Un debate sobre equidad, eficiencia y gestión pública en el presupuesto estatal
Cuando más de 80 asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) gastan 400 millones de dólares al año comprando medicamentos de su propio bolsillo debido al desabastecimiento, mientras siete instituciones públicas invierten 168.9 millones de dólares en seguros privados para sus funcionarios, surge una pregunta que trasciende los números: ¿estamos ante un privilegio injustificable o ante una herramienta necesaria para mantener operativo el Estado?
La propuesta de los diputados Ernesto Cedeño y Betserai Richards de la bancada Seguimos para eliminar las partidas de seguros privados del presupuesto estatal ha reavivado un debate fundamental sobre la gestión pública en Panamá. Su argumento es directo: resulta incoherente que altos funcionarios con salarios elevados reciban atención médica privada financiada con fondos públicos mientras los ciudadanos enfrentan largas esperas, desabastecimiento de medicamentos y servicios deficientes en el sistema público de salud.
El problema en números
Los datos de PanamáCompra revelan la magnitud del gasto en seguros privados: el Ministerio de Seguridad Pública destinó 122.5 millones de dólares para cubrir 45,147 efectivos por 56 meses (aproximadamente 53 dólares mensuales por persona); el Órgano Judicial asignó 15 millones de dólares para 6,807 servidores durante 38 meses; la Autoridad del Canal de Panamá contrató 18 millones de dólares para 8,500 colaboradores; y el Ministerio Público gastó 9.3 millones de dólares para 5,665 funcionarios.
Esta inversión contrasta dramáticamente con la realidad del sistema público. La CSS ha enfrentado un desabastecimiento crónico: en 2019 reconoció la carencia de 70 medicamentos; en 2022 reportó escasez de 130 de los 610 medicamentos básicos, afectando al 80% de los asegurados; y aún en 2025, pacientes continúan denunciando demoras en citas médicas y falta de medicamentos para diversas patologías.
Los tiempos de espera son igualmente problemáticos. Aunque se han logrado mejoras puntuales, como la reducción de 48 horas para pacientes con sangrado digestivo (anteriormente esperaban dos semanas), persisten reportes de pacientes que deben madrugar desde las 3:00 AM para obtener una cita, con esperas de un mes o más para especialistas.
El marco ético y constitucional
Desde una perspectiva ética, el debate toca principios fundamentales del servicio público. El principio de integridad exige que los servidores públicos actúen en beneficio del bien común, no de intereses particulares. Cuando funcionarios con acceso a seguros privados financiados públicamente toman decisiones sobre el sistema de salud público que utilizan otros ciudadanos, pueden surgir conflictos de interés que comprometan la justicia distributiva.
El principio de responsabilidad demanda que quienes manejan recursos públicos rindan cuentas por su uso eficiente. Si 168.9 millones de dólares se destinan a seguros privados mientras el sistema público carece de medicamentos básicos, surge la pregunta sobre la priorización de gastos. La prudencia política requiere evaluar si estos recursos generarían mayor beneficio social si se reinvirtieran en el fortalecimiento del sistema público.
La templanza en el uso de beneficios públicos también está en cuestión. El magistrado Alfredo Juncá del Tribunal Electoral defendió los seguros como «salario emocional» por las largas jornadas de trabajo, pero esta justificación debe sopesarse contra el impacto en la percepción ciudadana sobre la equidad del Estado.prensa
Argumentos a favor de eliminar las partidas
La eliminación de estos seguros se fundamenta en varios argumentos sólidos. La equidad exige que todos los ciudadanos accedan a los mismos servicios básicos. Si el Estado financia seguros privados para algunos funcionarios mientras otros ciudadanos enfrentan un sistema público deficiente, se crea una ciudadanía de primera y segunda clase.
La eficiencia del gasto público también apoya esta medida. Los 168.9 millones de dólares podrían financiar mejoras sustanciales al sistema público: completar el abastecimiento de medicamentos (la CSS gastó 123 millones en su última gran licitación), ampliar la cobertura de ambulancias (que pasó de 51 a 86 unidades recientemente), o reducir los tiempos de espera mediante más personal médico.
Además, eliminar estos privilegios enviaría una señal de compromiso con la reforma del sistema público. Los funcionarios que actualmente utilizan seguros privados experimentarían directamente las deficiencias del sistema público, potencialmente acelerando las mejoras necesarias.
