El 20 de junio de 2025, cuando el Consejo de Gabinete anunció el estado de urgencia en Bocas del Toro, no solo suspendió garantías constitucionales por cinco días: puso al descubierto las fracturas más profundas de la democracia panameña. La medida, que surgió tras una noche de saqueos y vandalismo en Changuinola, reveló tensiones que trascienden la reforma de pensiones que originalmente motivó las protestas. En nuestra provincia rica en biodiversidad, donde el abandono estatal convive con la riqueza bananera y turística, el decreto gubernamental desató una ola de reacciones que exponen las contradicciones entre el discurso democrático y la práctica autoritaria. Las voces que emergen desde los barrios de Changuinola hasta los despachos capitalinos narran una historia sobre el poder, el territorio y los límites de la tolerancia política en un país que creía haber dejado atrás los fantasmas de su pasado militar.
Contexto: ¿Qué es el Estado de Urgencia?
La figura constitucional del estado de urgencia encuentra su fundamento en el artículo 55 de la Constitución panameña, una disposición que permite al Órgano Ejecutivo suspender temporalmente derechos fundamentales en casos de «guerra exterior o perturbación interna que amenace la paz y el orden público». El marco legal, diseñado como salvaguarda democrática, establece que la medida puede aplicarse a toda la República o parte de ella, pero requiere la aprobación del Órgano Legislativo si se extiende más allá de diez días.
En el caso de Bocas del Toro, el Consejo de Gabinete Extraordinario invocó esta disposición tras lo que el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, calificó como «actos criminales y de terrorismo urbano» protagonizados por «grupos violentos». La decisión suspendió los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución, que regulan la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la protección contra detenciones arbitrarias, y las libertades de expresión, reunión y asociación.
La motivación oficial apunta a los eventos del 19 de junio, cuando manifestantes saquearon las instalaciones de Chiquita Panamá, incendiaron parcialmente el estadio Calvin Byron, tomaron el aeropuerto de Changuinola y vandalizaron vehículos de alquiler. Sin embargo, el trasfondo de la crisis se remonta a dos meses de protestas contra la Ley 462, que reformó el sistema de Seguridad Social, y que en Bocas del Toro se entrelazó con reclamos específicos del sector bananero.
Las implicaciones sobre derechos y libertades son amplias: durante el estado de urgencia, las autoridades pueden realizar detenciones sin orden judicial, allanamientos domiciliarios sin autorización previa, restricciones al libre tránsito, y limitaciones a la libertad de expresión y reunión. Como explicó el exmagistrado Arturo Hoyos, se trata de una «vacuna constitucional» que permite al Estado actuar con poderes excepcionales para restablecer el orden.
Las primeras reacciones: ciudadanos, líderes y medios
En las calles de Changuinola, la incertidumbre se respiraba tan espesa como la humedad caribeña. «Esta se va a poner feo, yo sabía que habría guerra al final», confesó un joven trabajador de una tienda local mientras los ciudadanos hacían compras de pánico ante la inminente llegada de las fuerzas policiales. La ciudad amaneció sin agua potable debido a una «variación de voltaje» en la planta potabilizadora El Silencio, una falla que las autoridades atribuyeron a los disturbios pero que los residentes interpretan como parte del abandono histórico de la infraestructura local.
Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, expresó el sentimiento de desamparo que domina a los empresarios locales: «Nos sentimos prácticamente abandonados por el Estado. No se está haciendo lo suficiente y se puede hacer más». La crisis económica se agudizó con el despido de más de 4,000 trabajadores por parte de Chiquita Panamá, lo que Pimentel calcula afectará directamente a unas 26,000 familias en una provincia donde «casi toda la economía gira en torno al cultivo del banano».
El contraste con las declaraciones oficiales es evidente. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, justificó la medida señalando que Bocas del Toro «será rescatada del vandalismo y la delincuencia», mientras reportaba 12 policías heridos y más de 140 detenidos, incluyendo 11 menores de edad. Por su parte, Orillac enfatizó que la suspensión de garantías busca «evitar que grupos radicales y delictivos se reúnan para organizar actos de violencia».
Los gremios periodísticos alzaron la voz tras agresiones contra comunicadores que cubrían los eventos. El Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, y otras organizaciones denunciaron que tres periodistas fueron «amenazados con lanzas y despojados de sus equipos» el 14 de junio. Calificaron estos actos como «una violación a la libertad de prensa y un grave atentado contra el derecho de la sociedad a estar informada».
El tratamiento mediático reveló tensiones adicionales. Mientras los medios tradicionales se enfocaron en los aspectos de seguridad y orden público, las redes sociales se convirtieron en el principal canal para voces alternativas, hasta que los servicios de internet comenzaron a interrumpirse tras el decreto. La medida de cortar las telecomunicaciones generó alarma incluso en la embajada estadounidense, que emitió una alerta recomendando a sus ciudadanos evitar viajes a Bocas del Toro.
