generalizado de la sociedad que exige penas más severas para que haya más seguridad, razón por la que las penas de entre dos a cuatro años, se aumentaron de entre seis a ocho años.
Explicó que la iniciativa contempla el uso del concepto denominado “acumulación material” que en contraposición a la “acumulación jurídica” que se emplea en la actualidad, reúne todas las penas de cada uno de los delitos cometidos, aunque parezca extremo, para solucionar las reiteradas incidencias de conductas delictivas por parte de una nueva y creciente criminalidad que acosa a la ciudadanía.
“Lo que queremos es que la comunidad sepa que su clamor generalizado ha sido receptado por los diputados y estamos en consecuencia aplicando sanciones mucho más severas”; agregó
Para la directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Aida Selles de Palacios, el aumento de la pena no eliminará la delincuencia, pues la historia ha demostrado que ni con la pena de muerte se ha logrado.
Opinó que con la aprobación del proyecto lo que se haría es reciclar a los delincuentes, debido a que las cárceles panameñas tienen un 56% de reincidencia y destacó las ventajas de la resocialización.
“Si la reincidencia constituye un agravante, cuándo van a salir de ahí. Entonces el Estado va a tener que invertir mucho más dinero para mantener a los privados de libertad dentro de las condiciones que establecen los Derechos Humanos”, agregó.
La iniciativa fue consultada con representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno y Justicia, de la Policía Nacional y de la sociedad civil, entre otros.
