Panamá se encuentra al borde de un precipicio fiscal que amenaza con erosionar su modelo económico estrella, basado en el Canal y la inversión extranjera. Con una deuda pública que superó los $60 mil millones en febrero de 2026, pagos de intereses que alcanzaron $2,718 millones en 2025 y una caída en ingresos fiscales que limita la inversión pública, el país enfrenta un desempleo del 10.4% y una informalidad laboral cercana al 49%. Esta tesis central revela no solo números alarmantes, sino un riesgo existencial: sin disciplina fiscal sostenida y reformas estructurales, Panamá podría agotar su capacidad de crecimiento, perpetuando desigualdades y minando la confianza inversionista. Lo que está en juego es la transición de un «milagro» económico a una crisis evitable, donde la acción decidida puede redefinir el futuro.
Crisis Fiscal desenmascarada
La deuda pública panameña ha escalado dramáticamente, alcanzando $60,059 millones al cierre de febrero de 2026, un incremento de $300 millones solo en ese mes. Este saldo representa un salto desde los $59,349 millones de fin de 2025, impulsado por desembolsos multilaterales y pagos de servicio financiero. El peso de los intereses es asfixiante: en 2025, el Estado destinó $2,717.9 millones solo a ellos, superando presupuestos enteros de ministerios clave y dejando menos espacio para inversión pública.
Los ingresos fiscales han mostrado debilidad estructural. Aunque crecieron 12% en 2025, quedaron $2,684 millones por debajo de lo presupuestado, con tributarios en $6,258 millones. Históricamente, la presión fiscal ha caído de niveles cercanos al 22% del PIB a alrededor del 17%, agravada por evasión, corrupción y rigideces en gasto como planilla y deuda. Esta dependencia de endeudamiento -con 81% externa, principalmente bonos y multilaterales- genera un círculo vicioso: menor recaudación fuerza más deuda, elevando costos en un contexto de tasas globales altas.
Motivaciones detrás del déficit
Las raíces de esta tensión fiscal no son accidentales, sino el resultado de decisiones políticas y económicas acumuladas. La pandemia aceleró el endeudamiento desde $27 mil millones pre-2020 a más de $60 mil millones hoy, con un aumento de $22 mil millones solo en el gobierno Cortizo (2019-2024) para estímulos y obras. Bajo Mulino (desde 2024), la estrategia cambió: evitó emisiones de bonos globales por encarecimiento, optando por préstamos directos con bancos y multilaterales como BID y Banco Mundial, lo que optimizó tasas al 4.97% promedio pero no detuvo el crecimiento del stock.
Motivaciones subyacentes incluyen la preservación de un modelo económico canal-centrado, con dividendos del Canal aportando $2,371 millones en 2025, pero insuficiente ante déficits del 7.4% del PIB en 2024 según FMI. La evasión fiscal impune, incentivos excesivos sin evaluación y corrupción drenan recursos, mientras la rigidez presupuestaria -comprometida en deuda y planilla- limita maniobras. Políticamente, gobiernos priorizaron gasto populista para mantener apoyo, postergando reformas que afecten bases amplias como Zona Libre o exenciones. Esta miopía busca corto plazo electoral, pero agota el «espacio fiscal» advertido por calificadoras, arriesgando el grado de inversión.
Análisis crítico de la comunicación oficial
La narrativa oficial del gobierno Mulino enfatiza «disciplina sin recortes abruptos», destacando superación de metas fiscales en 2025 con ingresos up 6.9% y tributarios +9% vía auditorías y tecnología. El MEF comunica optimismo: recompra de deuda, reducción de prima de riesgo en 54% y enfoque en eficiencia. Sin embargo, un análisis exhaustivo revela eufemismos. «Estrategia selectiva de financiamiento» encubre adicción a deuda externa ($48,681 millones), con bonos legacy hasta 2063 presionando flujos futuros. El pago de intereses como «costo manejable» ignora su impacto: absorbe recursos que podrían ir a infraestructura, exacerbando menor crecimiento proyectado en 4.5% para 2025.
