Pronunciamiento del MICI sobre el plan de preservación de la mina de cobre

El Gobierno de Panamá anunció este 30 de mayo de 2025 un plan de gestión y preservación segura para la mina de cobre Cobre Panamá, detenida desde fines de 2023 por decisión judicial. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó que esta medida busca cuidar el medio ambiente del sitio, pero enfatizó que no implica reabrir la explotación minera. La empresa minera First Quantum (Cobre Panamá) será la encargada de ejecutar y financiar el plan. Este incluye el mantenimiento de infraestructuras y la protección de las áreas cercanas. En las próximas semanas, las autoridades supervisarán el proceso para proteger el entorno y permitir la eventual exportación del cobre almacenado.

¿Qué dijo el ministro?

El ministro Moltó anunció que el Gobierno ordenó la ejecución del Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina en Donoso, Colón. Recordó que en noviembre de 2023 la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato minero, lo que llevó al cese inmediato de operaciones. Al detenerse de golpe la extracción, quedó mucho material almacenado y tareas pendientes que requerían mantenimiento y control ambiental. Por eso, el plan busca cuidar el sitio sin reabrirlo: “esta decisión no implica la activación de la mina”, enfatizó. Aclaró que la empresa minera ejecutará el plan bajo supervisión estatal, sin detallar costos o plazos exactos.

¿Qué significa gestión y preservación segura?

La gestión y preservación segura es un proceso que se aplica cuando una mina detiene sus operaciones. Consiste en una fase de cuidado y mantenimiento del sitio para evitar riesgos futuros. Incluye tareas como mantener la planta eléctrica, asegurar el muelle y los caminos, y proteger todas las áreas. También se supervisan los depósitos de desechos mineros y se revisa el estado del cobre acumulado, para conservarlo y luego exportarlo adecuadamente. En resumen, son acciones técnicas destinadas a preservar el entorno y los equipos sin reactivar la actividad minera.

¿Se reabrirá la mina?

No. El ministro lo dejó claro: este plan de preservación no implica reactivar la mina. La mina seguirá cerrada. El contrato original fue declarado inconstitucional, por lo que actualmente no existe permiso legal para operar. Cualquier reapertura futura requerirá nuevas negociaciones o leyes, algo que por ahora no está en curso. Por ahora la explotación permanece detenida.

¿Por qué esta decisión ahora?

Porque tras meses de inactividad la mina requería atención. Moltó recordó que cada vez que una mina detiene operaciones la ley exige un plan de preservación. El plan ambiental solicitado entonces a la empresa no se aplicó. La actual administración asumió ese “vacío” y, tras análisis técnicos y legales, decidió finalmente ejecutarlo. En otras palabras, se hace ahora para cumplir la normativa y evitar daños al medio ambiente mientras se define el futuro de la mina.

¿Quiénes participan o pueden participar?

Participan principalmente el Estado y la empresa minera. El propio Moltó anunció que diez instituciones revisarán la ejecución del plan: entre ellas los ministerios de Comercio e Industrias, de Ambiente, de Seguridad, de Trabajo, de Desarrollo Social y la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP). Cobre Panamá (First Quantum) será la encargada de llevar a cabo el plan y de financiarlo. Asimismo, se espera que miembros de las comunidades cercanas y grupos ambientalistas sigan de cerca el proceso. En definitiva, el esfuerzo será coordinado entre el sector público y el privado.

¿Qué se necesita jurídica y operativamente?

El plan fue elaborado por la empresa y ahora el gobierno debe formalizarlo con la firma oficial correspondiente. Juridicamente implica coordinar entre el Ministerio de Comercio y el de Ambiente, asegurando que se cumplan las normas ambientales. Operativamente, se necesita personal técnico (ingenieros, ambientalistas) y recursos adecuados. Por ejemplo, obreros que cuiden la planta eléctrica, reparen infraestructuras y vigilen posibles fugas. Todo esto con el compromiso de Cobre Panamá de pagar los costos, mientras el Estado autoriza y supervisa el proceso.

¿Qué beneficios puede traer?

