La decisión de contratar costosos abogados para entrar en un proceso en el que ni Panamá ni ningún panameño son parte, hacen evidente que el presidente Juan Carlos Varela, no ha dado fin a la campaña política que los panameños dimos por concluida el pasado 4 de mayo.
Esto es una prueba más del show mediático y la persecución sistemática que han caracterizado los dos meses y medio de este gobierno.
Esto queda más claro aún, luego que, recientemente, Salini Impregilo otra de las empresas extranjeras mencionadas en los procesos ha descartado, al igual que lo hiciera previamente Finmeccanica, cualquier tipo de irregularidad en las relaciones, negociaciones o contrataciones hechas por autoridades panameñas.
Cabe destacar, también, que todo lo concerniente a estos contratos ocurrió durante los 26 meses que el hoy Presidente Juan Carlos Varela estuvo en el gobierno como Canciller, siendo parte negociadora y votó a favor en el Consejo de Gabinete; conoce todo lo relacionado con este tema y él podría dar todos los detalles. Varela puede contar la historia de Finmeccanica, que diga todo lo que sabe.
Esperamos que una vez concluyan estos procesos y quede demostrado que nunca existieron pagos ni cualquier otro tipo de beneficios en favor de ninguna autoridad panameña, los responsables de toda esa campaña de mentiras dirigidas a dañar nuestro nombre y el de nuestro país; tengan la nobleza y ofrezcan disculpas.
En lugar de dedicarse a trabajar para que continúen los cambios, para que las fortalezas de nuestra economía se mantenga, las inversiones públicas y privadas sigan creciendo, generando el pleno empleo que alcanzamos durante nuestra administración. Además de darle sostenibilidad y continuidad a la Beca Universal, la Red de Oportunidades, 120 a los 65 y otros programas sociales, del gobierno de Ricardo Martinelli, que mejoran la distribución de la riqueza, el nuevo gobierno sigue desperdiciando tiempo y los recursos de todos los panameños en ataques políticos y falsas denuncias.
El estancamiento de las actividades económicas ha pasado de ser una peligrosa percepción, a ser una triste realidad que podría afectar la salud de la empresa privada, motor de la economía y del empleo que necesitan los panameños.
Peor aún, retrocedemos en virtud de malas decisiones en turismo, educación y seguridad. En este último aspecto, las graves consecuencias de esas malas decisiones se traducen en el desborde de la inseguridad que golpea a los ciudadanos.
Ni el expresidente Ricardo Martinelli, ni los funcionarios que formaron parte de su administración, están en contra de auditorías ni de investigaciones que puedan realizar las autoridades competentes. Estamos en contra del permanente show político y de la persecución política basada en falsas denuncias mediáticas, cuyo obvio objetivo es desacreditar todas las obras, programas y proyectos que hicimos para mejorar la calidad de vida de todos los panameños.
