La Policía Municipal de Ciudad de Panamá es un cuerpo adscrito a la Alcaldía del distrito capital, creado originalmente para proteger instalaciones, bienes y espacios públicos bajo administración municipal. Sin embargo, durante la administración del alcalde Mayer Mizrachi, esa estructura fue reformada mediante el Acuerdo Municipal No. 162 de 17 de junio de 2025, que amplió sus atribuciones y provocó una controversia política, institucional y constitucional todavía no resuelta.
El debate no se reduce a si la ciudad necesita más vigilancia. La discusión central es otra: hasta dónde puede llegar un municipio cuando organiza un cuerpo con uniformes, jerarquías, armas y facultades para intervenir físicamente sobre los ciudadanos, sin que exista una ley nacional aprobada por la Asamblea Nacional que lo constituya como estamento policial.
Qué es la Policía Municipal
Antes de la reforma, la Alcaldía de Panamá contaba con un Servicio de Vigilancia Municipal, creado en 1992. Su misión principal era custodiar edificios, parques, mercados, complejos deportivos, cementerios, bibliotecas, centros de desarrollo infantil y otras instalaciones municipales.
La Alcaldía ha señalado que esta estructura tiene presencia en los 26 corregimientos del distrito y que sus agentes funcionan como la “cara” de la administración municipal en los espacios públicos bajo su responsabilidad. En ese modelo, el vigilante municipal cumplía una tarea semejante a la seguridad patrimonial: prevenir daños, advertir sobre incumplimientos de reglamentos, orientar a los usuarios y solicitar apoyo de la Policía Nacional cuando la situación excedía sus competencias.
El Acuerdo 162 cambió la denominación y la organización de esa dependencia. La antigua vigilancia pasó a llamarse Dirección de Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá. El documento estableció una estructura jerárquica, reguló requisitos de ingreso, uniformes, formación, uso de la fuerza, armamento y procedimientos operativos.
Desde la perspectiva de la Alcaldía, la reforma busca profesionalizar un cuerpo que ya existía, fortalecer la protección de los bienes públicos y mejorar la capacidad de respuesta ante conflictos en parques, mercados, eventos y dependencias municipales. Desde la perspectiva de sus críticos, no se trató de una simple reorganización administrativa, sino de la creación de una fuerza con características propias de un cuerpo policial nacional.
Cuáles son sus funciones
Las funciones municipales deben entenderse a partir de la responsabilidad legal de los municipios sobre determinados servicios, bienes, espacios y actividades dentro de su jurisdicción. En términos generales, la Policía Municipal puede desarrollar tareas como las siguientes:
- Custodiar edificios, parques, mercados, instalaciones deportivas, cementerios, bibliotecas y otros bienes del Municipio de Panamá.
- Vigilar el cumplimiento de acuerdos municipales, decretos alcaldicios, reglamentos y disposiciones administrativas.
- Apoyar la protección del ornato, la limpieza, el uso ordenado de los espacios públicos y la conservación del patrimonio municipal.
- Colaborar en actividades comerciales, espectáculos públicos, ferias, eventos y operativos relacionados con permisos municipales.
- Prevenir daños, alteraciones o actos que afecten instalaciones y bienes bajo administración de la Alcaldía.
- Orientar a los ciudadanos y comunicar a las autoridades competentes la comisión de posibles delitos o infracciones.
- Coordinar con la Policía Nacional, los bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Ministerio Público y otras entidades cuando la situación lo requiera.
- Apoyar el ordenamiento de actividades que dependen de autorizaciones municipales.
Estas funciones permiten una presencia preventiva en los espacios administrados por el municipio. Por ejemplo, un agente puede impedir que una persona destruya mobiliario de un parque, solicitar el desalojo de un área municipal ocupada ilegalmente o reportar una pelea a la Policía Nacional. También puede colaborar en el control logístico de un evento autorizado por la Alcaldía.
