El pasado 3 de mayo, la voluntad de las mayorías, tomó la decisión de favorecer en las urnas, la propuesta política del actual gobierno. La gente votó en libertad, sin temores y en democracia. Hoy, a tan solo 170 días de haber recibido ese mandato popular, vemos como se trata de entronizar un régimen de “doble moral”, que pone en peligro la democracia que les permitió llegar al poder y, mas grave aún, cercenar la legalidad y la gobernabilidad de la nación. Las acciones emprendidas por este gobierno contra todos los sectores de la sociedad, apuntan a “desaparecer la seguridad jurídica”, estas son evidentes y preocupantes lo que debe llevarnos a una profunda reflexión.
Las leyes y las instituciones jurídicas no deben convertirse en instrumento de represión. No se puede permitir que se siga gobernando con una política de “caprichos y antojos” y menos aceptar la persecución que conduzcan hacia el conocido “terrorismo judicial”, ya experimentado después de la invasión, como método de gobernar contra los derechos ciudadanos.
Las acciones y declaraciones sistemáticas hechas por altos personeros del gobierno contra la Procuradora General de la Nación, sin lugar a dudas obedecen a que esa institución no se ha prestado para perseguir a quienes se encuentran en un listado en que aparecen figuras que no son del agrado ni del entorno de intereses del actual gobierno.
Estamos convencidos que la verdadera intención de la campaña contra la Lic. Ana Matilde Gómez, Procuradora General de La Nación, va dirigida a controlar las actuaciones y las decisiones de todo el Órgano Judicial en el futuro cercano. La suspensión del sistema penal acusatorio y la manifiesta intención de declarar la interinidad de Jueces y Magistrados, desoyendo las voces de la concertación, nos demuestra que se está pavimentando el camino para intimidar a todo aquel que difiera, critique o haga oposición al actual gobierno.
Nunca antes nuestra joven democracia había experimentado la intromisión flagrante del Órgano Ejecutivo en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, al punto de manipular el reglamento interno de esta institución con el objetivo de favorecer una nueva correlación interna que le facilite imponer la voluntad sobre este Órgano del Estado.
Debemos defender la estabilidad del Ministerio Público y del Órgano Judicial como pilar fundamental de la democracia moderna, a la cual nuestro Partido ha dado muestras de respeto y apego a sus instituciones. Y reiteramos nuestro convencimiento del mejoramiento de la administración de justicia sobre la base de los consensos y las disposiciones vigentes.
Por lo tanto denunciamos y elevamos una voz de alerta; porque hoy los objetivos son contra políticos de oposición, sectores empresariales y gremios sociales; y mañana será contra los periodistas y medios que critiquen los desafueros y arbitrariedades del gobierno. El PRD no permitirá que la persecución y la política de despojo se implante en nuestra Patria; ya que personeros y allegados del gobierno han instituido el método de coaccionar a empresarios nacionales y extranjeros para solicitarle porciones de sus negocios o en caso contrario apropiarse de los mismos.
Reiteramos nuestro papel de oposición seria y responsable. Somos el mayor colectivo político de la nación y no solo representamos los intereses de nuestros copartidarios sino de vastos sectores de la sociedad panameña, a la cual nos debemos y por la cual luchamos para alcanzar un Estado equitativo y de bienestar para todos.
Panamá, 21 de octubre de 2009.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