Argumentos en contra: la necesidad de atraer talento
Sin embargo, la eliminación inmediata de estos beneficios presenta desafíos significativos. Los seguros privados pueden funcionar como herramienta de atracción y retención de profesionales altamente calificados. En un mercado laboral competitivo, el Estado debe ofrecer paquetes de compensación atractivos para roles técnicos especializados en áreas como el sistema judicial, la autoridad del canal, o la seguridad pública.
La continuidad operativa de servicios esenciales podría verse comprometida si profesionales experimentados abandonan el sector público. Considerando que el 80% de los asegurados de la CSS deben comprar medicamentos de su bolsillo, algunos funcionarios públicos podrían optar por el sector privado si pierden este beneficio, generando rotación en posiciones críticas.
Desde una perspectiva de productividad laboral, los seguros privados pueden reducir días perdidos por enfermedad. Estudios regionales indican que las demoras en atención médica generan pérdidas de productividad equivalentes al 3.5% del PIB. Si un funcionario puede resolver un problema de salud rápidamente mediante un seguro privado, evita ausencias prolongadas que afectan la prestación de servicios públicos.
Impacto económico y de productividad
Para cuantificar el impacto, consideremos que un funcionario público promedio en Panamá gana aproximadamente 800 dólares mensuales. Si debe ausentarse 10 días adicionales por demoras en el sistema público (comparado con 2 días con seguro privado), el costo por ausentismo sería de 267 dólares por funcionario por incidente médico. Multiplicado por los 70,000 funcionarios cubiertos por seguros privados y considerando 2 incidentes anuales promedio, el costo total por ausentismo podría alcanzar 37.4 millones de dólares anuales.
Este cálculo sugiere que si los seguros privados reducen significativamente el ausentismo, podrían justificarse económicamente. Sin embargo, esta justificación solo es válida si las mejoras de productividad compensan la inversión de 168.9 millones de dólares, lo que requiere una reducción de ausentismo superior al 77% para ser costo-efectiva.
Análisis comparativo internacional
En Costa Rica, el sistema público integrado y universal ha logrado mejores resultados que el modelo mixto colombiano o chileno. Costa Rica destina el 68.4% de su gasto total de salud al sector público y mantiene gastos de bolsillo en solo 27.4%. Su sistema se basa en una sola caja (la Caja Costarricense de Seguro Social) que centraliza financiamiento y prestación, reduciendo fragmentación y costos administrativos.
Chile, por el contrario, opera un sistema dual donde coexisten las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) privadas y el Fondo Nacional de Salud (FONASA) público. Este modelo ha generado inequidades: los afiliados a ISAPRE buscan servicios excluidos en el sector público, creando subsidios cruzados regresivos. La experiencia chilena sugiere que los sistemas mixtos pueden perpetuar inequidades si no se regulan adecuadamente.
Paraguay presenta un caso extremo de inequidad en seguros públicos: mientras funcionarios del Banco Central reciben planes de 2,367 dólares mensuales, empleados de otras instituciones reciben solo 399 dólares mensuales, y 73,000 funcionarios no tienen cobertura alguna. Esta fragmentación evidencia los riesgos de sistemas sin criterios uniformes.
Opciones de política pública
Opción 1: Prohibición total inmediata
Ventajas: Máxima señal de equidad, liberación inmediata de 168.9 millones para el sistema público, eliminación de conflictos de interés.
Riesgos: Fuga de talento, interrupción de servicios críticos, resistencia institucional.
Mitigación: Aumentos salariales compensatorios para posiciones críticas, programas acelerados de mejora del sistema público.
Métricas: Tasa de rotación de personal en posiciones clave, tiempo de vacancia en concursos públicos, percepción ciudadana de equidad.
Opción 2: Eliminación gradual condicionada
Ventajas: Transición ordenada, tiempo para fortalecer el sistema público, mantenimiento de servicios esenciales.
Riesgos: Dilación indefinida, resistencia al cambio, perpetuación de inequidades.
Mitigación: Cronograma vinculante con metas específicas, límites salariales para elegibilidad (por ejemplo, funcionarios con salarios superiores a 1,500 dólares pierden el beneficio primero), exclusiones temporales para funciones críticas.
Métricas: Cumplimiento de cronograma, mejoras en abastecimiento de medicamentos (meta: 95% de disponibilidad), reducción de tiempos de espera (meta: máximo 15 días para especialistas).
Opción 3: Sustitución por beneficios contingentes
Ventajas: Alineación de incentivos con desempeño, mantenimiento de atracción de talento, enfoque en resultados.
Riesgos: Complejidad administrativa, dificultad de medición, posibles manipulaciones.
