El empresario Buddy Attie D’Jamous y el exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fueron aprehendidos la mañana del miércoles 27 de agosto de 2025 y trasladados —custodiados y esposados— a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón. El Ministerio Público informó que se trata de la “Operación Mercurio”, en la que han sido aprehendidas cuatro personas —dos exfuncionarios y dos particulares— por presuntos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita, ligados a irregularidades en la plataforma estatal de pagos “LISTO” durante el periodo de la pandemia. La actuación ocurre en un área sensible: la gestión digital de subsidios y becas con fondos públicos. Su desenlace impactará la confianza ciudadana en el Estado digital, la integridad de los programas sociales y el estándar de rendición de cuentas en procesos tecnológicos financiados con dinero público.
Contexto
Luis Oliva dirigió la AIG durante la expansión acelerada de trámites y billeteras digitales implementadas por el Estado panameño. Entre esos desarrollos estuvo la plataforma LISTO —descrita oficialmente como la “Plataforma Integradora de Medios de Pago del Estado”— concebida para validar y facilitar desembolsos como el Vale Digital y becas del IFARHU, integrando autenticación y pagos con cédula, PIN o códigos QR. La AIG sostuvo que LISTO debía ser “inalterable y segura”, de acuerdo con su guía técnica. En 2023 y 2024, distintas notas periodísticas y comunicados registraron intermitencias, “mantenimientos” y posteriores mejoras en Listo Wallet, el front-end de usuario.
Este miércoles, la Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron diligencias de allanamiento en varios puntos de la capital. Versiones públicas refieren dos denominaciones operativas —“Espejo de Cristal” y “Mercurio”— y ubican detenciones en residencias de Punta Pacífica y Parque Lefevre, con posteriores conducciones a la sede de la DIJ. Medios y perfiles oficiales describen que, además de Oliva y Attie, hay otras personas aprehendidas. La Procuraduría, por su parte, ancló su comunicación en tipos penales precisos: peculado, corrupción de servidores y asociación ilícita. La Prensa reportó específicamente la llegada de ambos a la DIJ “custodiados y esposados”.
La conexión con LISTO es relevante porque esta plataforma canalizó pagos masivos a población vulnerable y a estudiantes —Vale Digital y Pase-U— en la pospandemia. El señalamiento público de que la investigación abarca “la gestión de la plataforma LISTO” refuerza que no se trata de un caso aislado, sino de un posible esquema con proveedores tecnológicos y validaciones en cadena. En paralelo, trabajos de investigación previos habían puesto bajo la lupa acuerdos y prácticas en el ecosistema digital estatal, incluido el relacionamiento con empresas tecnológicas.
Qué significa para Panamá esta acción
Primero, envía una señal de enforcement sobre la gobernanza del Estado digital. El mensaje implícito es que las plataformas tecnológicas no están por encima de los controles de legalidad ni de las auditorías de uso de fondos. La imputación de figuras como peculado y corrupción de servidores —adelantada por el Ministerio Público— sitúa el foco en la administración de recursos públicos en entornos tecnológicos, donde la trazabilidad debería ser mayor, no menor. Si la Fiscalía logra sustentar cargos, el caso podría convertirse en referente para delimitar responsabilidades penales y administrativas de altos mandos, equipos técnicos y terceros contratistas.
Segundo, reubica la conversación pública sobre la “transformación digital” del Estado. Durante años, el discurso oficial destacó eficiencias y ahorros de tiempo y costos. La investigación obliga a discutir estándares de ciberseguridad, pruebas de integridad, certificaciones, segregación de funciones, control de accesos y auditoría continua en “finanzas públicas digitales”. La propia documentación técnica de AIG afirmaba la “inalterabilidad” y seguridad de LISTO; si se demuestran irregularidades, habrá que revisar la brecha entre el diseño normativo/técnico y su implementación real, incluyendo competencias del regulador, de la Contraloría y de auditorías externas.
Tercero, marca un precedente sobre comunicación institucional en casos de alto interés social. Con beneficiarios directos de subsidios y becas, la gestión de información no solo es jurídica, sino social: la ciudadanía quiere saber si hubo afectación material (pagos indebidos, desvíos, sobreprecios), quiénes se beneficiaron y cómo se recuperará lo perdido, de haber perjuicio. En el ecosistema mediático, persiste incluso la dualidad de nombres operativos —“Mercurio” y “Espejo de Cristal”— que exige precisión y coherencia en los partes oficiales para no abrir espacio a confusiones.
Qué espera el panameño
Claridad y orden. En lo inmediato, que el Ministerio Público y la Policía ofrezcan partes regulares, con datos verificables: número de aprehendidos, cargos formulados, bienes aprehendidos —si los hubiera—, y cronograma de audiencia ante juez de garantías. La ciudadanía espera que los nombres de las personas y empresas vinculadas se manejen con el equilibrio necesario: presunción de inocencia, sí; pero transparencia sobre relaciones contractuales, decisiones administrativas y eventuales conflictos de interés. La comunicación debe basarse en documentos —resoluciones, contratos, actas, informes de auditoría— y evitar ambigüedades.
También se espera protección del interés fiscal. Si se confirma daño patrimonial, el país necesita una ruta clara de recuperación de activos: medidas cautelares reales (inmovilización de cuentas, secuestro de bienes), cooperación con bancos y proveedores tecnológicos, y activación de mecanismos de colaboración eficaz que permitan seguir la pista del dinero. El precedente que deje este caso servirá para elevar la vara de due diligence en contrataciones de plataformas de pago, facturación y billeteras digitales donde confluyen datos personales, validación de identidad y flujo de fondos públicos. (Esta expectativa se fundamenta en el tipo de plataforma y los subsidios involucrados, tal como han documentado Telemetro y medios oficiales).
