Un fondo de retiro que garantiza a los magistrados panameños el 100% de su último salario devengado ha desatado una tormenta de indignación ciudadana en un momento crítico para las finanzas del país. La medida, aprobada en silencio y publicada más de un año después de su adopción, expone las profundas desigualdades del sistema previsional y plantea interrogantes fundamentales sobre la independencia judicial y el privilegio institucional.
La fórmula del privilegio
El Acuerdo N° 407, firmado el 18 de julio de 2024 por el pleno de la Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia de María Eugenia López, pero publicado recién el 8 de agosto de 2025, establece un sistema de compensación que beneficiará inicialmente a 133 funcionarios judiciales de un total de 519, equivalente al 26% del personal en edad de jubilación.
La arquitectura del fondo revela una jerarquía de privilegios: los magistrados de la Corte Suprema recibirán el 100% de su último salario devengado -actualmente $14,000 mensuales tras el aumento aprobado en enero de 2024-, mientras que los magistrados de Tribunales Superiores obtendrán el 60%, los jueces de circuito el 50%, y los jueces municipales el 40%. Todo esto adicional a la pensión que ya otorga la Caja de Seguro Social (CSS).
El mecanismo financiero es directo: la CSS cubrirá hasta el límite legal de las pensiones, y el Órgano Judicial asumirá la diferencia con fondos públicos para completar los porcentajes establecidos. El impacto presupuestario declarado es del 0.26% del presupuesto institucional, una cifra que contrasta con la magnitud del beneficio otorgado.
Un país en crisis fiscal
La decisión llega en un momento de severa restricción presupuestaria para Panamá. El país enfrenta una deuda pública que casi se duplicó entre 2019 y 2024, pasando de $26,612 millones a $51,812 millones, mientras el pago de intereses creció un 152% hasta alcanzar $3,192 millones.
El presupuesto para 2026, el más alto de la historia con $34,901 millones, refleja la rigidez del gasto público y las obligaciones ineludibles del Estado. Los analistas de Barclays proyectan déficits fiscales del 5% del PIB para 2025 y 4.4% para 2026, por encima de las metas gubernamentales.
Esta situación contrasta dramáticamente con las condiciones de vida de gran parte de la población. El país registra altos niveles de desempleo, y comunidades como las de Bocas del Toro han sufrido pérdidas masivas de empleo. Mientras tanto, más de 5,000 casos de incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias se han registrado en solo ocho meses, reflejando las dificultades económicas de las familias panameñas.
La arquitectura de la indignación
El secretismo que rodeó la aprobación del acuerdo ha intensificado las críticas. El documento estuvo reservado durante 386 días antes de su publicación en la Gaceta Oficial, generando sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás del timing de la revelación.
El constitucionalista y diputado Ernesto Cedeño ha calificado la medida como «abiertamente inconstitucional», argumentando que el artículo 163, numeral 3, de la Constitución establece que todo lo relacionado con jubilaciones debe regularse por ley, no por acuerdos internos de las instituciones. «No le es dable a los diputados avalar un centavo para una jubilación especial de esta magnitud sin que exista una ley que lo respalde», enfatizó.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) manifestó su «enérgico rechazo» al acuerdo, calificándolo como «imprudente, inoportuno y éticamente cuestionable». La organización señaló que mientras miles de panameños luchan por cubrir sus necesidades básicas, aprobar un beneficio de tal magnitud «envía un mensaje preocupante: que el sufrimiento ciudadano no es prioridad para la justicia».
El contexto internacional: un privilegio sin par
Un análisis comparativo con sistemas judiciales iberoamericanos revela la excepcionalidad del privilegio panameño. En España, los magistrados del Tribunal Supremo reciben una pensión máxima de €45,746 anuales (aproximadamente $53,097), lo que significa que la jubilación panameña es 3.16 veces superior.
En Argentina, los magistrados de la Corte Suprema reciben el 100% de su remuneración, que asciende a $6,026 mensuales, haciendo que la pensión panameña sea 2.32 veces mayor. En México, los «ministros» reciben el 100% durante los primeros dos años y luego el 80%, con remuneraciones de $11,085 mensuales, situando a Panamá como 1.26 veces superior en el primer período.
Particularmente revelador es que en Chile y Colombia, sistemas considerados referentes en la región, no existe una pensión judicial diferenciada de la ordinaria, dependiendo del sistema de capitalización individual.
La historia de los privilegios perdidos y recuperados
El fondo de retiro judicial representa una restauración parcial de privilegios que fueron eliminados con la Ley 8 de 1997, que creó el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) y derogó las jubilaciones especiales para funcionarios del Órgano Judicial y el Ministerio Público, manteniendo únicamente las de la Fuerza Pública.
