Capturaron a Nicolás Maduro. Un operativo militar de élite en la madrugada del 3 de enero de 2026 cambió el orden geopolítico de América Latina. Más allá de la detención de un mandatario acusado de narcoterrorismo, esta acción revela una estrategia de poder que redefine soberanías, rompe normas internacionales y establece un precedente que resuena desde el Caribe hasta la Patagonia. Esta es la historia de una operación que sacudió el continente y de lo que significa para el futuro de la región.
La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un antes y un después para América Latina. A la 1:00 AM, hora de Caracas, mientras Venezuela dormía bajo el tenue resplandor del Año Nuevo, el cielo sobre la capital se iluminó con explosiones. No era un espectáculo de fuegos artificiales tardíos. Era el inicio de la Operación «Absolute Resolve», una incursión militar de Estados Unidos que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron extraídos del país y trasladados al buque de guerra USS Iwo Jima rumbo a Nueva York para enfrentar cargos federales de narcoterrorismo.
Esta no fue una operación convencional. Más de 150 aeronaves (cazas F-22, F-35, bombarderos B-1, helicópteros de asalto y drones) despegaron desde 20 bases militares distribuidas a lo largo del hemisferio occidental. La Fuerza Delta, la unidad de élite antiterrorista del Ejército de Estados Unidos, ejecutó el asalto con precisión quirúrgica, neutralizando las defensas venezolanas, bombardeando instalaciones estratégicas como el Fuerte Tiuna y la Base Aérea La Carlota, y extrayendo al mandatario de una residencia fortificada que él mismo describió posteriormente como «acero sólido».
Pero este evento trasciende el arresto de un líder acusado de crímenes internacionales. Representa el ejercicio unilateral del poder estadounidense en su esfera de influencia histórica, una reactivación de la Doctrina Monroe con esteroides, y una señal inequívoca enviada no solo a Caracas, sino a Ciudad de México, Bogotá, Brasilia y más allá. El presidente Donald Trump lo dejó claro en su conferencia de prensa desde Mar-a-Lago: «El dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado». Lo que antes era retórica, ahora es realidad documentada en video y respaldada por fuerza militar.
El largo camino hacia la madrugada de Caracas
Para comprender la magnitud de lo ocurrido, es necesario retroceder en el tiempo. La relación entre Estados Unidos y Venezuela bajo el liderazgo chavista ha sido un péndulo oscilante entre diplomacia hostil, sanciones económicas y amenazas veladas que, finalmente, se materializaron en acción directa.
La construcción del enemigo: dos décadas de tensión
La narrativa estadounidense sobre Venezuela como Estado «narcoterrorista» no surgió de la noche a la mañana. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Washington observó con creciente inquietud el giro político de un país con las mayores reservas de petróleo del mundo. La política exterior independiente de Chávez (que incluyó alianzas con Cuba, Rusia, China e Irán) desafiaba la hegemonía tradicional de Estados Unidos en la región.
Bajo la administración de Barack Obama, en 2015, se impusieron las primeras sanciones individuales contra funcionarios venezolanos acusados de violaciones a derechos humanos. Pero fue durante la primera presidencia de Donald Trump cuando el cerco se endureció dramáticamente. En 2017, el Departamento del Tesoro impuso restricciones masivas a operaciones financieras y transacciones con el gobierno venezolano. En 2019, en medio del pulso entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, Washington golpeó a PDVSA, la petrolera estatal, suspendiendo el intercambio de crudo que representaba aproximadamente 500,000 barriles diarios.
El punto de inflexión llegó en marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia presentó una acusación formal contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, y varios funcionarios de alto rango por conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas destructivas. La acusación sostenía que Nicolás Maduro lideraba el «Cartel de los Soles» (un nombre que alude a las insignias de los altos mandos militares venezolanos) y que durante más de 25 años había utilizado al Estado para traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos en alianza con las FARC colombianas. La acusación afirmaba textualmente que la organización «priorizó el uso de la cocaína como un arma contra América».
Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro, cifra que fue elevada a $50 millones en 2025. Desde la perspectiva legal estadounidense, Maduro dejó de ser considerado un jefe de Estado legítimo para convertirse en un fugitivo de la justicia, un «dictador narco» que operaba un «Estado criminal».
Escalada 2025: del bloqueo naval al bombardeo terrestre
El segundo mandato de Trump comenzó con una intensificación sin precedentes de la presión militar. En septiembre de 2025, Washington inició una campaña naval en el Caribe conocida extraoficialmente como «Operación Lanza del Sur», dirigida a interceptar buques petroleros que transportaban crudo sancionado venezolano. En diciembre, la administración Trump incautó dos petroleros y persiguió un tercero, acciones que el gobierno de Caracas calificó de «piratería».
El 31 de diciembre de 2025, Estados Unidos atacó dos embarcaciones más, resultando en la muerte de cinco personas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Apenas días después, un dron de la CIA bombardeó una instalación en la costa venezolana, identificada por Washington como un centro de almacenamiento de drogas del Tren de Aragua, la megabanda criminal transnacional originaria de Venezuela.