El límite aparece cuando la vigilancia administrativa se transforma en investigación criminal, persecución general del delito o ejercicio permanente de la coerción sobre personas que no están vinculadas con una instalación o competencia municipal específica.
Dónde están sus límites
La Policía Municipal no equivale automáticamente a la Policía Nacional. Su autoridad deriva de la administración municipal y debe circunscribirse a los bienes, servicios, actividades y espacios que están bajo competencia del Municipio de Panamá.
Un agente municipal no debería actuar como investigador de delitos, realizar patrullajes generales para sustituir a la Policía Nacional, dirigir investigaciones penales, interrogar detenidos, ejecutar órdenes judiciales reservadas a los organismos competentes o asumir el control de una protesta pública por cuenta propia.
Tampoco debería utilizar su uniforme o autoridad para imponer decisiones ajenas a la competencia municipal. La existencia de un reglamento interno no convierte a los agentes en titulares de todas las facultades que poseen los estamentos nacionales de seguridad.
El Acuerdo 162, no obstante, incluyó atribuciones que elevaron la disputa. Entre ellas aparecen la requisa corporal, el registro de vehículos, la aprehensión de personas, la detención previa a la puesta a órdenes de la autoridad competente y el uso de fuerza letal y no letal. El texto establece que el uso de la fuerza debe regirse por el principio de mínima aplicación, pero sus detractores sostienen que el problema no es únicamente cómo se usa la fuerza, sino quién tiene autoridad legal para ejercerla.
La autorización para portar armas de fuego también modificó sustancialmente la naturaleza del cuerpo. La normativa prevé que las armas sean propiedad del municipio, estén registradas ante el Ministerio de Seguridad Pública y se utilicen para proteger la vida y la integridad personal. Sin embargo, el registro administrativo de un arma no resuelve por sí solo la discusión constitucional sobre la creación y el alcance de la fuerza que la utiliza.
Qué sería sobrepasarse
Sobrepasarse en sus funciones significaría actuar fuera del vínculo concreto con la competencia municipal o emplear facultades coercitivas sin una base legal suficiente, sin necesidad operativa o sin respetar los derechos fundamentales.
Algunos ejemplos hipotéticos serían:
- Detener a una persona únicamente por parecer sospechosa, sin flagrancia ni una causa legal reconocible.
- Registrar corporalmente a ciudadanos que ingresan a un parque sin una justificación objetiva y proporcional.
- Detener preventivamente a un manifestante por expresar críticas contra el alcalde o la administración municipal.
- Bloquear una protesta pacífica alegando de manera genérica que altera el orden.
- Perseguir por vías públicas a una persona acusada de un delito común, en lugar de informar y entregar el caso a la Policía Nacional.
- Utilizar armas o fuerza física para resolver una discusión laboral, administrativa o política.
- Montar retenes o patrullajes generales en áreas que no son bienes municipales, como si se tratara de una policía nacional.
- Intervenir en una investigación penal, confiscar evidencias o interrogar a una persona bajo custodia.
La línea jurídica no siempre se define por el nombre de la institución, sino por la naturaleza concreta de la actuación. Un agente municipal puede intervenir para proteger una instalación o controlar un riesgo inmediato, pero debe entregar a la autoridad competente cualquier situación que implique un delito, una investigación penal o una amenaza amplia contra la seguridad ciudadana.
El incidente ocurrido el 3 de agosto de 2026 en el edificio Hatillo, durante una protesta de extrabajadores municipales que reclamaban el pago de prestaciones, intensificó la controversia. Un manifestante resultó gravemente herido después de un altercado con agentes municipales, según reportes periodísticos, y la familia presentó una denuncia penal. El alcalde reconoció que el procedimiento no correspondió a la actuación esperada, anunció una investigación interna y dejó abierta la posibilidad de sanciones.
Ese episodio no prueba por sí solo la ilegalidad de toda la institución, pero sí plantea preguntas sobre entrenamiento, supervisión, protocolos, proporcionalidad y rendición de cuentas.
