A 22 días de huelga: el paro de los trabajadores de la construcción y sus consecuencias
La huelga indefinida del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), iniciada en rechazo a las reformas propuestas a la Caja de Seguro Social (CSS), cumple 22 días hoy lunes. Este paro laboral masivo ha dejado sentir sus efectos mucho más allá de los obreros que lo protagonizan: ha afectado la economía, la movilidad, los comercios y la percepción pública sobre el conflicto social y político en torno al sistema de seguridad social panameño.
Las motivaciones de la huelga: entre el derecho y la incertidumbre
El detonante del conflicto es el paquete de reformas que el Gobierno busca implementar para dar viabilidad financiera al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS. Las propuestas incluyen la posible ampliación de la edad de jubilación, el aumento de las cuotas obrero-patronales y la adopción de un sistema mixto de pensiones. Para SUNTRACS, estas medidas representan una forma de privatización encubierta del sistema solidario, trasladando el peso del déficit estructural a los hombros de los trabajadores.
El sindicato argumenta que no se ha realizado una auditoría transparente de los fondos de la CSS ni se ha sancionado a responsables de su mala administración histórica. En consecuencia, rechazan cualquier reforma que no parta de un proceso participativo, abierto y supervisado por organismos independientes.
¿Quién paga el costo de esta huelga?
El impacto económico es considerable y se distribuye entre diversos actores:
- Las empresas constructoras: con decenas de proyectos paralizados en todo el país, incluyendo obras de infraestructura pública como escuelas, hospitales y carreteras. Se estima que cada día de paro representa pérdidas por varios millones de dólares. Algunas constructoras están renegociando contratos con el Estado, alegando fuerza mayor por el conflicto laboral.
- El Estado panameño: pierde no solo por los retrasos en obras públicas, sino también por la caída en ingresos fiscales relacionados al sector construcción (uno de los mayores generadores de empleo y dinamizador de la economía nacional). A esto se suma la presión política creciente.
- Los trabajadores: aunque SUNTRACS cuenta con una estructura financiera que permite sostener parte del salario de los huelguistas a través de un fondo de huelga, este no cubre la totalidad de sus ingresos. Muchos obreros subsisten gracias a ahorros personales, apoyo de familiares, préstamos informales o empleos temporales en la economía informal. Las tensiones internas comienzan a emerger, especialmente entre quienes tienen compromisos financieros fijos (alquileres, hipotecas, alimentación de sus hijos).
El comercio y los pequeños negocios: efectos colaterales
El sector comercio, especialmente el informal y los pequeños emprendedores, ha sufrido los embates indirectos del paro. En zonas donde se desarrollaban grandes obras, como Costa del Este, Tocumen, La Chorrera o Santiago, negocios como fondas, tiendas, ferreterías y pequeños proveedores han visto caer sus ventas dramáticamente. Estos emprendimientos dependían del consumo diario de miles de obreros, que ya no circulan ni compran en esas áreas.
Además, proveedores de materiales de construcción, servicios logísticos, transportistas y personal técnico vinculado a las obras han quedado temporalmente desempleados o sin actividad.
Lectura política y social del conflicto
Este no es únicamente un paro laboral; es a su vez un grito de desconfianza hacia las instituciones. SUNTRACS ha capitalizado el descontento generalizado con la clase política, sumando a su causa otras organizaciones sociales y estudiantiles. La huelga se ha transformado en un símbolo de resistencia contra un modelo percibido como excluyente y corrupto.
Sin embargo, la duración del conflicto y su impacto negativo en sectores que inicialmente simpatizaban con la causa (como trabajadores informales, comerciantes y ciudadanos que enfrentan bloqueos) ha comenzado a erosionar el apoyo popular. La narrativa de defensa de derechos está en constante tensión con la del daño colateral a la economía y la vida cotidiana.
Perspectivas: ¿cómo puede terminar esto?
Las vías de resolución se bifurcan:
- Negociación directa entre el Gobierno y SUNTRACS, con mediación de la Iglesia o la Defensoría del Pueblo, para establecer una mesa técnica sobre la CSS, sin imposiciones unilaterales.
- Desgaste progresivo de los trabajadores en huelga y pérdida de apoyo ciudadano, lo que podría obligar a SUNTRACS a replantear su estrategia.
- Intervención política de mayor peso, si el conflicto comienza a afectar seriamente indicadores económicos nacionales o relaciones con inversionistas.
A 22 días de iniciado, este paro ya se inscribe entre los conflictos sociales más prolongados e intensos de los últimos años en Panamá. Pone en evidencia una fractura profunda entre las necesidades sociales y las decisiones gubernamentales, pero también entre las formas de lucha social y sus consecuencias para terceros. El debate de fondo –la sostenibilidad del sistema de pensiones– continúa sin resolverse, mientras el país paga, en múltiples frentes, el costo de la parálisis.
