¿Qué está pasando con Mayer Mizrachi?
En abril de 2025, durante la Panamá Blockchain Week, el alcalde del distrito capitalino, Mayer Mizrachi, firmó un acuerdo con Towerbank International Inc. y su fiduciaria, Towertrust Inc., para permitir que las criptomonedas se usen como método de pago para los tributos municipales. Este acuerdo recibió la aprobación del Consejo Municipal y se presentó como un paso innovador hacia la modernización de los servicios públicos en la capital.
¿En qué consiste el convenio?
La propuesta sugiere que los contribuyentes tengan la opción de pagar sus obligaciones utilizando criptoactivos, los cuales se convierten automáticamente a dólares a través de un intermediario fiduciario antes de ser ingresados a las arcas municipales. Según lo que se ha divulgado, el municipio no recibe ni gestiona criptomonedas de manera directa, lo que busca asegurar la trazabilidad financiera y el cumplimiento de las normativas. Este método es completamente voluntario y no sustituye las formas de pago tradicionales que ya existen.
¿Por qué se presentó una denuncia?
Sin embargo, unos días después de la firma, el abogado y exembajador Guillermo Cochez presentó una denuncia ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), señalando un posible conflicto de interés. La denuncia se fundamenta en que el presidente de Towerbank, Benjamín Méndez Kardoski, habría contribuido con fondos a la campaña electoral de Mizrachi. Según los registros del Tribunal Electoral, Méndez Kardoski donó un total de $30,500, tanto de manera personal como a través de la empresa Bernadette Limited, de la cual es representante legal.
¿Qué dice la ley?
La ANTAI ha aceptado la denuncia y ha iniciado una investigación para averiguar si el alcalde debió haber declarado esta relación como un posible conflicto de interés antes de firmar el acuerdo con Towerbank. Según la Ley 316 de 2022, los funcionarios públicos deben evitar participar en decisiones que puedan beneficiar a personas con las que tengan relaciones financieras o personales significativas, especialmente si estas no han sido reveladas previamente.
¿Qué podría pasar si la denuncia tiene fundamento?
Si se confirma que hay un conflicto de interés no declarado, las repercusiones para Mizrachi podrían variar según lo que determinen las investigaciones y cómo interpreten los hechos las autoridades pertinentes.
En el ámbito administrativo, ANTAI podría imponer una sanción que va desde una simple amonestación hasta la suspensión del cargo. Además, el Consejo Municipal podría revisar la legalidad del convenio y, si lo considera necesario, solicitar su anulación.La Contraloría General también podría intervenir para auditar el proceso de aprobación del acuerdo y verificar si se siguieron los procedimientos legales requeridos.
En el ámbito penal, si la Fiscalía determina que hubo un uso indebido del cargo para beneficiar a un donante o que se recibió algún tipo de compensación personal por la firma del convenio, podrían presentarse cargos por corrupción, enriquecimiento ilícito o blanqueo de capitales.
En tal caso, Mizrachi se enfrentaría a un proceso judicial que podría resultar en penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos. La situación también tiene un impacto político y reputacional.
Aunque no haya una condena penal, el simple hecho de que se inicie una investigación de este tipo puede debilitar la legitimidad del alcalde ante la opinión pública, los medios de comunicación y sus oponentes políticos. La confianza de los ciudadanos podría verse afectada, especialmente si se percibe que los lazos entre los donantes de campaña y las decisiones gubernamentales no están adecuadamente regulados ni son transparentes.
La siguiente tabla resume los posibles escenarios legales y políticos, dependiendo del resultado de la investigación:
| Ámbito | Consecuencia posible | Base legal o institucional |
|---|---|---|
| Ético-administrativo | Amonestación, suspensión o destitución | Ley 316 de 2022, ANTAI |
| Contraloría / Municipio | Revisión y reversión del convenio, fiscalización adicional | Código Municipal, Ley de descentralización |
| Penal | Investigación por corrupción, imputación de cargos, juicio penal | Código Penal (corrupción, peculado, enriquecimiento) |
| Político-reputacional | Pérdida de legitimidad, presión social, impacto electoral | Opinión pública, presión mediática y redes sociales |
Este caso nos lleva a reflexionar sobre la transparencia en la gestión pública y los límites que deben existir entre la innovación tecnológica y la ética en el gobierno. Incorporar métodos modernos, como las criptomonedas, en la administración municipal puede ser algo positivo, pero es crucial que se haga con una supervisión institucional rigurosa. Cuando hay lazos financieros entre las autoridades y los empresarios que se benefician de contratos públicos, es fundamental que estos vínculos se hagan públicos y se regulen de manera clara para evitar sospechas o abusos de poder.
¿Qué debemos vigilar como ciudadanos?
La ciudadanía tiene el derecho de saber quiénes son los que influyen en las decisiones del gobierno y cómo se maneja el dinero público. Por su parte, las instituciones deben asegurarse de que cualquier innovación beneficie al interés general y no a intereses particulares.
La resolución de este caso será una prueba fundamental del compromiso de las autoridades panameñas con la rendición de cuentas, el control ético y la legalidad en el ejercicio del poder.