Diferencias con la Policía Nacional
| Aspecto | Policía Municipal | Policía Nacional |
|---|---|---|
| Dependencia | Alcaldía y Municipio de Panamá | Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad Pública |
| Ámbito principal | Bienes, espacios, servicios y actividades municipales | Seguridad pública y prevención y persecución del delito |
| Base institucional | Acuerdo municipal y normas sobre régimen local | Constitución, ley orgánica y legislación nacional |
| Autoridad | Alcalde y dirección municipal | Cadena de mando nacional |
| Función central | Vigilancia administrativa, custodia y apoyo local | Protección de la vida, honra y bienes; mantenimiento del orden público |
| Armamento y fuerza | Atribuciones discutidas por la reforma municipal | Facultades reguladas por la legislación nacional |
| Investigación penal | No constituye su función ordinaria | Se coordina con el Ministerio Público y otras autoridades |
La Constitución panameña dispone que los servicios de policía necesarios para conservar el orden público, proteger a las personas y prevenir delitos deben organizarse mediante ley. Los críticos del Acuerdo 162 sostienen que un consejo municipal no puede crear, por sí solo, una fuerza policial con mandos, escalafón, armas y poderes de detención. También argumentan que la organización de servicios policiales no aparece entre las competencias expresamente atribuidas a los concejos municipales.
La Alcaldía puede responder que no está creando un estamento nacional, sino reorganizando una dependencia municipal para cumplir mejor sus obligaciones. Esa defensa depende, en última instancia, de que las funciones concretas del cuerpo permanezcan dentro del ámbito administrativo local y no invadan las competencias reservadas a la seguridad pública nacional.
Qué cambió con Mayer Mizrachi
El cambio más importante de la administración Mizrachi fue conceptual: la vigilancia patrimonial municipal fue convertida en una dirección denominada Policía Municipal, con una imagen, jerarquía y capacidades más cercanas a una organización policial.
El Acuerdo 162 incorporó rangos como cabo, sargento, teniente, capitán y mayor; estableció requisitos físicos y de salud; reguló el uso progresivo de la fuerza; contempló armas cortas y largas que no fueran de guerra; y otorgó facultades para requisas, registros, aprehensiones y detenciones previas a la entrega de la persona a la autoridad competente.
La oposición a este modelo tiene varias razones. La primera es constitucional: se cuestiona que una institución policial sea organizada mediante acuerdo municipal y no mediante una ley nacional. La segunda es institucional: el Gobierno teme la existencia de cuerpos paralelos con competencias superpuestas y cadenas de mando distintas. La tercera es operativa: una persona podría no saber si está frente a un vigilante, un agente municipal o un miembro de un estamento nacional.
También existe una preocupación política. Si cada alcalde pudiera crear su propia fuerza armada con facultades de detención, el país podría terminar con cuerpos municipales diferentes, sometidos a controles desiguales y potencialmente utilizados para proteger intereses políticos locales.
El presidente José Raúl Mulino expresó precisamente ese temor al advertir que el modelo podría convertirse en una segunda policía y ser replicado por otros alcaldes. El Ministerio de Seguridad Pública presentó una demanda de nulidad contra el Acuerdo 162 ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, proceso que fue admitido en julio de 2026. Paralelamente, una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Policía Nacional no fue admitida por razones formales, sin que el pleno analizara el fondo del conflicto.
Por ahora, el debate permanece abierto. La ciudad necesita seguridad en sus parques, mercados e instalaciones, pero esa necesidad no elimina la obligación de definir con precisión quién puede detener, requisar, registrar, portar armas o usar la fuerza. La solución institucional no debería depender únicamente de la iniciativa de un alcalde, sino de reglas nacionales claras, controles independientes, capacitación verificable y una delimitación que evite confundir la protección de los bienes municipales con el ejercicio de la seguridad pública.
