Fuera en discurso, dentro en papeles
La Comisión Europea anunció este martes la remoción de Panamá de su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, esta decisión representa más un avance simbólico que una resolución definitiva. Panamá celebra una victoria comunicacional mientras navega por un proceso legal complejo que aún puede enfrentar obstáculos. La diferencia entre el anuncio político y la implementación jurídica revela las tensiones inherentes en la diplomacia económica moderna, donde la percepción y la realidad operan en calendarios distintos. Esta salida no garantiza estabilidad permanente: Panamá ya había salido de listas similares anteriormente, solo para regresar años después bajo nuevas evaluaciones.
¿Panamá ya salió oficialmente de la lista negra?
Sí y no. La Comisión Europea confirmó oficialmente que Panamá ha sido removido de la lista de jurisdicciones de alto riesgo por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta decisión se materializó tras un proceso técnico exhaustivo que incorporó información del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), diálogos bilaterales y visitas sobre el terreno1.
No obstante, la historia reciente de Panamá con estas listas demuestra la fragilidad de estos logros. El país fue incluido en la lista gris del GAFI en 2014, salió en 2016, y regresó en 2019. Esta volatilidad sugiere que las victorias en materia de transparencia financiera son condicionales y requieren mantenimiento constante.
La Comisión Europea había rechazado previamente una propuesta similar en 2024, cuando el Parlamento Europeo objetó la remoción de varios países, incluido Panamá, obligando a presentar una nueva propuesta1. Esta dinámica ilustra cómo las decisiones técnicas se entrecruzan con consideraciones políticas más amplias.
¿Qué dice exactamente la Comisión Europea?
La Comisión justifica su decisión señalando que Panamá ha demostrado «importantes avances en la mejora de su régimen anti-blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo«. El organismo europeo reconoce que el país «no solo fortaleció el marco jurídico y normativo para cumplir los compromisos del plan de acción sobre las deficiencias estratégicas identificadas por el GAFI, sino que implementó importantes mecanismos que evidenciaron la efectividad».
María Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros, subrayó que esta lista constituye «una herramienta clave para salvaguardar la integridad financiera del bloque europeo«. Esta declaración encapsula la tensión fundamental: mientras Panamá celebra la salida, Europa enfatiza que la lista sigue siendo un instrumento de protección que puede reactivarse según sea necesario.
El comunicado oficial europeo revela un enfoque cauteloso, basado en evaluaciones técnicas pero sujeto a revisiones periódicas. La remoción no implica un sello permanente de aprobación, sino el reconocimiento de mejoras actuales que deben sostenerse en el tiempo.
¿Cuál es el proceso legal para una salida definitiva?
El proceso de remoción requiere múltiples etapas de validación institucional. Primero, la Comisión Europea realiza una evaluación técnica basada en criterios del GAFI, que incluye análisis de marcos normativos, implementación efectiva y cooperación internacional.
Segundo, esta evaluación pasa por un período de consultas donde las jurisdicciones pueden ofrecer compromisos adicionales para evitar o mantener su exclusión de la lista1. Panamá participó activamente en este proceso desde octubre de 2020, implementando medidas específicas para combatir el lavado de dinero.
Tercero, la decisión debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea y entra en vigor veinte días después de su publicación. Este aspecto técnico es crucial: hasta que no se complete este proceso administrativo, la remoción permanece en estado de anuncio.
Finalmente, la sostenibilidad de la remoción depende de evaluaciones continuas. Como señaló Josep Borrell en 2022: «No podemos sacar a Panamá de la lista negra de la UE si antes no lo hace el GAFI«. Esta interdependencia institucional sugiere que la salida definitiva requiere alineación entre múltiples organismos internacionales.
¿Qué implica esto para bancos y empresas panameñas?
La remoción de la lista reduce significativamente los costos de cumplimiento para las instituciones financieras europeas que operan con entidades panameñas. Previamente, aparecer en la lista exigía que las entidades financieras europeas aplicaran «una mayor vigilancia con respecto a las operaciones efectuadas por entidades establecidas en estos territorios».
Esta vigilancia adicional se traducía en procesos de debida diligencia más costosos, tiempos de transacción más largos y, en algunos casos, la negativa completa a procesar operaciones con jurisdicciones listadas. Para los bancos panameños, esto significaba barreras adicionales para acceder a mercados europeos y mayores costos operativos.
La remoción también mejora la percepción de riesgo país en evaluaciones de calificadoras internacionales. Estas agencias consideran el estatus en listas internacionales como un factor en sus análisis de riesgo soberano y corporativo. Una mejora en este indicador puede traducirse en mejores calificaciones crediticias y menores costos de financiamiento.
