EPASA – Tras dos meses de haberse instalado el nuevo gobierno, la mayoría de las páginas web de las instituciones del Estado no reportan información que por ley debe ser de dominio público.
Y es que luego de la asunción al poder del presidente Juan Carlos Varela, quien prometió a sus electores llevar adelante una gestión de total transparencia, el tema de la accesibilidad a la información, a través de estos sitios electrónicos, está siendo truncada.
El argumento, según funcionarios consultados, es que las páginas se encuentran en actualización o han sido sometidas a cambios de plataforma o costosos rediseños.
Independientemente de las actualizaciones aducidas por las instituciones, existe una ley que obliga a los funcionarios a ofrecer información sobre su gestión pública, a la cual cualquier ciudadano, sea persona natural o jurídica, puede acceder.
Una revisión a varias de las páginas web de estos despachos gubernamentales realizada por Panamá América deja en evidencia que la propia Presidencia de la República y otras instituciones están violando leyes que Varela exigía que se cumplieran en la pasada administración.
Por ejemplo, en el portal www.presidencia.gob.pa, perteneciente al Palacio de Las Garzas, en la sección de transparencia no existen datos referentes a los números de solicitudes de información requeridas en esa institución ni tampoco el número de diligencias resueltas.
En cambio, aparece un mensaje que ya se ha vuelto recurrente en los sitios electrónicos del Estado: “En actualización”. La misma situación se repite en otros portales en los que no existen datos de las gestiones de las nuevas autoridades.
En el caso de la Asamblea Nacional no aparece la actualización de las planillas de la actual administración, a pesar de que el presidente de esta institución, Adolfo Valderrama, señaló que su periodo iba a caracterizarse por la divulgación de estos documentos.
“Nosotros estamos trabajando, porque el sistema que tenía se había deteriorado y en los últimos dos años no se invirtió nada en el sistema de información”, se excusó el diputado.
A juicio de Carlos Gasnell, presidente del Capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, exigir “la rendición de cuentas es un derecho fundamental reconocido por las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, que tiene una protección constitucional en Panamá desde el año 2004, y una Ley que regula esta obligación desde el año 2002”.
Mientras, para el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, no hay justificación para que los funcionarios pongan a disposición todo lo requerido por la Ley N.° 6 de 22 de enero de 2002.
