Mizrachi vs Jueces: La Guerra Urbana que Expone el Sistema
En una capital donde el orden público se negocia en cada esquina, el enfrentamiento entre el alcalde capitalino y el sistema judicial revela las fracturas profundas de un Estado que no logra ejecutar sus propias decisiones. Mayer Mizrachi, con su característico lenguaje directo, ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda: ¿de qué sirve legislar si los jueces no aplican las sanciones? Su indignación contra los «bien cuidao» trasciende la simple gestión municipal y se convierte en un síntoma de la desconexión institucional que aqueja a Panamá.
¿Por qué Mayer Mizrachi declaró la guerra a los «bien cuidao»?
La respuesta no se encuentra únicamente en las calles congestionadas de la capital, sino en la frustración acumulada de un sistema que promete pero no cumple. Mizrachi, empresario convertido en político, llegó a la alcaldía con una mentalidad ejecutiva que choca frontalmente con la burocracia tradicional. Su explosión pública del 6 de junio de 2025 no fue un arrebato emocional, sino la manifestación de una estrategia comunicacional calculada.
«Estoy bien cabreado ahorita mismo. Los bien cuidao que recogimos anoche, a todos les dieron calle«, declaró el alcalde, utilizando un lenguaje coloquial que busca generar identificación con el ciudadano común. Esta elección léxica no es casual: Mizrachi emplea técnicas de framing que presentan el problema como una lucha personal y emocional, no como una diferencia institucional fría.
El operativo del jueves anterior había resultado en la detención de varios «bien cuidao», pero todos fueron liberados sin sanción alguna por los jueces de paz. Esta situación evidencia una descoordinación estructural que va más allá de la simple aplicación de normativas municipales. Mizrachi está librando una batalla en dos frentes: contra la informalidad urbana y contra la ineficiencia del sistema judicial.
La estrategia del alcalde revela una comprensión sofisticada de la comunicación política moderna. Al expresar su «cabreo» públicamente, construye un narrativo donde él es el defensor del orden contra un sistema permisivo. Esta técnica de contraste posiciona su gestión como activa y decidida frente a instituciones que percibe como pasivas.
¿Qué hicieron los alcaldes anteriores con este problema?
José Isabel Blandón, predecesor de Mizrachi, enfrentó el mismo desafío con una aproximación radicalmente diferente. En 2016, Blandón implementó un plan piloto en el Casco Antiguo que combinaba prohibición con rehabilitación social. Su estrategia incluyó la convocatoria de aproximadamente 60 personas que ejercían como «bien cuidao», explicándoles que la actividad sería prohibida a partir del 1 de marzo de 2016.
El enfoque de Blandón fue inclusivo y paternalista: ofreció capacitación laboral y reubicación en empleos formales. Ocho personas fueron contratadas directamente por el Municipio con salarios de 500 balboas, mientras otras fueron ubicadas en empleos con la colaboración del Ministerio de Trabajo. Esta estrategia revela una filosofía de gestión que privilegia la integración social sobre la sanción punitiva.
La diferencia fundamental entre ambos alcaldes radica en su concepción del problema. Blandón lo abordó como un asunto de política social, mientras Mizrachi lo enmarca como una cuestión de autoridad y cumplimiento normativo. Blandón buscó transformar a los «bien cuidao» en empleados municipales; Mizrachi busca eliminarlos mediante sanciones económicas severas.
Esta evolución metodológica refleja también un cambio en el contexto político y social. El incremento de la criminalidad urbana, con 581 homicidios registrados en 2024 (un aumento del 4.4% respecto a 2023), ha endurecido la percepción ciudadana sobre temas de seguridad y orden público. Mizrachi capitaliza este ambiente para justificar medidas más severas.
¿Cuál es el marco legal que sustenta esta ofensiva?
El Acuerdo Municipal 114, aprobado el 4 de junio de 2025, establece el fundamento jurídico de la nueva política municipal. Esta normativa eleva significativamente las sanciones: multas entre 300 y 1,000 dólares, o trabajos comunitarios de 15 a 90 días. En casos de reincidencia, las penas aumentan entre un tercio y la mitad del castigo inicial.
La normativa se sustenta en estadísticas de las Casas de Justicia Comunitaria de Paz que demuestran «un aumento en la cantidad de personas sorprendidas y conducidas por tal conducta». Sin embargo, el documento reconoce que «las actuales sanciones contra personas que se dedican a ‘bien cuidaos’ carecen de efecto disuasivo suficiente».
