La crisis en la educación en Panamá ha llegado a un punto crítico en 2025: los docentes han estado en un paro indefinido desde el 23 de abril, desoyendo los constantes llamados del Ministerio de Educación (Meduca) para que regresen a las aulas.
Esta huelga, impulsada por la demanda de derogar la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), ha dejado a miles de estudiantes sin clases durante más de un mes, lo que agrava el rezago educativo y aumenta la inequidad.
La educación en Panamá corre el riesgo de sufrir un daño irreparable si no se establece, de inmediato, un diálogo efectivo y un acuerdo concreto entre los docentes y las autoridades, priorizando el derecho de los estudiantes a aprender.
El origen y desarrollo del paro: una historia de desencuentros
El paro docente comenzó el 23 de abril de 2025, cuando los gremios magisteriales, liderados por la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof) y el Frente Nacional de Educadores Independientes, decidieron entrar en huelga indefinida. La principal demanda es la derogación de la Ley 462, que introduce reformas a la CSS.
Los docentes sostienen que esta ley pone en peligro la seguridad social y la soberanía nacional, y han recibido apoyo de otros sindicatos, estudiantes y algunos padres de familia.
A pesar de los llamados del Meduca y del propio presidente José Raúl Mulino para que los educadores retomen sus labores, la postura de los gremios se mantiene firme: no habrá clases hasta que se elimine la reforma.
El gobierno, por su parte, argumenta que la ley no afecta directamente las jubilaciones de los docentes y califica la paralización de injustificada, llegando incluso a describirla como un “crimen” contra los estudiantes.
El conflicto se ha intensificado con medidas como la retención de cheques a directores escolares para exigir informes de asistencia docente y la intervención de la policía en protestas regionales. Mientras tanto, la ministra de Educación, Lucy Molinar, continúa insistiendo en que la educación debe ser la prioridad.
El conflicto ha escalado con medidas como la retención de cheques a directores escolares para exigir informes sobre la asistencia docente, además de la intervención de la policía en las protestas regionales. Mientras tanto, la ministra de Educación, Lucy Molinar, subraya que la educación no debería ser un rehén de intereses políticos y lamenta el daño irreversible que la huelga está infligiendo a los estudiantes.
Impacto y posibles soluciones
El paro ha dejado a la mayoría de los estudiantes del sector público sin clases durante más de un mes, en un contexto donde Panamá ya enfrenta una grave crisis educativa: en los últimos cinco años, solo ha habido un año escolar regular debido a la pandemia y otros paros sociales. La situación es alarmante: según Unicef, un 8% de los niños entre 6 y 17 años no sabe leer ni escribir, y los resultados de la prueba PISA 2022 indican que la mayoría de los jóvenes de 15 años apenas alcanza niveles mínimos de comprensión lectora.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y otros sectores han alertado sobre el impacto económico y social de la huelga, estimando pérdidas diarias que superan los 90 millones de dólares y enfatizando que la educación es fundamental para romper el ciclo de pobreza.
Las posibles soluciones requieren un diálogo genuino, donde ambas partes estén dispuestas a ceder en sus posturas más rígidas. Los docentes exigen la derogación de la Ley 462 como condición para regresar a las aulas, mientras que el gobierno insiste en la necesidad de garantizar la continuidad educativa. Padres de familia y organizaciones juveniles han solicitado que se priorice el bienestar de los estudiantes y se busquen mecanismos de negociación que no sacrifiquen más días de clases.
¿Qué necesitan ambas partes para llegar a un acuerdo?
Para salir de esta crisis, tanto el gobierno como los gremios docentes deben reconocer el impacto negativo que el conflicto está teniendo en la niñez y juventud panameña. El gobierno tiene que crear espacios de diálogo más inclusivos y transparentes, donde se escuchen las inquietudes de los educadores sobre la CSS y se busquen alternativas legislativas o garantías específicas. Por su parte, los docentes deben entender que prolongar el paro solo agrava la desigualdad y el rezago, y considerar formas de protesta que no paralicen por completo el proceso educativo.
Es urgente alcanzar un consenso social: la educación panameña no puede seguir siendo un rehén de disputas políticas o laborales. Solo un acuerdo fundamentado en el diálogo, la empatía y el compromiso con el futuro de los estudiantes podrá ayudarnos a superar este momento crítico.
La crisis educativa de Panamá en 2025 es, ante todo, una llamada de atención: si no se prioriza la educación y se restablece el diálogo, el daño será irreversible para toda una generación. Es fundamental reafirmar este mensaje: el futuro del país depende de que docentes y autoridades encuentren, juntos, una solución que coloque a los estudiantes en el centro de la discusión.
Las 5 prioridades urgentes para resolver la crisis educativa en Panamá
Restablecimiento inmediato de las clases presenciales
Es fundamental poner fin al paro docente y garantizar el regreso de los estudiantes a las aulas para evitar un daño aún mayor en el aprendizaje, tras casi 500 días acumulados sin clases presenciales en los últimos años.
Derogación o revisión de la Ley 462 y apertura de un diálogo efectivo
Resolver el conflicto central entre docentes y gobierno sobre la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), ya sea mediante la derogación, revisión o creación de un proceso de diálogo transparente que permita acuerdos sostenibles para ambas partes.
Recuperación del tiempo y contenidos perdidos
Implementar programas de nivelación y reinserción para estudiantes en riesgo de deserción, así como estrategias para recuperar los aprendizajes y reducir la brecha de conocimientos agravada por la pandemia y los paros.
Reducción de la desigualdad educativa
Atender las disparidades entre escuelas públicas y privadas, mejorando el acceso a recursos tecnológicos, ampliando la jornada escolar y fortaleciendo la infraestructura educativa, especialmente en comunidades vulnerables.
Planificación y políticas educativas de largo plazo
Establecer una visión nacional y consensuada para la educación, con políticas de Estado que trasciendan gobiernos, fortalezcan la formación y evaluación docente, y aseguren la continuidad y calidad del sistema educativo panameño.
Si estas cinco prioridades no se resuelven rápidamente, el daño para la niñez y el futuro de Panamá será irreversible. La educación debe estar por encima de cualquier conflicto político o social, y requiere soluciones inmediatas y estructurales.