Críticas, apoyo y polarización
La medida dividió tanto a la clase política como a la sociedad civil panameña. En el espectro de apoyo, el exmagistrado Arturo Hoyos defendió la constitucionalidad del decreto, argumentando que existía «una grave alteración del orden público en Bocas del Toro» que justificaba la aplicación del artículo 55. Hoyos, quien había sugerido desde mayo la declaración de estado de urgencia, comparó la medida con las restricciones implementadas durante la pandemia de COVID-19, señalando que permite «contrataciones públicas rápidas» y movilización de recursos para resolver situaciones de crisis.
El sector empresarial también expresó respaldo. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) había advertido previamente sobre el «colapso económico» en la provincia, donde se acumulan «más de 5 mil trabajadores despedidos y pérdidas económicas estimadas en más de 75 millones de dólares». Juan Alberto Arias, presidente de la Cciap, calificó la situación como «una realidad dolorosa y urgente» que no podía continuar.
En el polo opuesto, las críticas surgieron principalmente desde sectores vinculados a derechos humanos y la oposición política. La exmagistrada Graciela Dixon denunció la «postura intransigente y autoritaria» del presidente Mulino, argumentando que «desde el principio el presidente ha dicho que él no va a ceder». Dixon anunció que abogados del país estaban preparando denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El exmagistrado Harry Díaz fue aún más contundente: «Los 30 años de impunidad de una corrupción imparable llevan a la población a todo tipo de manifestaciones». Díaz argumentó que el gobierno «actúa con arrogancia y desprecio hacia la ciudadanía» y advirtió: «Hace rato dije que estamos en fase dictadura. No hay respeto por el orden constitucional».
Los gremios docentes, que iniciaron las protestas contra la Ley 462 en abril, mantuvieron su rechazo tanto a la reforma como al estado de urgencia. Aunque algunos dirigentes bananeros firmaron un acuerdo con la Asamblea Nacional para revisar la Ley 45 específica del sector, otros sectores de la sociedad civil «desconocieron dicho acuerdo e iniciaron nuevas manifestaciones».
La polarización se evidenció también en el tratamiento diferenciado que recibieron los distintos actores. Mientras el gobierno caracterizó a los manifestantes como «grupos violentos» y «delictivos», los defensores de las protestas señalaron la infiltración de elementos ajenos a las demandas legítimas.
Impacto en la comunidad y precedentes históricos
La vida cotidiana en Bocas del Toro se transformó radicalmente bajo el estado de urgencia. Changuinola, punto de entrada para turistas y centro económico de la provincia, experimentó escasez de alimentos básicos, suspensión del suministro de agua potable, y el cierre preventivo de comercios. «Sí hay productos, pero no en las cantidades habituales. En algunas zonas ya hay escasez, especialmente de carne», confirmó Aris Pimentel.
El sector turístico, pilar económico de la provincia, sufrió un colapso. Juan Pablo Caro, presidente de la Cámara de Turismo local, reportó que «la ocupación hotelera ha caído a niveles históricos, situándose entre un 10% y 20%». Los restaurantes y servicios turísticos registraron «una caída del 80% en sus ingresos», mientras que «más de 115 hospedajes están en riesgo de cierre». La situación se agravó cuando manifestantes retuvieron a una turista estadounidense en Alto Guabo, generando alarma por la «percepción de inseguridad» en un destino que recibe más de 89,000 visitantes estadounidenses anualmente.
La crisis humanitaria se intensificó con la falta de servicios básicos. La entrada y salida de Changuinola se limitó a un solo puente, creando un cuello de botella logístico que afectó el suministro de medicinas, gas y alimentos. Los pocos que conseguían gasolina debían buscarla en la frontera con Costa Rica «por un costo tres veces superior de lo normal».
Los precedentes históricos resonaron con fuerza en la memoria colectiva. El episodio más traumático ocurrió en julio de 2010, durante las protestas contra la «ley chorizo» del gobierno de Ricardo Martinelli. En esa ocasión, el entonces ministro de Gobierno José Raúl Mulino —actual presidente— presentó una legislación que modificaba el Código de Trabajo y garantizaba el funcionamiento de empresas durante huelgas. La represión policial del 8 de julio de 2010 resultó en la muerte del dirigente sindical Antonio Smith y al menos diez personas más, con más de 700 heridos.
La «Masacre de Changuinola», como se conoce el episodio, dejó heridas profundas en la comunidad bocatoreña. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que «continúa la impunidad: no hay detenidos por la Masacre y no hubo ayuda para las familias de los fallecidos ni de los heridos». El paralelismo con la situación actual no pasó desapercibido para los manifestantes, quienes compararon la represión de 2025 con aquellos eventos.
Otros antecedentes incluyen el caso de las comunidades Ngäbe en 2016, cuando el Estado panameño enfrentó denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la construcción de la Presa Hidroeléctrica Chan 75, que desplazó comunidades enteras sin consulta previa.
El papel de la opinión pública
La reacción de la ciudadanía nacional ante el estado de urgencia reveló una sociedad dividida entre quienes priorizan la seguridad y el orden, y quienes ven en la medida un retroceso autoritario. En redes sociales, antes del corte de internet, circularon imágenes contrastantes: por un lado, los daños causados por vándalos en instalaciones públicas y privadas; por otro, testimonios de represión policial y violaciones a derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo, institución responsable de la protección de derechos humanos en Panamá, había reportado previamente un incremento del 100% en quejas relacionadas con derechos humanos durante 2021, y había monitoreado «más de un centenar de protestas». Sin embargo, su pronunciamiento específico sobre el estado de urgencia en Bocas del Toro no fue prominente en el debate público, evidenciando las limitaciones de los mecanismos de control horizontal en el sistema panameño.