Esta confesión legal es reveladora: el sistema reconoce su propia ineficiencia pero responde incrementando las penas en lugar de analizar las causas estructurales del problema. La lógica punitiva prevalece sobre el análisis socioeconómico, siguiendo una tendencia global hacia el populismo penal urbano.
El Acuerdo Municipal también prohíbe «exigir u obligar pagos por esta supuesta vigilancia, así como colocar objetos para obstruir la vía pública o reservar espacios de estacionamiento en áreas donde el aparcamiento es libre». Esta especificidad legal evidencia la sofisticación de las prácticas que busca combatir.
Según la jerarquía normativa establecida en la Ley 38 de 2000, los acuerdos municipales ocupan una posición subordinada respecto a las leyes nacionales. Esto significa que su aplicación efectiva depende de la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, precisamente donde se produce la fractura que denuncia Mizrachi.
¿Qué revela el lenguaje de Mizrachi sobre su estrategia política?
El alcalde emplea un registro comunicacional que combina indignación auténtica con cálculo político. Su expresión «bien cabreado» rompe deliberadamente con el protocolo político tradicional, buscando generar identificación con el ciudadano común que también se siente frustrado por la ineficiencia institucional.
Esta elección léxica constituye una técnica de populismo comunicacional que presenta al político como «uno más del pueblo» frente a las élites burocráticas. Mizrachi construye su liderazgo desde la autenticidad emocional, no desde la autoridad institucional. Su pregunta retórica «¿para qué uno legisla aquí?» invierte la lógica tradicional: no es el ciudadano quien cuestiona al político, sino el político quien cuestiona al sistema.
La estrategia revela influencias de la comunicación empresarial estadounidense, coherente con su formación en American University. Mizrachi aplica técnicas de storytelling corporativo a la gestión pública: identifica un problema, genera urgencia, propone soluciones y mide resultados. Su narrativa construye un antes y un después marcado por su gestión.
El alcalde también emplea la técnica del contraste dramático: presenta la situación como una batalla entre el orden (él) y el caos (jueces permisivos). Esta polarización simplifica un problema complejo pero genera adhesión emocional entre los ciudadanos que experimentan cotidianamente las consecuencias de la informalidad urbana.
¿Es esta una solución real o una campaña mediática sofisticada?
La efectividad real de la política de Mizrachi enfrenta obstáculos estructurales que trascienden la voluntad municipal. El caso evidencia una descoordinación sistémica entre el poder ejecutivo local (alcaldía) y el poder judicial (jueces de paz), que refleja problemas más profundos del Estado panameño.
Los datos oficiales reconocen que personas dedicadas al «bien cuidao» pueden generar más de 500 dólares mensuales. Esta cifra, superior al salario mínimo panameño, evidencia que la actividad responde a incentivos económicos racionales en un contexto de limitadas oportunidades laborales formales. Las multas de 300 a 1,000 dólares representan entre el 60% y el 200% del ingreso mensual estimado, estableciendo un costo-beneficio que podría resultar disuasivo.
Sin embargo, la efectividad de la medida depende crucialmente de su aplicación consistente por parte de los jueces de paz. La liberación masiva de detenidos que denunció Mizrachi sugiere resistencia o descoordinación en el sistema judicial. Esta situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad política de la medida.
La dimensión mediática de la estrategia es innegable. Mizrachi ha logrado posicionar el tema en la agenda pública, generando debate sobre la efectividad del Estado y la calidad de los servicios públicos. Su indignación pública funciona como una forma de accountability ciudadano que presiona a otras instituciones para cumplir con sus responsabilidades.
La verdadera prueba de la política será su implementación a mediano plazo. Si los operativos continúan resultando en liberaciones masivas, Mizrachi deberá evolucionar su estrategia o enfrentar el riesgo de que su narrativa de eficiencia se desvanezca ante la realidad institucional.
¿Qué piensa realmente la ciudadanía sobre esta controversia?
La percepción ciudadana sobre los «bien cuidao» refleja la complejidad de un fenómeno que opera en la intersección entre necesidad económica, inseguridad urbana y deficiencia estatal. Para muchos conductores, estos vigilantes informales proporcionan un servicio real en contextos donde la seguridad pública es insuficiente. Para otros, representan una forma de extorsión menor que agrega costos y tensiones a la experiencia urbana cotidiana.
