El mensaje clave es ineludible: La gestión de Nicolás Maduro no representa simplemente una crisis política o un fallo administrativo, sino la ejecución sistemática de una estructura de poder que ha canibalizado al Estado para perpetuarse, resultando en la mayor crisis humanitaria del hemisferio occidental fuera de una guerra declarada. Las acusaciones que pesan sobre su liderazgo trascienden la ideología; son un expediente criminal cuantificable en miles de ejecuciones extrajudiciales, millones de desplazados forzosos y la transformación de la soberanía nacional en una plataforma logística para el crimen organizado transnacional. No estamos ante un gobierno fallido, sino ante una corporación criminal exitosa que ha secuestrado las instituciones públicas para garantizar su impunidad a costa de la vida y la dignidad de millones de ciudadanos.
El costo humano
Para entender la magnitud de las acusaciones, debemos mirar más allá de la retórica y centrarnos en la biología de la represión. La violencia en Venezuela bajo el mandato de Maduro no es incidental; es estructural.
Según los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU), se ha documentado una política de estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición. La Misión ha investigado miles de casos de ejecuciones extrajudiciales .
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando de la Policía Nacional Bolivariana que fue disuelto nominalmente pero cuyas estructuras persisten, fueron señaladas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en 2019. Su informe indicó que, en los primeros seis meses de 2018, el gobierno registró 5,287 muertes supuestamente por «resistencia a la autoridad» . Organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) sugieren que la cifra real es considerablemente mayor, estimando que entre 2016 y 2019 hubo más de 19,000 ejecuciones extrajudiciales .
No se trata de «daños colaterales». La acusación central ante la Corte Penal Internacional (CPI), bajo la investigación actual del fiscal Karim Khan, es que se han cometido Crímenes de Lesa Humanidad. Esto implica que los ataques contra la población civil (asesinatos, encarcelamientos, torturas) han sido generalizados, sistemáticos y con conocimiento de la cúpula del poder. Es la primera vez que un país de América Latina enfrenta una investigación activa de esta magnitud en La Haya.
La industria de la tortura y la detención arbitraria
El control social requiere miedo, y el miedo se administra a través del sistema penitenciario y de inteligencia. Las acusaciones detallan una maquinaria de tortura sofisticada operada por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar).
La ONG Foro Penal, líder en la defensa de derechos humanos en el país, ha documentado más de 15,800 detenciones por fines políticos desde 2014. A la fecha, tras las controvertidas elecciones de julio de 2024, la cifra de presos políticos se disparó alarmantemente, superando los 2,000 detenidos —alrededor de 2,065 según reportes recientes—, incluyendo adolescentes y personas con discapacidad .
Los informes de la ONU detallan métodos de tortura que hielan la sangre, aplicados en centros de detención como «El Helicoide» o «La Tumba». Las acusaciones incluyen:
- Descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo.
- Asfixia con bolsas de plástico y sustancias químicas.
- Violencia sexual y amenazas de violación a familiares.
- Privación sensorial prolongada y condiciones de aislamiento inhumanas.
Estos no son actos de funcionarios insubordinados; la cadena de mando ha sido trazada directamente hasta la presidencia, acusando a Maduro y a sus ministros de defensa e interior de dar las órdenes o, en su defecto, de proveer los recursos y la protección legal para que estos crímenes ocurran.
El desplazamiento
El éxito de una nación se mide por su capacidad de retener y desarrollar talento. Bajo esta métrica, el fracaso es absoluto. La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), liderada por ACNUR y la OIM, cifra en más de 7.8 millones el número de venezolanos que han huido del país .
Hablamos de casi el 25% de la población total. Esta cifra supera los desplazamientos de crisis bélicas históricas como la de Siria o Afganistán en ciertos periodos. La acusación implícita aquí es el desplazamiento forzado mediante la privación deliberada de las condiciones básicas de vida. No es una migración voluntaria; es una expulsión masiva provocada por el colapso de los servicios públicos, la hiperinflación inducida y la inseguridad alimentaria.