El 1 de enero de 2026, en una entrevista transmitida por televisión estatal, Maduro declaró que Venezuela estaba dispuesta a negociar un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, pero evitó comentar sobre el ataque de la CIA y acusó a Washington de buscar un cambio de régimen para apoderarse de las vastas reservas petroleras del país.
Dos días después, llegó la respuesta definitiva de Estados Unidos.
Operación «Absolute Resolve»: anatomía de una incursión militar
Planificación y ejecución
La operación no fue improvisada. Según el General Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, la misión fue el resultado de «meses de planificación meticulosa» que involucraron a múltiples agencias de inteligencia, incluidas la CIA, la NSA y la Agencia Nacional de Geointeligencia Espacial (NGA). La fase de inteligencia consistió en seguir todos los movimientos de Nicolás Maduro: dónde vivía, cómo se desplazaba, qué comía, qué ropa usaba. Esta vigilancia exhaustiva permitió identificar patrones y vulnerabilidades.
La fecha del operativo fue cuidadosamente seleccionada para maximizar el factor sorpresa y reducir riesgos a la población civil. Las condiciones climáticas habían obligado a posponer la misión en varias ocasiones, incluyendo el día de Navidad, cuando se priorizó un ataque contra objetivos del ISIS en Nigeria. Finalmente, el 2 de enero a las 10:46 PM (hora del Este), el presidente Trump dio la orden final: «Buena suerte y vayan con Dios», fue el mensaje transmitido a toda la fuerza desplegada.
Lo que siguió fue un despliegue de poder militar raramente visto en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989. Más de 150 aeronaves despegaron simultáneamente desde bases en todo el hemisferio. Cazas F-22, F-35 y F-18 proporcionaron cobertura aérea. Bombarderos B-1 golpearon objetivos estratégicos. Helicópteros del 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (conocidos como «Night Stalkers») transportaron a los operadores de la Fuerza Delta. Los helicópteros volaron a apenas 100 pies sobre el agua al acercarse a las costas venezolanas para evitar ser detectados por radares.
A las 2:01 AM, los helicópteros aterrizaron en el complejo fortificado donde se encontraba Nicolás Maduro. Las fuerzas especiales aislaron el área y avanzaron con rapidez. Según reportes oficiales, las defensas venezolanas respondieron al fuego y uno de los helicópteros fue impactado, aunque continuó operando. Trump afirmaría posteriormente que Nicolás Maduro intentó llegar a una «sala segura» dentro de su residencia, pero fue capturado antes de lograrlo.
A las 3:29 AM, la misión de extracción estaba completa. Maduro y Flores fueron trasladados bajo custodia al USS Iwo Jima, anclado en aguas internacionales. Horas después, Trump publicó en Truth Social una fotografía del mandatario venezolano a bordo del buque, custodiado por agentes de la DEA. El mensaje era claro: la operación había sido exitosa y Estados Unidos tenía el control total de la situación.
Pérdidas y daños
Las cifras oficiales estadounidenses reportaron algunos militares heridos, pero ninguna muerte entre las fuerzas de Estados Unidos. Las autoridades venezolanas, por su parte, indicaron que hubo víctimas mortales, aunque no especificaron números exactos. Se reportaron apagones en zonas del sur de Caracas y daños en instalaciones militares, pero la magnitud total de la destrucción permanece poco clara debido a la falta de acceso independiente a las zonas afectadas.
Trump en Mar-a-Lago: la doctrina «Donroe» y el anuncio de ocupación
Pocas horas después de confirmarse la captura, Donald Trump convocó a una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, Florida. Lo que el mundo escuchó no fue simplemente la celebración de un éxito militar, sino la articulación de una nueva doctrina geopolítica para América Latina.
«Vamos a dirigir el país»
Con un tono que oscilaba entre la exaltación triunfalista y la advertencia velada, Trump declaró: «Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa». Significativamente, no estableció ningún plazo para esta ocupación administrativa. No mencionó elecciones inmediatas, ni justicia transicional, ni siquiera un cronograma definido. La transición, según Trump, ocurriría cuando Estados Unidos lo decidiera.
El mandatario también dejó claro que el control estadounidense no sería meramente simbólico. Anunció que empresas petroleras de Estados Unidos («las más grandes del mundo») recibirían luz verde para invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana, gravemente deteriorada tras años de crisis económica y corrupción. «Vamos a tener una participación muy importante en el petróleo, y tanto Venezuela como Estados Unidos se beneficiarán enormemente», afirmó.
Este anuncio reveló una dimensión estratégica fundamental: el interés de Estados Unidos en Venezuela no es exclusivamente moral o jurídico, es profundamente económico. Venezuela posee las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, superiores a las de Arabia Saudita. Durante años, esas reservas fueron explotadas por Rusia, China e Irán bajo acuerdos con el régimen chavista. La operación militar, en este contexto, aparece como un acto de reposicionamiento geoeconómico tanto como de aplicación de justicia.
La «doctrina Donroe»: Monroe con el apellido de Trump
Quizás el momento más revelador de la conferencia fue cuando Trump invocó explícitamente la Doctrina Monroe, la declaración de 1823 del presidente James Monroe que estableció a América Latina como zona de influencia exclusiva de Estados Unidos y advirtió a las potencias europeas que no intervinieran en el hemisferio.