Mitigación: Bonos por desempeño basados en indicadores objetivos (reducción de backlog de casos judiciales, mejoras en satisfacción del usuario, cumplimiento de metas institucionales), programas de bienestar preventivo.
Métricas: Indicadores de desempeño institucional, satisfacción laboral, costo-efectividad comparado con seguros.
Opción 4: Compromiso de reinversión verificable
Ventajas: Legitimidad por compromiso transparente, mejoras tangibles al sistema público, continuidad de servicios.
Riesgos: Dependencia de voluntad política, posible dilución de recursos, falta de seguimiento.
Mitigación: Cada dólar ahorrado en seguros se destina específicamente a metas verificables: abastecimiento 95% de medicamentos básicos, reducción de tiempos de espera a máximo 48 horas para urgencias, contratación de 1,000 médicos adicionales.
Métricas: Porcentaje de abastecimiento de medicamentos, tiempos promedio de espera por especialidad, satisfacción del usuario del sistema público, ahorro fiscal documentado.
Gobernanza y medición de resultados
Independientemente de la opción seleccionada, el éxito requiere un sistema robusto de seguimiento. Los indicadores clave deben incluir:
- Tiempo promedio de espera por especialidad médica (meta: máximo 15 días)
- Tasa de abastecimiento de medicamentos básicos (meta: 95% de disponibilidad permanente)
- Satisfacción del usuario del sistema público (meta: 70% de satisfacción)
- Rotación de personal en posiciones críticas (meta: máximo 15% anual)
- Ahorro fiscal documentado y su reinversión verificable
- Percepción ciudadana sobre equidad en el acceso a servicios de salud
Estos indicadores deben reportarse trimestralmente con metodología transparente y auditorías independientes.
Estrategia de comunicación pública
La implementación exitosa de cualquier reforma requiere una estrategia de comunicación clara que explique las decisiones tomadas, los cronogramas establecidos y los resultados esperados. Los mensajes deben enfatizar el compromiso con la equidad sin comprometer la eficiencia del Estado.
Los canales de comunicación deben incluir informes trimestrales de avance, foros ciudadanos para retroalimentación, y plataformas digitales para monitoreo en tiempo real de los indicadores clave. La transparencia en el proceso generará legitimidad y apoyo ciudadano.
Recuadro: Métricas recomendadas para seguimiento público
- Tiempo promedio de espera por especialidad: Meta de máximo 15 días calendario para citas con especialistas en el sistema público
- Tasa de abastecimiento de medicamentos: Meta de 95% de disponibilidad permanente de los 610 medicamentos básicos de la CSS
- Rotación de personal en posiciones críticas: Meta de máximo 15% de rotación anual en cargos técnicos especializados
- Satisfacción del usuario del sistema público: Meta de 70% de satisfacción medida semestralmente mediante encuestas independientes
- Reinversión verificable del ahorro fiscal: 100% de los recursos liberados debe destinarse a mejoras documentables del sistema público de salud
Síntesis y recomendación
El debate sobre los seguros privados financiados con fondos públicos no tiene respuestas simples. La eliminación total e inmediata podría generar disrupciones operativas significativas, mientras que mantener el statu quo perpetúa inequidades inaceptables. La evidencia internacional sugiere que los sistemas más exitosos son aquellos que priorizan la universalidad y la equidad por sobre la fragmentación.
Para Panamá, la recomendación más prudente sería implementar una eliminación gradual condicionada (Opción 2) combinada con elementos de reinversión verificable (Opción 4). Esto implicaría establecer un cronograma de tres años para eliminar progresivamente los seguros privados, comenzando con funcionarios de salarios más altos, mientras se compromete cada dólar ahorrado a mejoras específicas y medibles del sistema público.
Esta aproximación equilibra la necesidad de equidad con la realidad operativa del Estado, genera legitimidad a través de la transparencia, y crea incentivos para que los mismos funcionarios que actualmente se benefician de seguros privados se conviertan en promotores de mejoras al sistema público. El éxito de esta estrategia dependerá de la voluntad política para mantener el compromiso más allá de los ciclos electorales y de la capacidad institucional para implementar y monitorear las mejoras prometidas.
La disyuntiva fundamental no es si los funcionarios públicos merecen buena atención médica -la merecen-, sino si el Estado debe crear sistemas paralelos que beneficien a pocos o invertir en un sistema universal que sirva a todos. La respuesta define el tipo de sociedad que aspiramos a construir.
