El Partido Revolucionario Democrático quiere dejar constancia histórica de su posición frente a la grave amenaza que representa para la democracia el gobierno autoritario del señor Ricardo Martinelli. Lo que hace unos meses denunciábamos como una situación preocupante, ahora a casi seis meses de instalado en el poder, podemos decir que es una realidad, estamos en la antesala de un régimen dictatorial fascista. La tenue línea que separa la administración de los poderes públicos, sobre los que debe sustentarse una república democrática no existe. El señor Martinelli controla, no sólo las decisiones del Órgano Ejecutivo, cargo para el cual fue electo, sino también las decisiones de los otros órganos del Estado.
La historia reciente está plagada de ejemplos de dirigentes electos democráticamente que, apoyados en una eficaz estrategia propagandística, aprovechan sus altos niveles de popularidad para aplastar la democracia. El control de la opinión pública, a través de una alianza con algunos medios de comunicación, y el control de los estamentos judiciales para perseguir a sus adversarios y neutralizarlos políticamente son los primeros pasos. El cambio de las reglas del juego, mediante reformas constitucionales o electorales que le garanticen a corto plazo su permanencia en el poder, es el siguiente paso. Es precisamente en este punto en el que nos encontramos.
Desde hace varios meses el PRD viene denunciando las presiones que ejerce el Órgano Ejecutivo hacia el Órgano Judicial y el Ministerio Público para convertirlos en instrumentos de persecución política, tal cual ocurrió durante los meses y años posteriores a la invasión estadounidense de 1989.
Hoy, luego de los reiterados fallos contra derecho del pleno de la Corte Suprema de Justicia, bajo las claras y evidentes presiones políticas de las fuerzas en el poder, y luego de las recientes actuaciones del Ministerio Público, mediante las cuales, también contra derecho, se ha ordenado la detención de exministros, así como la orden de conducción contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares y otros altos funcionarios de la administración anterior, podemos decir que hemos entrado en una nueva etapa de justicia selectiva y terrorismo judicial en Panamá.
Vistas en su conjunto, todas las medidas adoptadas por el actual gobierno en materia judicial describen mejor el panorama: La suspensión por más de dos años de la implementación del sistema garantista establecido en el nuevo Código de Procedimiento Penal, para mantener en manos del Ministerio Público la potestad de ordenar detenciones desde la fase preliminar de las investigaciones; la presentación del proyecto de ley que declara en interinidad todos los cargos de jueces y magistrados, como espada de Damocles sobre sus cabezas; la modificación del artículo 74 del Código Judicial, para permitir que sean los magistrados recién nombrados los que determinen quién será el próximo presidente de la Corte Suprema; las evidentes presiones políticas sobre la Procuradora General de la Nación, han surtido sus efectos, convirtiendo al Ministerio Público en una caricatura de la justicia al servicio de los caprichos del ejecutivo.
Las intenciones del señor Ricardo Martinelli y su gobierno autoritario son claras y confesas: Impedir que el torrijismo vuelva a ser opción de poder en nuestro país. Para ello necesitan destruir nuestra moral y nuestros símbolos. Frente a esta situación declaramos como lo hicimos desde el primer momento que no nos dejaremos intimidar y que mantendremos nuestra posición de oponernos con firmeza a este gobierno y su agenda de franco retroceso histórico, con la cual pretenden volver a nuestro país al sistema oligárquico que dejamos atrás con Omar Torrijos.
Una vez más denunciamos que una democracia trastocada como la que estamos viviendo no es democracia, que un estado derecho en el que no se respetan las garantías individuales y procesales no es estado de derecho y que buena parte de la responsabilidad de lo que ocurra en el futuro recaerá sobre los hombros de los jueces y fiscales, incluidos los magistrados de la Corte Suprema y la Procuradora General de la Nación, porque sin justicia no hay democracia y sin democracia no habrá en nuestro país una verdadera paz.
El PRD que es artífice de importantes logros de la democracia panameña en los últimos años y de respeto a los derechos ciudadanos, no acepta ni aceptará el ataque sistemático que implementan para destruirnos. Por ello convoca a su membresía a una alerta nacional, prestos a su movilización para defender su integridad y el respeto a la institucionalidad democrática.
Aún estamos a tiempo de evitar el trastrocamiento irreversible de las instituciones del país, en especial los que tienen relación con la administración de justicia. Callar ahora, frente a la dictadura de un grupejo oligárquico en ciernes, demandará mañana un altísimo precio para recuperar la libertad.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Dado en la ciudad de Panamá, a los 29 días de diciembre de 2009
