El 2 de septiembre de 2025, Estados Unidos ejecutó un ataque letal contra una embarcación venezolana en aguas internacionales del Caribe, resultando en la muerte de 11 personas. La administración Trump justificó la operación como parte de su lucha antinarcóticos, afirmando que los ocupantes eran miembros del Tren de Aragua, grupo designado como organización terrorista extranjera. Este incidente marca una escalada significativa en las tensiones bilaterales y plantea interrogantes sobre el derecho internacional marítimo, la soberanía y las implicaciones geopolíticas para la región.
En las aguas cristalinas del Caribe sur, bajo el implacable sol de septiembre, una lancha venezolana de alta velocidad se desplazaba hacia un destino incierto. En cuestión de minutos, lo que comenzó como otra travesía en estas rutas marítimas controversiales se transformó en un evento que redefinió las tensiones hemisféricas. El estruendo del impacto resonó mucho más allá de las coordenadas geográficas donde ocurrió: reverberó en las cancillerías de Washington y Caracas, en los salones de la ONU y en las mentes de analistas que observaban con preocupación cómo la guerra contra las drogas adquiría una dimensión militar sin precedentes.
El momento del fuego: cronología del ataque
El 2 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 11:00 a.m. hora local, fuerzas militares estadounidenses ejecutaron lo que el Pentágono describió como un «ataque de precisión» contra una embarcación que partía de costas venezolanas. La operación se desarrolló en aguas internacionales del sur del Caribe, aproximadamente a 200 millas náuticas de la costa venezolana, donde Estados Unidos mantiene desplegada una flotilla de siete buques de guerra como parte de lo que oficialmente denomina operaciones antinarcóticos.
El presidente Donald Trump anunció personalmente el ataque durante un evento no relacionado en el Despacho Oval, declarando: «Acabamos de disparar, literalmente en los últimos minutos, contra una embarcación, una embarcación que transportaba drogas, muchas drogas en esa embarcación». Las imágenes difundidas posteriormente por la Casa Blanca mostraron secuencias nocturnas captadas por drones donde se observa una lancha rápida explotando en una bola de fuego tras ser impactada por un misil.
La embarcación destruida era descrita como una lancha rápida con múltiples motores fuera de borda, del tipo comúnmente utilizado para transporte de alta velocidad en el Caribe. Según fuentes del Pentágono, la operación incluyó el uso coordinado de drones de vigilancia y «fuego naval», aunque no se especificaron los sistemas de armas exactos empleados. El Secretario de Estado Marco Rubio confirmó que se trató de un «ataque letal» y que la embarcación «había sido operada por una organización narcoterrorista designada».
Las motivaciones estratégicas de Washington
La decisión de Trump de autorizar personalmente este ataque responde a múltiples factores que van más allá de la simple interceptación de narcóticos. En primer lugar, se inscribe dentro de la designación del Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, medida que entró en vigor el 20 de febrero de 2025. Esta clasificación legal proporcionó el marco jurídico que la administración estadounidense utilizó para justificar el uso de fuerza letal, equiparando las operaciones antinarcóticos con la lucha antiterrorista.
La operación también debe entenderse en el contexto de la «guerra contra los cárteles» que Trump ha convertido en pilar central de su segundo mandato. La administración ha vinculado explícitamente la crisis migratoria, el tráfico de fentanilo y la seguridad fronteriza con las actividades de organizaciones criminales latinoamericanas, particularmente aquellas con presuntos vínculos al gobierno de Maduro.
Desde una perspectiva geopolítica más amplia, el ataque representa una demostración de fuerza dirigida tanto a Venezuela como a otros actores regionales. La presencia naval estadounidense en el Caribe, que incluye destructores con capacidad de misiles guiados, un submarino nuclear de ataque rápido y más de 4,500 efectivos militares, constituye el mayor despliegue estadounidense en la región en décadas. Esta «diplomacia de cañoneras» busca proyectar poder estadounidense en un momento de creciente influencia china y rusa en América Latina.
