Estados Unidos dio a conocer el informe sobre el tráfico de personas (TIP – por sus siglas en Inglés) hoy día. De acuerdo con este informe, Panamá ha registrado avances significativos en lo que se refiere a este asunto. En 2008, el gobierno promulgó un paquete de reformas legislativas para fortalecer las leyes panameñas contra la trata de personas y aumentó sus esfuerzos de prevención. El gobierno panameño también reformó su ley de visas para dificultar el tráfico de personas. Todos estos esfuerzos significativos contribuyeron a mejorar su posición dentro de las diferentes categorías de la lista.
De igual forma, el informe manifiesta que Panamá deber adoptar “esfuerzos enérgicos de enjuiciar delitos de trata de seres humanos y de proveer albergues adecuados, especialmente para las víctimas adultas”.
En apoyo a los esfuerzos de Panamá de combatir el tráfico de personas, Estados Unidos donó computadoras, impresoras laser, baterías y programas de software de un valor de aproximadamente $40,000 con el fin de ayudar a los fiscales panameños a hacer un trabajo más eficiente y ágil. Para el este año está previsto entrenamiento a fiscales para asistirles en la identificación de los crímenes de tráfico de personas y cómo prevenirlos.
Estados Unidos participa con otras naciones, organizaciones internacionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la lucha en contra el tráfico de seres humanos. En el Año Fiscal 2008, el gobierno estadounidense invirtió aproximadamente $76 millones para financiar 140 proyectos en aproximadamente 70 naciones con el fin de apoyar los esfuerzos de los gobiernos extranjeros y de las ONGs en combatir el tráfico de seres humanos. Desde el Año Fiscal 2001 el gobierno estadounidense ha invertido más de $604 millones en proyectos en contra del tráfico de seres humanos fuera de Estados Unidos.
Tal y como lo expresa el informe del 2009, por lo menos 12.3 millones de personas son víctimas del tráfico de seres humanos alrededor del mundo de acuerdo con una investigación realizada por la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Esto incluye tráfico dentro de las fronteras del país y a través de sus fronteras.
A continuación ofrecemos la traducción extraoficial del segmento de Panamá, dentro del Informe de Trafico de Personas:
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PANAMÁ (NIVEL 2)
Panamá es un país de origen, tránsito y destino para mujeres y niños que son objeto de la trata para el propósito de explotación sexual comercial. Algunas mujeres panameñas son traficadas a Jamaica, Europa e Israel para la explotación sexual comercial, pero la mayoría de las víctimas son traficadas hacia y dentro del país para el comercio sexual de Panamá. Organizaciones no gubernamentales informan que algunos niños panameños, la mayoría niñas jóvenes, son traficadas para la servidumbre doméstica. Las agencias gubernamentales indican que niñas indígenas podrían ser traficadas por sus padres para la prostitución en la provincia de Darién. La mayoría de las víctimas extranjeras de la trata sexual son mujeres adultas provenientes de Colombia, República Dominicana y países centroamericanos vecinos; algunas víctimas inmigran voluntariamente a Panamá para trabajar pero son posteriormente forzadas a ejercer la prostitución. Los controles débiles en las fronteras de Panamá hacen que la nación sea un punto de tránsito fácil para las personas tratadas.
El Gobierno de Panamá no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para realizarlo. En el 2008, el gobierno mostró algunos avances contra la trata al promulgar un paquete de reforma legislativa para fortalecer las leyes panameñas contra la trata de personas y al aumentar los esfuerzos de prevención. El gobierno también eliminó su categoría de visa de alternadora, la cual había sido utilizada para tratar mujeres extranjeras, la mayoría colombianas, para el comercio sexual en Panamá. No obstante, los esfuerzos enérgicos del gobierno de enjuiciar delitos de trata de seres humanos y de proveer albergues adecuados, especialmente para las víctimas adultas, seguían deficientes.
Recomendaciones para Panamá: Enmendar las leyes contra la trata para que se prohíba el trabajo forzoso, incluidos la servidumbre doméstica involuntaria; intensificar los esfuerzos de la aplicación de la ley para investigar y enjuiciar los delitos de trata de personas, y condenar y sentenciar a los infractores de la trata de personas, incluyendo cualquier funcionario público que sea cómplice de la actividad de trata; dedicar más recursos para los servicios a las víctimas; y desarrollar un sistema formal para identificar a las víctimas de la trata entre las poblaciones vulnerables, particularmente las mujeres en la prostitución.
Enjuiciamiento
El Gobierno de Panamá aumentó su capacidad para investigar y enjuiciar delitos de trata de personas durante el período de este informe. En junio de 2008, el gobierno publicó la Ley 26, un paquete de reformas al Código Penal, para fortalecer las leyes panameñas contra la trata y prohibir la trata sexual interna de adultos, una brecha que existía en la ley anterior. La nueva ley entrará en vigencia en junio de 2009. El artículo 178 del nuevo código criminaliza la trata de personas interna y transnacional para el propósito de esclavitud sexual o actividad sexual remunerada no autorizada, a través de medios de engaño, coerción o retención de documentos de identidad y fija penas de seis a nueve años en prisión. Además, el artículo 180 del nuevo código prohíbe la trata de menores interna y transnacional para la explotación sexual comercial, fijando términos de encarcelamiento de cuatro a 10 años en prisión. Las penas anteriores son suficientemente rigurosas y proporcionales a aquellas fijadas para la violación. Sin embargo, la ley panameña no prohíbe específicamente la trata de seres humanos para el propósito de trabajo forzado, entre ellos la servidumbre doméstica. En septiembre de 2008, el gobierno empezó a investigar el caso de una posible actividad de trata laboral, en donde 52 trabajadores panameños fueron trasladados a Laurel, Mississippi, para trabajar en una instalación de fabricación de transformadores. Durante el período del informe, el gobierno investigó 11 casos de trata sexual, resultando en dos condenas por trata criminal con sentencias de 60 meses de encarcelamiento cada uno. Esto se compara con los 13 casos de trata sexual investigados y un infractor de la trata condenado durante el año anterior.