El plan aporta beneficios claros en varios frentes. Primero, protege el medio ambiente: evita que residuos mineros se filtren en ríos o suelos, reduciendo la contaminación potencial. También permite recuperar valor económico: el cobre acumulado puede revisarse y luego exportarse, generando ingresos. Además, al dar mantenimiento a la planta y las infraestructuras, se previenen accidentes y se prolonga la vida útil del equipo. En general, brinda confianza: muestra que el país cumple con la normativa ambiental y ayuda a estabilizar las relaciones con la empresa, lo que puede facilitar futuras inversiones.

¿Qué riesgos hay?

El principal riesgo es ambiental. Si no se aplica bien el plan, los desechos de la mina podrían filtrarse y contaminar ríos o suelos. Por eso se busca iniciar esta fase de mantenimiento para evitar daños químicos en la zona. Sin un correcto cuidado, también hay peligro de accidentes en la planta o en los diques de relaves. Políticamente, una interpretación errónea de este plan como un regreso de la mina podría generar desconfianza o protestas sociales. En resumen, cualquier descuido traería graves consecuencias ecológicas, legales y sociales.

¿Qué debe hacer la ciudadanía?

La ciudadanía debe exigir transparencia e información. Consultar fuentes oficiales (por ejemplo, el plan publicado en la web del Ministerio de Comercio) y medios confiables. Participar en foros y reuniones locales para hacer preguntas y expresar preocupaciones. Si observa irregularidades o riesgos, denunciarlo ante las autoridades correspondientes. En suma: mantenerse informados, hacer valer su voz y vigilar que el proceso se realice con responsabilidad.

Escenarios futuros

• Motivaciones del Gobierno: El Ejecutivo podría buscar demostrar que atiende las obligaciones ambientales tras la polémica minera, mejorar la imagen del país y preservar el valor económico del cobre ya extraído. También puede usar el plan como base para negociar un nuevo acuerdo con la empresa sin presiones sociales inmediatas. Evitar conflictos legales o reclamos internacionales puede estar entre sus metas.
• Actores implicados: Además del Estado y de Cobre Panamá, destacan los inversionistas extranjeros interesados en la minería, las comunidades locales de Donoso, sindicatos de trabajadores y grupos ambientalistas. La Asamblea Nacional y los tribunales seguirán el proceso de cerca, y los medios de comunicación jugarán un papel clave al informar y opinar sobre cada avance.
• Cambios necesarios: Si se considera reactivar la mina en el futuro, se requerirá un nuevo contrato o ley minera, con reformas que garanticen estabilidad legal. Técnicamente, podrían actualizarse las regulaciones de cierre de minas y seguridad industrial. El Gobierno debe asegurar que cualquier paso respete la Constitución y las leyes ambientales vigentes.
• Señales a observar: La ciudadanía debe vigilar anuncios oficiales: si se discuten nuevas leyes mineras o permisos, o si el Gobierno convoca audiencias públicas con la empresa. Es clave observar si aumentan las tareas de mantenimiento en la mina o si se asignan presupuestos especiales. La llegada de expertos independientes que auditen el sitio también sería una señal relevante.
• Recomendaciones: Al Gobierno se le sugiere actuar con transparencia, informando al público de cada paso y cumpliendo la ley. Debe dialogar con las comunidades afectadas y realizar auditorías ambientales. Al pueblo panameño se le recomienda mantenerse crítico, participar en los espacios de debate y exigir siempre rendición de cuentas. Ambos, Estado y ciudadanos, deben insistir en proteger el interés nacional y el medio ambiente.

El Plan de Gestión y Preservación Segura es una medida técnica para cuidar la mina cerrada, pero no resuelve por sí solo el futuro de Cobre Panamá. El Gobierno debe implementarlo con transparencia y cumplir sus compromisos, y la población debe mantenerse informada y vigilante en cada paso. Cualquier cambio (sea una nueva ley o un eventual reinicio de operaciones) requerirá supervisión ciudadana. Es fundamental que el interés público y la protección ambiental primen sobre todo. En definitiva, los panameños deben actuar con una actitud informada y vigilante.