Trump, sin embargo, fue más allá. «La Doctrina Monroe es importante», dijo, «pero la hemos superado, en gran medida. Ahora se llama el Documento Donroe». Con esta frase, Trump literalmente bautizó la política con su propio nombre, dejando claro que esta no era una simple continuación de precedentes históricos, sino una versión actualizada y más agresiva que refleja su visión personalista del poder.
«El dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado», declaró. Esta afirmación, lejos de ser retórica vacía, fue respaldada por la demostración de fuerza que acababa de ejecutarse. La «doctrina Donroe» no solo busca excluir a potencias extranjeras (como hacía la Doctrina Monroe original) sino ejercer control directo sobre países que desafíen los intereses de Washington.
Advertencias a México, Colombia y Cuba
La conferencia también sirvió como mensaje disuasivo dirigido a otros gobiernos de la región. Trump mencionó explícitamente a Colombia, acusando al presidente Gustavo Petro, sin pruebas, de «hacer cocaína y enviarla a Estados Unidos». «Él debe cuidar su trasero», advirtió Trump, utilizando un lenguaje inusualmente crudo para un contexto diplomático.
También apuntó contra México, sugiriendo que «algo va a tener que hacerse con México» debido a la influencia de los cárteles del narcotráfico. Y aunque no detalló acciones específicas contra Cuba, tanto él como el Secretario de Estado Marco Rubio dejaron entrever que La Habana debería «estar preocupada».
Estas declaraciones no fueron improvisadas. Reflejan una estrategia coherente de reafirmación hegemónica en la región, donde el uso de la fuerza militar ya no es una opción de último recurso, sino una herramienta explícita de política exterior. Como señaló Progressive International, una coalición de movimientos sociales, «este ataque armado a Venezuela no es un evento aislado. Es el próximo paso en la campaña de cambio de régimen de Estados Unidos que se extiende desde Caracas hasta La Habana».
El discurso de Marco Rubio: justicia, fuerza y disuasión
El Secretario de Estado Marco Rubio, figura clave en el diseño de la política hacia América Latina, complementó el mensaje de Trump con un tono más institucional, pero igualmente contundente.
Rubio recordó que Maduro fue acusado formalmente en 2020 y subrayó que no es reconocido como presidente legítimo «ni por Estados Unidos, ni por la Unión Europea, ni por otros países aliados». Desde la perspectiva de Washington, la captura no fue un acto de agresión contra un jefe de Estado soberano, sino la ejecución de una orden de arresto contra un fugitivo internacional con una recompensa de $50 millones.
«Él eligió jugar y no hacer caso», dijo Rubio en referencia a las supuestas oportunidades que tuvo Maduro de negociar una salida. «Esperábamos que entendiera que teníamos un presidente número 47 de nuestro país que no juega. Cuando él dice que va a hacer algo y cuando va a abordar un problema, lo hace».
Rubio también vinculó a Maduro con amenazas directas a la seguridad de Estados Unidos, incluyendo presuntos nexos con Irán, el envío de pandilleros del Tren de Aragua, el tráfico de drogas y la retención de ciudadanos estadounidenses. Este marco narrativo buscaba justificar la operación no solo como un acto de aplicación de la ley, sino como una respuesta legítima a una amenaza multidimensional.
Significativamente, Rubio confirmó que no habría más acciones militares en Venezuela «ahora que Maduro está bajo custodia estadounidense». Esta declaración sugiere que la captura era el objetivo principal y que, al menos en teoría, Washington no planea una ocupación militar prolongada con tropas sobre el terreno, aunque la administración civil del país sea otra historia.
La acusación formal: narcoterrorismo como arma geopolítica
El mismo día de la captura, un juez del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación ampliada contra Maduro, Flores y otros miembros de su círculo cercano. El documento de 25 páginas detalla cuatro cargos principales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra.
La acusación sostiene que, bajo el liderazgo de Maduro, el «Cartel de los Soles» no solo buscó enriquecerse, sino «inundar a Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos dañinos y adictivos de la droga sobre los usuarios en este país». Esta formulación es crucial: no se trata simplemente de narcotráfico con fines de lucro, sino del uso deliberado de drogas como arma contra la seguridad nacional estadounidense.
El documento describe cómo Maduro habría negociado envíos de varias toneladas de cocaína producidas por las FARC, ordenado la entrega de armas de uso militar a la guerrilla, y coordinado relaciones con países como Honduras para facilitar rutas de narcotráfico. Según estimaciones del Departamento de Estado citadas en la acusación, hacia 2020 entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por territorio venezolano rumbo a Estados Unidos.
Las penas potenciales son severas. Los cargos combinados de narcoterrorismo y posesión de armas automáticas pueden derivar en condenas de prisión de décadas, o incluso cadena perpetua. Maduro, de ser declarado culpable, podría pasar el resto de su vida en una prisión federal estadounidense.
Derecho internacional en entredicho: ¿justicia o secuestro?
Desde una perspectiva jurídica internacional, la operación plantea interrogantes profundos sobre la legalidad y el precedente que establece.
