Agradezco a Dios que me guía, que ilumina mi camino y me da fortaleza ante la adversidad. A mi familia que es mi apoyo e inspiración, a los diputados que con determinación y valentía afrontaron el reto de elegir por el respeto a la institucionalidad.
Hoy damos inicio al quinto periodo de sesiones ordinarias de esta Asamblea Nacional, en un momento que debe llevarnos a una gran reflexión nacional. Nuestra nación actualmente sufre un gran deterioro institucional que se refleja en la calidad de los servicios públicos que debe brindar el Estado a sus ciudadanos.
En este momento, donde existe un gran cuestionamiento hacia nuestras instituciones, es necesario afrontar con responsabilidad decisiones que nos lleven a romper con las prácticas que nos han provocado esta crisis.
Como presidenta de este Órgano del Estado, hoy anuncio que estoy dispuesta a promover el reto de impulsar un proceso de debate amplio entre los distintos sectores organizados de nuestra sociedad, para establecer reformas de nuestro Reglamento Orgánico del Régimen Interno, que es ley de la República, con miras a buscar mecanismos que permitan más transparencia.
Así también es necesario buscar las alternativas, que permitan el ejercicio de las funciones constitucionales de este Órgano del Estado, la capacidad de fiscalizar y jugar los contrapesos necesarios, que nos permitan un verdadero equilibrio entre los poderes del Estado.
La Asamblea Nacional es el principal Órgano político de nuestra democracia y es el más expuesto a la opinión pública, el que regula las leyes económicas y sociales del país, y el que más participación brinda a todos los ciudadanos y organizaciones de la sociedad. Precisamente, por todas estas razones y por la falta de visión de Estado, es el poder que más codician controlar los que dirigen la economía del país y los que son electos presidente de la República.
Quien desde afuera controle sus decisiones, adquiere el poder de aprobar leyes en base a sus intereses políticos y económicos. Por eso, no son extraños los ataques que nos hacen, aunque para ello se valgan de la complicidad, aspiraciones o debilidad de carácter de algunos funcionarios que están llamados por mandato constitucional y legal a actuar con independencia e imparcialidad.
Aún bajo estos hechos, quiero dejar en claro, como lo dije hace un año, estaré dispuesta a promover el diálogo y los cambios que ayuden a fortalecer la institucionalidad.
Quiero ser categórica, la Asamblea no se opone a ser auditada o investigada y tampoco defenderá a quienes se les compruebe que hayan cometido delitos, pero exigimos se respete el debido proceso, así como las garantías fundamentales y, sobre todo, que se investigue sin selectividad.
La Asamblea Nacional es el único Órgano del Estado donde convergen todos los actores políticos y sociales del país, y debe ser la caja de resonancia de los grandes temas nacionales. Este Parlamento fue conformado por la voluntad de un pueblo, que, si bien decidió elegir a un Presidente de la República de un partido político, no de la misma forma la composición de esta Asamblea Nacional.
Para lograr afrontar esta crisis es necesario entender que la separación de poderes debe ser pieza fundamental en este proceso, cada Órgano del Estado debe jugar su rol, con independencia y con un alto grado de interés nacional.
En ese rol constitucional, esta Asamblea logró aprobar 99 proyectos de ley en tercer debate, de los cuales 68 fueron sancionados. Estos proyectos abarcan las áreas económicas, sociales y jurídicas.
Destaco entre estos:
- La ley que crea el Hemocentro y regula los mecanismos para salvar vidas, mediante la donación de sangre, y regula las transfusiones sanguíneas;
- La ley que norma y establece la deducción del impuesto sobre la renta por gastos escolares a estudiantes de escuelas particulares;
- La ley que permite mejorar las condiciones para regular la calidad de los servicios de las empresas eléctricas;
- La ley que establece la política basura cero y su marco para la gestión integral de residuos;
- La moratoria para el pago de impuestos de inmueble;
- La que crea el marco general de una política pública para el sector agropecuario y la soberanía alimentaria;
- La que adopta medidas para promover el uso de bolsas reutilizables en establecimientos comerciales;
- La que promueve el uso de productos nacionales en las adquisiciones gubernamentales;
- La que crea los hogares de cuidado diario y el programa de madres cuidadoras para la atención de la primera infancia;
- La que establece el servicio gratis de mamografías en el sistema de salud pública, entre otras.
Atendimos 14 citaciones a funcionarios, las comisiones permanentes realizaron 308 reuniones, donde se aprobaron 98 proyectos en primer debate.