El Tren de Aragua: de banda carcelaria a amenaza transnacional
Para comprender las implicaciones del ataque, es crucial examinar la naturaleza del Tren de Aragua, la organización que Estados Unidos identifica como objetivo del operativo. Originado como una banda carcelaria en la prisión de Tocorón, estado Aragua, este grupo ha evolucionado hasta convertirse en una red criminal transnacional con presencia documentada en al menos ocho países latinoamericanos.
Bajo el liderazgo de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», el Tren de Aragua expandió sus operaciones desde actividades tradicionales de extorsión y soborno hasta convertirse en una organización multifacética involucrada en tráfico de drogas, trata de personas, minería ilegal, secuestro y lavado de dinero. La designación como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos en febrero de 2025 marcó un punto de inflexión en el tratamiento legal de este grupo, permitiendo a las autoridades estadounidenses aplicar herramientas antiterroristas en su persecución.
La controversia surge en torno a la naturaleza real del Tren de Aragua: mientras Estados Unidos lo clasifica como organización terrorista, expertos en inmigración y crimen organizado argumentan que opera principalmente con motivaciones de lucro económico, no ideológicas, lo que lo situaría más apropiadamente en la categoría de crimen organizado transnacional. Esta distinción legal tiene implicaciones profundas para el tipo de respuesta militar que Estados Unidos puede justificar bajo el derecho internacional.
Del diálogo a la confrontación armada
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han atravesado una espiral descendente que culmina ahora en confrontación militar directa. El punto de partida de esta crisis puede rastrearse hasta las primeras sanciones estadounidenses en 2006, inicialmente dirigidas contra la venta de armas por la falta de cooperación venezolana en esfuerzos antiterroristas y antinarcóticos durante el gobierno de Hugo Chávez.
Bajo la presidencia de Nicolás Maduro, las tensiones se intensificaron dramáticamente. La administración Obama impuso las primeras sanciones individuales en 2015 tras la represión violenta de protestas. Sin embargo, fue durante el primer mandato de Trump cuando las medidas alcanzaron dimensiones sistémicas: sanciones sectoriales contra la industria petrolera venezolana, el sistema financiero y el banco central, efectivamente aislando al país de los mercados internacionales.
Las sanciones petroleras de 2019 fueron particularmente devastadoras, causando una caída de los ingresos por exportación petrolera de $4,826 millones en 2018 a apenas $477 millones en 2020. Estudios independientes estiman que las sanciones estadounidenses han costado al estado venezolano entre $17 mil millones y $31 mil millones en ingresos perdidos.
El reconocimiento estadounidense de Juan Guaidó como presidente interino en 2019 profundizó la crisis diplomática, convirtiendo a Estados Unidos en actor directo del conflicto político venezolano. La posterior reimposición de sanciones petroleras en abril de 2024, tras el incumplimiento de acuerdos electorales, preparó el terreno para la actual confrontación.
Dimensiones legales: ¿violación del Derecho Internacional?
El ataque plantea interrogantes fundamentales sobre la legalidad bajo el derecho internacional marítimo. Estados Unidos justifica la operación bajo su autoridad para combatir organizaciones terroristas designadas, pero esta justificación enfrenta varios desafíos legales.
En primer lugar, el principio de jurisdicción exclusiva del estado de pabellón en aguas internacionales, establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), otorga a Venezuela autoridad primaria sobre embarcaciones que enarbolan su bandera. Aunque Estados Unidos no es signatario de UNCLOS, las normas sobre jurisdicción marítima son ampliamente reconocidas como derecho internacional consuetudinario.
La Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988 proporciona un marco para la cooperación internacional en la interdición marítima de drogas, pero requiere el consentimiento del estado de pabellón antes de tomar «medidas apropiadas» contra embarcaciones sospechosas. No hay evidencia de que Venezuela haya otorgado tal consentimiento para esta operación.