La posición de Naciones Unidas
El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente «el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado». Una operación militar ejecutada sin consentimiento del Estado afectado y sin autorización del Consejo de Seguridad constituye, para muchos expertos, una violación flagrante de esta norma fundamental del orden internacional.
Philippe Sands, profesor de Derecho Internacional en University College London, ha señalado que el sistema internacional se basa en la soberanía de los Estados y en la igualdad jurídica entre ellos. Arrestar al jefe de Estado de otro país sin su consentimiento es, según esta perspectiva, una violación grave que socava los pilares del derecho internacional establecidos tras la Segunda Guerra Mundial.
Además, los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad personal absoluta frente a la jurisdicción penal extranjera, conocida como «inmunidad ratione personae». La Corte Internacional de Justicia reconoció esta inmunidad en el caso Yerodia (República Democrática del Congo contra Bélgica), estableciendo que los mandatarios no pueden ser arrestados por tribunales de otros países mientras estén en funciones.
Excepciones y justificaciones
Estados Unidos, sin embargo, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y argumenta que Maduro no es un presidente legítimo, sino el líder de facto de una empresa criminal que se hizo con el control del Estado venezolano. Desde esta óptica, la operación no fue una captura de un jefe de Estado soberano, sino la detención de un criminal internacional que utilizaba los recursos de una nación para actividades ilícitas.
Esta justificación, sin embargo, no cuenta con respaldo en el derecho internacional tradicional. El único órgano con facultad para autorizar el uso de la fuerza es el Consejo de Seguridad de la ONU bajo el Capítulo VII de la Carta. Fuera de ese marco, cualquier acción coercitiva es considerada ilícita por muchos juristas. Como advierte Sands, permitir que un Estado actúe como «juez y policía global» representa un retroceso al derecho del más fuerte.
Varios analistas señalan que la operación puede calificarse jurídicamente como «secuestro» según el derecho internacional: la privación de libertad de un jefe de Estado protegido por inmunidad, realizada de manera coercitiva y sin base legal internacional. Esto constituye un acto internacionalmente ilícito que genera responsabilidad internacional del Estado captor.
Precedente histórico: Panamá 1989
El paralelismo histórico más cercano es la invasión estadounidense de Panamá en 1989, conocida como «Operación Causa Justa», que también tuvo como objetivo capturar a un antiguo aliado de Estados Unidos acusado de narcotráfico: el General Manuel Noriega. Aquella operación dejó aproximadamente 3,000 panameños muertos y fue ampliamente condenada por la comunidad internacional.
Noriega, al igual que Maduro, había sido colaborador de la CIA antes de convertirse en enemigo de Washington. Su captura sentó un precedente controvertido que fue criticado por violar la soberanía panameña y las normas internacionales. Ahora, 37 años después, Estados Unidos replica el modelo, pero a una escala geopolítica mayor y con un despliegue militar mucho más sofisticado.
Reacciones internacionales: una América Latina fracturada
La respuesta de la comunidad internacional fue previsiblemente dividida, reflejando las fracturas ideológicas y geopolíticas que atraviesan América Latina.
Apoyo incondicional: los aliados de Trump
Argentina, bajo el gobierno libertario de Javier Milei, fue uno de los primeros en celebrar la operación. «La libertad avanza. Viva la libertad carajo», publicó Milei en sus redes sociales. Su canciller, Pablo Quirno, afirmó que Argentina está dispuesta a colaborar con asistencia humanitaria y en la reconstrucción económica de Venezuela.
Israel, a través de su ministro de Exteriores Gideon Saar, también elogió la captura, calificándola como el fin de una «tiranía ilegal» y solidarizándose con el pueblo venezolano «amante de la libertad». Chile, con su presidente electo José Antonio Kast, describió la detención como «una gran noticia para la región» y pidió coordinar el retorno seguro de venezolanos a su país.
Condena frontal: el eje Brasil-México-Colombia
En el otro extremo del espectro, Brasil, México y Colombia (los tres gigantes demográficos y económicos de América Latina) rechazaron categóricamente la acción estadounidense.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva declaró que «los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable» y advirtió que esto establece un «precedente extremadamente peligroso» para la comunidad internacional. «Atacar a naciones en violación flagrante del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad donde prevalece la ley del más fuerte sobre el multilateralismo», sostuvo Lula.
México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, rechazó «enérgicamente» el ataque militar, calificándolo de violación a la soberanía y a los tratados internacionales. Colombia, cuyo presidente Gustavo Petro tiene vínculos políticos con sectores de izquierda, fue particularmente crítico, alertando sobre el riesgo de una guerra civil prolongada y el impacto directo en la seguridad fronteriza. «Los conflictos internos deben ser resueltos por los propios pueblos en paz», declaró Petro, ordenando el despliegue de fuerzas en la frontera y anunciando asistencia en caso de llegada masiva de refugiados.
Aliados geopolíticos de Venezuela: Rusia, China, Irán
Las potencias que habían cultivado alianzas estratégicas con Venezuela condenaron unánimemente la operación. Rusia declaró que la acción era «profundamente preocupante y condenable», afirmando que no había justificación para el ataque y que la «hostilidad ideológica» había prevalecido sobre la diplomacia. El Kremlin exigió información inmediata sobre el paradero de Maduro.
