«Cuando asumí mi mandato el 1 de julio de 2014 dejé claro que las leyes del país están para cumplirse y que los funcionarios del Estado designados en mi gobierno velarían por ello.
El pasado 29 de junio, el equipo técnico que atiende los asuntos del sector energético del país, encabezado por el director de la Autoridad de los Servicios Público (ASEP), Roberto Meana, me plantea la necesidad de anunciar un ajuste de la energía eléctrica, producto de las variaciones de precio del combustible a nivel internacional y por los costos relacionados al nuevo régimen de transmisión que incluyó la entrada en operación de la línea 3 de transmisión eléctrica.
En dicho encuentro mostré mi desacuerdo con el aumento de la tarifa eléctrica, tomando en cuenta hechos recientes que afectaron duramente la economía nacional como los 30 días de huelga en el sector de la construcción, que costó al país más de 300 millones de dólares en pérdidas y por el debate público donde se cuestionaba a uno de los Órganos del Estado por el manejo de los fondos asignados.
En esa reunión, el director Meana sustentó que la Ley 6 de 1997 lo obliga a anunciar el ajuste de la tarifa eléctrica si el Gobierno Central, a través del presupuesto de funcionamiento, no aportaba los fondos requeridos.
Ante este planteamiento, se realizaron las consultas al Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, quien manifestó que no se podría cubrir la totalidad del ajuste de la tarifa sin afectar otras áreas, ya que no se contaba con el margen fiscal necesario para asumir el ajuste tarifario.
El pasado 9 y 11 de julio dije públicamente que comprendía el sentir y la molestia de la población ante esta medida y expresé la necesidad de contar con el espacio fiscal necesario para poder asumir el ajuste de tarifa, pero para ello se requiere el respaldo de la Asamblea Nacional con la aprobación de la ley de responsabilidad scal que aprobó el Consejo de Gabinete.
En los próximos meses se concluyen obras importantes del gobierno donde laboran cerca de 20 mil trabajadores. En mi mensaje a la Nación del 1 de julio dejé plasmada la importancia de la aprobación de la nueva ley de responsabilidad scal para mantener estos empleos y generar nuevos.
En búsqueda de la tranquilidad social, que hemos mantenido en los cuatro años de gobierno a través del diálogo y el consenso y escuchando al pueblo sano y noble de este país, he dado instrucciones al director de la ASEP de suspender de inmediato los efectos del ajuste tarifario.
He pedido a la Ministra de Economía y Finanzas, encargada, Eyda Varela de Chinchilla, hacer lo necesario para que el Ejecutivo asuma los efectos del ajuste de la tarifa hasta tanto la Asamblea Nacional apruebe la dispensa fiscal solicitada de forma responsable a los diputados.
Debo ser claro que, de no aprobarse la dispensa fiscal solicitada en la Asamblea y de asumir el Ejecutivo la totalidad del ajuste de la tarifa eléctrica, se verán afectadas otras áreas de funcionamiento del Estado.
Hacemos un llamado respetuoso al Órgano Legislativo para trabajar en conjunto y que la nueva ley de responsabilidad fiscal sea aprobada para beneficio del país.
El 1 de julio del 2014 este Gobierno recibió el déficit fiscal superior al 5% y ha cumplido con la ley de llevarlo hasta 1.5% como establece la norma, lo que ha representado un reto importante.
En la administración anterior el subsidio eléctrico fue de 969 millones de dólares y este gobierno lo redujo a 165 millones de dólares a la fecha. La diferencia, 804 millones de dólares, se utilizó en los aumentos de salario a los docentes, médicos, enfermeras, funcionarios del sector público y en los proyectos de la agenda social del gobierno.
Reafirmo que en todo momento de mi mandato he defendido los intereses del Estado, buscando siempre el equilibrio, el cumplimiento de la ley y la paz social del país».
Juan Carlos Varela Rodríguez
Presidente de la República de Panamá