El SIACAP, que ha administrado más de $2,000 millones en 20 años con rentabilidades consistentes, fue diseñado precisamente para eliminar los regímenes especiales y crear un sistema uniforme para el sector público. La decisión de los magistrados representa, en esencia, una reversión unilateral de esa política pública.
El efecto cascada del privilegio
La decisión judicial ya muestra signos de generar el temido «efecto cascada». Como señaló el economista Felipe Argote, «luego serán los diputados los que se aprueben jubilaciones del 100%, tenlo por seguro, y luego serán los ministros y los sindicatos». El Tribunal Electoral ya ha copiado el salario de $14,000 mensuales de los magistrados, y se especula que también replicará el modelo de jubilación.
El Contralor General Anel Bolo Flores anunció que demandará la resolución y calificó la medida de «juega vivo», expresando su decepción por «la falta de conciencia» y criticando especialmente «el secretismo, la sorpresa». Sin embargo, reconoció la problemática de que las demandas de inconstitucionalidad llegarán precisamente a quienes aprobaron la medida.
Una sociedad en el límite de la tolerancia
La percepción de corrupción en Panamá ha empeorado consistentemente, descendiendo de la posición 35 a la 33 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, con una puntuación de apenas 33/100. Olga de Obaldía, directora del capítulo panameño de Transparencia Internacional, advirtió que la resolución sobre las jubilaciones «pone en riesgo la democracia, fomenta polarización, crea inestabilidad social y abre la puerta al autoritarismo».
La medida se percibe como particularmente insultante cuando se contrasta con la situación de otros sectores. Mientras los magistrados se aseguran pensiones de $14,000 mensuales, las reformas recientes a la CSS elevarán la edad de jubilación a 60 años para mujeres y 65 para hombres, con pensiones que apenas alcanzarán el 60% de los últimos salarios para la mayoría de trabajadores.
La justificación que no convence
Los magistrados fundamentan su decisión en el artículo 208 de la Constitución, que prohíbe a jueces y magistrados ejercer otras actividades remuneradas excepto la docencia universitaria en derecho. También citan el Protocolo Iberoamericano sobre Independencia y Responsabilidad Judicial de 2021, que destaca la importancia de garantizar condiciones laborales adecuadas.
Sin embargo, estos argumentos palidecen ante la realidad de que los magistrados panameños ya perciben salarios que superan significativamente a sus pares regionales. El salario de $14,000 mensuales los coloca entre los jueces mejor remunerados de América Latina, antes incluso de considerar este nuevo beneficio jubilatorio.
El futuro incierto de la medida
Diversos sectores han anunciado acciones legales contra el acuerdo. El jurista Carlos Barsallo enumera las posibles vías: acción de inconstitucionalidad por violación de los artículos 19, 153 y 214, demanda contencioso-administrativa ante la Sala Tercera, criterio técnico negativo del Ministerio de Economía y Finanzas, e instrucción de la Contraloría para no refrendar pagos sin sustento legal.
La efectividad de estas acciones es incierta, considerando que las demandas de inconstitucionalidad serán conocidas por los mismos magistrados que aprobaron el beneficio. Esta paradoja institucional expone una debilidad fundamental del sistema de checks and balances en el ordenamiento panameño.
Reflexiones sobre el poder y la democracia
El fondo de retiro judicial trasciende la cuestión económica para convertirse en un símbolo de todo lo que está mal en la relación entre las élites estatales y la ciudadanía. Representa la capacidad de las instituciones para autobeneficiarse mientras predican austeridad al resto de la sociedad.
La decisión judicial también plantea interrogantes profundos sobre la verdadera naturaleza de la independencia judicial. ¿Se fortalece la independencia con mayores beneficios económicos, o se compromete cuando estos beneficios generan tal rechazo social que erosionan la legitimidad del poder judicial?
La respuesta a esta pregunta definirá no solo el futuro del fondo de retiro, sino el destino de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas de Panamá. En un país donde la percepción de corrupción crece y la desigualdad se profundiza, cada decisión que amplíe la brecha entre gobernantes y gobernados representa un paso hacia un precipicio político del que puede ser muy difícil regresar.
La historia juzgará si los magistrados panameños eligieron la independencia judicial o simplemente el privilegio personal. Por el momento, la respuesta parece dolorosamente clara para una ciudadanía que observa con indignación creciente cómo la justicia, literalmente, se hace cargo de sí misma.
