¿Qué sucede en Boca La Caja?
La comunidad de Boca La Caja, ubicada en el corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá, enfrenta una situación de alta tensión debido a una propuesta de cambio de zonificación impulsada por la Alcaldía de Panamá. Los residentes consideran que esta iniciativa amenaza con desplazar a familias que han habitado el área por generaciones, muchas de las cuales poseen títulos de propiedad.
El conflicto se intensificó el 21 de mayo, cuando una protesta pacífica en la Vía Israel fue dispersada por unidades antimotines de la Policía Nacional mediante el uso de gases lacrimógenos. Este accionar afectó a niños, adultos mayores y mujeres, generando indignación en la comunidad.
Al día siguiente, durante una audiencia pública programada en el Parque Omar para discutir los cambios de zonificación, los residentes exigieron la presentación de un padrón electoral que verificara quiénes tenían derecho a votar según su área de residencia. Ante la ausencia de este documento y la creciente tensión, la Alcaldía decidió cancelar la audiencia, argumentando que las condiciones no garantizaban el bienestar ni la seguridad de los asistentes.
La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Eduardo Leblanc, intervino en el proceso, solicitando prudencia en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y ofreciendo mediar en el diálogo entre las partes involucradas. Además, la Junta Comunal de San Francisco expresó su rechazo a la represión ejercida contra los manifestantes.
Actualmente, el proceso de revisión de la zonificación se encuentra suspendido, y la comunidad de Boca La Caja permanece en alerta, exigiendo mayor transparencia y participación ciudadana en las decisiones que afectan su desarrollo urbano.
Antecedentes históricos
Boca La Caja nació como un caserío de pescadores desplazado en la década de 1930 desde la antigua caleta que hoy ocupa parte de la Cinta Costera. Durante décadas sus habitantes carecieron de títulos formales, vivieron del mar y quedaron atrapados entre desarrollos de alto valor (Punta Pacífica, Coco del Mar), lo que generó presiones permanentes de renovación urbana y gentrificación.
Marco jurídico aplicable
- Propiedad y vivienda. La Constitución (arts. 47-51) reconoce la inviolabilidad de la propiedad y el deber estatal de facilitar vivienda digna.
- Ordenamiento territorial. El Acuerdo Municipal 61 de 30-mar-2021 aprobó el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) del distrito de Panamá; cualquier modificación requiere consulta pública organizada por la Dirección de Planificación Urbana y refrendo de la Junta de Planificación Municipal. Fuente: Municipio de Panamá
- Participación ciudadana. La Ley 6 de 2002 (transparencia) y el Decreto Ejecutivo 23 de 2004 obligan a divulgar estudios y a celebrar cabildos abiertos antes de cambiar la zonificación.
- Derechos humanos. El artículo 38 constitucional garantiza la protesta pacífica; la Ley 31 de 1998 regula el uso proporcional de la fuerza.
Desarrollo político reciente (mayo 2025)
- Propuesta de nueva zonificación para San Francisco. La Alcaldía, bajo el alcalde Mayer Mizrachi, presentó un mapa que permite mayor densidad y uso mixto, lo que los residentes de Boca La Caja interpretan como amenaza de desplazamiento y devaluación.
- Rondas de talleres y falta de consenso. Entre el 19 y el 21 de mayo se celebraron tres talleres comunitarios sin acuerdos; la comunidad pidió suspender la votación hasta contar con padrón y más información técnica.
- Protesta y acción policial (21 de mayo). Habitantes bloquearon Vía Israel; unidades antimotines dispersaron con gas lacrimógeno, afectando a menores y ancianos, lo que generó denuncias de uso excesivo de la fuerza.
- Audiencia pública en Parque Omar (22 de mayo). La sesión se suspendió tras exigencias de un padrón electoral y gritos de “¡No va!”. El Municipio canceló la votación y ofreció reprogramar el proceso con garantías.
- Intervención de la Defensoría del Pueblo. El defensor Eduardo Leblanc compareció, pidió prudencia policial y se ofreció como mediador para un diálogo tripartito residentes-Municipio-Estado.
Los cinco puntos neurálgicos
| # | Tema | Qué está en juego | Estado al 23-may-2025 | Riesgos inmediatos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio de zonificación | Valor de la tierra, densidad, vocación pesquera | Proceso suspendido; borrador sigue vigente | Reanudación sin consenso puede escalar conflicto |
| 2 | Transparencia del procedimiento | Acceso a padrón, estudios de impacto | Falta metodología clara; Municipio promete nueva convocatoria | Demandas judiciales por nulidad |
| 3 | Uso de la fuerza pública | Derecho a la protesta, legitimidad institucional | Investigación interna solicitada | Acciones de hábeas data y quejas ante la CIDH |
| 4 | Participación comunitaria efectiva | Cabildos abiertos, representación real | Resistencia vecinal articulada; Defensoría media | Fatiga social y pérdida de confianza |
| 5 | Modelo de desarrollo urbano | Inclusión vs. gentrificación | Discurso oficial de “modernización” encuentra oposición | Fragmentación del tejido social y especulación |
Actores, funciones y desempeño
| Actor | Rol o competencia | Evaluación de desempeño |
|---|---|---|
| Comité de Residentes y Pescadores de Boca La Caja | Defensa del territorio, movilización social | Alta eficacia: logró aplazar la votación y visibilizar el conflicto |
| Alcaldía de Panamá (Alc. Mayer Mizrachi) y Dirección de Planificación Urbana | Diseñar y tramitar el nuevo esquema de usos de suelo | Parcial: elaboró propuesta técnica, pero falló en gestión de diálogo y en protocolos de audiencia |
| Junta Comunal de San Francisco | Representación vecinal, intermediación local | Proactiva: emitió comunicado contra la represión, respalda solicitud de mayor consulta |
| Defensor del Pueblo (Eduardo Leblanc) | Garantizar derechos humanos, mediar | Oportuna: presencia en audiencia, recomendaciones públicas y ofrecimiento formal de mediación |
| Policía Nacional – Unidad de Control de Multitudes | Mantener orden público | Cuestionada: reportes de gas en áreas residenciales, bajo investigación |
Conclusión
Boca La Caja se ha convertido en un microcosmos de los dilemas urbanos de Ciudad de Panamá: la tensión entre crecimiento inmobiliario, inclusión socio-espacial y respeto a los derechos ciudadanos. El marco jurídico ofrece herramientas claras (participación informada, consulta obligatoria, respeto a la protesta) pero su aplicación coherente es lo que determinará si el proceso de ordenamiento territorial deriva en un modelo de ciudad equitativa o en una nueva ola de gentrificación. Mientras la comunidad mantiene firme su organización y la Defensoría actúa como garante, el reto principal recae ahora en la Alcaldía: rediseñar la metodología de consulta, proveer información técnica exhaustiva y construir legitimidad a través del diálogo, no de la fuerza.
