El Tribunal Electoral (TE) de Panamá emitió la resolución N° 19 el 1 de septiembre de 2025, autorizando el inicio del proceso de recolección de firmas para activar la revocatoria de mandato contra Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján electa por libre postulación en 2024. Este proceso requiere 57,465 firmas, equivalentes al 30% del padrón electoral de Arraiján en las elecciones de 2024, con un plazo límite de 120 días para su obtención.
Esta autorización se suma a procesos similares contra el diputado Manuel Cheng y la diputada Paulette Thomas, reflejando una dinámica de creciente activismo revocatorio en el distrito de Arraiján y otras regiones, que plantea tensiones sustanciales entre mecanismos democráticos y el uso político que estos pueden sufrir.
Contexto y actores
El solicitante principal de la revocatoria es Abdiel González Tejeira, un abogado y activista que lidera el “Movimiento Revocatoria Arraiján” y que también ha iniciado procesos contra el diputado Manuel Cheng y el vicealcalde Oliver Ríos, ambos del distrito de Arraiján. González, quien fue candidato a diputado en 2024, niega motivaciones políticas y asegura que su grupo cuenta con respaldo popular cercano a 400 personas.
Este hecho revela una coordinación estratégica en los procesos de revocatoria dentro del mismo distrito, con un foco particular en funcionarios electos independientemente a partidos tradicionales. El distrito de Arraiján concentra así la mayor cantidad de solicitudes formales de revocatoria en Panamá, abarcando cargos a nivel de alcalde, diputación y representación corregimental.
El proceso de revocatoria en el contexto legal y constitucional
El TE ha establecido que la revocatoria de mandato puede solicitarse para autoridades electas por libre postulación después de que cumplan al menos un año de gestión. El procedimiento contempla la admisión formal de la solicitud, el derecho a apelación de la autoridad, y luego la autorización para la recolección de firmas que deben alcanzar el 30% del padrón electoral respectivo.
Estas condiciones, aunque claras en su diseño, dejan abierta la puerta para cuestionamientos sobre la idoneidad del mecanismo. En particular, la falta de filtros estrictos para validar la legitimidad y fundamentación constitucional previa de las solicitudes expone el proceso a usos estratégicos o personales, límites que no parecen suficientemente regulados en los casos actuales.
El impacto político y las percepciones públicas
Stefany Peñalba ha respondido a la revocatoria calificándola de carente de fundamento sólido y pronosticando que no prosperará. Además, la alcaldesa afirma que seguirán priorizando resultados tangibles para la comunidad y denuncia la revocatoria como una forma de intimidación política.
Este discurso contradice la narrativa de Abdiel González, quien insiste en la legitimidad ciudadana del movimiento que lidera, creando una fuerte polarización en el distrito. La instrumentalización de un derecho democrático para convertirse en moneda política genera un ambiente de confrontación que puede erosionar la gobernabilidad local y deteriorar la confianza ciudadana en las instituciones.
El desafío logístico y la participación ciudadana
Reunir 57,465 firmas en Arraiján, con un padrón de 191,551 electores, supone un considerable esfuerzo organizativo, especialmente en el contexto de las recientes modificaciones al reglamento de revocatoria que exigen presencia física personal para validar las firmas. Esta modalidad limita la facilidad para los ciudadanos de sumarse al proceso y eleva la probabilidad de que solo un segmento muy activo o con recursos logísticos pueda influir efectivamente en la iniciativa.
Esto reitera un patrón visto en revocatorias similares, como la de la diputada Paulette Thomas, donde el mandato legal de presencialismo, y las barreras prácticas, pueden sesgar la representación real del sentir popular y tensionar la legitimidad del proceso.
Consecuencias para la democracia local y recomendaciones
El fenómeno de múltiples revocatorias simultáneas en Arraiján refleja una crisis potencial en los mecanismos de control ciudadano, donde el exceso de procesos puede paralizar la administración pública y generar un clima de desconfianza constante. Esto no sólo afecta la estabilidad institucional sino que puede fomentar el clientelismo y la violencia política.
Se requieren, por tanto, reformas urgentes para:
- Establecer criterios más rigurosos sobre la admisibilidad de solicitudes, priorizando fundamentos constitucionales claros y evitando procesos sin sustento político o social.
- Incorporar mecanismos de evaluación y monitoreo de los motivos detrás de las revocatorias para prevenir usos abusivos o revanchistas.
- Facilitar el acceso democrático y equitativo a la recolección de firmas, explorando alternativas que equilibren la validez con la inclusión ciudadana real.
- Propiciar un diálogo institucional que brinde espacios para resolver conflictos previos a la escalada judicial o electoral.
La autorización del TE para la recolección de firmas contra Stefany Peñalba representa un paso más en una serie de procesos que evidencian los límites y riesgos de los mecanismos de revocatoria en Panamá. Si bien es un derecho ciudadano valioso para fortalecer la democracia, está claro que su aplicación actual en Arraiján y otros distritos enfrenta retos críticos de legitimidad, funcionalidad y riesgos de manipulación política.
Este escenario demanda una revisión profunda y equilibrada que garantice que la democracia participativa no se convierta en un campo de batalla político constante, sino que funcione como un puente genuino entre la ciudadanía y sus representantes, asegurando tanto el control legítimo como la estabilidad que requieren los gobiernos locales para operar efectivamente y responder a las necesidades de sus comunidades.
