El SUNTRACS, fundado en 1972, es una de las organizaciones sindicales más influyentes de Panamá, con aproximadamente 40,000 miembros. Ha desempeñado un papel destacado en la defensa de los derechos laborales y ha estado involucrado en diversas luchas sociales y políticas en el país. Recientemente, el sindicato ha sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades panameñas, lo que ha generado un debate nacional sobre la legalidad y motivaciones de estas acciones.
Contexto político
Las tensiones entre el SUNTRACS y el gobierno panameño se han intensificado en los últimos años, especialmente en relación con protestas contra reformas legislativas y acuerdos internacionales. El sindicato ha liderado movilizaciones contra la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones, y ha expresado su oposición a acuerdos de seguridad con Estados Unidos, argumentando que comprometen la soberanía nacional. Estas acciones han llevado al gobierno a considerar al SUNTRACS como un actor desestabilizador.
El presidente José Raúl Mulino ha calificado al sindicato como una «mafia» y ha declarado su intención de reducir su influencia. Estas declaraciones han sido interpretadas por algunos sectores como una señal de persecución política, mientras que otros las ven como una respuesta necesaria para mantener el orden público.
Dimensión Jurídica
Investigaciones y allanamientos
El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, ha llevado a cabo allanamientos en varias sedes del SUNTRACS, incluyendo las ubicadas en San Miguelito y la avenida Perú. Estas acciones forman parte de una investigación por presuntos delitos como blanqueo de capitales, estafa agravada y asociación ilícita. Se han emitido órdenes de aprehensión contra varios dirigentes del sindicato, incluyendo a Saúl Méndez y Genaro López.
Solicitud de asilo
En respuesta a las investigaciones, Saúl Méndez solicitó asilo político en la embajada de Bolivia en Panamá, alegando persecución política. El gobierno panameño ha negado estas acusaciones, afirmando que las acciones legales se basan en evidencias de actividades ilícitas y no en motivaciones políticas.
Cancelación de la Personería Jurídica
El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) canceló la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples SUNTRACS, R.L., citando múltiples irregularidades financieras y de cumplimiento normativo. Entre los hallazgos se incluyen la falta de políticas de monitoreo de transacciones, pagos adelantados de préstamos a directivos sin justificación y la aceptación de personas jurídicas con fines de lucro como asociados, contraviniendo la legislación vigente.
Dimensión Financiera
Las auditorías realizadas por el IPACOOP revelaron que la cooperativa del SUNTRACS canalizó al menos 8 millones de dólares provenientes del sindicato a través de dos líneas de crédito, actuando como intermediaria sin aplicar la debida diligencia requerida. Estas operaciones beneficiaron a empresas vinculadas, en detrimento de los afiliados que depositaron sus aportes con la expectativa de recibir un beneficio colectivo.
Además, se detectaron transacciones inusuales, como el caso de un directivo que, con un salario mensual declarado de 2,800 dólares, obtuvo un préstamo de 52,000 dólares y lo canceló en dos años mediante abonos extraordinarios de entre 5,000 y 10,000 dólares. Estas acciones no fueron reportadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lo que constituye una falta grave según la normativa vigente.
Reacciones y debate público
Las acciones del gobierno han generado diversas reacciones en la sociedad panameña. Algunos líderes políticos y sociales han criticado los allanamientos y la cancelación de la personería jurídica de la cooperativa, considerándolos como actos de persecución política. Por otro lado, el gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los intereses de los trabajadores.
El debate se centra en la legitimidad de las acciones gubernamentales y en la necesidad de mantener un equilibrio entre el respeto a los derechos sindicales y la aplicación de la ley en casos de presuntas irregularidades.
Conclusiones
El caso del SUNTRACS representa un punto de inflexión en la relación entre el gobierno panameño y las organizaciones sindicales. Mientras las autoridades argumentan que las acciones legales son una respuesta a actividades ilícitas, el sindicato y sus simpatizantes las perciben como una amenaza a la libertad sindical y a la participación política.
Es esencial que las investigaciones se lleven a cabo con transparencia y respeto al debido proceso, garantizando que cualquier medida tomada esté fundamentada en evidencias sólidas y no en motivaciones políticas. Asimismo, es crucial que se protejan los derechos de los trabajadores y se fomente un diálogo constructivo entre el gobierno y las organizaciones sindicales para fortalecer la democracia y la justicia social en Panamá.
Nota: Este informe se basa en información disponible hasta la fecha de su elaboración y está sujeto a actualizaciones conforme se desarrollen los acontecimientos.