China acusó a Estados Unidos de «violar el derecho internacional» mediante «una incautación arbitraria de los buques de otro país» (en referencia a los petroleros decomisados) y se opuso «sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional». El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, afirmó que Venezuela tiene derecho a desarrollar «cooperación mutuamente beneficiosa con otros países».
Irán condenó «firmemente el ataque militar estadounidense» como una «flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial» de Venezuela. La diplomacia iraní ofreció cooperación «en todos los ámbitos» para enfrentar «la piratería y el terrorismo internacional» de Estados Unidos.
Europa: cautela y llamados a la desescalada
La Unión Europea adoptó una postura más cautelosa. España, a través del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, instó a la desescalada y ofreció sus «buenos oficios» para ser garante de una salida pacífica a la crisis. El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores español recordó que España no reconoció los resultados de las elecciones venezolanas de julio de 2024, pero también expresó preocupación por los métodos utilizados.
Algunos ministros de partidos de izquierda dentro de la coalición de gobierno española criticaron lo que calificaron como «agresión imperialista». El ministro de Exteriores José Manuel Albares se reunió con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia para hacer seguimiento de los acontecimientos.
La situación en Venezuela: vacío de poder y fractura institucional
Respuesta oficial chavista: entre la negación y la resistencia
La reacción del gobierno venezolano fue tan caótica como reveladora. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien constitucionalmente es la segunda en la línea de sucesión, apareció en televisión estatal declarando que el gobierno «desconoce el paradero» de Maduro y exigiendo una «prueba de vida». Esta declaración, lejos de proyectar cohesión, expuso la ausencia de una conducción clara dentro del aparato chavista.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció el despliegue de fuerzas armadas en todo el país y llamó a un «frente de resistencia» frente a «la peor agresión» sufrida por Venezuela. Significativamente, sin embargo, no mencionó la supuesta captura del presidente, lo que sugiere que la cadena de mando no está normalizada o que existe una decisión estratégica de no convalidar el relato estadounidense.
Diosdado Cabello, ministro del Interior y auténtico hombre fuerte del régimen, intentó movilizar a las milicias a través de transmisiones de emergencia realizadas desde ubicaciones móviles para evitar rastreo de inteligencia electrónica. Su mensaje apuntó al control interno y a la cohesión del aparato de seguridad, en un contexto donde el riesgo de fracturas, desmoralización o deserción se vuelve crítico.
La línea de sucesión y la lucha por el poder real
Según la Constitución venezolana de 1999, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez debe asumir las riendas del Ejecutivo en caso de vacío de poder. Su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, es el tercero en la línea de sucesión. Sin embargo, el poder formal y el poder real rara vez coinciden en Venezuela.
Analistas señalan que Diosdado Cabello, quien controla el aparato de seguridad y las milicias, tiene más poder real que Delcy Rodríguez para mantener cohesionado al movimiento chavista. Vladimir Padrino López, por su parte, ha sido el ancla que ha mantenido la lealtad de las Fuerzas Armadas durante años. Estos dos hombres son, probablemente, quienes determinarán el futuro inmediato de Venezuela, más que cualquier figura institucional formal.
El escenario es profundamente incierto. Como señaló el analista Juan Battaleme, «todavía es muy pronto para poder decir qué va a pasar». Algunos actores del régimen pueden optar por huir, otros intentar quedarse dentro del esquema de poder, y otros negociar una salida personal y económica, dependiendo de cómo evolucione la presión externa y el control territorial interno.
La oposición: ¿protagonista o espectadora?
La líder opositora María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2024, emitió un comunicado horas después de la captura. «Llegó la hora de la libertad», declaró, instando a Edmundo González Urrutia (candidato opositor en las elecciones de julio de 2024) a asumir «de inmediato su mandato constitucional» como «presidente legítimo» de Venezuela.
«Este es el momento de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional», proclamó Machado.
González Urrutia compartió el mensaje de Machado y añadió: «Venezolanos, son momentos decisivos. Sepan que estamos listos para la gran operación de reconstrucción de nuestra nación».
Sin embargo, la oposición enfrenta una realidad compleja. Según medios internacionales, no fue informada previamente del operativo estadounidense, lo que sugiere que Washington tomó una decisión unilateral sin consulta con los actores políticos locales. Más revelador aún, Trump cuestionó públicamente si Machado tiene el apoyo necesario para gobernar. Esta duda manifiesta indica que, para Estados Unidos, la transición política en Venezuela será determinada desde Washington, no desde Caracas.
Implicaciones para América Latina y Panamá
Reconfiguración del orden regional
La captura de Maduro redefine el equilibrio de poder en América Latina de manera profunda. Durante décadas, la región defendió el principio de no intervención como un valor central de su política exterior, consagrado en tratados y organismos regionales. La acción unilateral de Estados Unidos pone ese consenso en entredicho y genera precedentes que muchos países observan con alarma.
Como señala el analista Andrés Oppenheimer, la operación marca un «punto de no retorno» para la influencia de China y Rusia en la región. Durante años, ambas potencias cultivaron relaciones estratégicas con Venezuela, proporcionando inversiones, armamento y respaldo político. La rapidez con la que Estados Unidos desarticuló ese esquema envía un mensaje claro: Washington está dispuesto a usar la fuerza para recuperar control sobre su «zona de influencia histórica».