En marzo de 2008, la Dirección de Investigación Judicial creó una unidad especializada para investigar casos de trata de personas. Aunque la falta de coordinación entre la policía, los fiscales y las autoridades de inmigración sobre casos de trata sigue siendo una preocupación, la Procuraduría General de Panamá desarrolló una red de información computarizada para promover el intercambio de información entre los fiscales y las otras agencias. El gobierno mantuvo los esfuerzos de capacitación contra la trata, y la Procuradora General emitió un decreto de que un fiscal en cada una de las 13 provincias y comarcas de Panamá debía ser capacitado para enjuiciar delitos de trata. Una ONG informó anecdóticamente que algunos agentes de la policía explotaron sexualmente a menores prostituidas a cambio de protección, pero no fue claro si oficiales de alto nivel estaban enterados de dicha actividad. El gobierno no abrió investigación formal de corrupción relacionada con la trata durante el período del informe.
Protección
El gobierno panameño sostuvo sus esfuerzos para asistir las víctimas de la trata durante el período del informe, aunque los servicios para víctimas en general – en especial para los adultos – seguían siendo inadecuados. Los niños víctimas de la trata tenían acceso a atención básica en 43 albergues financiados por el gobierno en todo el país. Aunque el gobierno no proporcionó servicios asignados para las víctimas de la trata, financió un albergue operado por una ONG con vivienda y servicios sociales asignados para los niños víctimas de la trata. La atención en servicios y albergue para las víctimas adultas de la trata seguía limitada, aunque la recién promulgada Ley 3 de Inmigración exigía que el gobierno construyera un albergue dedicado a las víctimas adultas. El gobierno alojó a las víctimas en hoteles según el caso. En un caso, varias víctimas extranjeras de la trata fueron alojadas en una estación policial porque no había un lugar a dónde llevarlas. El gobierno no utilizó procedimientos sistemáticos para identificar a las víctimas de la trata entre la población vulnerable, pero sí exigió que las mujeres que entraban al país bajo la visa de entretenimiento asistiera a un seminario sobre la trata de personas. La gran cantidad de mujeres ejerciendo la prostitución en el país puede justificar que se desarrollen procedimientos más completos de identificación de víctimas. Las autoridades panameñas exhortaron a las víctimas a asistir en la investigación y el enjuiciamiento de sus traficantes. El gobierno permitió que las víctimas extranjeras permanecieran en Panamá durante la investigación de sus casos por orden judicial, pero no proporcionaron otras alternativas legales para su regreso a países en donde pueden enfrentar condiciones difíciles o retribución. Además, los fiscales indicaron que algunas víctimas extranjeras fueron repatriadas involuntariamente antes de que pudieran ayudar plenamente en los esfuerzos legales contra sus traficantes. Las víctimas no fueron penalizadas por actos ilegales cometidos como resultado directo de haber sido traficadas. Los oficiales consulares panameños fueron capacitados para ayudar a los panameños traficados en el extranjero y proporcionaron asistencia de repatriación, que incluye el boleto aéreo, vivienda y atención médica.
Prevención
El gobierno aumentó los esfuerzos para prevenir la trata de seres humanos durante el periodo del informe. Como respuesta a informes del pasado sobre la trata sexual de mujeres extranjeras que portaban visas de alternadora, el gobierno terminó esta categoría de visa como parte de un paquete de reforma inmigratoria que entró en vigencia en agosto de 2008. Pese a que las mujeres extranjeras en el comercio sexual de la nación pueden todavía solicitar visas de entretenimiento, el gobierno aumentó los esfuerzos para prevenir la trata de seres humanos al crear un registro de negocios que solicitan dichas visas e instituir condiciones más estrictas para su expedición. No se expidieron visas de entretenimiento bajo la nueva ley durante el periodo del informe. En el 2008, el gobierno llevó a cabo esfuerzos de concienciación y colaboró con las ONG y organizaciones internacionales sobre proyectos de prevención contra la trata. El reconocimiento oficial de delitos de trata de seres humanos parece estar en aumento, pese a que los funcionarios gubernamentales tienden a ver a Panamá como un país de tránsito principalmente. En junio de 2008, el gobierno publicó un plan nacional de tres años para combatir la explotación sexual comercial de menores, y una pequeña oficina fue establecida para implementar el plan. En un esfuerzo para reducir la demanda de actos de sexo comercial, el gobierno llevó a cabo campañas mediáticas advirtiendo que la explotación sexual comercial es un delito enjuiciable. Los esfuerzos generales del gobierno contra la trata de personas continuaron sufriendo de recursos limitados, y una medida para dedicar un dólar del impuesto que se cobra a cada turista para los proyectos contra la trata seguía enredada en un proceso interinstitucional después de cinco años.