La decisión de destruir la embarcación, en lugar de interceptarla y arrestar a su tripulación, representa una desviación significativa de los procedimientos estándar de interdición de narcóticos. Como señaló Adam Isacson del Washington Office on Latin America: «Ser sospechoso de transportar drogas no conlleva pena de muerte». Esta aproximación militar contrasta marcadamente con las prácticas tradicionales de aplicación de la ley en operaciones antinarcóticos.
Reverberaciones regionales: América Latina ante la militarización
La respuesta regional al despliegue naval estadounidense y el posterior ataque ha sido de alarma generalizada. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) convocó una reunión de emergencia el 1 de septiembre, donde ministros de 33 países expresaron su preocupación por las implicaciones del operativo para la paz y seguridad regionales.
Colombia, país que ostenta la presidencia pro tempore de CELAC y tradicionalmente alineado con Estados Unidos en temas de seguridad, adoptó una posición matizada. Su canciller Rosa Villavicencio reconoció el derecho de navegación en aguas internacionales, pero criticó la retórica beligerante estadounidense, advirtiendo que «la línea entre presencia y coerción se cruza fácilmente cuando prevalece la retórica beligerante».
Cuba y Nicaragua, aliados tradicionales de Venezuela, condenaron rotundamente la operación. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba describió el despliegue como «una ofensiva peligrosa» y «desproporcionada» debido al uso de submarinos nucleares y activos navales que amenazan la paz regional.
México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha mantenido una posición de cautela, expresando preocupaciones sobre la militarización de la lucha antidrogas mientras evita una condena directa de Estados Unidos. Esta postura refleja la compleja relación bilateral México-Estados Unidos y la dependencia mexicana de la cooperación estadounidense en temas de seguridad.
Por el contrario, países como Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago expresaron apoyo público a las acciones de Washington, reflejando sus propias preocupaciones sobre el crimen organizado transnacional y su dependencia de la cooperación estadounidense en seguridad.
La Narrativa Venezolana de resistencia y propaganda
Desde Caracas, el gobierno de Maduro ha orquestado una respuesta que combina elementos de resistencia militar, diplomacia defensiva y movilización propagandística. El presidente venezuelano declaró el país en «máxima preparación» y amenazó con declarar constitucionalmente una «república en armas» si Venezuela fuera atacada.
La respuesta militar venezolana incluyó el despliegue de tropas a lo largo de la costa y frontera con Colombia, la movilización de más de cuatro millones de milicianos civiles, y el patrullaje de aguas territoriales con embarcaciones y drones. El ministro de Defensa Vladimir Padrino López advirtió que cualquier incursión estadounidense en territorio venezolano sería considerada «una agresión contra toda América Latina y el Caribe».
Diplomáticamente, Venezuela presentó una queja formal ante el Secretario General de la ONU Antonio Guterres, acusando a Estados Unidos de violar los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El embajador venezolano Samuel Moncada calificó la operación como «una operación masiva de propaganda para justificar lo que los expertos llaman acción cinética, es decir, intervención militar en un país soberano e independiente».
La estrategia propagandística del gobierno venezolano ha buscado encuadrar el conflicto dentro de narrativas antiimperialistas históricas, presentando la resistencia venezolana como parte de una lucha hemisférica más amplia contra la hegemonía estadounidense. El ministro de Comunicaciones Freddy Ñáñez llegó a cuestionar la autenticidad del video del ataque, sugiriendo que podría haber sido generado artificialmente, aunque análisis preliminares de Reuters no encontraron evidencia de manipulación.
Petróleo, sanciones y rutas del narcotráfico
Las dimensiones económicas del conflicto estadounidense-venezolano trascienden las consideraciones inmediatas de seguridad para abordar cuestiones fundamentales sobre recursos energéticos y rutas comerciales globales. Venezuela posee las mayores reservas petroleras probadas del mundo, un factor que inevitablemente influye en el cálculo geopolítico estadounidense, aunque rara vez se reconozca abiertamente.
