El día en que Panamá tomó sus puertos

Cuando el presidente José Raúl Mulino se paró frente a las cámaras la noche del lunes, no lo hizo para anunciar una victoria ni para lamentar una derrota. Lo hizo para intentar algo mucho más difícil: convencer a un país entero de que lo que acababa de ocurrir no era el comienzo de una crisis, sino el fin de una injusticia.

Horas antes, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal había quedado ejecutoriado al publicarse en la Gaceta Oficial. Con esa publicación, desapareció de un plumazo el marco legal que durante décadas había entregado a una empresa privada el control de dos de las instalaciones más estratégicas del hemisferio occidental. El vacío que quedó era enorme, y Panamá tenía pocas horas para llenarlo.

Lo que siguió fue una operación que el gobierno asegura haber preparado durante meses, estudiando cada escenario posible, anticipando cada ángulo jurídico y cada reacción previsible. Si eso es cierto, el tiempo lo dirá. Pero la mecánica del día fue, al menos en apariencia, precisa: decreto de ocupación, toma de posesión por parte de la Autoridad Marítima, sesión extraordinaria del Consejo de Gabinete, firma de contratos con operadores temporales y un pronunciamiento presidencial que intentó, con cada palabra elegida, separar el concepto de orden del concepto de miedo.

Mulino repitió dos veces, con una insistencia que no era casual, que lo ocurrido no constituye una expropiación. La distinción es técnica pero sus consecuencias son enormes. Una expropiación implica transferencia de propiedad, indemnización obligatoria y un proceso largo y litigioso que los mercados internacionales leen como señal de riesgo. Un decreto de ocupación es una herramienta de gestión transitoria: el Estado toma posesión operativa de un bien para garantizar su funcionamiento, sin alterar formalmente la titularidad. La diferencia puede parecer sutil desde la calle, pero para una naviera que mueve miles de contenedores semanalmente a través del Canal, esa distinción es la diferencia entre mantener sus rutas o redirigirlas hacia otros puertos del continente.

Por eso el discurso nombró, con evidente deliberación, a APM Terminals y a Til Panamá. La primera es subsidiaria de Maersk, el gigante danés que controla aproximadamente una quinta parte del comercio marítimo mundial. La segunda pertenece a Mediterranean Shipping Company, la naviera con la mayor flota del planeta. Que dos empresas de ese calibre estén dispuestas a operar los puertos panameños en este momento, transitoriamente pero públicamente, es el argumento más poderoso que el gobierno podía ofrecer. Su sola presencia funciona como un aval silencioso: si los más grandes del mundo confían en Panamá, la narrativa del caos pierde terreno antes de consolidarse.

Pero el discurso no fue solo hacia adelante. También miró hacia atrás, y en esa mirada hay una narrativa política que merece leerse con atención.

Sin mencionar nombres de personas ni de la empresa concesionaria, el Presidente describió décadas de opacidad, documentos sensibles que nunca llegaron a manos del gobierno pese a solicitudes formales, y la consolidación de lo que llamó, con una frase que quedará grabada en el debate público panameño, un «territorio autónomo» dentro del propio territorio nacional. Es una acusación grave, formulada en tiempo pasado, dirigida a una realidad que ya no existe legalmente pero cuyas consecuencias apenas comienzan a desplegarse.

La mención al caso de la mina no fue decorativa. Fue una advertencia cargada de memoria colectiva. La crisis minera de 2023 dejó heridas profundas en la economía y en la imagen del país, heridas que tardarán años en sanar del todo. Mulino no necesitó explicar los detalles; bastó con nombrarla. El subconsciente político panameño hizo el resto del trabajo, activando un recuerdo todavía fresco de lo que ocurre cuando el Estado improvisa frente a una crisis de esta magnitud.

Hay una tensión estructural en el corazón de este discurso que ninguna retórica puede resolver por completo. El Presidente habla de transparencia como promesa futura mientras reconoce, implícitamente, que la opacidad fue la norma durante décadas. Habla de estabilidad jurídica como valor a construir en la próxima licitación mientras el país acaba de ver cómo un contrato de largo plazo puede caer de golpe por inconstitucional. Esas tensiones no invalidan el discurso. Lo complican. Y esa complejidad es precisamente lo que lo hace político en el sentido más honesto del término: no es una declaración de principios abstractos, sino una intervención en una realidad desordenada, con instrumentos imperfectos y bajo presión de tiempo.

El gobierno tenía audiencias con intereses distintos y a veces contradictorios, y Mulino intentó hablarles a todas con un solo mensaje. Es una apuesta arriesgada, pero en política, la alternativa, es decir el silencio, la ambigüedad o la dilación, suele costar más caro.

La verdadera prueba no estará en los contratos temporales que se firmaron esta noche sino en la licitación que viene después. El Presidente prometió un proceso abierto, competitivo, técnicamente riguroso y jurídicamente sólido. No dio fechas. No presentó cronograma. No explicó los criterios de evaluación. La promesa existe, pero los detalles que la harían verificable aún no son públicos, y esa ausencia es el único espacio donde la oposición podría instalar, con razón, una duda legítima.