¿Qué quiere decir realmente esta comunicación? Proyecta estabilidad para calmar mercados y calificadoras, evitando pánico inversionista en un país dolarizado con banca sólida pero vulnerable a shocks. Por qué: Mulino hereda un déficit alto post-mina Cobre Panamá y protestas, priorizando reactivación vía empleo formal sin reformas impopulares que toquen elites tributarias. Críticamente, omite urgencia de reforma tributaria integral -reducir exenciones, combatir evasión, formalizar- recomendada por FMI para ampliar base gravable. Esta retórica «suave» motiva apoyo doméstico, pero subestima riesgos como agotamiento del modelo post-Canal expansión, donde dependencia de inversión extranjera choca con menor espacio público.
Desafíos del mercado laboral
El mercado laboral amplifica la crisis fiscal. Desempleo subió a 10.4% en reciente encuesta, desde 9.5% en 2024 y 7.4% en 2023, con 45,469 nuevos entrantes sin absorción. Informalidad alcanza 49.3%, afectando 1.566 millones, up de 47.4% previo, concentrada en Panamá provincia (653k) y mayor en hombres pero creciente en mujeres.
Mayor participación femenina -de 49% a 71% en décadas- es avance, pero desigualdad persiste: brecha de 25% vs. hombres (80%), desocupación femenina 15.8% en quintil bajo vs. 11% masculina. Autoempleo y temporales responden a falta de formalidad, generando inestabilidad, sin prestaciones ni ingresos estables. Esto reduce recaudación (menos ITSS, renta) y perpetúa pobreza, limitando consumo e inversión privada.
| Indicador Laboral | 2023 | 2024 | 2025-2026 |
| Desempleo (%) | 7.4 | 9.5 | 10.4 |
| Informalidad (%) | 47.4 | 49.3 | ~49 |
| Participación Femenina (%) | ~60 | ~65 | ~71 (tendencia) |
| Impacto Fiscal | Base tributaria estrecha | +Evasión | Déficit ingresos ~$2.7B |
Riesgos sistémicos y económicos
Menor capacidad de crecimiento emerge como riesgo principal: deuda alta y servicio oneroso constriñen inversión pública, clave para logística post-Canal. FMI advierte déficits persistentes amenazan grado inversión, con modelo agotado por baja presión fiscal y shocks externos. Informalidad frena productividad, mientras desigualdad laboral perpetúa ciclos de bajo consumo. Posible agotamiento: si Canal dividendos flaquean o global trade decae, colapso fiscal es inminente sin diversificación.
Caminos para resolver la crisis
Resolver exige disciplina fiscal sostenida y reformas audaces. Primero, reforma tributaria integral: eliminar exenciones injustificadas, digitalizar fiscalización para capturar evasión (meta: +3-5% PIB recaudación), gravar renta fuente extranjera alineado UE vía Ley Sustancia Económica. Segundo, formalizar empleo: incentivos a PYMES (créditos, capacitación), simplificar ITSS para bajar informalidad a <40%, enfocando mujeres vía guarderías y equidad salarial.
Tercero, reasignar gasto: auditar planilla (20% PIB), priorizar inversión productiva (infraestructura 5% PIB anual). Cuarto, diversificar: impulsar turismo, agro-tech, nearshoring vía ZDE reformadas. FMI respalda: meta déficit <3% PIB en 3 años vía base amplia y admin eficiente. Ejemplo: Costa Rica logró estabilidad post-crisis con reformas similares, creciendo 5% anual.
Implementación requiere liderazgo: pacto multipartidista por Ley Responsabilidad Fiscal, comunicación transparente sobre sacrificios compartidos. Sin esto, Panamá arriesga downgrade, recesión y emigración talentosa.
Hacia un Panamá resiliente
Panamá no es víctima inevitable; su crisis fiscal -deuda $60B, intereses $2.7B, desempleo 10.4%, informalidad 49%- es herencia corregible con voluntad política. La comunicación oficial motiva estabilidad, pero oculta urgencia de reformas que motiven formalidad y equidad. Adoptar disciplina sostenida, tributaria integral y laboral inclusiva no solo estabilizará finanzas, sino reactivará crecimiento inclusivo, honrando el legado canalino con un modelo renovado. El reloj corre: actuar ahora define si Panamá transita de tensión a prosperidad compartida.
