El mensaje del contralor busca legitimar dos acciones jurídicas (demanda de inconstitucionalidad del contrato con Panama Ports Corporation y demanda de nulidad de la prórroga) apoyándose en un informe de auditoría entregado el 7 de abril. La narrativa apela a la defensa del interés nacional, denuncia un contrato “leonino” y sugiere operaciones “multimillonarias” en el exterior que no incluirían a Panamá. Aunque el encuadre patriótico es eficaz para movilizar apoyo, la comunicación exhibe vacíos de precisión (montos, hechos verificables, estatus de “rumores”), desorden en la vocería y riesgos de sobreexpectativa.
Objetivo comunicacional y públicos
Objetivo principal: construir legitimidad social y política para las acciones legales, presionando a la Corte Suprema y al Ministerio Público mediante un encuadre de “defensa del patrimonio nacional”.
Públicos clave:
- Ciudadanía y opinión pública (movilización/legitimación).
- Corte Suprema de Justicia (marco de interés público).
- Ministerio Público (celeridad e imputabilidad).
- Actores económicos y portuarios (señal de escrutinio y eventual renegociación).
- Actores internacionales (disuasión de transacciones externas).
Mensajes clave (explícitos e implícitos)
- Explícitos:
- Hubo “muchísimas irregularidades” y un contrato “leonino” y “abusivo”.
- La prórroga careció de “refrendo” exigido por ley; se solicita nulidad e inconstitucionalidad.
- El 7 de abril se remitió auditoría al Ministerio Público.
- Existen “transacciones multimillonarias” sobre los puertos fuera de Panamá.
- Implícitos:
- Exfuncionarios y directivos públicos habrían actuado “fuera de ley”.
- Se sugiere que terceros (posible actor chino) gestionan activos “que son de los panameños”.
- El contralor se posiciona como guardián del interés nacional y espera respaldo público.
Fallas de lógica y falacias detectadas
- Apelación a la mayoría / “todo el mundo sabe”: usar que “está en todos los medios” como prueba sustituye evidencia por notoriedad.
- Ad verecundiam / autoridad mediática: “no son rumores porque están en medios internacionales” confunde cobertura con verificación documental.
- Ambigüedad y vaguedad: “transacciones multimillonarias en diferentes latitudes” sin detalles verificables (quién, qué, cuándo, condiciones).
- Petición de principio: se afirma “contrato leonino” como premisa y conclusión, sin exposición de cláusulas específicas que lo demuestren.
- Generalización apresurada: “malos panameños permitieron…” atribuye intención sin presentar el hilo probatorio; abre flanco de litigio reputacional.
- Non sequitur: afirmar que “no atañe a Panamá” lo relativo a operaciones privadas en el exterior, pero usarlo para justificar acciones locales, introduce disonancia.
- Inconsistencias numéricas: se mencionan “más de 13 millones” sin desglose; más adelante, “perjuicios por encima de 100…” con cifra ininteligible en la transcripción. Falta rigor cuantitativo.
- Desorden de vocería y precisión: confusión entre contralor/procurador en preguntas y respuestas, y errores de denominación de puertos (“Corosal / Cristóbal”), erosionan autoridad técnica del mensaje.
Expectativas creadas y gestión de expectativas
- Expectativa alta: “esperemos sean admitidas prontamente” sugiere resultados rápidos en procesos que suelen ser largos.
- Riesgo: si la admisión o fallo no llegan en el corto plazo, brecha de credibilidad.
- Gestión recomendada: introducir marcos temporales realistas, explicar etapas (admisión, medidas cautelares, sustanciación, fallo) y reiterar independencia judicial.
Importancia estratégica del mensaje
- Soberanía y gobernanza de activos estratégicos (puertos Balboa y Cristóbal).
- Rendición de cuentas: auditoría remitida el 7 de abril activa agenda anticorrupción.
- Señal a mercados e inversionistas: revisión de concesiones puede reconfigurar reglas de juego.
- Política exterior: alusiones a operaciones “en el exterior” requieren cuidado diplomático.
Costo político y riesgos
- Si la Corte no admite o niega: desgaste del capital político del contralor y del discurso anticorrupción.
- Judicialización de la comunicación: declaraciones valorativas (“malos panameños”) pueden usarse en contra en procesos.
- Relación con sector privado e inversión: percepción de inseguridad jurídica si no se diferencia con claridad entre auditoría, legalidad y política pública.
