El 23 de septiembre de 2025, el Tribunal Electoral autorizó oficialmente el inicio del proceso de revocatoria de mandato contra Mayer Mizrachi, alcalde del distrito de Panamá, marcando un momento histórico sin precedentes en la democracia panameña. La autorización, que requiere la recolección de 217,322 firmas (equivalente al 30% del padrón electoral del distrito), no representa simplemente un trámite burocrático: constituye un termómetro democrático que expone la creciente demanda ciudadana por rendición de cuentas y control sobre la gestión pública. Esta iniciativa, presentada por el ciudadano José Guardia Bernal, trasciende las controversias personales para convertirse en una prueba de fuego del sistema democrático panameño y su capacidad de autorregulación.
Un mecanismo democrático en acción
La revocatoria de mandato en Panamá, regulada por el Código Electoral y el Decreto 49 del 2020 (modificado por el Decreto 8 del 2025), representa un instrumento de democracia participativa que permite a los ciudadanos destituir autoridades electas antes de concluir su período constitucional. Para alcaldes elegidos por partidos políticos, como Mizrachi, existen dos modalidades: la revocatoria partidaria (impulsada por el partido) y la revocatoria popular (promovida por ciudadanos).
El proceso establecido por el Tribunal Electoral es riguroso y escalonado. Los promotores deben cumplir inicialmente con dos semanas de capacitación (entre el 6 y 7 de octubre), seguidas de 120 días calendario para recolectar las 217,322 firmas requeridas. Las firmas deben recabarse exclusivamente de manera presencial en las sedes del Tribunal Electoral, con el derecho ciudadano de retractarse posteriormente. Si se validan las firmas necesarias, el Código Electoral ordena la convocatoria de un referéndum distrital donde la mayoría simple decide la permanencia o destitución del alcalde.
Históricamente, aunque este mecanismo existe desde hace décadas, solo han prosperado dos revocatorias partidarias y ninguna popular en Panamá. Esta situación convierte el proceso contra Mizrachi en un precedente potencialmente histórico que podría establecer el primer caso exitoso de revocatoria popular en el país.
Mayer Mizrachi: figura polarizadora
Mayer Mizrachi llega a la alcaldía capitalina cargando un pasado judicial complejo que ha definido tanto su narrativa política como su estilo de liderazgo. El caso Criptext, que lo mantuvo bajo investigación por nueve años, marca profundamente su trayectoria pública. En 2015, fue acusado de presunto blanqueo de capitales relacionado con un contrato de 211,850 dólares para instalar una plataforma de mensajería cifrada en dispositivos gubernamentales. Mizrachi fue detenido en Colombia y permaneció más de seis meses en la cárcel La Picota antes de ser deportado a Panamá.
Sin embargo, en julio de 2024, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales declaró la nulidad total del proceso, archivando definitivamente el caso tras determinar errores procesales del Ministerio Público. El Tribunal de Cuentas había establecido previamente que no existió lesión patrimonial al erario público. Este desenlace judicial permite a Mizrachi presentarse como víctima de persecución política, transformando su pasado judicial en un elemento de legitimidad y diferenciación frente al establishment tradicional.
Su estilo de liderazgo se caracteriza por confrontación mediática directa, uso intensivo de redes sociales y un lenguaje coloquial que busca conectar con sectores populares. Mizrachi ha posicionado sistemáticamente las críticas como «fuego amigo» y resistencia al cambio por parte de grupos de poder tradicionales. Esta narrativa de outsider reformista choca constantemente con la estructura política establecida, generando tanto adhesión como rechazo intenso.
Los detonantes del malestar ciudadano
La gestión de Mizrachi ha estado marcada por múltiples controversias que alimentan el proceso revocatorio. En mayo de 2025, enfrentó una denuncia formal ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) por conflicto de intereses relacionado con donaciones de campaña. El abogado Guillermo Cochez denunció que Benjamín Méndez Kardoski, quien aportó 30,500 dólares a la campaña de Mizrachi, posteriormente recibió contratos municipales a través de sus empresas Towerbank International y Towertrust.
Los enfrentamientos con concejales han sido constantes, particularmente con el diputado Betserai Richards, quien acusó públicamente al alcalde de no destinar fondos de inversión necesarios a las juntas comunales. La situación financiera municipal también genera tensiones: con una deuda de 185 millones de dólares versus una recaudación de 136 millones, la alcaldía enfrenta restricciones presupuestarias significativas que limitan su capacidad operativa.