Si ese proceso cumple lo que se anunció, el capítulo que hoy cierra quedará recordado como el momento en que Panamá recuperó la soberanía sobre sus puertos con madurez institucional. Si no, este discurso quedará como una operación de contención narrativa que ganó la noche pero cedió el largo plazo.

La historia de los puertos de Panamá no terminó esta noche. Apenas cambió de protagonistas.

Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato de concesión? El fallo determinó que el contrato-ley que entregaba la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal a la empresa concesionaria violaba disposiciones constitucionales. El pronunciamiento presidencial no detalló los fundamentos jurídicos específicos del fallo, y el análisis de fondo corresponde a la Corte. Lo que sí quedó claro es que, al publicarse en la Gaceta Oficial, la sentencia adquirió carácter ejecutoriado, es decir, obligatorio e inmediato.
2. ¿Qué es un decreto de ocupación y en qué se diferencia de una expropiación? Un decreto de ocupación permite al Estado tomar control operativo de un bien de forma temporal sin transferir la propiedad. La expropiación, en cambio, implica que el Estado adquiere definitivamente la titularidad del bien, con obligación de pagar una indemnización. El gobierno enfatizó repetidamente esa distinción con el objetivo de proteger la seguridad jurídica del país frente a inversionistas y mercados internacionales que observan con lupa cualquier señal de riesgo regulatorio.
3. ¿Quiénes son APM Terminals y Til Panamá? APM Terminals es una subsidiaria del grupo Maersk, la naviera danesa considerada una de las más grandes e influyentes del mundo. Til Panamá pertenece a Mediterranean Shipping Company, conocida como MSC, que actualmente opera la flota comercial más grande del planeta. Ambas empresas asumirán la operación temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal respectivamente mientras se desarrolla el nuevo proceso de concesión.
4. ¿Los contratos con los operadores temporales ya tienen validez legal? Según el pronunciamiento presidencial, el Consejo de Gabinete aprobó ambas contrataciones y la Autoridad Marítima procedió a firmarlas con los representantes legales de cada empresa. El paso pendiente es el refrendo por parte de la Contraloría General de la República, que es el mecanismo de control legal establecido en el ordenamiento panameño para validar los contratos del Estado.
5. ¿Qué pasará con los más de siete mil trabajadores portuarios? El Presidente garantizó explícitamente que todos los trabajadores conservarán sus empleos sin ningún tipo de cambio en sus condiciones laborales. La ministra de Trabajo y el Mitradel tienen responsabilidad directa en el seguimiento de ese compromiso. Es una de las pocas promesas del discurso con un parámetro de verificación claro y a corto plazo, lo que la convierte también en la más políticamente costosa de incumplir.
6. ¿Puede Panamá enfrentar demandas de arbitraje internacional por esta decisión? Es uno de los riesgos que el discurso no abordó. Cuando el Estado termina o altera unilateralmente un contrato de inversión internacional, incluso por mandato judicial, pueden activarse mecanismos de arbitraje bajo tratados bilaterales de inversión o acuerdos comerciales. El gobierno no informó si existen ese tipo de compromisos en el contrato original ni cómo planea gestionarlos, y esa es una pregunta que los analistas jurídicos y financieros no tardarán en formular públicamente.
7. ¿Qué es la «tercera etapa» que mencionó el Presidente? Mulino anunció que el gobierno iniciará un proceso abierto y competitivo para otorgar nuevas concesiones portuarias, una para cada terminal. No proporcionó fechas, cronograma ni criterios técnicos específicos. La promesa tiene peso político, pero los detalles que la harían auditable aún no existen en el dominio público, y su ausencia será el indicador más claro de la voluntad real del gobierno en los próximos meses.
8. ¿Por qué se menciona el caso de la mina en un discurso sobre los puertos? La referencia a la crisis minera de 2023 funciona como advertencia y como contraste deliberado. Aquel episodio resultó en cancelación de contratos, pérdida de empleos, protestas sociales prolongadas y un deterioro significativo de la imagen internacional del país. Al invocarlo, el Presidente busca posicionar la gestión actual como su opuesto: planificada, ordenada y orientada a evitar que las consecuencias de una decisión judicial se conviertan en una crisis económica y social.
9. ¿Por qué los puertos de Balboa y Cristóbal son estratégicos para el comercio mundial? Ambos puertos están ubicados en los extremos del Canal de Panamá, el corredor marítimo que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Una fracción significativa del comercio marítimo global transita por esa ruta cada año. Cualquier interrupción operativa en esas terminales no solo afectaría la economía panameña sino las cadenas de suministro de múltiples industrias en varios continentes, lo que explica por qué el gobierno trató la continuidad operativa como una prioridad que no admitía dilación.
10. ¿Cómo se puede evaluar si este proceso realmente fue exitoso? El éxito de esta transición no se medirá en el discurso de esta noche. Dependerá de si los puertos operan sin interrupciones durante el período transitorio, de si la nueva licitación se ejecuta con los estándares de transparencia prometidos y de si Panamá logra evitar litigios internacionales costosos derivados de la terminación del contrato anterior. Cualquier análisis honesto tendrá que esperar esos resultados antes de emitir un juicio definitivo sobre lo que ocurrió hoy.