El nuevo aumento de precios expone las debilidades estructurales del sistema energético nacional y la ausencia de mecanismos de protección al consumidor
El viernes 27 de junio, los panameños se enfrentarán a un nuevo golpe en sus bolsillos cuando los precios de los combustibles registrarán un alza significativa. Según el anuncio de la Secretaría Nacional de Energía, los precios máximos por litro quedaron establecidos en $0.94 para la gasolina de 95 octanos, $0.88 para la de 91 octanos y $0.84 para el diésel.
Las autoridades atribuyen este incremento exclusivamente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, particularmente los riesgos asociados al estrecho de Ormuz, que han presionado al alza los precios del crudo a nivel internacional. Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta explicación, aunque parcialmente válida, oculta problemas estructurales más complejos en la gestión energética del país.
La narrativa oficial bajo escrutinio
La versión gubernamental de «culpa externa» plantea interrogantes sobre la capacidad real del Estado panameño para proteger a sus ciudadanos de la volatilidad internacional. Mientras países con economías similares han desarrollado mecanismos de amortiguamiento como fondos de estabilización petrolera, reservas estratégicas y contratos con precios fijos, Panamá carece de estas herramientas básicas de protección económica.
Un dato revelador surge al examinar el comportamiento reciente de los precios: durante los días 23 y 24 de junio, cuando los precios internacionales experimentaron una reducción, esta disminución solo se trasladó parcialmente al consumidor final. En contraste, los aumentos se aplican de manera inmediata y completa, evidenciando un sistema que favorece la transmisión de costos pero no de beneficios.
Falta de transparencia en la cadena de precios
Uno de los aspectos más problemáticos del actual esquema es la opacidad en la estructura de costos. Los consumidores desconocen qué porcentaje del precio final corresponde a impuestos gubernamentales, márgenes de importadores, costos de transporte y ganancias de distribuidores.
Esta falta de transparencia impide evaluar si existen espacios para alivios fiscales temporales o si los márgenes de intermediarios son excesivos durante períodos de crisis. La publicación periódica de estos desgloses, práctica común en otros países de la región, permitiría identificar oportunidades de mitigación del impacto en los hogares panameños.
Responsabilidades compartidas
El análisis de esta crisis señala responsabilidades en múltiples niveles. La Secretaría Nacional de Energía y el Ministerio de Economía y Finanzas debieron anticipar esta volatilidad asociada al conflicto geopolítico y preparar instrumentos para atenuar su impacto. La planificación energética no puede depender únicamente de variables externas sin considerar mecanismos internos de estabilización.
Por su parte, las empresas importadoras y distribuidoras han mostrado una asimetría preocupante: se benefician de las reducciones internacionales sin trasladarlas proporcionalmente, pero aplican los aumentos de manera automática. Esta dinámica sugiere la necesidad de una regulación más efectiva que equilibre los intereses comerciales con la protección del consumidor.
Los órganos reguladores también enfrentan cuestionamientos por haber diseñado un sistema donde los ajustes al alza operan automáticamente, mientras que las reducciones requieren procesos más complejos y lentos.
Alternativas viables no implementadas
La experiencia internacional ofrece múltiples ejemplos de políticas que Panamá podría adoptar para reducir su vulnerabilidad a estos choques externos. Un fondo de estabilización petrolera permitiría acumular recursos durante períodos de precios bajos para utilizarlos como subsidio temporal cuando los costos se disparen.
La negociación de contratos a largo plazo con proveedores internacionales o el uso de instrumentos financieros como futuros y swaps podrían ofrecer mayor predictibilidad en los costos de importación. Estos mecanismos, ampliamente utilizados por países exportadores e importadores de petróleo, brindan protección contra la volatilidad extrema.
Adicionalmente, una política más agresiva de promoción de alternativas energéticas, incluyendo incentivos para el transporte público, vehículos eléctricos y biocombustibles, reduciría la dependencia nacional de los combustibles fósiles importados.
El costo social de la inacción
Más allá de los aspectos técnicos, este aumento representa un golpe directo al poder adquisitivo de las familias panameñas, especialmente aquellas de menores ingresos que destinan una proporción mayor de su presupuesto al transporte y bienes básicos cuyo precio se ve afectado por el costo del combustible.
El impacto se extiende también al sector productivo, donde el aumento en los costos de transporte y logística presionará inevitablemente los precios de bienes y servicios, alimentando presiones inflacionarias que erosionan el salario real de los trabajadores.
Hacia una política energética integral
La crisis actual expone la urgente necesidad de desarrollar una política energética más sofisticada y resiliente. Esto implica no solo la creación de mecanismos financieros de estabilización, sino también la diversificación de la matriz energética nacional y la implementación de sistemas de transparencia que permitan a los ciudadanos comprender y evaluar las decisiones gubernamentales en esta materia.
La adopción de estas medidas requiere voluntad política y visión de largo plazo, elementos que hasta ahora han estado ausentes en el manejo de la política energética nacional. Sin estos cambios estructurales, los panameños seguirán siendo rehenes de la volatilidad internacional, pagando el costo de una planificación gubernamental deficiente.
La pregunta fundamental no es si habrá futuras crisis geopolíticas que afecten los precios del petróleo, sino si Panamá estará mejor preparado para proteger a sus ciudadanos cuando estas ocurran. La respuesta dependerá de las decisiones que se tomen hoy para construir un sistema energético más resiliente y equitativo.
