El retorno inmediato a clases pactado entre el Ministerio de Educación (MEDUCA) y veintiún gremios docentes, firmado el 11 de julio de 2025, pretende cerrar una huelga de más de dos meses y restablecer el derecho a la educación de 800 000 estudiantes panameños. Sin embargo, la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) advierte que el convenio “violenta” el recurso de reconsideración consagrado en la Ley 38 de 2000 y ratificado por la Procuraduría de la Administración en enero de este año. Detrás del gesto de conciliación late un dilema: acelerar la normalización académica puede derivar en la erosión de garantías administrativas básicas y erosionar la confianza en las instituciones. Este artículo examina, con lupa jurídica y perspectiva estratégica, los alcances y riesgos del acuerdo.
Contexto histórico y antecedentes
Huelgas docentes recurrentes
Panamá acumula una tradición de paros magisteriales que, desde la década de 1980, han girado en torno a tres ejes: salarios, infraestructura escolar y reformas curriculares. La protesta iniciada en mayo de 2025 estalló cuando gremios, liderados por Asoprof, rechazaron recortes presupuestarios y exigieron mejoras en los planteles. La prolongación de la huelga obligó al Ejecutivo a buscar un pacto expreso para salvar el calendario escolar.
El recurso de reconsideración en la Ley 38 de 2000
La Ley 38, que rige el Procedimiento Administrativo General, establece que los recursos ordinarios de reconsideración y apelación tienen efecto suspensivo: mientras se tramitan, la resolución impugnada no puede ejecutarse. Para reforzar la norma, la Procuraduría de la Administración emitió la Circular PA/DS/SCAJ-002-25 (21 de enero de 2025) recordando a todas las entidades que deben respetar esa suspensión.
Marco actual: legal, político y comunicacional
El texto del acuerdo de 11 de julio
El documento —titulado “Declaración de principios por la educación y por el retorno inmediato e ininterrumpido a clases”— contiene siete compromisos clave:
- Reincorporación presencial el lunes 14 de julio.
- No pago de salarios caídos, salvo futura consulta a la Contraloría.
- Suspensión de nuevas notificaciones disciplinarias.
- Garantía de debido proceso en expedientes vigentes.
- Resolución expedita de recursos de reconsideración en un plazo de cinco días.
- Revisión de cumplimiento el 19 de julio.
- Firma de representantes de 21 gremios y del MEDUCA.
La posición de Asoprof
Aunque terminó suscribiendo el texto para no aislarse del resto de las organizaciones, Asoprof declaró que el convenio “viola” el recurso de reconsideración al imponer obligaciones (retornar a clases, desistir de cobrar salarios caídos) antes de que las impugnaciones sean resueltas.
Comunicación oficial del MEDUCA
El MEDUCA argumenta que el acuerdo no anula los recursos presentados; únicamente agiliza la respuesta de los directores escolares y evita nuevas sanciones. En palabras del director general de Educación, Edwin Gordón, “no habrá represalias, pero el docente notificado debe resolver su recurso ante la dirección de su plantel”.
Actores clave y motivaciones
| Actor | Interés principal | Poder de influencia | Riesgo percibido |
|---|---|---|---|
| MEDUCA | Restablecer la normalidad académica y reducir presión social. | Alto: controla nombramientos y presupuesto. | Demandas judiciales por omisión de efecto suspensivo. |
| Asoprof | Defender derechos laborales y debido proceso; preservar liderazgo sindical. | Medio-alto: capacidad de movilización y discurso público. | Desgaste ante la opinión pública si prolonga el conflicto. |
| Otros gremios (AEVE, SINTE, etc.) | Obtener compromisos salariales y frenar represalias. | Medio: firmaron el acuerdo y ejercen presión colectiva. | Pérdida de cohesión interna si se evidencian concesiones. |
| Procuraduría de la Administración | Vigilar la legalidad administrativa. | Medio: emite criterios vinculantes. | Cuestionamiento político si su circular es ignorada. |
| Estudiantes y familias | Recuperar clases y estabilidad. | Bajo-medio: capacidad de protesta social. | Atraso académico y crisis de confianza. |
Implicaciones estratégicas
Consecuencias inmediatas
- Legitimidad institucional: la incongruencia entre la Circular 002-25 y el acuerdo expone al Estado a acusaciones de discrecionalidad.