En términos de servicio público, familias beneficiarias de becas y subsidios —IFARHU, Pase-U, Vale Digital— requieren garantías de continuidad y controles reforzados. El historial de “mantenimientos” y ajustes en LISTO mostró la sensibilidad del sistema: fallas generan malestar social inmediato. Comunicar planes de contingencia, auditorías técnicas independientes y pruebas de integridad es parte de la respuesta que la población espera, especialmente si la plataforma continúa operativa o si se decide su sustitución.
Qué podría ocurrir
Audiencias y medidas cautelares. Tras la aprehensión, el paso procesal es la presentación ante un juez de garantías para la legalización de la aprehensión, formulación de imputación y solicitud de medidas cautelares. La Fiscalía podría pedir detención provisional u otras medidas (reportes periódicos, prohibición de salida del país, fianzas), en función de riesgos procesales (peligro de fuga, destrucción de evidencias). La comunicación de esa audiencia será determinante para fijar el relato de hechos, calificación jurídica y primeros elementos de convicción. (Base: tipificación anunciada por el Ministerio Público).
Ampliación del perímetro investigativo. Dado que LISTO integra validación de identidad y pagos a gran escala, es plausible que la investigación se expanda a convenios, subcontratos, integraciones con entidades bancarias y proveedores tecnológicos que facilitaron la operación. La prensa ha reportado referencias a actores del ecosistema “Fintek” en esta misma línea, lo que sugiere que el caso podría derivar en pesquisas financieras y peritajes informáticos para trazar flujos y responsabilidades.
Trazabilidad y recuperación de activos. En esquemas digitales, cada transacción deja huella. Si la Fiscalía obtiene logs, llaves de auditoría y respaldos, podría reconstruir rutas de aprobación, montos y cuentas destino. De confirmarse perjuicio, el resultado esperado serían acuerdos de devolución, embargos y procesos de extinción de dominio cuando corresponda. La efectividad de estas acciones dependerá de la colaboración de bancos, pasarelas y custodios de datos. (La expectativa de trazabilidad proviene de la naturaleza técnica de LISTO descrita por AIG).
Reformas y compliance sectorial. Independientemente del desenlace penal, el caso ya presiona para elevar requisitos en compras tecnológicas del Estado: cláusulas anticorrupción con auditorías técnicas obligatorias, segregación de ambientes (desarrollo, pruebas, producción), control de cambios, firma digital certificada, y publicación proactiva de contratos y anexos. También impulsa a actualizar lineamientos de ciberseguridad y de protección de datos personales aplicables a plataformas que cruzan identidad y pagos. La discusión sería incompleta si no incorpora supervisión externa e informes públicos periódicos. (Este punto se alinea con las metas declaradas de robustez y confiabilidad en las plataformas estatales).
Escenarios de comunicación pública. La dualidad “Mercurio/Espejo de Cristal” obliga a una narrativa única y consistente por parte de las autoridades, con cronologías, mapas de actores y glosarios que traduzcan lo técnico a lenguaje llano. En un país donde una proporción significativa de familias depende de subsidios y becas, la opacidad informativa amplifica rumores. Un modelo recomendado: boletines diarios con hechos (qué se hizo, qué falta, qué viene), documentos base en línea y vocerías únicas, evitando filtraciones contradictorias. (La referencia a los dos nombres operativos proviene de reportes simultáneos de prensa y del Ministerio Público).
Impacto político y de gobernanza. Los arrestos de un exadministrador de la AIG y de un empresario vinculado a la economía digital estatal ocurren en un contexto de escrutinio sobre el gasto público y la efectividad de los programas sociales. Si la causa avanza con sustento, podría activar responsabilidades políticas por cadena de mando y supervisión, además de sanciones penales individuales. Si, por el contrario, la imputación se debilita, el costo recaerá en la credibilidad institucional. En ambos escenarios, el estándar de prueba y la calidad de la pericia técnica serán determinantes.
El rol de la prensa y la ciudadanía. La prensa debe sostener el foco en documentos y evidencia verificable, evitando adjetivos y apostando por explicadores que aclaren cómo funciona una billetera estatal, quién decide, quién paga y quién supervisa. La ciudadanía puede exigir datos abiertos sobre contratos, hitos técnicos y auditorías, así como mecanismos de denuncia protegidos para funcionarios y proveedores. La transparencia, más que una consigna, es una práctica que se demuestra con información compartida a tiempo y sin ambigüedades.
Nota sobre las fuentes citadas:
- La llegada de Buddy Attie y Luis Oliva a la DIJ, bajo custodia y esposados, y los lugares de aprehensión fueron reportados por La Prensa.
- La Fiscalía Anticorrupción comunicó oficialmente la “Operación Mercurio”, los cuatro aprehendidos y los tipos penales investigados.
- Telemetro, TVN y otros medios informaron diligencias vinculadas a la plataforma LISTO y refirieron, en paralelo, la denominación operativa “Espejo de Cristal”. Reportado en Telemetro y TVN
- — Documentación de la AIG define LISTO como plataforma integradora de pagos del Estado y sus supuestos atributos de seguridad, así como acciones de mantenimiento/mejora reportadas en 2023–2024. Reportado en Eco TV
- — Cobertura complementaria detalla cronologías y actores asociados al ecosistema LISTO. Reportado por La Estrella y En Segundos.
Transparencia y debido proceso: todas las personas mencionadas gozan de presunción de inocencia hasta una eventual condena ejecutoriada.
