Las Instituciones Panameñas: Estabilidad, justicia y eficacia en la era del desencanto
La estabilidad institucional es uno de los activos más valiosos que puede poseer un Estado. Panamá, a lo largo de las últimas tres décadas, ha mantenido una democracia electoral sin interrupciones, con alternancias en el poder, procesos legales estables y un marco constitucional funcional. Sin embargo, en 2025, esa estabilidad convive con una sensación creciente de ineficacia, desgaste y desconfianza. Las instituciones siguen en pie, pero cada vez más ciudadanos se preguntan si aún cumplen su propósito.
La apariencia de estabilidad: ¿una democracia de baja intensidad?
Panamá ha evitado los golpes de Estado, los regímenes de excepción y las rupturas constitucionales que han afectado a otros países de la región. La existencia de una Asamblea Nacional, un Órgano Judicial y un Ejecutivo electo democráticamente ofrece una fachada de estabilidad. Pero detrás de esa continuidad formal se esconden signos preocupantes:
- El Congreso es percibido como ineficaz, clientelista y desconectado.
- El sistema judicial aún arrastra problemas de independencia y lentitud.
- La administración pública enfrenta retos en ejecución, supervisión y planificación.
Las instituciones panameñas funcionan, pero no siempre responden con eficiencia ni representan con legitimidad.
¿Qué tan firme es la democracia panameña?
El sistema democrático ha sobrevivido, pero su calidad está en debate. El marco legal, basado en la Constitución de 1972 y reformado en varias ocasiones, establece una división formal de poderes. Sin embargo, esa separación se ve debilitada por prácticas informales como:
- La personalización del poder político, donde la figura del presidente pesa más que la institucionalidad.
- El clientelismo legislativo, que erosiona la función representativa del Parlamento.
- La influencia del dinero en la política, aún insuficientemente fiscalizada.
Aunque las elecciones siguen siendo libres, la democracia panameña parece avanzar hacia un modelo de representación débil, alta rotación, pero baja confianza.
El sistema judicial: ¿garante de justicia o generador de frustración?
La justicia panameña ha mejorado en aspectos técnicos —como la digitalización y la implementación del sistema penal acusatorio— pero arrastra una deuda histórica: la percepción de impunidad para los poderosos.
A pesar de contar con una Corte Suprema, tribunales superiores, y sistemas especializados, la independencia judicial aún se ve comprometida por:
- Presiones políticas en los nombramientos
- Falta de presupuesto para operar con autonomía
- Fallas en el castigo de delitos de cuello blanco
El ciudadano común siente que la justicia es lenta, lejana, costosa y desigual. Cuando la ley se percibe como selectiva, la legitimidad del Estado entero se debilita.
¿Cómo está gobernando el gobierno?
La capacidad ejecutiva del Estado es clave para generar bienestar. Y aquí surgen dudas estructurales. Panamá ha demostrado agilidad en gasto corriente, pero sufre en inversión pública y ejecución eficiente. Los retrasos en proyectos, la falta de seguimiento y los sobrecostos son constantes.
Servicios públicos bajo presión
- Educación: Mayor cobertura, pero con calidad deficiente, brechas urbano-rurales y rezago pedagógico.
- Salud: Inversiones en infraestructura hospitalaria sin resolver problemas estructurales como escasez de especialistas, tiempos de espera y distribución desigual.
- Agua, electricidad, conectividad: Cobertura aceptable en zonas urbanas, pero grandes carencias en territorios indígenas y regiones rurales.
El Estado ejecuta, pero no transforma. Administra, pero no innova. El resultado: una ciudadanía que recibe servicios, pero no ve mejoras sustantivas.
La paradoja panameña: instituciones que no colapsan, pero tampoco convencen
Panamá no vive una crisis institucional como tal. Pero sí atraviesa un período de desencanto acumulado. El ciudadano promedio participa en elecciones, pero desconfía del Congreso. Acepta las sentencias judiciales, pero sospecha de su imparcialidad. Recibe servicios públicos, pero se queja de su calidad.
Esto configura una democracia de baja intensidad: más procedimental que sustantiva, más formal que transformadora. Las instituciones no han caído, pero han perdido su prestigio y eficacia.
Reconstruir desde lo que funciona
La solución no es destruir las instituciones: es reformarlas, fortalecerlas y hacerlas responder. Panamá tiene los cimientos: un marco constitucional vigente, un sistema electoral confiable, y una sociedad civil cada vez más vigilante. Pero también enfrenta un riesgo silencioso: la normalización del deterioro institucional, la aceptación pasiva de una democracia disfuncional.
Adelanto del próximo artículo:
¿En quién confía el panameño? Radiografía de la legitimidad institucional y el desencanto político en 2025