Brasil, en particular, queda expuesto. El gobierno de Lula había tratado a Venezuela como parte de su periferia política, amparado en la lógica de los BRICS y en una estrategia de autonomía regional. Sin embargo, el golpe estadounidense reconfigura esa ecuación, demostrando que el poder real en el hemisferio sigue concentrado en Washington.
Impacto en Panamá: seguridad del canal y flujos migratorios
Para Panamá, las implicaciones son múltiples y directas. El canciller Javier Martínez-Acha adoptó una postura de «neutralidad activa», centrando esfuerzos en garantizar la seguridad del Canal de Panamá ante posibles represalias o inestabilidad en las rutas marítimas del Caribe.
El Canal de Panamá es una arteria vital del comercio global. Cualquier desestabilización en el Caribe (ya sea por conflictos armados, operaciones navales intensificadas o disrupciones de rutas) afecta directamente los flujos comerciales que transitan por la vía interoceánica. La presencia de buques de guerra estadounidenses en la región, junto con la posibilidad de represalias por parte de actores no estatales, obliga a Panamá a extremar medidas de seguridad.
Además, Panamá enfrenta desde hace años una de las mayores crisis migratorias de su historia por el tránsito de cientos de miles de personas a través del Tapón del Darién, la inhóspita selva que conecta Colombia con Panamá. En 2023, más de medio millón de migrantes cruzaron el Darién con rumbo a Estados Unidos, cifra que representa más del 12% de la población panameña. Entre 2022 y 2023, el número de venezolanos que cruzaron el Darién se disparó de 3,000 a más de 300,000.
Si la situación en Venezuela se deteriora aún más (ya sea por guerra civil, colapso estatal o despliegue de fuerzas de ocupación) es razonable anticipar una nueva oleada migratoria masiva. Colombia ya ha elevado el nivel de alerta en su frontera con Venezuela, anticipando desplazados. Brasil cerró preventivamente el paso fronterizo de Pacaraima. Panamá, inevitablemente, recibirá el impacto de estos flujos.
La crisis del Darién no es solo humanitaria; también es un problema de seguridad. El Tren de Aragua, la megabanda criminal venezolana con presencia en más de diez países latinoamericanos, utiliza las rutas migratorias para traficar personas, drogas y armas. Estados Unidos designó formalmente al Tren de Aragua como organización terrorista en febrero de 2025, y Trump ha mencionado explícitamente a la banda como amenaza a la seguridad nacional. Una desestabilización de Venezuela podría fortalecer, no debilitar, a estas estructuras criminales transnacionales.
Relaciones históricas Panamá-Venezuela: un vínculo complejo
Las relaciones entre Panamá y Venezuela tienen raíces profundas. Ambos territorios formaron parte del Virreinato de Nueva Granada y, posteriormente, de la Gran Colombia. Venezuela se independizó rápidamente de esa unión, mientras Panamá permaneció ligada a Colombia hasta 1903. Tras la independencia panameña, ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1904.
Durante el siglo XX, las relaciones oscilaron entre cooperación económica y tensiones políticas. En 2014, el gobierno de Maduro rompió relaciones diplomáticas con Panamá tras la petición panameña de una reunión de la OEA para discutir la represión de protestas en Venezuela. Las relaciones se restablecieron en 2014 bajo el gobierno de Juan Carlos Varela, pero las tensiones persistieron.
En julio de 2024, el presidente José Raúl Mulino suspendió nuevamente las relaciones diplomáticas con Venezuela tras las controvertidas elecciones del 28 de julio. Ahora, con Maduro capturado y Estados Unidos ejerciendo control de facto sobre Venezuela, Panamá enfrenta una situación inédita que requerirá diplomacia cuidadosa para proteger sus intereses nacionales sin alienar a potencias regionales ni a Washington.
Escenarios futuros: del caos a la reconstrucción
Tres posibles rutas
El futuro de Venezuela es profundamente incierto. Expertos identifican al menos tres escenarios posibles:
1. Transición negociada bajo tutela estadounidense: Este es el escenario que Washington aparentemente prefiere. Implicaría una administración transitoria dirigida desde Estados Unidos, con participación selectiva de actores opositores venezolanos, hasta que se establezcan condiciones para elecciones supervisadas internacionalmente. Sin embargo, este modelo enfrenta obstáculos formidables: el aparato de seguridad chavista sigue intacto, sectores del régimen podrían resistir militarmente, y la legitimidad internacional de una administración impuesta es cuestionable.
2. Fragmentación y guerra civil prolongada: Varios analistas advierten que la caída de Maduro no garantiza estabilidad. Como señaló el presidente colombiano Gustavo Petro, existe riesgo de «guerra civil prolongada». Si el chavismo se fractura en facciones rivales (militares, civiles, milicias, grupos paramilitares) Venezuela podría descender al caos. Estudios realizados por think tanks estadounidenses en 2020 identificaron este como uno de los peores escenarios posibles, con insurgentes controlando zonas ricas en minerales y ataques asimétricos contra infraestructura petrolera.
