Un proyecto de ley para reformar la Ley 22 de 2006 que regula las contrataciones públicas, fue presentado al Pleno Legislativo por el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, con el fin de lograr mayor agilización en la adquisición de bienes, obras y servicios necesarios en la gestión gubernamental.
El titular del MEF sustentó que con la propuesta se busca reestructurar el concepto de contratación directa, realizándose ajustes “sustanciales de forma y de fondo que van desde el cambio de denominación, hasta el establecimiento uniforme, claro y transparente tanto para las instituciones públicas, autoridades encargadas de aprobarlas y el público en general”.
De igual forma, dijo Vallarino, se adoptarán medidas de agilización administrativa como la revisión y ajustes de los términos en algunos procesos de contratación “a la realidad actual, salvaguardando los intereses de todas las partes involucradas”.
Otro de los puntos planteados en las reformas tienen que ver con la eliminación del requisito de “solicitud de excepción” en los contratos regulados por leyes especiales, que por mandato legal se encuentra fuera del ámbito de competencia de la Ley 22 de 2006.
“Además las prórrogas a contratos ya existentes, atendiendo a parámetros económicos y técnicos, así como en las contrataciones celebradas entre entidades del Estado, respetando siempre la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República”, agregó.