Las sanciones estadounidenses han transformado radicalmente la economía petrolera venezolana. De ser un exportador tradicional hacia Estados Unidos, Venezuela se vio obligado a reorientar sus ventas hacia China, India y otros mercados asiáticos, a menudo con descuentos significativos y términos de pago desfavorables. Esta reconfiguración ha fortalecido vínculos económicos entre Venezuela y adversarios geopolíticos de Estados Unidos, particularmente China y Rusia.
El Caribe representa una zona de importancia estratégica crítica para las rutas de narcóticos hacia Estados Unidos y Europa. Según funcionarios estadounidenses, aproximadamente el 90% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos transita por el Caribe, convirtiendo estas aguas en un teatro de operaciones prioritario para los esfuerzos antinarcóticos. La presencia de organizaciones como el Tren de Aragua en estas rutas añade una dimensión de seguridad nacional que trasciende las consideraciones tradicionales de aplicación de la ley.
La economía venezolana, devastada por años de mala gestión, corrupción e hiperinflación, ha creado condiciones propicias para el florecimiento de economías informales e ilegales. Estudios independientes sugieren que las actividades ilícitas podrían representar una porción significativa del PIB venezolano real, aunque la opacidad del sistema económico hace imposibles cálculos precisos.
¿Hacia la Escalada o la Negociación?
El ataque del 2 de septiembre abre múltiples trayectorias potenciales para la evolución del conflicto, cada una con implicaciones distintas para la estabilidad regional y global.
Escalada militar graduada: Este escenario contempla una intensificación progresiva de las operaciones militares estadounidenses, potencialmente expandiéndose a ataques contra infraestructura en territorio venezolano bajo la justificación de combatir el narcotráfico. La administración Trump podría implementar una estrategia de «presión máxima» militar similar a la aplicada contra Irán, calculando que la amenaza de intervención directa podría acelerar el colapso del gobierno de Maduro.
Respuesta venezolana asimétrica: Venezuela podría recurrir a tácticas de guerra asimétrica, incluyendo ataques contra intereses estadounidenses en la región, activación de células durmientes en territorio estadounidense, o intensificación de alianzas con adversarios de Estados Unidos. La presencia de asesores militares rusos y chinos en Venezuela añade una dimensión de riesgo de escalada involuntaria hacia confrontación entre grandes potencias.
Diplomacia coercitiva: Un escenario alternativo involucraría el uso de la demostración de fuerza militar como palanca para forzar negociaciones. La administración Trump podría buscar extraer concesiones del gobierno venezolano sobre transferencia de poder, reformas electorales o cooperación antinarcóticos sin recurrir a intervención directa.
Fragmentación regional: La polarización de respuestas latinoamericanas podría profundizarse, creando bloques geopolíticos opuestos dentro del hemisferio. Países como Brasil, México y Colombia enfrentarían presiones crecientes para elegir bandos, potencialmente fracturando organizaciones regionales como la OEA y UNASUR.
Voces expertas
Para comprender las implicaciones completas de este evento sin precedentes, resulta esencial examinar las perspectivas de especialistas en seguridad internacional, derecho marítimo y relaciones hemisféricas.
Análisis de Seguridad Nacional: Expertos en seguridad nacional como Michael Shifter del Diálogo Interamericano han expresado preocupación por la militarización creciente de los esfuerzos antinarcóticos. «El precedente establecido por el uso de fuerza letal contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales podría normalizarse rápidamente, creando un entorno marítimo más peligroso para todos los usuarios», advierte esta perspectiva analítica.
Perspectiva de Derechos Humanos: Organizaciones como Human Rights Watch han cuestionado la proporcionalidad de la respuesta militar estadounidense. El principio de proporcionalidad en el derecho internacional humanitario requiere que la fuerza utilizada sea proporcional a la amenaza enfrentada. La destrucción total de una embarcación con pérdida de vidas humanas para interceptar un cargamento de drogas plantea interrogantes sobre el cumplimiento de este principio.
Análisis Jurídico Internacional: Especialistas en derecho marítimo han señalado las ambigüedades legales de la operación. La ausencia de consentimiento del estado de pabellón, los procedimientos no estándar de interdición y la clasificación controvertida del Tren de Aragua como organización terrorista crean un terreno legal inestable que podría ser desafiado en tribunales internacionales.