3. Recomposición autoritaria interna: Un tercer escenario, menos discutido pero plausible, es que el aparato chavista se reagrupe bajo un liderazgo distinto (probablemente Diosdado Cabello o Vladimir Padrino López) y ofrezca resistencia sostenida al control estadounidense. Este escenario implicaría un estado de confrontación prolongada, con sanciones, bloqueos y posiblemente operaciones militares adicionales. La capacidad del régimen para mantener cohesión dependerá de su control sobre recursos, lealtad militar y apoyo de potencias como Rusia y China.
El fantasma de Irak: advertencias sobre ocupación
Varios expertos advierten que Estados Unidos podría estar replicando errores cometidos en Irak tras la invasión de 2003. Douglas Farah, analista de seguridad nacional, señaló en simulaciones previas que una intervención en Venezuela podría derivar en «un desastre enorme que duraría bastante tiempo» (no tres semanas, sino años).
La tentación de contratar grupos mercenarios y contratistas militares privados, en lugar de desplegar soldados regulares, podría acercar a Venezuela «a un escenario similar al de Irak, en el que múltiples grupos no estatales llevan a cabo acciones simultáneas sobre el terreno sin que nadie tenga el control», advirtió Farah. Este escenario sería «muy perjudicial» no solo para Venezuela, sino para toda la región.
Juan González, máximo responsable de América Latina durante la presidencia de Joe Biden, también expresó temor de que derrocar a Maduro no implique necesariamente que la situación mejore. «De hecho, podría empeorar», advirtió. Si un partidario de línea dura como Diosdado Cabello sucede a Maduro en medio del caos, la represión podría intensificarse y la violencia escalar.
Dimensión estratégica: petróleo, poder y precedentes
El factor energético
Aunque Estados Unidos presenta la operación como cumplimiento de la ley y lucha contra el narcotráfico, el petróleo es un factor estratégico innegable. Venezuela posee 303,800 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, las mayores del mundo. Durante años, esas reservas fueron controladas por actores hostiles a Washington (Rusia, China, Irán) mediante acuerdos con el régimen chavista.
Trump fue explícito sobre sus intenciones. «Haremos que nuestras compañías petroleras, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura dañada y comiencen a generar ingresos para el país», declaró. Esta afirmación revela que el control de recursos estratégicos es un objetivo central, no un efecto colateral.
Durante décadas, Estados Unidos importó petróleo venezolano. La ruptura del intercambio comercial en 2019 fue un golpe para ambos países. Ahora, con control de facto sobre Venezuela, Washington puede reactivar el flujo de crudo bajo términos favorables a empresas estadounidenses. Esto no solo fortalece la seguridad energética de Estados Unidos, sino que también debilita la posición de China (que actualmente recibe aproximadamente 700,000 barriles diarios de petróleo venezolano) y de Rusia, cuya empresa Rosneft operaba activos en Venezuela hasta finales de 2025.
Precedente para futuras intervenciones
El precedente establecido es inquietante para muchos países. Si Estados Unidos puede capturar al líder de un país soberano alegando jurisdicción penal propia, ¿qué impide que repita la acción en otros contextos? Trump dejó claro que Cuba, Nicaragua y otros gobiernos de la región deberían estar atentos. La «doctrina Donroe» no es exclusivamente sobre Venezuela, es una advertencia general dirigida a cualquier gobierno que desafíe la hegemonía estadounidense.
Como señaló Progressive International, «Trump ha articulado claramente la lógica imperial de esta intervención: tomar control sobre los recursos naturales de Venezuela y reafirmar la dominación estadounidense sobre el hemisferio. El ‘corolario Trump’ de la Doctrina Monroe (aplicado con fuerza violenta sobre los cielos de Caracas) es la mayor amenaza para la paz y prosperidad que enfrentan las Américas hoy».
Varios países latinoamericanos, incluso aquellos críticos de Maduro, expresaron preocupación por las implicaciones sistémicas. El principio de soberanía y no intervención, consagrado en tratados regionales y en la Carta de la OEA, ha sido erosionado. El mensaje es claro: en el hemisferio occidental, el derecho internacional cede ante el poder militar estadounidense cuando Washington lo considera necesario.
Contradicciones y tensiones en la estrategia trumpista
«America First» vs. nation-building
Una de las paradojas más evidentes de esta operación es la contradicción entre la retórica aislacionista de Trump y su compromiso con la reconstrucción de Venezuela. Durante su campaña, Trump criticó repetidamente las «guerras interminables» y las intervenciones estadounidenses destinadas a construir naciones en el extranjero. «No más cambios de régimen, no más nation-building», era uno de sus lemas.
Sin embargo, al declarar que Estados Unidos «va a dirigir el país» hasta lograr una transición, Trump se embarca precisamente en un proyecto de construcción nacional, aunque se niegue a llamarlo así. Como observó BBC, «un líder que hizo campaña contra ‘guerras interminables’, criticó intentos previos de cambio de régimen, y prometió una política exterior ‘America First’, ahora compromete su presidencia a la tarea de revitalizar un país sudamericano».