El incremento de la criminalidad urbana, con 581 homicidios en 2024, crea un contexto de ansiedad ciudadana que favorece políticas de «mano dura» como la implementada por Mizrachi. La concentración del 75% de los homicidios en las provincias de Panamá y Colón evidencia que la capital vive una crisis de seguridad que influye en la percepción sobre cualquier forma de informalidad urbana.
La ciudadanía panameña enfrenta una paradoja: demanda mayor presencia estatal pero simultáneamente desarrolla mecanismos informales de autoprotección. Los «bien cuidao» ocupan este espacio ambiguo, proporcionando seguridad percibida a cambio de pagos voluntarios que gradualmente se vuelven obligatorios.
La narrativa de Mizrachi resuena con sectores urbanos educados que interpretan la informalidad como síntoma de atraso y ineficiencia estatal. Sin embargo, sectores populares podrían percibir las medidas como criminalización de la supervivencia económica en un contexto de limitadas oportunidades laborales.
¿Qué resultados se esperan a corto y mediano plazo?
La efectividad de la política municipal dependerá de variables que trascienden el control directo de Mizrachi. En el corto plazo, se observará si la coordinación entre alcaldía y jueces de paz mejora o si la fractura institucional se profundiza. La presión mediática generada por el alcalde podría forzar una respuesta del sistema judicial, pero también podría generar resistencias corporativas.
A mediano plazo, la sostenibilidad de la medida requerirá abordar las causas estructurales que alimentan la informalidad urbana. Sin alternativas laborales legítimas, la represión de los «bien cuidao» podría simplemente desplazar el problema hacia otras formas de economía informal o hacia otras áreas geográficas.
El precedente de Blandón en el Casco Antiguo sugiere que las medidas punitivas exclusivas tienen limitaciones estructurales. La efectividad a largo plazo podría requerir una combinación de sanción, rehabilitación y creación de oportunidades económicas alternativas.
La dimensión política del conflicto también evolucionará. Si Mizrachi logra demostrar resultados tangibles, su narrativa de eficiencia se fortalecerá y podría expandirse hacia otros temas de gestión municipal. Si fracasa, enfrentará cuestionamientos sobre la viabilidad de su modelo de gestión empresarial aplicado al sector público.
¿Este conflicto revela algo más profundo sobre el Estado panameño?
La guerra de Mizrachi contra los «bien cuidao» trasciende la gestión urbana y expone las contradicciones estructurales de un Estado que oscila entre la modernización institucional y la perpetuación de prácticas clientelistas. La fractura entre el poder ejecutivo local y el judicial refleja la fragmentación de un sistema político que no logra coordinar sus propias instituciones.
El fenómeno evidencia también la erosión de la legitimidad estatal en espacios urbanos donde la ciudadanía desarrolla mecanismos informales de autogestión. Los «bien cuidao» ocupan un vacío dejado por la insuficiencia de políticas públicas de seguridad y ordenamiento urbano. Su persistencia revela la incapacidad del Estado para satisfacer demandas ciudadanas básicas.
La respuesta de Mizrachi, centrada en la sanción punitiva, refleja una tendencia global hacia el populismo penal que privilegia la visibilidad mediática sobre la efectividad estructural. Esta aproximación genera satisfacción inmediata en sectores ciudadanos frustrados pero no necesariamente resuelve problemas de fondo.
El conflicto también expone las tensiones entre diferentes modelos de gestión pública: el enfoque social-integrativo de Blandón versus el enfoque empresarial-punitivo de Mizrachi. Esta evolución refleja cambios más amplios en la cultura política panameña, donde las demandas de eficiencia y resultados ganan terreno sobre las consideraciones de inclusión social.
La pregunta que permanece
¿Puede un alcalde empresario transformar las estructuras de un Estado fragmentado, o terminará siendo absorbido por las mismas dinámicas que busca cambiar? La respuesta determinará no solo el futuro de los «bien cuidao», sino el modelo de gestión pública que prevalecerá en la Panamá urbana de las próximas décadas. La verdadera medida del éxito no será la eliminación de vigilantes informales, sino la construcción de instituciones capaces de coordinar sus decisiones y ejecutar políticas coherentes que respondan tanto a las demandas de orden como a las necesidades de inclusión social.
