Una introducción a su diagnóstico institucional
Vivimos en un entorno desafiante y en medio de una transición política nacional compleja, evaluar la salud del Estado panameño se vuelve más que un ejercicio académico: es una necesidad democrática. ¿Está cumpliendo el Estado su rol de garante del bien común? ¿Funcionan sus instituciones como deberían? ¿Tiene capacidad para adaptarse a los desafíos del presente sin comprometer el futuro?
Estas preguntas no solo están en boca de analistas y medios especializados. Cada ciudadano que hace fila en un hospital público, cada estudiante en un aula deteriorada, cada contribuyente que espera servicios eficientes, intuye aunque no lo exprese con estas palabras, que hay algo que no marcha del todo bien.
La metáfora del cuerpo estatal: ¿un organismo enfermo o resistente?
Hablar de la salud del Estado es utilizar una metáfora poderosa. Como un cuerpo humano, un Estado necesita sistemas vitales que funcionen de manera integrada:
- Las instituciones democráticas son su esqueleto.
- El sistema de justicia, su sistema inmunológico.
- La administración pública, su sistema circulatorio.
- Y la confianza ciudadana, su sistema nervioso central.
Cuando uno de estos sistemas se inflama, colapsa o se desconecta, todo el cuerpo político comienza a resentirse. Y Panamá, en 2025, muestra señales contradictorias: ha conservado cierta estabilidad formal, pero padece dolencias persistentes que afectan su legitimidad, eficacia y cohesión.
El momento histórico: una encrucijada estratégica
Panamá no atraviesa una crisis terminal. Pero sí vive un punto de inflexión. La recuperación post-pandemia ha sido desigual; los niveles de desconfianza institucional son elevados; y se percibe una fatiga social frente a promesas incumplidas y estructuras que no evolucionan al ritmo de las necesidades ciudadanas.
Además, el país enfrenta simultáneamente presiones internacionales (ambientales, fiscales, geopolíticas) y desafíos internos (corrupción, desigualdad, debilidad regulatoria, polarización). Esta combinación exige algo más que respuestas puntuales: exige una visión estructural.
¿Por qué importa evaluar la salud del Estado?
Porque sin instituciones que funcionen, la democracia pierde su significado práctico. Porque sin confianza en el sistema de justicia, el contrato social se deteriora. Y porque sin una administración pública eficiente, el crecimiento económico no se traduce en bienestar real.
Medir la salud del Estado implica mirar más allá de los escándalos momentáneos o de las promesas electorales. Implica preguntarse si el aparato estatal:
- Resuelve problemas con justicia y oportunidad.
- Usa el dinero público con transparencia y eficacia.
- Garantiza derechos, equilibra poderes y representa al pueblo.
Una evaluación multidimensional
Este análisis, que se desarrolla en cinco entregas, plantea una radiografía basada en dimensiones interrelacionadas:
- Estabilidad de las instituciones democráticas
- Eficacia del sistema de justicia y gobernanza
- Confianza ciudadana y legitimidad política
- Cohesión social y calidad de vida
- Sostenibilidad fiscal, amenazas sistémicas y resiliencia estatal
Cada una será explorada en profundidad en los siguientes artículos. Pero desde ya es posible advertir que la salud institucional panameña requiere cuidados intensivos, reformas quirúrgicas y una ciudadanía activa que no solo reaccione, sino que proponga y vigile.
Reflexión clave: lo político es personal
Detrás de cada trámite engorroso, cada fallo judicial cuestionado o cada obra pública abandonada, hay vidas afectadas. Por eso este diagnóstico no es un documento técnico para expertos: es un llamado a recuperar la idea del Estado como una herramienta colectiva al servicio de todos, y no como un botín al servicio de pocos.