Esta contradicción refleja tensiones internas en la administración Trump. Sectores nacionalistas esperaban un repliegue de compromisos internacionales, mientras que sectores neoconservadores (representados por figuras como Marco Rubio) favorecen proyección de poder agresiva en el hemisferio. La operación en Venezuela sugiere que, al menos en América Latina, el intervencionismo prevalece sobre el aislacionismo.
Riesgos políticos internos
La operación también genera riesgos políticos dentro de Estados Unidos. Varios legisladores cuestionaron si Trump respetó los mecanismos de consulta previstos en la legislación estadounidense para operaciones militares de esta magnitud. El Senador Mike Lee afirmó que Marco Rubio le informó que las acciones militares fueron «para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto», sugiriendo que la operación se justificó bajo autoridad ejecutiva para proteger personal estadounidense en riesgo inminente.
Sin embargo, esta justificación es cuestionable. La operación no fue defensiva, fue ofensiva. No respondió a un ataque contra estadounidenses, fue una incursión planificada durante meses. Si el Congreso determina que se violaron procedimientos constitucionales, Trump podría enfrentar críticas bipartidistas, especialmente si la situación en Venezuela se deteriora.
Mensajes clave de la operación
Más allá de los detalles tácticos y las disputas legales, la captura de Maduro envía señales estratégicas claras:
- Estados Unidos está dispuesto a usar fuerza militar directa en su zona de influencia: La era de sanciones y presión diplomática como únicas herramientas ha terminado. Washington demostró capacidad y voluntad de actuar militarmente cuando considera amenazados sus intereses.
- La Doctrina Monroe está de vuelta, actualizada y militarizada: El hemisferio occidental es, nuevamente, una zona de dominio estadounidense. Potencias extranjeras (China, Rusia, Irán) están advertidas de que su presencia en la región será contestada.
- El derecho internacional es opcional, no obligatorio: Estados Unidos actuó sin autorización de la ONU, sin consentimiento del Estado afectado, y en violación de normas fundamentales. El mensaje implícito es que las reglas internacionales aplican a otros, no a Washington.
- El control de recursos estratégicos es un objetivo legítimo: Aunque presentado como lucha contra el narcotráfico, el petróleo venezolano es claramente un factor central. Estados Unidos no oculta su intención de controlar y beneficiarse de esos recursos.
- La oposición local es secundaria a los intereses estadounidenses: Aunque Washington afirma apoyar la democracia, la transición será determinada desde Mar-a-Lago, no desde Caracas. Los actores venezolanos (incluso aquellos que Estados Unidos favorece) son instrumentos, no protagonistas.
- Advertencia regional: México, Colombia, Cuba, Nicaragua y otros países con gobiernos que desafían a Washington están en la mira. Trump no amenaza en vano, ejecuta.
Reflexión final: un punto de inflexión para el continente
La captura de Nicolás Maduro no es simplemente un evento noticioso que se desvanecerá en días o semanas. Es un punto de inflexión histórico que redefine las reglas del juego geopolítico en América Latina para las próximas décadas.
Para algunos, representa el fin de una tiranía criminal que sumió a Venezuela en una de las peores crisis humanitarias del continente. Para otros, constituye una violación intolerable de la soberanía y un retroceso a épocas de intervencionismo imperial que la región creía superadas.
Lo cierto es que ambas narrativas coexisten. Maduro enfrentaba acusaciones legítimas de crímenes graves (narcotráfico, corrupción masiva, violaciones a derechos humanos) respaldadas por evidencia sustancial. Pero el método utilizado para llevarlo ante la justicia (bombardeos, incursión militar, captura forzosa) viola normas internacionales fundamentales y establece precedentes peligrosos.
La pregunta que América Latina debe responder ahora es: ¿en qué tipo de región queremos vivir? ¿Una donde el poder militar determina quién gobierna y cómo? ¿O una donde las instituciones internacionales, los procesos democráticos locales y el respeto a la soberanía prevalecen, incluso cuando los líderes son profundamente cuestionables?
Estados Unidos ha dado su respuesta. Con helicópteros, cazas y operadores de élite, Washington declaró que su dominio en el hemisferio es innegociable. América Latina, ahora, debe decidir si acepta ese orden o si intentará construir uno propio.
El petróleo seguirá fluyendo, las sanciones seguirán evolucionando, y los refugiados seguirán cruzando fronteras. Pero la memoria de esta madrugada del 3 de enero de 2026 perdurará como el día en que un presidente fue capturado por una potencia extranjera en su propia capital y el mundo observó mientras el derecho cedía ante la fuerza.
Venezuela enfrenta un futuro incierto, oscilando entre la reconstrucción democrática, el caos fragmentado o la resistencia autoritaria. América Latina enfrenta decisiones sobre cómo responder a un Estados Unidos más asertivo y menos restringido por normas internacionales. Y el sistema global enfrenta una pregunta incómoda: si las reglas pueden ser ignoradas cuando conviene al poderoso, ¿qué valor tienen realmente esas reglas?
La captura de Maduro es, finalmente, un espejo en el que América Latina observa su propia fragilidad y la persistente realidad de que, en el hemisferio occidental, Washington sigue teniendo la última palabra. Por ahora.