Sin embargo, el sector financiero panameño debe mantener altos estándares de cumplimiento para evitar regresiones. La historia de entradas y salidas de listas demuestra que las mejoras deben ser sostenibles, no meramente cosméticas.
¿Por qué Panamá estaba en la lista?
Panamá fue incluido inicialmente en la lista europea en octubre de 2020 debido a «deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo detectadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional». Estas deficiencias no eran nuevas: el país había enfrentado escrutinio internacional desde los Panama Papers en 2016, que expusieron el uso de entidades panameñas para estructuras financieras opacas.
Las debilidades específicas incluían marcos normativos inadecuados para la transparencia de beneficiarios finales, supervisión insuficiente del sector financiero no bancario, y limitaciones en la cooperación internacional para intercambio de información fiscal. El sistema de sociedades anónimas al portador, históricamente utilizado para preservar el anonimato, representaba una vulnerabilidad particular.
Además, Panamá enfrentaba desafíos en la implementación efectiva de sus marcos legales. Tener leyes adecuadas en papel no garantiza cumplimiento en la práctica, y las autoridades europeas requerían evidencia de aplicación real de las normativas anti-lavado.
La inclusión en la lista también reflejaba preocupaciones geopolíticas más amplias sobre jurisdicciones que facilitaban evasión fiscal y lavado de dinero para ciudadanos europeos. Panamá se convirtió en símbolo de estas prácticas tras revelaciones periodísticas de alto perfil.
¿Qué reformas implementó Panamá?
El gobierno panameño lanzó un programa integral de reformas desde 2020, coordinado por el Ministerio de Economía y Finanzas como presidente de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales. Las reformas incluyeron modificaciones legislativas, fortalecimiento institucional y mejoras en cooperación internacional.
Una reforma clave fue el establecimiento del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), diseñado para incrementar la transparencia sobre la propiedad real de entidades corporativas. Sin embargo, el GAFI señaló en febrero de 2025 que Panamá debe «incrementar la carga de información de personas jurídicas en el RUBF, así como garantizar que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a la información de beneficiarios finales«.
El país también fortaleció sus marcos de supervisión financiera, expandiendo las facultades de la Superintendencia de Bancos y otras autoridades regulatorias. Se implementaron nuevos protocolos para la investigación de delitos de lavado de dinero, particularmente aquellos con componentes fiscales extranjeros3.
Adicionalmente, Panamá mejoró sus mecanismos de cooperación internacional, facilitando el intercambio de información con autoridades extranjeras y participando más activamente en iniciativas multilaterales de transparencia fiscal.
¿Qué técnicas comunicacionales utilizó el gobierno?
El gobierno panameño desplegó una estrategia comunicacional sofisticada que combina narrativas de victoria, evidencia técnica y diplomacia económica. El presidente Laurentino Cortizo anunció la decisión europea inmediatamente en redes sociales, enmarcando la noticia como resultado directo de las reformas gubernamentales.
La estrategia incluye el uso de terceros creíbles para validar el progreso. Citar evaluaciones del GAFI y la Comisión Europea como fuentes de la mejora otorga legitimidad técnica a las celebraciones políticas. Esto convierte el discurso gubernamental en eco de evaluaciones «neutrales» internacionales.
El gobierno también empleó técnicas de framing temporal, presentando la salida como culminación de un proceso iniciado en su administración, estableciendo causalidad política entre sus políticas y los resultados internacionales. Esta narrativa minimiza factores externos o reformas iniciadas en administraciones anteriores.
Finalmente, la comunicación oficial enfatiza la «transparencia internacional» como objetivo alcanzado, convirtiendo una remoción condicional en una victoria definitiva. Esta retórica transforma un proceso técnico continuo en un logro político consolidado.
¿Hay manipulaciones en el discurso oficial?
El discurso oficial contiene varios elementos que merecen análisis crítico. Primero, presenta la remoción como definitiva cuando la experiencia histórica demuestra que estos estatus son condicionales y reversibles. Panamá ya había salido de listas similares anteriormente3, sugiriendo que las victorias comunicacionales pueden preceder a regresiones técnicas.
Segundo, el gobierno atribuye la salida exclusivamente a sus reformas, minimizando factores externos como cambios en metodologías europeas o presiones geopolíticas más amplias. Esta causalidad simplificada ignora la complejidad de las evaluaciones internacionales.
Tercero, la celebración inmediata de la «transparencia internacional» contrasta con las observaciones continuas del GAFI sobre deficiencias pendientes en el registro de beneficiarios finales. Esto sugiere una desconexión entre la retórica política y las evaluaciones técnicas especializadas.
Cuarto, el énfasis en la «eliminación» de Panamá de la lista evita mencionar que otros países fueron agregados simultáneamente, incluyendo Venezuela. Esta selectividad narrativa enmarca la noticia como logro panameño exclusivo, no como parte de una actualización regional más amplia.
