El presidente de la República, Ricardo Martinelli, en conjunto con los miembros del Consejo de Gabinete aprobaron por unanimidad –este martes, 27 de septiembre- un proyecto de ley que permitirá a las personas residentes en Panamá tener acceso libre a la información de los condenados por violaciones y abusos sexuales contra menores de edad y discapacitados.
Con la creación de esta base de datos se podrá conocer el domicilio actualizado de los condenados por estos delitos y demás información que permita su identificación personal.
“Debemos tomar conciencia que nuestro futuro como país depende de la protección que le demos a nuestra juventud y esta protección hay que garantizarla con hechos concretos, dejando a un lado los postulados utópicos”, señaló la ministra de Gobierno, Roxana Méndez.
El objetivo de esta base de datos es que los padres de familia, responsables o custodios de los menores de edad o con discapacidad puedan identificar a las personas que en su entorno pueden poner en peligro la integridad de sus protegidos.
“Confiamos que este esfuerzo –realizado en conjunto con las autoridades policiales, el Ministerio Público y las autoridades de seguridad del Órgano Ejecutivo- cuenten con el respaldo de la sociedad civil, padres de familia, escuelas, iglesias y en general todas las organizaciones protectoras de los derechos de las personas menores y de las personas con discapacidades especiales”, reiteró Méndez.
La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y adoptada en todas sus partes por la República de Panamá mediante la Ley 15 de 1990, reconoce la necesidad de proporcionar al niño una protección especial que obliga a los Estados a adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que los protejan de abusos físicos, mentales, descuido o trato negligente, malos tratos incluido el abuso sexual.
Además, el Código de la Familia establece como principio básico la obligación del Estado de reforzar los derechos fundamentales del menor para protegerlo de los riesgos o peligros contra su integridad psicofísica, social y espiritual obligándose a brindarle una protección adecuada.
Esta iniciativa –además- constituye una valiosa herramienta de prevención, comprobada por expertos en la materia por ser este tipo de delito los que reportan un mayor índice de reincidencia. Con la creación de este registro se incluye también la creación de una base de datos genéticos como un instrumento fundamental para la identificación rápida y eficiente de los delincuentes, lo que minimizará el riesgo de que cometan crímenes.
Paralelo a este proyecto de ley, esta administración -consciente de la preocupación de los diversos sectores del país sobre el tema de seguridad- tiene previsto inaugurar próximamente un laboratorio de Biología Molecular y Genética Forense como resultado de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público.
“Confiamos que con esta tecnología de avanzada se podrá dar respuesta más rápida y eficaz en la lucha contra la criminalidad en nuestro país”, puntualizó Méndez.
Con la presentación de este proyecto de ley en Consejo de Gabinete, Panamá se suma a iniciativas aprobadas en países como Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Australia con el único propósito de cumplir con nuestro deber de proteger y dar una mejor calidad de vida a todas las personas que residen en nuestro país.
Le corresponderá a la ministra de Gobierno Roxana Méndez -en representación del Ejecutivo- presentarlo ante la Asamblea Nacional de Diputados para los respectivos debates que lleven al proyecto convertirse en ley de la República.
