El pleno legislativo aprobó en tercer debate el proyecto de ley 505 que otorga al Registro Público de Panamá las facultades de Autoridad Registradora y Certificadora a raíz de la firma electrónica.
La propuesta presentada por el órgano Ejecutivo dota de un nuevo instrumento técnico necesario para la colaboración del ordenamiento jurídico, que respalde la garantía de seguridad que estos sistemas representados en los distintos ámbitos de la vida jurídica, social y económica del país.
La iniciativa permite de forma paralela a la firma manuscrita el uso de la firma electrónica.
La norma establece en su articulado que “las personas realizan trámites con firmas manuscrita o papel los podrán hacer electrónicamente, manteniendo la integridad y la seguridad jurídica del documento”.
La iniciativa de firma electrónica se complementa con otros proyectos como Justicia sin Papel, que impulsa el Órgano Judicial; Panamá sin Papel, que impulsa la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.
En su exposición de motivos, el ministro Henríquez manifestó que es prioridad del Estado panameño proveer, mantener y desarrollar iniciativas dirigidas a otorgar celeridad, eficiencia y transparencia a la administración pública a través de innovaciones tecnológicas.
El proyecto contempla además que, el Estado hará uso de firmas electrónicas en su ámbito interno y en su relación con los particulares, de acuerdo a lo establecido en esta ley y con las disposiciones de uso que se fijen reglamentariamente en cada uno de sus poderes.