- Diplomático: referencias a actores extranjeros, sin sustento documentado públicamente, pueden tensar relaciones.
Escenarios (con implicaciones y líneas de mensaje)
A. Admisión y fallo favorable (nulidad/inconstitucionalidad parcial o total)
- Implicación: refuerzo de legitimidad institucional; oportunidad de rediseñar la relación contractual.
- Mensaje: énfasis en Estado de Derecho, transparencia del rediseño y continuidad operativa de los puertos.
B. Admisión y fallo adverso / denegatoria
- Implicación: costo reputacional; oposición cuestionará solidez técnica.
- Mensaje: respeto a la independencia judicial, ajustes basados en hallazgos de auditoría, vías administrativas y de control remanentes.
C. Admisión con medidas cautelares limitadas / proceso dilatado
- Implicación: incertidumbre prolongada.
- Mensaje: calendario de reportes periódicos, mesa técnica abierta y publicación de avances verificables.
D. Negociación/renegociación inducida por presión pública
- Implicación: oportunidad de mejoras contractuales.
- Mensaje: “mejores condiciones para Panamá” con transparencia en cláusulas, inversiones y tarifas.
E. Avance de transacciones en el exterior sin involucrar a Panamá
- Implicación: especulación mediática y riesgo de narrativa de “pérdida de control”.
- Mensaje: aclarar límites jurídicos de terceros sobre activos estatales; ruta legal y diplomática concreta.
F. Contranarrativa de la empresa/actores políticos
- Implicación: disputa de percepciones.
- Mensaje: datos, anexos del informe, cronología y citas normativas; evitar adjetivación.
Recomendaciones de comunicación (operativas y de contenido)
1. Evidencia y precisión
- Publicar resumen ejecutivo del informe de auditoría con: metodología, hallazgos, cifras conciliadas (p. ej., “USD 13,4 millones en X concepto”), y anexos de soporte.
- Citar artículos y numerales (Ley de Puertos, régimen de refrendo) que fundamentan la nulidad, y fechas (presentación a MP el 7 de abril).
- Crear línea de tiempo del contrato, adendas, refrendos y oficios.
2. Lenguaje y tono
- Sustituir calificativos (“leonino”, “malos panameños”) por descripciones técnicas (“desequilibrio económico significativo”, “incumplimiento de la obligación de refrendo”).
- Evitar “no son rumores porque salen en medios”. Reemplazar por: “existen reportes públicos; Panamá requerirá formalmente información a las autoridades competentes”.
3. Vocería disciplinada
- Designar único vocero técnico-jurídico de apoyo al contralor para detalles legales.
- Preparar Q&A exhaustivo (30–40 preguntas) incluyendo: marco legal, cifras, impacto operativo, tiempos procesales, relación con inversionistas, continuidad de servicios.
- Ensayar mensajes puente para reconducir preguntas a lo estrictamente verificable.
4. Coordinación interinstitucional
- Alinear mensajes con Ministerio Público, AMP, Cancillería (por aristas internacionales) y MEF (impacto fiscal).
- Establecer mesa de crisis con reuniones de seguimiento y minutas públicas cada 15 días.
5. Gestión de expectativas
- Explicar etapas judiciales y horizontes temporales probables; comprometer boletines quincenales con avances.
- Señalar que la operación portuaria no se interrumpe y que el interés público es la continuidad con mejores salvaguardas.
6. Relación con medios y stakeholders
- Difundir fichas técnicas para prensa y líderes de opinión.
- Briefings off-the-record para editores económicos y corresponsales internacionales, con documentación.
- Contacto proactivo con cámaras empresariales y navieras para explicar alcances y límites de la acción.
7. Riesgos legales y de reputación
- Evitar imputaciones personales ex ante; usar “presuntas irregularidades” y remitir a órganos competentes.
- Revisar cada intervención con filtro jurídico (sub judice) para no contaminar procesos.
- Preparar plan de respuesta ante cartas públicas de la empresa o amenazas de arbitraje.
8. Métricas de comunicación (KPI)
- Exactitud percibida (encuestas rápidas), share of voice cualitativo, ratio de notas con datos del informe vs. notas de opinión, tiempo de respuesta a desinformación (<6 h), y engagement de materiales técnicos.
Sugerencias especiales (alto impacto)
- Publicar hoy mismo un “data pack” de 2–3 páginas con: cifras validadas, citas legales, cronología y un glosario (refrendo, adenda, nulidad, inconstitucionalidad).
