El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer y último debate el proyecto de ley 269 que reforma las leyes 14 y 34 que rigen el transporte terrestre público de pasajeros ante demandas ciudadanas por un mejor servicio y mayor seguridad.
La iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo y sometida a una serie de reformas en primer y segundo debate, tiene el propósito de otorgarle mecanismos jurídicos a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para sancionar con rigidez a transportistas que pongan en peligro la vida de los usuarios.
El artículo 4 del documento establece que son causales de terminación del contrato de concesión de líneas, rutas, piqueras o zonas de trabajo, la prestación del servicio con vehículos que no cumplan las medidas de seguridad, mantenimiento y reparaciones mecánicas, además por la suspensión total o parcial del servicio y el aumento unilateral y comprobado de las tarifas por parte del concesionario.
Otro de los puntos de importancia del proyecto de ley es el referente a que la ATTT tendrá la responsabilidad de verificar previa a su entrada al país, que todos los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros cuenten con mecanismos adecuados para evacuar a los pasajeros en caso de emergencia.
Además, para obtener el certificado de inspección vehicular todo propietario de vehículo a motor o unidad de arrastre deberá presentar una póliza de seguro obligatorio requerida por el Reglamento de Tránsito y se prohíbe abastecer de combustibles a vehículos de transporte público de pasajeros cuando se este prestando el servicio y el uso de aparatos reproductores de sonido y video en las rutas de las áreas urbanas, metropolitanas, internas y colegial.
El artículo 18 contempla que se prohíbe toda actividad o conducta que realicen los auxiliares del conductor que ponga en peligro la conducción ordenada del vehículo de transporte colectivo.
En tanto, se establece la educación vial obligatoria para todos los conductores que se dediquen al servicio . La ATTT diseñará los programas y designará las instituciones educativas que los impartirán.
Los diputados oficialistas Pedro Miguel González y Alejandro Vanegas consideraron que la ley favorece a los usuarios, mientras que parlamentarios del ala opositora como José Blandón, Wigberto Quintero y Pacífico Escalona estimaron que la propuesta es inconveniente porque no frenará los abusos que a diario cometen los transportistas.