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, la pobreza multidimensional ha llegado a abarcar a más del 80% de la población en sus picos más altos. Destruir la economía de tal manera que la ciudadanía deba elegir entre el exilio o la inanición es, en términos estratégicos, una forma de violencia de estado.
El narcoestado
Quizás la acusación más grave en el ámbito internacional, y que cambia la naturaleza del régimen de «político» a «criminal», es la vinculación directa con el narcotráfico.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos formales contra Nicolás Maduro y otros 14 funcionarios actuales y anteriores por narcoterrorismo, corrupción y tráfico de drogas. La acusación formal sostiene que Maduro lidera el Cártel de los Soles, una organización criminal compuesta por altos oficiales militares venezolanos que, en colaboración con disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), utiliza el aparato estatal para traficar cocaína hacia Estados Unidos y Europa .
Los datos de la acusación son contundentes:
- Conspiración para el narcoterrorismo: Se alega que Maduro negoció cargamentos de toneladas de cocaína a cambio de millones de dólares y armas para las guerrillas.
- Puente Aéreo: El uso de aeropuertos presidenciales y bases militares en el estado Apure y Zulia como trampolín para el tráfico ilícito.
La Recompensa: El Departamento de Estado de EE.UU. ofrecía hasta $25 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro, colocándolo en la misma lista de búsqueda que los líderes de organizaciones terroristas globales .
Esta estructura convierte a Venezuela no en un estado fallido, sino en un «Estado Mafioso», donde las relaciones exteriores se gestionan no por diplomacia, sino por conveniencia criminal.
Conexiones globales
La estrategia de supervivencia de Maduro ha implicado la entrega de soberanía a actores geopolíticos adversarios de Occidente. Las acusaciones señalan la presencia de operadores de Irán, Rusia y China en territorio venezolano, gestionando desde sistemas de telecomunicaciones y ciberseguridad hasta la explotación opaca de recursos minerales en el Arco Minero del Orinoco.
El Arco Minero es otro capítulo de devastación. Se acusa al régimen de permitir la minería ilegal de oro y coltán, controlada por grupos armados (sindicatos criminales y el ELN), causando un ecocidio irreversible en la Amazonía venezolana y envenenando las fuentes de agua de las comunidades indígenas con mercurio. Este oro de sangre, según investigaciones de medios internacionales y ONGs como Crisis Group, se utiliza para evadir sanciones internacionales y financiar la lealtad de la cúpula militar .
Además, la reciente controversia sobre el sistema electoral, validada por el panel de expertos de la ONU que declaró que las elecciones de 2024 «carecieron de las medidas básicas de transparencia e integridad», confirma la captura total del sistema democrático. No hay separación de poderes; solo hay una estructura monolítica al servicio del ejecutivo.
El veredicto de los datos
Al revisar la evidencia, la conclusión refuerza nuestro mensaje inicial con una claridad aterradora. Las acusaciones contra Nicolás Maduro no son ataques retóricos; son hechos respaldados por miles de folios en expedientes judiciales internacionales y por la realidad tangible de 7.8 millones de migrantes.
La gestión de Maduro se define por la conversión del Estado venezolano en una maquinaria de extracción de recursos y eliminación de disidencia. Los datos de muertes, torturas y narcotráfico demuestran que el objetivo nunca fue el bienestar social prometido por la «Revolución», sino la consolidación de una oligarquía militar y criminal. La historia y los tribunales internacionales juzgarán estos hechos, pero los números actuales ya han dictado sentencia: bajo este liderazgo, Venezuela dejó de ser un país para convertirse en la escena de un crimen continuado.
Notas:
Misión ONU (2024). Informe Bachelet A/HRC/41/18 (2019). OVV Anuario 2019. Foro Penal (octubre 2024). R4V (enero 2026). DOJ Indictment 20-0226. Dept. Estado EE.UU. (2025). Crisis Group Report (2024).
