El controvertido fondo de retiro permitirá a magistrados jubilarse con el 100% de su salario, generando fuerte rechazo ciudadano
El polémico fondo especial de retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial continúa generando controversia, mientras crece la expectativa sobre posibles acciones legales que podrían emprender diferentes sectores, incluida la Contraloría General de la República, ante lo que consideran una medida inconstitucional.
Un acuerdo silencioso que desata la polémica
El fondo de retiro compensatorio fue aprobado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en julio de 2024 y entró en vigencia el 1 de enero de 2025. Sin embargo, el acuerdo permaneció en el anonimato hasta su publicación en la Gaceta Oficial el pasado 8 de agosto, lo que intensificó las críticas por la falta de transparencia en el proceso.
Según la normativa establecida, los magistrados de la CSJ tendrán derecho a jubilarse con el 100% de su último salario devengado. El esquema contempla que la Caja de Seguro Social (CSS) cubra hasta el límite legal permitido, mientras que el Órgano Judicial asumirá la diferencia restante.
Beneficios escalonados según jerarquía
El sistema de beneficios opera de manera escalonada según la posición jerárquica:
- Magistrados de la CSJ: 100% del último salario
- Magistrados de tribunales superiores: 60% adicional a la jubilación de la CSS
- Jueces de circuito: 50% adicional
- Jueces municipales: 40% adicional
Una característica particularmente controversial del acuerdo es que los magistrados mantendrán estos derechos incluso si su período constitucional vence sin haber alcanzado la edad de jubilación, o si abandonan la institución por cualquier motivo.
Impacto financiero y beneficiarios
De acuerdo con datos de la CSJ, el fondo beneficiará inicialmente a 133 jueces y magistrados de un total de 519, lo que representa el 26% del personal judicial que ya se encuentra en edad de jubilación. La institución indica que la medida representa un impacto del 0.26% en ajustes presupuestarios.
Críticas y cuestionamientos constitucionales
El diputado Ernesto Cedeño ha sido uno de los más críticos del acuerdo, calificándolo como «abiertamente inconstitucional» y argumentando que este tipo de beneficios debe ser establecido por ley y no mediante acuerdos internos del Órgano Judicial.
La controversia se suma al rechazo que generó en enero de 2025 el aumento salarial de $4,000 mensuales que se otorgaron los magistrados de la CSJ. El contralor Anel Flores inicialmente se negó a refrendar este aumento, considerándolo «inconveniente» por representar un incremento del 66%. Sin embargo, finalmente lo refrendó «por insistencia» en marzo de 2025, aclarando que lo hacía «en contra de su voluntad» porque lo ordena la ley.
Antecedentes de acciones del contralor
El contralor Anel Flores, quien asumió el cargo el 1 de enero de 2025, ha demostrado una postura activa en la defensa del patrimonio público. Recientemente presentó dos demandas contra el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC): una de nulidad e inconstitucionalidad contra el contrato de concesión, y otra de nulidad sobre la prórroga del mismo.
Expectativa de nuevas acciones legales
Dado el historial del contralor en cuestionar decisiones que considera perjudiciales para los intereses nacionales, y su posición crítica ante los aumentos salariales de los magistrados. El Contralor Flores anunció que prepara una demanda de inconstitucionalidad sobre el fondo de retiro especial para jueces y magistrados aprobada por la Corte Suprema de Justicia
El caso se enmarca en un debate más amplio sobre los beneficios extraordinarios que reciben altos funcionarios del Estado, en un contexto donde amplios sectores de la sociedad panameña enfrentan dificultades económicas y cuestionan estos privilegios.
La discusión sobre las jubilaciones especiales promete continuar siendo un tema de controversia pública, mientras diferentes actores evalúan las vías legales disponibles para impugnar lo que consideran una medida inconstitucional.