Los medios alternativos y las redes sociales jugaron un papel crucial hasta que las telecomunicaciones se vieron afectadas. La interrupción de internet limitó la capacidad de documentar y difundir información desde el terreno, generando un vacío informativo que las autoridades llenaron con sus versiones oficiales. Esta situación planteó interrogantes sobre el derecho a la información y la transparencia en contextos de emergencia.
La solidaridad nacional se manifestó de manera desigual. Mientras algunos sectores empresariales expresaron comprensión hacia las medidas gubernamentales, organizaciones de derechos humanos y gremios profesionales mantuvieron su oposición. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) había destacado previamente que Bocas del Toro «presenta altos niveles de pobreza (44.8%) y pobreza extrema (22.6%)», caracterizando la situación como resultado de un «abandono histórico del Estado».
La fragmentación de la opinión pública reflejó divisiones más profundas sobre el modelo de desarrollo y el papel del Estado. Para algunos, la respuesta gubernamental representaba una intervención necesaria para restaurar el orden; para otros, evidenciaba la incapacidad del sistema político para abordar las causas estructurales de la protesta social.
Democracia en el límite
El estado de urgencia en Bocas del Toro trasciende la coyuntura de una protesta regional para convertirse en una radiografía de las tensiones que atraviesan la democracia panameña. La facilidad con que se suspendieron garantías constitucionales revela los riesgos de normalizar medidas de excepción que, diseñadas para situaciones extremas, pueden convertirse en herramientas ordinarias de control social.
La provincia caribeña se ha transformado en el escenario de una disputa más amplia sobre el modelo de país que Panamá aspira a construir. Por un lado, un proyecto centrado en el crecimiento económico y la estabilidad empresarial, que prioriza el orden y la inversión; por otro, demandas de inclusión social, participación democrática y justicia distributiva que cuestionan los fundamentos del sistema.
Los ecos de Changuinola 2010 resuenan como advertencia sobre los costos de reprimir sin atender las causas estructurales del malestar social. La concentración del poder en el Órgano Ejecutivo, documentada por analistas como un rasgo persistente del sistema político panameño, encuentra en el estado de urgencia su expresión más clara.
La crisis bocatoreña expone las limitaciones de una democracia que, según el Índice de Democracia de The Economist, ubica a Panamá en el puesto 49 mundial con 6.91 puntos, clasificándola como una «democracia deficiente». La brecha entre las instituciones formales y las prácticas reales del poder se evidencia cuando el artículo 55 constitucional se convierte en instrumento de gobernabilidad más que salvaguarda excepcional.
Bocas del Toro plantea una pregunta fundamental para el futuro panameño: ¿puede una democracia que recurre sistemáticamente a la excepción constitucional para gestionar conflictos sociales mantener su legitimidad a largo plazo? La respuesta no está en los decretos de gabinete ni en las operaciones policiales, sino en la capacidad del sistema político para procesar demandas ciudadanas sin sacrificar los principios democráticos que sostienen la convivencia nacional.
La historia política panameña reciente, marcada por la transición desde la dictadura militar, sugiere que la democracia es un logro frágil que requiere vigilancia constante. En las calles de Changuinola, donde la humedad del Caribe se mezcla con el humo de los enfrentamientos, se escribe un capítulo crucial de esa historia. El desenlace determinará si Panamá fortalece sus instituciones democráticas o si acepta la normalización de la excepción como forma ordinaria de gobierno.
Preguntas Frecuentes
¿Qué significa vivir bajo Estado de Urgencia?
Vivir bajo estado de urgencia implica la suspensión temporal de garantías constitucionales básicas. Los ciudadanos pueden ser detenidos sin orden judicial, sus domicilios allanados sin autorización previa, y se restringe la libertad de tránsito, expresión y reunión. Además, se limita el acceso a recursos legales como el habeas corpus.
¿Puede un ciudadano impugnar legalmente esta medida?
La Constitución establece que si el estado de urgencia se extiende más de diez días, debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Los ciudadanos pueden presentar denuncias ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como anunciaron hacer varios abogados panameños. Sin embargo, durante la vigencia de la medida, los recursos legales ordinarios están limitados.
¿Qué derechos se ven limitados?
Se suspenden los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución. Esto incluye la libertad personal, inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito y residencia, protección contra detención arbitraria, y las libertades de pensamiento, expresión, reunión y asociación.
¿Cuál es el papel de los medios en estos contextos?
Los medios enfrentan restricciones a la libertad de expresión y posibles limitaciones al acceso a información. Durante el estado de urgencia en Bocas del Toro, se reportaron agresiones contra periodistas y cortes en las telecomunicaciones que afectaron la cobertura informativa. Los gremios periodísticos han denunciado estos hechos como violaciones a la libertad de prensa.