La participación de los ciudadanos en las comisiones alcanzó la cifra de casi cuatro mil ciudadanos y las visitas por vía digital se aproximan a un tercio de millón. Esto ratifica el carácter participativo y de consulta de este Órgano del Estado.
Hace un año nos comprometimos en no aprobar ninguna ley que estableciera incremento de impuestos ni reavalúos. Por el contrario, se aprobó la modificación al Código Fiscal que rige el valor de la propiedad y la exoneración del pago del impuesto de inmueble por la primera compra de una vivienda.
Los retos pendientes en materia legislativa, nos obligan a actuar con un gran sentido de Patria, la posibilidad de establecer la penalización de la evasión fiscal, como parte de una serie de medidas establecidas por organismos internacionales, la aprobación de una dispensa por el incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, que, si bien puede ser necesaria para no afectar la condición económica del país, debe ser objeto de un profundo análisis sobre el manejo de las finanzas públicas por parte del Órgano Ejecutivo y la debida fiscalización de la Contraloría General de la República.
Las designaciones pendientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la ratificación de un Fiscal Electoral y la de dos directivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), requerirán de una Asamblea Nacional independiente y comprometida como dice nuestra Constitución, con el interés nacional.
Nuestro país ha logrado, gracias al aprovechamiento de su posición geográfica, sostener un crecimiento económico considerable en los últimos 12 años; sin embargo, los indicadores económicos nos ubican como uno de los países más desiguales de la región.
Mucho de esto tiene que ver con la falta de políticas públicas orientadas a fortalecer los sectores más sensibles de la sociedad, por lo cual es necesario establecer procesos más participativos en la forma como se establece el presupuesto general del Estado, hacia como se desarrolla la inversión pública. Esta decisión ha recaído gracias a nuestro sistema político presidencialista, en muy pocas personas.
Este Órgano del Estado, aunque no tiene la capacidad constitucional de modificar el presupuesto, debe desarrollar un amplio análisis que permita ajustar nuestro gasto público a las verdaderas necesidades de nuestro país.
Sin duda que muchos de los aspectos planteados requieren de un cambio en nuestra Constitución, y hoy se hace imperante que busquemos los consensos para lograr una reforma constitucional, orientada a garantizar una verdadera independencia de los Órganos del Estado, a través de su autonomía financiera y presupuestaria, a garantizar también a través de nuestra Carta Magna, un proceso de descentralización y desconcentración de poderes, que nos permita un sistema político más equilibrado y participativo.
En nuestra historia hemos obtenido logros trascendentales a través de los consensos y la unidad nacional. No somos un país de conflictos armados, sino una nación de paz. Por esto, hago un llamado a que busquemos los encuentros, que pensemos en el potencial que tiene nuestro país, sobre todo ahora que las condiciones económicas no son favorables, y que establezcamos las estrategias que nos permitan reactivar nuestra economía, fortaleciendo sobre todo aquellos sectores que generan más y mejores empleos para los panameños.
El sector agropecuario requiere de una verdadera alianza entre el Gobierno y nuestros productores para garantizar eficiencia, tecnología y mercado; el turismo requiere de una política real que promueva al país y desarrolle una oferta turística en todo el territorio.
Es hora de dejar los rencores y resentimientos para construir un país de grandes oportunidades, un país que invierta en su capital humano con una educación de primer mundo, un país con salud y que las personas tengan acceso a los medicamentos, un país donde la delincuencia no nos imponga su agenda, un país donde se apoye a sus niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, trabajadores y a la campiña panameña de la que provengo orgullosamente.
Conciudadanos: como mujer, y hago énfasis como mujer que soy, porque es más difícil afrontar los prejuicios de aquellos, que creen que por su condición de género pueden imponer su criterio, como mujer creo en el debate con argumentos, no con imposición, yo logré superarme gracias al esfuerzo de mis padres y al estudio, formé mi carácter, a través del trabajo y el esfuerzo, no ha sido fácil, pero creo en lo que hago, actuó con la convicción de que este país tiene grandes oportunidades, que con determinación, entre todos, podemos afrontar los cambios que nuestro país necesita, para que esta patria pequeña sea grande para todos.
Los panameños somos un pueblo luchador, que no se vence ni nunca ha dejado de luchar. Lo hemos demostrado en distintos momentos de la historia desde Cémaco y Urracá hasta los mártires del 9 de enero. Hoy, ese espíritu de unidad lo revive y fortalece la selección de Panamá en el mundial, sigamos construyendo en unidad un mejor país, porque Panamá significa abundancia de capacidades y talento.