Perspectiva Económica Regional: Economistas especializados en América Latina advierten sobre las implicaciones económicas de la militarización del Caribe. Las rutas comerciales legítimas podrían verse afectadas por el incremento de la presencia militar, aumentando costos de transporte y seguros marítimos para países que dependen del comercio caribeño.
El Retorno de la Doctrina Monroe
El ataque del 2 de septiembre de 2025 marca potencialmente el retorno de elementos de la Doctrina Monroe a la política estadounidense hacia América Latina, aunque revestidos de justificaciones de seguridad nacional y lucha antiterrorista. La disposición de Washington para emplear fuerza militar unilateral en el hemisferio occidental, sin consulta previa con aliados regionales o autorización de organizaciones internacionales, evoca patrones históricos de intervencionismo estadounidense.
Sin embargo, el contexto contemporáneo presenta diferencias fundamentales respecto a intervenciones históricas. La presencia de potencias globales alternativas como China y Rusia en América Latina limita la libertad de acción estadounidense, mientras que instituciones regionales más robustas proporcionan plataformas para la resistencia diplomática colectiva.
La paradoja central de la política estadounidense hacia Venezuela radica en que las medidas destinadas a debilitar al gobierno de Maduro han fortalecido inadvertidamente vínculos entre Caracas y adversarios geopolíticos de Washington. Las sanciones económicas empujaron a Venezuela hacia China y Rusia, mientras que la presión militar podría consolidar alianzas de seguridad que Estados Unidos busca prevenir.
La crisis venezolana también expone las limitaciones de las herramientas tradicionales de poder estadounidense en el siglo XXI. Ni las sanciones económicas comprehensivas ni la presión militar han logrado el cambio de régimen deseado, sugiriendo que los desafíos de gobernanza global contemporáneos requieren aproximaciones más sofisticadas que la proyección de poder militar.
Para América Latina, este episodio plantea preguntas fundamentales sobre autonomía regional y soberanía nacional. La capacidad de Estados Unidos para atacar unilateralmente embarcaciones en aguas internacionales caribeñas establece un precedente que podría aplicarse contra otros países de la región bajo circunstancias similares.
La respuesta regional a este evento determinará en gran medida el futuro del orden hemisférico. Una condena unificada podría reforzar normas de no intervención y resolución pacífica de disputas, mientras que respuestas fragmentadas podrían alentar futuras acciones unilaterales estadounidenses.
Conclusión
El ataque estadounidense del 2 de septiembre de 2025 representa un punto de inflexión en las relaciones hemisféricas, marcando la transición de la confrontación económica a la militar directa. Las implicaciones trascienden la relación bilateral Estados Unidos-Venezuela para redefinir las normas de comportamiento internacional en el hemisferio occidental.
La militarización de la lucha antinarcóticos, la erosión de principios de soberanía marítima y la polarización creciente de respuestas regionales sugieren que América Latina se encamina hacia un período de mayor inestabilidad y confrontación. La capacidad de la región para desarrollar mecanismos efectivos de mediación y resolución pacífica de conflictos será crucial para prevenir escaladas futuras.
El episodio también ilustra las limitaciones del poder militar en abordar problemas estructurales complejos como el narcotráfico, la migración y la gobernanza fallida. Mientras las embarcaciones arden en aguas caribeñas, las causas profundas que impulsan estos fenómenos permanecen intactas, sugiriendo que las soluciones duraderas requerirán aproximaciones más comprehensivas que trascienden la lógica de confrontación militar.
En última instancia, el ataque del 2 de septiembre podría recordarse como el momento en que la hegemonía estadounidense en América Latina comenzó su transformación hacia formas más directas y militarizadas de control regional, o alternativamente, como el catalizador que impulsó a la región hacia mayor integración y autonomía estratégica. El curso que tome esta transformación dependerá en gran medida de las decisiones que tomen líderes regionales en las próximas semanas y meses críticos.