¿Qué puede fallar en este proceso?
Múltiples factores pueden comprometer la sostenibilidad de esta remoción. Primero, las evaluaciones del GAFI siguen identificando deficiencias en la implementación del registro de beneficiarios finales3. Si estas debilidades persisten, podrían justificar futuras reconsideraciones.
Segundo, cambios políticos en Europa pueden alterar las prioridades de transparencia financiera. Las listas de alto riesgo son instrumentos políticos además de técnicos, y nuevas administraciones pueden adoptar enfoques más restrictivos hacia jurisdicciones con historiales mixtos.
Tercero, eventos de alto perfil relacionados con lavado de dinero pueden reactivar escrutinio internacional. Un solo caso prominente que involucre entidades panameñas podría desencadenar revisiones extraordinarias, independientemente de mejoras sistémicas.
Cuarto, la falta de coordinación entre organismos internacionales puede crear inconsistencias. Si el GAFI mantiene a Panamá en su lista gris mientras Europa la remueve, esta disonancia puede generar confusión regulatoria y presión para rearmonización.
Finalmente, la implementación deficiente de reformas ya anunciadas puede erosionar la credibilidad internacional. Las autoridades europeas monitorearan continuamente el cumplimiento efectivo, no meramente la adopción formal de marcos normativos.
¿Cómo afecta esto la reputación internacional de Panamá?
La remoción mejora significativamente la percepción internacional de Panamá, pero no elimina completamente los desafíos reputacionales. El país sigue siendo asociado con los Panama Papers y otras revelaciones sobre estructuras financieras opacas, legados que requieren tiempo considerable para disiparse.
Para inversionistas institucionales, la remoción reduce una barrera regulatoria específica pero no resuelve preocupaciones más amplias sobre estabilidad política, marcos institucionales y predecibilidad regulatoria. Las calificadoras internacionales considerarán esta mejora junto con otros factores económicos y políticos.
En términos de diplomacia económica, la remoción fortalece la posición negociadora de Panamá en acuerdos comerciales y de cooperación. Los países europeos pueden estar más dispuestos a profundizar relaciones económicas con jurisdicciones que demuestran compromisos creíbles con estándares internacionales.
Sin embargo, la reputación reputacional es frágil y acumulativa. Una sola regresión puede deshacer años de progreso comunicacional, especialmente dada la historia volátil de Panamá en estas listas. La sostenibilidad reputacional requiere consistencia a largo plazo, no victorias puntuales.
Escenarios futuros: entre consolidación y recaída
Escenario optimista: Panamá mantiene y profundiza sus reformas, logra salir también de la lista gris del GAFI, y consolida su posición como jurisdicción financiera transparente. Esto atraería inversión extranjera adicional y reduciría costos de cumplimiento para el sector financiero local.
Escenario de estancamiento: El país mantiene su estatus actual sin regresiones significativas, pero tampoco avanza sustancialmente en reformas adicionales. Esto preserva la remoción europea pero mantiene tensiones con otros organismos internacionales.
Escenario de regresión: Cambios políticos internos, falta de implementación efectiva, o eventos externos provocan deterioro en los estándares de transparencia. Esto podría resultar en reinclusión en listas internacionales, replicando el patrón histórico de entradas y salidas.
Escenario de inconsistencia internacional: Diferentes organismos adoptan evaluaciones contradictorias sobre el progreso panameño, creando confusión regulatoria y presión para rearmonización. Esto complicaría la planificación estratégica para instituciones financieras y empresas multinacionales.
Llamada a la vigilancia institucional
La remoción de Panamá de la lista europea representa un avance significativo, pero no un punto final. La diferencia entre anuncios políticos y transformaciones sistémicas permanece relevante para medios, academia y sociedad civil. Las victorias comunicacionales pueden coexistir con vulnerabilidades técnicas persistentes.
La experiencia panameña ilustra cómo las percepciones internacionales se construyen a través de procesos complejos que combinan reformas domésticas, diplomacia bilateral y dinámicas geopolíticas más amplias. Comprender estos mecanismos es esencial para evaluar críticamente discursos oficiales y anticipar desarrollos futuros.
Para Panamá, el desafío ahora es convertir una victoria simbólica en progreso sostenible. Esto requiere no solo mantener estándares actuales, sino anticipar futuras expectativas internacionales en un entorno regulatorio en evolución constante.
¿Qué pesa más hoy: la imagen que vendemos o la realidad que cumplimos?
Esta pregunta captura la tensión fundamental entre percepción y sustancia en la diplomacia económica moderna. Las respuestas determinarán si esta remoción representa un punto de inflexión hacia la transparencia genuina o simplemente otro episodio en una narrativa cíclica de logros temporales. El tiempo y la implementación consistente proporcionarán la respuesta definitiva.