- Brief jurídico visual: una lámina con el mapa de ruta procesal (admisión ? medidas ? sustanciación ? fallo) y tiempos estimados.
- Mensaje de continuidad operativa: destacar que la acción no paraliza servicios portuarios ni afecta cadenas logísticas.
- Protocolo ante notas internacionales: si se alude a operaciones con terceros países, canalizar por Cancillería y usar lenguaje condicional hasta tener documentos.
- Repositorio público (sitio o micrositio) con el informe (versionado), anexos, comunicados, cronología y preguntas frecuentes.
- Guía de “lo que no diremos”: prohibir “rumores”, adjetivos personales y cifras no auditadas; todo número debe tener fuente y fecha.
Líneas de mensaje sugeridas (plantillas)
- Marco institucional: “El 7 de abril remitimos al Ministerio Público el informe de auditoría. Hoy presentamos acciones para que la justicia revise la legalidad de la prórroga y del esquema contractual, conforme a [artículo X, Ley Y].”
- Datos, no adjetivos: “Identificamos incumplimientos en [cláusula/obligación]. El monto preliminar asociado es de USD [X], según anexo [N], pendiente de validación judicial.”
- Relación con terceros: “Frente a reportes públicos sobre operaciones en el exterior, solicitaremos información a las autoridades competentes. Los activos portuarios del Estado se rigen por la ley panameña.”
- Expectativas: “Los procesos judiciales toman tiempo. Informaremos avances cada 15 días. La operación portuaria continúa normalmente.”
- Cierre: “Nuestro objetivo es restablecer equilibrio contractual y salvaguardas para el interés público, con transparencia y apego a derecho.”
El encuadre patriótico dota al mensaje de potencia simbólica, pero la falta de precisión verificable, el abuso de adjetivos y la gestión débil de expectativas generan vulnerabilidades comunicacionales y legales. Si se corrigen con datos, citación normativa, disciplina de vocería y coordinación interinstitucional, el discurso puede sostener la agenda legal sin erosionar confianza pública ni clima de inversión.
Si deseas, puedo convertir este análisis en un kit de prensa y Q&A listo para distribuir (con fichas técnicas, cronograma, y talking points) y un micrositio de transparencia con el “data pack” y el mapa de ruta procesal.
Transcripción de la Conferencia de Prensa
Palabras del Contralor Anel Flores:
Por nulidad referente a los contratos con Panama Ports Corporation.
Como es sabido, la Contraloría, el 7 de abril, entregó el informe de auditoría que se efectuó a esa empresa y encontramos muchísimas irregularidades. Además, no solamente era un contrato malo, sino que era leonino, abusivo contra los intereses del país. El deber de esta Contraloría es defender los dineros de los panameños y siempre estar a la defensa de los mejores intereses nacionales.
Es por ello que hoy nos referimos directamente a la Corte Suprema, apelando como Estado panameño y como contralor, en estas dos demandas que han sido presentadas en el día de hoy. Esperemos sean admitidas prontamente y tengamos los resultados que necesita el país y que está esperando la ciudadanía.
En ese mismo tenor, me preguntarán cuál es el tema y por qué. Bueno, creo que todo el mundo sabe que ha habido publicaciones a nivel internacional donde se habla de transacciones pendientes sobre los puertos de Panama Ports, que hoy día representan Balboa y Cristóbal. Está claro que se habla de transacciones multimillonarias en diferentes latitudes que no incluyen a la República de Panamá, que es la real dueña de los puertos panameños.
Por ello hemos tomado las acciones que hemos tomado, porque los panameños no estamos de acuerdo ni complacidos con lo que ha vivido Panamá en los últimos veintitantos años con la relación con Panama Ports. Hemos sido muy claros en manifestar los grandes perjuicios que trajo esa relación a la República de Panamá, en detrimento de todos los panameños y de los dineros del pueblo panameño.
Por ello hemos tomado decisiones como baluartes de mantener y preservar los mejores intereses del país, sus haberes, sus activos y, principalmente, es un interés público que el panameño tenga sus dineros resguardados y que alguien vele por esos intereses de todos nosotros. Gracias, estoy aquí para cualquier pregunta.
Muchas gracias, señor contralor. Se mantiene en el pódium para responder a los medios de comunicación. Iniciaremos con el periodo de preguntas y respuestas. Les solicitamos dar su nombre y el medio que representan. Será una pregunta por medio. Agradecemos realizar las preguntas correspondientes al tema de la conferencia.