Las controversias por el uso de lenguaje coloquial y decisiones polémicas, como llevarse una silla del estadio Rommel Fernández o sus declaraciones sobre los «bien cuidao» (indigentes), han generado percepción de improvisación e inconsistencia en sectores de la opinión pública. Estos incidentes, aunque menores individualmente, acumulan descontento y proporcionan munición política a sus detractores.
Implicaciones estratégicas
El proceso revocatorio trasciende la figura de Mizrachi para convertirse en un laboratorio democrático con implicaciones sistémicas profundas. Si la revocatoria prospera, establecería el primer precedente de revocatoria popular exitosa en la historia panameña, potencialmente inaugurando una «cultura de revocatoria» que mantenga a los funcionarios bajo escrutinio ciudadano permanente.
Esta situación podría fortalecer la percepción ciudadana sobre la efectividad de los mecanismos de control democrático, demostrando que las instituciones pueden responder a la demanda social de rendición de cuentas. Sin embargo, también existe el riesgo de generar inestabilidad gubernamental si se normaliza el uso de revocatorias como herramienta de oposición política sistemática.
El impacto en la confianza institucional es ambivalente: mientras algunos sectores podrían interpretar una revocatoria exitosa como prueba de que «el sistema funciona», otros podrían verla como evidencia de que las instituciones electorales son vulnerables a presiones externas. La percepción final dependerá significativamente de cómo se desarrolle el proceso y la respuesta de los diferentes actores políticos.
Escenarios posibles
Si la revocatoria avanza y se concreta, Panamá experimentaría un terremoto político sin precedentes. Mizrachi se convertiría en el primer alcalde destituido por voto popular, obligando a elecciones especiales para elegir nuevo alcalde según el artículo 479 del Código Electoral. Este escenario fortalecería los movimientos ciudadanos de fiscalización y podría inspirar revocatorias similares contra otras autoridades, alterando permanentemente las dinámicas del poder local.
Si la revocatoria no logra el respaldo suficiente, Mizrachi saldría políticamente fortalecido, legitimando su narrativa de víctima de persecución y consolidando su base de apoyo. La incapacidad de reunir 217,322 firmas se interpretaría como respaldo tácito ciudadano a su gestión, proporcionándole capital político para el resto de su mandato.
El impacto en la gobernabilidad local varía según el escenario. Una revocatoria exitosa generaría incertidumbre temporal pero podría mejorar la gobernabilidad a largo plazo si el nuevo alcalde logra mayor consenso. Una revocatoria fallida podría profundizar la polarización, complicando las relaciones entre el alcalde y el Concejo Municipal.
A nivel nacional, el proceso influye en la narrativa democrática panameña. Una revocatoria exitosa demostraría la madurez del sistema democrático y la efectividad de sus mecanismos de control. Una revocatoria fallida cuestionaría la viabilidad práctica de estos instrumentos debido a las altas barreras para su activación.
El espejo democrático
La revocatoria contra Mayer Mizrachi trasciende las circunstancias específicas para convertirse en un espejo democrático que refleja las tensiones profundas de la sociedad panameña contemporánea. Este proceso expone la creciente demanda ciudadana por control y rendición de cuentas, así como la persistente desconfianza hacia las instituciones políticas tradicionales.
La paradoja central radica en que, independientemente del resultado, el proceso ya cumple una función democrática esencial: recordar a los gobernantes que el poder ciudadano no se agota en las urnas. La mera posibilidad de revocatoria modifica la relación entre representantes y representados, introduciendo un elemento de accountability continuo que puede mejorar la calidad de la gestión pública.
Sin embargo, la efectividad real de estos mecanismos depende de su equilibrio institucional. Barreras muy altas (como el 30% de firmas requerido) pueden convertir la revocatoria en un instrumento prácticamente inaccesible, mientras que barreras muy bajas podrían generar inestabilidad gubernamental permanente.
El caso Mizrachi revela que la democracia panameña está evolucionando hacia formas más participativas y exigentes de control ciudadano. Esta evolución, aunque genere tensiones y controversias, fortalece a largo plazo la calidad democrática al mantener a los funcionarios conscientes de que su legitimidad depende no solo del voto inicial, sino de su desempeño continuo frente a la ciudadanía.
La pregunta fundamental que plantea este proceso no es si Mizrachi permanecerá en el cargo, sino qué tipo de democracia está construyendo Panamá: una donde los ciudadanos ejercen control efectivo sobre sus representantes, o una donde los mecanismos de participación quedan como ornamentos constitucionales sin aplicación práctica. La respuesta definirá el futuro democrático del país.