- Precedente administrativo: si se tolera la ejecución de actos pese al recurso suspensivo, se debilita el régimen de garantías para los administrados.
- Imagen internacional: organismos multilaterales que monitorean gobernanza podrían registrar un retroceso en el cumplimiento normativo.
Riesgos futuros
- Judicialización: docentes afectados podrían interponer demandas de nulidad o amparos de garantías, prolongando la incertidumbre.
- Efecto contagio: otros sectores sindicales (salud, transporte) podrían replicar tácticas de presión, sabiendo que el Ejecutivo prioriza la paz social sobre la estricta legalidad.
- Desgaste político: la narrativa de “improvisación” puede erosionar la credibilidad del MEDUCA y del Gobierno, especialmente en año preelectoral.
Oportunidades latentes
- Reforma procesal: el conflicto abre espacio para modernizar la Ley 38, añadiendo plazos perentorios y mecanismos digitales de notificación.
- Diálogo social actualizado: crear una mesa permanente de seguimiento con indicadores de desempeño educativo y laboral.
Comparaciones internacionales e históricas
| País | Caso comparable | Clave de aprendizaje |
|---|---|---|
| Chile (Paro docente 2019) | Acuerdo preliminar firmado antes de resolver sumarios disciplinarios derivó en querellas posteriores y debilitó al Ministerio de Educación. | Resolver expedientes primero, negociar después, minimiza litigios. |
| México (CNTE-SEP, 2013-2020) | La CNTE firmó acuerdos parciales; la ausencia de respeto a recursos administrativos generó bloqueos intermitentes por siete años. | Sin garantías procesales, la conflictividad se recicla. |
| España (LOMCE 2014-2017) | Recursos de reposición suspendieron aplicación de normativas regionales hasta fallo del Tribunal Supremo. | El efecto suspensivo evitó el caos normativo mientras se debatía. |
La experiencia comparada evidencia que la prisa por “normalizar” puede salir costosa si no se respeta el debido proceso.
Escenarios posibles y recomendaciones estratégicas
Escenario A: Validación plena del acuerdo
El MEDUCA cumple con los cinco días para responder todos los recursos; Asoprof se suma al proceso de reforzamiento académico. Riesgo residual de demandas mínimas.
Recomendación: publicar un dashboard de avance, con cifras verificables de recursos resueltos, para fortalecer transparencia.
Escenario B: Impugnación judicial exitosa
Un tribunal contencioso-administrativo admite acciones de nulidad y suspende el acuerdo. Se reactiva el paro parcial.
Recomendación: MEDUCA debería preparar un protocolo alternativo de clases virtuales y abrir negociaciones asistidas por la Defensoría del Pueblo.
Escenario C: Negociación incremental
Se mantiene el acuerdo, pero se suscribe un addendum que reconoce explícitamente el efecto suspensivo y amplía plazos de respuesta.
Recomendación: incorporar la procuraduría como garante y documentar todas las etapas en un repositorio público.
Conclusión
El convenio MEDUCA-gremios buscó apagar un incendio educativo, pero encendió un debate jurídico de alto voltaje: ¿puede la urgencia social justificar el atajo procedimental? La Ley 38 y la Circular 002-25 son tajantes: el recurso de reconsideración bloquea la ejecución de la resolución impugnada. Firmar obligaciones que, en la práctica, fuerzan al docente a acatar antes de que su recurso sea fallado, tensiona el Estado de derecho y siembra dudas sobre la consistencia del Ejecutivo. El reto, a corto plazo, es equilibrar el regreso a clases con el respeto al debido proceso; a largo plazo, fortalecer la institucionalidad para que la educación no vuelva a ser rehén de contradicciones normativas. La sociedad panameña demanda algo más que el fin de una huelga: espera un sistema capaz de conciliar legalidad y eficiencia sin sacrificar la confianza ciudadana.