Sesión de preguntas y respuestas
—¿Se quiere que se investigue en qué periodo?
La demanda de inconstitucionalidad es sobre el contrato de PPC y la nulidad exclusivamente sobre la prórroga que se dio al final del año del gobierno anterior, principalmente porque esa adenda o extensión no contó con el refrendo de la Contraloría, como lo mandata la Ley de Puertos y la Ley de esta Contraloría. Ellos requerían un refrendo final de esa adenda y nunca se dio. Por ello, esta es una de las causales por las que estamos buscando la nulidad y la inconstitucionalidad también.
—¿La demanda es contra algunas personas o directivos?
Esto es un tema exclusivamente contra el contrato en sí de Panama Ports y, específicamente, sobre la extensión que se dio, como ya mencioné, sin ningún refrendo y sin cumplir con todos los trámites necesarios establecidos en la ley. Estamos pidiendo la nulidad de esa extensión porque la consideramos totalmente fuera de la ley.
—¿Cómo procedería entonces y cómo afectaría esto a las compras o transacciones de las que habló antes?
Eso no es un tema que le atañe a Panamá. Lo que sí le atañe a Panamá es que los puertos son nuestros, son de la República de Panamá, por ende de los panameños, y no me parece correcto que en otras latitudes haya personas negociando el futuro sobre bienes que son de nosotros los panameños.
—¿Esto se debe a rumores de una posible compra o transacción que involucra a China?
En efecto, todo esto es lo que estoy mencionando. En otras latitudes hay gente gestionando, vendiendo, transaccionando, y el objeto de todo son los puertos que son de los panameños. Nosotros somos parte integral porque los puertos son de Panamá.
—¿Estos rumores que se escuchan en el exterior se los habían comunicado previamente?
Yo creo que no son rumores. Obviamente no lo son, esto es un tema que está en todos los medios internacionales. También se ha publicado en casi todos los medios locales.
—¿Ustedes sabían de estas transacciones?
Sabemos lo que todo el mundo sabe: las noticias que hemos leído en medios internacionales y reproducidas por algunos medios locales.
—Si estamos hablando de millones de dólares, ¿de qué montos estamos hablando?
Ese tema ya lo tiene el Ministerio Público hace varios meses. El 7 de abril aproximadamente se presentó. Ellos tendrán que hacer las evaluaciones. Hablamos de un contrato leonino, un contrato donde malos panameños permitieron que más de 13 millones no entraran a las arcas nacionales. Esa gente vio para otro lado y no puso atención a lo que tenían que hacer: cuidar los bienes de todos los panameños.
Entre los hallazgos hay perjuicios que han dejado de pagar los señores de Panama Ports. Hay incumplimientos de todo tipo en las inversiones que debían hacer y un sinnúmero de irregularidades que están detalladas en el informe de auditoría. Esperamos que el procurador de la Nación haga su trabajo como lo estamos haciendo nosotros.
En efecto, allí se mencionan personas. Hay una junta directiva de la AMP que aprobó esta extensión, hay gente involucrada a nivel ministerial, el antiguo director de la AMP, que autorizaron fuera de ley una extensión de un contrato leonino para la República de Panamá. El procurador tendrá suficiente tiempo para determinar quiénes son todas esas personas, pues todas son nombradas y la junta directiva de esa época es pública.
—Sobre el tema de juntas comunales, ¿cómo siguen esas investigaciones?
Ese es un proceso que está en desarrollo. No tengo la libertad de dar nombres, pero sí tenemos buenas noticias: hay 13 juntas comunales que hemos terminado de auditar y salieron en cero, es decir, que salieron bien. Gente honesta que trabajó por el Estado y sirvió al país con honestidad. Esos nombres los vamos a anunciar pronto porque no todo el mundo cometió errores.
Estamos en un proceso paulatino. Hay 72 juntas comunales en esta primera fase, de las cuales ya se han entregado aproximadamente 20. Al final, estamos hablando de 700 juntas comunales a nivel nacional. Nos va a tomar tiempo. En esta primera fase hablamos de perjuicios por encima de 100 millones, pero esos procesos siguen y se están entregando en la medida de nuestras capacidades.
Ojalá tuviésemos un número mayor de auditores para atender tantas necesidades que tiene el país de saber y esclarecer la verdad. Con el personal que tenemos, hacemos un esfuerzo muy grande y espero que el Ministerio Público haga lo suyo.
Damos por finalizada la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos.
